Modulo olga restrepo2[1] violencia sexual y ESCI

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Quisiera dedicar este módulo a niñas, niños
y adolescentes que como Verónica, Angélica,
Jonathan y Leidy Johanna han sido víctimas de la
violencia y la explotación sexual comercial y que al
igual que todos los niños, niñas y adolescentes
merecen una sociedad, unas instituciones y unas
redes de personas que permanente y efectivamente
velen por sus derechos, garanticen su protección y
bienestar y promuevan todas las condiciones ne-
cesarias para que crezcan y se desarrollen lo más
digna y saludablemente posible.
Los siguientes son casos que ilustran la
magnitud del problema y que fueron reportados
en mi consultorio:

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Verónica una niña de tres años abusada sexualmente
por su padre, cuando se quedaba al cuidado de él
mientras su madre trabajaba todo el día. La niña
fue llevada al centro de salud por la abuela mater-
na quien se convirtió en la figura protectora, mien-
tras la madre negaba la situación. Gracias a la
relación de Verónica con su abuela materna fue
posible atender el caso oportunamente, a pesar de
que la madre creía más en la versión del padre de
aseverar que la niña era "fantasiosa" y "mentirosa"
y distorsionaba las caricias normales que un padre
cuidador le brindaba. En medio de este panorama,
y de una limitada respuesta del sector justicia y
protección, fue posible lograr la autorización de
ambos padres para que Verónica permaneciera en la
casa de la abuela materna durante el día y sólo
permaneciera con su padre cuando la madre o la
abuela estuvieran presentes. Fue necesario esperar
un año para que la madre aceptara la veracidad del
testimonio de Verónica y el comportamiento abu-
sador de su esposo y padre de la niña; sólo cuando
su cuñada–hermana del padre– le confesó que su
esposo había abusado sexualmente de sus hijos –los
sobrinos del señor–, la madre inició el proceso ju-
dicial y se separó de su marido.

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Angélica es una niña de 11 años que los domingos
acompañaba a su madre al trabajo y en mi consul-
torio confesó que el "patrón" se encerraba en su
habitación a solas con ella y la acariciaba. El caso se
remitió a la trabajadora social del centro de salud
quien acordó reportar el caso a protección junto
con mi reporte médico. La trabajadora informó que
el caso estaba siendo intervenido adecuadamente
y con protección se acordó un plan de manejo que
lideraríalatrabajadorasocial.Alcabodeunosmeses
Angélica se asoma a mi consultorio "para saludar-
me" y me informa que la situación no ha cambiado
que sigue yendo a la casa del patrón y ahora su
madre recibe dinero a cambio. Cual no sería mi sor-
presa cuando solicito una reunión con la madre, la
trabajadora social y Angélica para que se discuta el
caso y se tomen decisiones pertinentes, y en el
momento que Angélica expresa su malestar con la
situación la trabajadora social la interrumpe para
decirle "pero fíjate que tu mami con ese dinero te
compró ropa y te celebró tu cumpleaños…" Fue
necesario mi intervención y reportar personalmen-
te el caso al ICBF, el cual lo asumió y Angélica pasó
a un hogar sustituto, mientras se realiza la investi-
gación y judicialización.

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Jonathan es un joven de 19 años remitido a mi consul-
torio para realizar consejería pre y pos prueba de Elisa
para detección de VIH/Sida. Jonathan es el hijo de una
madre adolescente quien lo abandonó durante los pri-
meros meses de nacido y cuyo padre lo recibe y entrega
a los abuelos para que lo críen. Los abuelos paternos,
campesinos y no logran entender a su nieto puesto que
desde muy pequeño mostraba mucho interés por el arte,
le gustaba leer novelas, bailar y hacer coreografías en la
escuela, al punto de ganar un concurso de arte; Jonathan
no olvida el regalo: "… dos novelas, una de ese gran
autor García Márquez, 'La Hojarasca' y 'Lejos del nido',
que Doctora me devoré y disfruté". Sin embargo, estas
actitudes, aptitudes y comportamientos que Jonathan
lucía eran para su padre y abuelo despreciables puesto
que no eran actuaciones "dignas de un varón o macho".
En ese entonces, Jonathan de 10 años es visitado por
una tía paterna que vive en Canadá y al descubrir su
potencial le pide a los padres del niño que la dejen
llevarse a Jonathan a Canadá, que ella lo adoptaría y le
proveeríatodoslosrecursosnecesariosparaeducarlo.Pero
Jonathan descubre que el dinero que la tía envió a su
abuelo para que le gestionara los papeles y la visa se lo
gastó en otras cosas y decide irse de la casa. Desde en-
tonces ha tenido que sobrevivir en la calle y la manera
de hacerlo y conseguir su sustento es ejerciendo de tra-
bajador sexual.

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Leidy Johana una adolescente de 16 años madre de
Juan Carlos, un lactante remitida a mi consulta
por el equipo del centro de salud para que se "
reporte el caso de negligencia al ICBF y le quiten
el niño, ya que el pediatra dice que no cumple sus
instrucciones, el niño permanece con infecciones
en la piel, lo alimenta mal le da Coca-Cola en el
tetero.Ademásaseguraqueesunaadolescentesoez,
muy "masculina y luce desadaptada".
Leidy llega a mi consultorio con Juan Carlos en sus
brazos, y mientras que lo acaricia me cuenta su
historia que en resumen es: a los 8 años al intentar
protegerasuhermanitadetresañosdelabusosexual
de su padre, es violada por él. Le cuenta a su madre
quien dice que eso ocurrió porque ella lo provocó,
porque ella es la necia. Leidy se siente traicionada
y abandonada por su madre y decide volarse de su
casa. Dice a ver corrido con suerte al ser recogida
por una familia quien a cambio de su trabajo en
labores domésticas le da techo y "cariño". A los doce
años esta alegría se irrumpe al ser abruptamente
informada por su patrona que ya no quieren de sus
servicios porque el patrón ha sido transferido a
Barranquilla.
Leidy se refugia en la galería del mercado, ya que
cuando acompañaba a su "patrona" a mercar había
conocido muchos amigos. Juan Carlos, un cargador
de "mercados" de 18 años, era uno de sus amigos y
le propone que viva con él. Ella no acepta t le ex-
plica que no lo hace porque sabe que eso será a
cambio de que la use sexualmente. Pero Juan Car-
los le dice que no, que él la quiere de verdad y
desea protegerla, Cuando Juan Carlos le estaba ce-
lebrando sus 15 años, ella le dice que como la ha
respetado todo esos años, ya sabe que él la ama de
verdad y que ahora acepta ser su mujer. Queda en
embarazo y felices esperan a una hija; le pintan la
alcoba y le compran una cuna. A los 8 meses de
embarazo, Juan Carlos es agredido con una arma
corto punzante en el mercado. Leidy cuenta que ya
en la ambulancia Juan Carlos agonizante le dice
"Mi amor ya se que no va a nacer una niña, va a ser
un niño: ponle el nombre de Juan Carlos y dile que
yo lo ame mucho y que no lo alcancé a conocer".
No fue posible hallar una institución que recibiera
a la madre y al hijo. Pudimos con la ayuda del ICBF
lograr que a Juan Carlos lo recibieran en un hogar
comunitario o la señora del barrio me llamaban a
quejarse de la "inmadurez y grosería de Leidy" y de
un sostenido manejo interdisciplinario por parte
del equipo del centro de salud, no pudimos man-
tener a Leidy en el programa y un domingo partió
de nuevo a la calle con J Juan Carlos.

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Introducción
La violencia se ha convertido en compañera de nuestra vida cotidiana. Asedios, violaciones sexuales,
manipulación, uso de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como "cosas" y "productos mercantiles" y otras
formas de aplicación de la fuerza con desconocimiento y violación de derechos elementales, son parte de
nuestro diario vivir. Sin embargo, persisten valores sociales que rechazan todo tipo de violencia e igualmente se
dedican importantes esfuerzos para combatirla. Pero la violencia es un recurso generalizado para el avance de
intereses y el logro de fines, tanto individuales como colectivos. Las pugnas por apropiarse y controlar recursos
económicos, políticos, sociales y culturales, las luchas por la dominación o liberación son espacios de violencia.
En un mundo globalizado la propagación de la violencia ha hecho sentir a los ciudadanos de cualquier
parte del mundo que son vulnerables y que nadie está fuera de riesgo de ser víctima de cualquiera de sus
manifestaciones, lo que nos sume en una actitud de resignación e impotencia que contribuye a debilitar y
fragmentar los esfuerzos que han de realizar todos los miembros del Estado para eliminarla.

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Condiciones y situaciones que facilitan la instauración de una cultura tolerante y silenciosa ante la
violencia, además de promover la existencia y perpetuación de la misma son: la pobreza, la inequidad, la
injusticia y la desigualdad en el acceso a bienes, servicios y derechos elementales. También influye, el irrespeto
de pactos y convenciones por los cuales los gobernantes se apropian de la vida y los bienes de sus gobernados,
así como la alienación que puede producir la soledad, la carencia de afectos, las crueldades o malas experien-
cias durante la infancia. Todos estos factores incuban una cultura violenta, que algunos analistas han llamado
estructural, porque conecta patrones de dominación económica, política y social con aquella que expresa las
angustias de quienes no ven en su futuro un panorama de recompensas por los esfuerzos realizados y que, por
el contrario, lo perciben como menos promisorio que el presente; o con aquella que reproduce las experiencias
traumatizantes de hogares, comunidades y situaciones signadas por la crueldad, la discriminación, el rechazo o
la dominación forzada y arbitraria.
De otra parte, la violencia asociada con el género, lo étnico, la familia o las preferencias sexuales, cons-
tituye el puente que vincula la vida privada con la violencia de lo público, y hace que aquellos espacios privados,
que podrían servir de refugio seguro ante las agresiones de la vida pública, sean también escenarios de domi-
nación y crueldad.
Hoy en día se acepta que no existe una relación directa entre pobreza y violencia, y que en cambio sí hay
una estrecha asociación entre ésta y la desigualdad. No obstante, ésas no son condiciones suficientes para
suscitar la violencia. Hay sociedades que las exhiben y sin embargo no manifiestan los niveles de agresión que
muestran otras menos afectadas por esas circunstancias; ello depende de condiciones históricas, sociales y
culturales particulares.
Por eso, no podemos quedarnos solamente con la mirada en quien viola, explota, aprieta el gatillo o
hunde el puñal en uno de sus semejantes. Estas personas son con frecuencia apenas el final de una cadena
en que se entrelazan las acciones y las omisiones de todos los que formamos parte del Estado.
Afortunadamente en el mundo se ha avanzado en la formulación de políticas y directrices, así como en
diseño y aplicación de propuestas para prevenir e intervenir de manera integral algunas de las manifestaciones
de la violencia, bien sea la interpersonal, intrafamiliar, sexual o de género.
Este módulo pretende ilustrar a los lectores sobre los asuntos críticos, aspectos y principios fundamenta-
les para comprender la situación de violencia sexual y explotación sexual comercial en que muchos de nuestros
niños, niñas, adolescentes y jóvenes se encuentran. De igual forma, intenta brindarles las herramientas y
competencias necesarias para intervenir y prevenir este fenómeno a tiempo, con el fin de evitar que surjan más
historias como las de Leidy, Jonathan, Angélica y Verónica.
promover la
existencia y
perpetuación de la
misma son: la
pobreza, la
inequidad, la
injusticia y la
desigualdad en el
acceso a bienes

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A manera de introducción se listan a continuación una serie de enunciados y puntos que el lector debe
tener presente durante su expedición por este módulo, ya que proveen un paradigma ético que hoy más que
nunca, se quiere compartir no sólo con aquellos que tienen a su cargo el cuidado de estos niños, niñas,
adolescentes, jóvenes, familias y comunidades, sino con quienes sufren en carne propia las deficiencias en la
protección que les es debida, es decir quienes encuentran en estas violencias su mayor riesgo de morir1
.
· Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la
alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el
cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán prote-
gidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explota-
ción laboral o económica y trabajos riesgosos; gozarán también de los demás derechos consagrados en la
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.
· La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su
desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la
autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
· El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral.
· El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y
privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud.
· La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.
· El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo
ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.
· La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende
de la más amplia cooperación de las personas y los Estados.
1Fuentesdeinformacióndeintroducción:OPS/OMS,Constitución
PolíticadeColombia,artículos44y45.....

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UNIDAD 1
Punto de partida
de la expedición: ¿a qué nos refe-
rimos, cómo esta-
mos y por qué
debemos actuar
para prevenir?

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¿A QUÉ NOS REFERIMOS?:
UNMARCOCONCEPTUAL
La violencia sexual, VSx, y explotación sexual comercial, ESC, son quizás las manifestaciones más dra-
máticas de la violencia –un fenómeno complejo que vulnera los derechos y socava la calidad de vida de niños,
niñas, adolescentes, hombres y mujeres del planeta–. En este sentido un punto de partida del presente módu-
lo, será una breve exposición de un marco conceptual de la violencia en donde se han de enmarcar unas
acciones y propuestas de abordaje integral para poder contribuir a la protección, atención y restitución de los
derechos de niños, niñas, adolescentes y adultos víctimas de las manifestaciones nombradas previamente.
Al ser América Latina y el Caribe parte de las regiones más violentas del mundo, varias instituciones han
avanzado en el intento de comprender y abordar manifestaciones, causas e impactos de la violencia en nuestra
región. Estos esfuerzos se han basado en enfoques con perspectivas unidisciplinarias logrando resultados y
avances de manera aislada en unos pocos sectores como los de la justicia penal, salud pública, bienestar social
y desarrollo comunitario. Una de las explicaciones al poco impacto integral de estos esfuerzos es que las
iniciativas parten de definiciones incompletas de las violencias y carecen de un enfoque integral y transdisciplinario;
razón por la cual, estos esfuerzos por lo regular conllevan a fragmentar el conocimiento y limitar el entendi-
miento del complejo fenómeno (Moser, 1997, 1998,). El resultado es la formulación de políticas y el diseño de
programas ineficientes, pero lo más grave de esto, en última instancia, es el daño que padecen las víctimas y
sujetos vulnerables de sufrir estas violencias –recordemos a Verónica, Angélica, Jonathan, Leidy–, ya que las
estrategias para enfrentar estos problemas no logran mitigar los efectos de estas violencias en sus vidas.
Un ejemplo de lo dicho anteriormente es que en general se excluye el enfoque de género para abordar la
violencia y la explotación sexual (Ellsberg, 1999-2000). Tal enfoque, algunas veces se incluye sólo en el
análisis de la violencia intrafamiliar. En este sentido, tanto las agencias donantes como las instituciones dedica-
das a la investigación de la violencia, tienden a mantener fragmentadas interpretaciones del fenómeno al que
nos referimo perpetuando así la desarticulación sobretodo del problema y su impacto en el desarrollo y en la
vulneración de los derechos de todos los sujetos víctimas de estas violencias.
Partimos pues, enunciando que la violencia es un problema social que involucra aspectos culturales,
económicos, políticos, éticos y ambientales y que ocurre en escenarios privados y/o públicos (Asamblea General
de Naciones Unidas, OPS, UNFPA). Dicha complejidad de elementos involucrados en la ocurrencia de este

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problema social, exige estrategias integrales que provengan de todos los actores y sectores de comunidades y
naciones afectadas por ella. Así mismo, el marco conceptual que mayormente facilita su comprensión y sirve de
referente para orientar las acciones de prevención y atención, debe integrar de manera simultánea causas e
impactos de la violencia (Moser, 1999, OMS/OPS, Rosenberg, 1998).
Acerca de la violencia
Categorización
La complejidad de la violencia no sólo se debe a que se divide en muchas y diversas categorías, sino
también a la gran multiplicidad de causas. Hay suficiente evidencia empírica para demostrar que no todas las
personas son igualmente violentas, que los niveles de conflicto violento varían entre distintas comunidades y
que los grados de tolerancia hacia la violencia difieren en los diversos sectores de la sociedad. Las circunstancias
relacionadas con el individuo, la familia, la comunidad y, en general, el gran contexto nacional, juegan un papel
importante en la consumación de los actos violentos, así como en la victimización.
Como hemos dicho, pese al cúmulo de información descriptiva que hay sobre la violencia, los análisis
teóricos de sus causas específicas son limitados y fragmentarios (Coletta 1996,1998). Las teorías acerca de sus
factores determinantes tienden a reflejar la disciplina profesional que enmarca el debate y, por consiguiente, se
suelen encontrar fraccionadas y desarticuladas entre sí, con lo cual se conserva el entendimiento unidimensional
de este fenómeno (ver anexo 1). Una primera aclaración conceptual es establecer la diferencia entre agresivi-
dad y acto violento. Es decir, identificar en qué momento se traspasa el límite para entonces considerar interve-
nir la violencia, sin vulnerar o irrespetar lo más fundamental de todo sujeto, sus derechos. En este sentido
Sánchez et.al de la Universidad Nacional, 20042
proponen diferenciar estos dos conceptos; La agresividad
"sirve para definir el territorio de cada uno y hacer valer su derecho" (Sampson, 2000). El acto violento lo
definen como "todo atentado a la integridad física y psíquica del individuo acompañado de un sentimiento de
coerción y peligro"; la violencia rompe los límites del propio territorio y los del otro, invade los límites del "otro" y
hace confusa la relación.
Expertos colombianos, en un empeño por categorizar la violencia que azota a su país, primero distinguie-
ron la violencia rural de la urbana para tratar los tipos de violencia que por lo general se limitaban, en ese
entonces, geográficamente (Deas, 1998, Rozental, 1997). Ellos agregaron categorizaciones más específicas
para distinguir la violencia que ocurre en entornos privados –como la violencia en la casa– de la violencia en el
2RosaElbaSánchezet,al.Documentodepropiedaddel
MinisteriodeProtecciónSocialeninformefinaldel
Convenio0270,celebradoentreMPS-UniversidadNacional,
diciembre,2004.

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espacio público –la violencia callejera– (Jimeno y Roldán, 1996). Definieron otra dicotomía entre la violencia
"política" y la "no política" –o "social"– con una tendencia a dar énfasis a la violencia política y redujeron el estudio
de la violencia no política. El reconocimiento del predominio y complejidad de la violencia no política ha hecho
de esta dicotomía algo demasiado simplista. Los expertos en violencia–"violentólogos"– hoy suelen distinguir
entre violencia "política, delincuencial e interpersonal" (Rozenthal, 1998) o entre "violencia política, delictiva y
social" (Chemick, 1998). Sin embargo, estas tipologías carecen de una congruencia conceptual y no reconocen
los papeles desempeñados por los actores sociales que emplean la violencia para lograr un objetivo, ni las
motivaciones que los animan.
Otras categorizaciones latinoamericanas recientes de la violencia comprenden la violencia "política, eco-
nómica e intrafamiliar" (Carrión, 1994), la distinción del Banco Interamericano de Desarrollo entre violencia
delincuencial y social al nivel del individuo, del hogar y de la comunidad (Buvinic, Morrison y Shifter, 1998) y el
reciente trabajo realizado por sociólogos brasileños sobre la violencia institucional, que se centra en el papel de
los "actores sociales" que buscan perpetuar la violencia para mantener su poder (Pinheiro, 1998).
A manera de orientar un marco amplio e integrado para comprender las violencias es importante reco-
mendar la categorización de la violencia en tres grandes grupos que utiliza Moser (1999). Se hace sin embargo,
una aclaración: la violencia y la explotación sexual pueden y de hecho se presentan en todas y cada una de
estas categorías:
Violencia política: definida como la comisión de actos violentos motivada por el deseo, conciente o
inconciente, de obtener o mantener el poder político. Entre sus comunes manifestaciones están el conflicto con
guerrilla y paramilitares, los asesinatos y persecuciones políticas, conflicto armado entre partidos políticos y las
guerras civiles.
Violencia económica: definida como la comisión de actos violentos, motivada por el deseo, conciente o
inconciente, de obtener ganancias económicas o de mantener el poder económico. Manifestaciones comunes de
este tipo de violencia son, los delitos callejeros, el robo de vehículos y hurtos, el narcotráfico, el desplazamiento
forzado para adquirir las propiedades, tierras y bienes materiales, secuestros y asaltos relacionados y perpetrados
durante la comisión de delitos económicos, los desfalcos y robos al erario y bienes públicos por parte de funcionarios.
Violencia social: entendida como la comisión de actos violentos, motivada por el deseo, conciente o
inconciente, de obtener ganancias sociales o de obtener o mantener el poder social, siendo la violencia interpersonal
su principal manifestación. Es por ello que particularmente aquí se ha inscrito la violencia de género y sexual,
entre la categoría de la violencia intrafamiliar y entre las disputas por la pérdida de control social.

21
MODELOSPARACOMPRENDERLACAUSALIDADDELAVIOLENCIA
Partiendo de esta primera propuesta de categoría de la violencia, y aclarando que aunque la violencia
sexual se presenta más que todo en la categoría de violencia social, pero que puede también ocurrir a causa de
un interés económico o político, o de todos, se proponen dos modelos ampliamente reconocidos por expertos
en estos temas, y planteados por la Oficina Panamericana de la Salud, OPS, y Moser y van Bronkhorst, 1999.
En la figura 1 se describe la aplicación del Modelo ecológico de la OPS con respecto a la violencia de
género y sexual. Dicho "modelo ecológico" busca demostrar que, aunque no hay ningún nivel ni causa única
que determine o explique enteramente la violencia, cuando se combina con una o más variables causales
adicionales, puede provocar una situación en la que se presenta algún incidente de violencia3
(ver figura a
continuación).
La siguiente figura resume el modelo más aceptado –modelo ecológico OPS– para abordar integralmente
estos fenómenos violentos:
Figura 1
3El«modeloecológico»,utilizadoporprimera
vezparaexplicareldesarrollohumano
(Bronfenbrenner,1977),hasidoempleado
porlosinvestigadoresdeltemadelaviolen-
ciaparaesclarecerlacomplejacausalidaddel
maltratoinfantil(Belsky,1980),elhostiga-
mientosexual(Brown,1995)ylaviolencia
doméstica(Heise,1998).Elmodelo
ecológicoesunmarcodemúltiplesniveles
queincorporafactorestantoindividuales–
biofísicos,psicológicosysociales–como
externos,todosloscualesactúansobreel
individuo.

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En la figura 2 se resume el modelo de Moser quien identifica
cuatro niveles diferentes de la causalidad de la violencia: el estructural,
el institucional, el interpersonal y el individual. Ambos modelos reco-
nocen el papel de mutuo refuerzo que juegan los diversos factores a
sitintos niveles de causalidad. Las aplicaciones de estos modelos no se
reducen necesariamente a una sola manifestación de violencia ni de-
ben concentrarse primordialmente en factores de motivación o de ries-
go para la victimización o la consumación de la violencia; por ejemplo,
la violencia contra las mujeres es otro caso cuyas causas y motivacio-
nes esenciales deben ser tratadas (Gómez, 1993, O´Campo, 1995,
Windom 1989, Velzeboer, 2003). Si bien la independencia económi-
ca a través de la creación de trabajo puede ayudar a algunas mujeres
vapuleadas, sólo brindando ayuda económica no se ataca la causa
primordial de esta violencia, es decir la subordinación del género por
razones sociales (Meertens y Escobar, 1996, Brown, 1995, CDC,
2003). Esta disparidad explica por qué muchas mujeres maltratadas
son de clases media que cuentan con empleo y educación.
El modelo integrado de Moser es lo bastante flexible como
para identificar los aspectos predeterminantes de la violencia políti-
ca, económica y social sin reducir el análisis a la evaluación de una
sola causa de un solo tipo de violencia:
Figura 2

23
IMPACTODELAVIOLENCIA
No podríamos continuar con este módulo sin antes mencionar algo sobre los costos y el principal impacto
que la violencia en general, pero en particular la violencia y explotación sexual, generan en nuestras comunida-
des y sociedad (Serageldin, 1996, World Bank, BID, Kalmanovitz, 1990).
Existen numerosos estudios que han intentado estimar los costos directos de la violencia, sin embargo,
no se ha encontrado la fórmula ni el método que nos permita saber con exactitud los recursos y el capital que
hemos perdido a causa de ésta. Recientemente en Colombia se lanzó un estudio que reporta que la sola
violencia intrafamiliar puede representar el 4.5 por ciento del producto interno bruto de nuestro país. ¿Qué decir
de lo que representarían todas las violencias como carga para nuestro ya limitado presupuesto nacional; impi-
diendo quizás la reubicación y asignación de recursos para promover el desarrollo y la calidad de vida de colom-
bianos y colombianas? Más aún, son recursos que podrían ser invertidos en el sector social para garantizar
educación y cumplimiento de todos los derechos de niños y niñas de este país y que por el contrario se destinan
para la atención de emergencia de la violencia, sin poder contar con recursos para garantizar el cumplimiento de
las políticas, programas y planes para prevenir y controlar a largo plazo este problema.
· Si bien es crucial poder conocer con exactitud los costos de la violencia, la evaluación de los impactos
de la violencia en el capital de un país y en las comunidades –en su cúmulo de activos sociales
como las redes de apoyo y solidaridad que se van tejiendo entre sus habitantes–, también es im-
prescindible y puede facilitar una mejor comprensión del verdadero precio de la violencia. Al iden-
tificar los costos de los altos niveles de violencia sostenidos en una sociedad, conviene considerar la
conexión y relación que hay entre la vulnerabilidad de las personas y la propiedad de los territorios y
recursos.
· Es así como, mientras más poder y recursos puedan adquirir los individuos, las familias y las comuni-
dades, más fácil pueden delimitar y defender sus "territorios". Lo que a su vez los induce a adquirir
herramientas efectivas para administrar, cuidar y manejar dichos patrimonios y activos dejándolos
menos vulnerables a ser víctimas de estas violencias. Estamos hablando aquí, de cómo es necesario
que los sujetos más afectados por estos fenómenos puedan realmente acceder a dichos recursos,
de tal forma que logren ser ellos mismos protagonistas de propuestas y acciones conducentes al
cambio real y efectivo de una realidad que principalmente a ellos les agobia.
· Por el contrario, cuando estos recursos se han erosionado y agotado, como ocurre con los niños,
niñas, adolescentes, mujeres, hombres, familias y comunidades desplazadas, excluidas y margina-

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das de la sociedad, mayor será su inseguridad y, por consiguiente, su grado de pobreza, carencia y
fragilidad para defenderse y evitar ser víctimas de estas violencias.
· Esta sesión pretende distinguir cuatro tipos de capital –activos, acervos, patrimonios– y mostrar cómo
al ser socavados severamente por la violencia y al carecer de estos, se potencia aún más la vulnerabi-
lidad de niños, niñas, adolescentes, adultos, familias y comunidades de sufrir todo tipo de violencias4
:
· Capital físico: se refiere a los recursos financieros, industriales y físicos como acueductos, vías, aero-
puertos, instalaciones petroleras, puestos de policías, casas, hospitales.
· Capital humano: todos los aspectos que brindan la oportunidad y generan las condiciones necesarias
para que las personas progresen y se desarrollen digna y saludablemente. Especialmente la educa-
ción, la salud y la protección.
· Capital social: tiene que ver con las redes de apoyo en donde las personas se agrupan y fortalecen
para que se sus necesidades sean suplidas y puedan acceder a recursos, oportunidades, servicios e
instituciones para mantener su calidad de vida y lograr su bienestar. El capital social es importante por
su reconocida contribución al desarrollo sostenible, por el tamaño y la densidad de las redes e institu-
ciones sociales y porque la naturaleza de las interacciones interpersonales afecta de manera significa-
tiva la eficacia y sostenibilidad de los procesos de desarrollo (Putnam, 1993). La violencia erosiona el
capital social cuando reduce la confianza y la cooperación tanto de las organizaciones sociales forma-
les e informales, como de de sus miembros, lo cual es crucial para el funcionamiento de una sociedad
(Moser, 1998; Moser y Holland, 1997). En este punto se quiere resaltar el efecto que la violencia
ocasiona en el capital social informal que con esmero las comunidades, vecinos y familias van conso-
lidando. En este sentido, la capacidad de funcionamiento de estas organizaciones a nivel comunitario
depende de los niveles de cohesión interior y de la capacidad de congregar a sus miembros a nivel
local, aspecto que gira alrededor de la seguridad personal y de la posibilidad de apropiarse, delimitar y
cuidar su territorio y corporalidad. La violencia sostenida suele reducir sistemáticamente la confianza
mutua de los vecinos y las comunidades. Se suelen presentar mayores niveles de participación en los
grupos de acción comunitaria de las zonas menos violentas, y menores niveles, en las más violentas.
En esas comunidades en donde se van instalando impunemente todas las manifestaciones de violen-
cia –siendo la ausencia de apoyo, respaldo y protección por parte de la sociedad y el Estado la principal
violencia– se va instaurando un clima cultural en el que la violencia y la delincuencia se constituyen
en norma. Más aún, la violencia va contribuyendo a crear una especie de capital social "perverso", en
donde un grupo de manera violenta se "adueña" de todo el capital, el poder y control de la comunidad.
4Estapartesebasaentrabajosrecientessobreel
desarrollosostenibleenloeconómico,ambientaly
social(SerageldinySteer,1994;Serageldin,1996)así
comoenelmarcodelavulnerabilidaddelosrecursos
(Moser,1996,1998).

25
· En cuanto al interior del hogar, la violencia erosiona el capital social al reducir la capacidad de los
hogares de funcionar en forma efectiva como una unidad consolidada. Es así como en las comunida-
des pobres y marginales o afectadas por conflictos armados, muchas mujeres reconocen que hay un
vínculo directo entre el desempleo masculino, el abuso de bebidas embriagantes y el aumento de la
violencia doméstica. Los miembros de la familia –tanto hombres como mujeres– están sometidos a
una posición muy vulnerable cuando las comunidades son desplazadas por la violencia. Por lo general
las mujeres son más vulnerables que los hombres en el momento de los lanzamientos de sus vivien-
das, al verse expuestas a la evasión y a la separación de sus hogares. Los hombres parecen estar
mejor adaptados para enfrentar dichas situaciones, pero ocurre exactamente lo contrario cuando las
familias desplazadas vuelven a reestructurar su vida, pues entonces el impacto es mayor para los
hombres, quienes se ven afectados por el desempleo, experimentan una pérdida de su calidad de
procuradores del sustento familiar y una ruptura de su sentimiento de masculinidad. En cambio, las
mujeres parecen estar mejor preparadas para desarrollar redes de apoyo que les permitan continuar
sus rutinas de supervivencia diaria y encontrar nuevas formas de obtener su sustento, de crear un
capital social, no con otras mujeres de origen común, sino con aquellas con quienes comparten la
misma experiencia del desplazamiento5
.
· Capital natural: se refiere al ambiente y los recursos naturales de la comunidad, como el petróleo, el
agua, los desechos, el clima, la topografía y geografía que finalmente terminan negativamente afecta-
dos ante situaciones de violencia sin control.
DEFINIENDOVIOLENCIASEXUALYEXPLOTACIÓNSEXUALCOMERCIAL
Ahora sí, avanzaremos en la expedición concerniente a este módulo. Para efectos de este módulo se
seleccionan las definiciones más aceptadas tanto en el ámbito internacional como en el nacional.
Violencia y explotación sexual comercial infantil: quizás el impacto más grave de las violencias está en
unos efectos difíciles de medir y cuantificar, que se expresan en la distorsión ética que se da cuando una
sociedad reconoce y respeta de manera selectiva las vidas humanas y, en el consecuente aval social que tiene
el uso de la violencia como mecanismo aceptado para la solución de un sinnúmero de problemas. Los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes son vulnerables frente a esta degradación social y se convierten en blanco de
quienes sólo los reconocen como "objeto", "producto comercial" hasta "desechable estorbo" y no como seres
humanos. La vida de muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, carece ante los ojos de la sociedad cómpli-
5VerMeertensySeguraEscobar(1996).

26
ce o impávida de valor alguno. Es por esto que terminan siendo utilizados, comercializados, vendidos e
intercambiados por parte de los adultos que sólo identifican en ellos un potencial mercantil a partir del cual se
lucran grandes "redes" y "carteles" de una industria pornográfica y sexual que crece ilimitadamente ante la
indiferencia de la sociedad y el desarrollo industrial y tecnológico de la globalización. Desde el abandono del
Estado y la sociedad y las carencias, se sufren las tentaciones y promesas del mercado de bienes y opulencias,
al punto que estos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, son susceptibles a estas dinámicas sociales deteriora-
das, sufriéndolas, reproduciéndolas y ejerciéndolas y ante eso, la sociedad no ofrece ni alternativas, ni espacios,
ni respuestas. Como bien concluyen Aponte y García la explotación sexual infantil resulta de un entrelazamiento
de factores individuales, familiares, comunitarios y culturales que evidencian cómo "…no sólo condicionantes
personales de la exclusión sino los procesos históricos de inequidad, erosión del tejido social, entrecruza-
miento de actores y factores de nuestras violencias múltiples, y una vulneración naturalizada de los derechos
humanos, en particular los de la infancia, vulneran su corporeidad y el desarrollo de su personalidad, los
expulsa de su hogar, distancia de la escolaridad y los someten a una subsistencia en la calle por medio de la
cual se construye progresivamente su marginalización6
".
Abuso sexual: se define como cualquier interacción o actividad de tipo sexual con o sin contacto, realiza-
do a la fuerza, mediante engaños, sobornos, seducción o chantaje para gratificación o provecho del agresor y/
o de terceras personas. Esto implica exhibirse o exhibir a las víctimas, masturbarse o mostrar material pornográ-
fico, espiarlo mientras se viste o baña, realizar llamadas obscenas, además involucra el contacto físico de la
boca, pechos, genitales, ano o cualquier otra parte cuanto el objeto de dicho contacto es la excitación o satisfac-
ción sexual del agresor. Este tipo de abuso incluye tocar, acariciar, rozar o penetrar el área genital, anal u oral ya
sea con alguna parte del cuerpo del agresor o con un objeto.
También se encuentra esta definición de abuso sexual: cualquier contacto o interacción entre un(a)
menor y un(a) adulto(a), en el cual el/la menor es utilizado(a) para la satisfacción sexual del/la adulto(a) o
terceros, desconociendo el desarrollo emocional y sexual del(a) menor. Son condiciones del abuso sexual del
niño o de la niña su condición de sometimiento y dependencia, autoestima negativa, poco vínculo afectivo; de
la familia o de sus miembros: su dependencia económica del abusador, hacinamiento, familias autoritarias;
sociales: la sumisión de la madre y de los hijos hacia un padre autoritario, tabúes, mitos o creencias erradas
frente a la sexualidad.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, es necesario diferenciar dos perspectivas para
definir abuso sexual7
: "Desde la mirada médico–social se habla de contacto o interacción entre un niño o niña
y un adulto en el que el menor es utilizado para la satisfacción sexual del adulto o terceros, desconociéndose el
desarrollo psicosexual de dicho niño o niña. En cambio en el ámbito jurídico–penal hay abuso sexual cuando se
6Aponte,M,García,C.I.,“ExplotaciónSexualInfantilen
Bogotá”;UniversidadExternadodeColombia,Departa-
mentoAdministrativodeBienestarSocial-DABS,Serie
investigaciones,septiembre,2002,p.301.
7Diálogos:Especialviolenciasexual,AñoII,#13,Colom-
bia:PublicaciónmensualdelInstitutoColombianode
BienestarFamiliar,ISSN#1692-7346,octubre2004:ABC
delaviolenciasexual,página8.

27
realizan conductas de penetración u otros actos sexuales con niñas o niños menores de 14 años de edad, aún
con su consentimiento o en su presencia, o se les induce a prácticas sexuales; de igual modo cuando se realiza
con personas puestas en incapacidad de resistir o en estado de inconciencia o en condiciones de inferioridad
psíquica que les impida comprender la relación sexual o dar su consentimiento, padezcan trastorno mental o
estén en incapacidad de resistir".
Violencia sexual: se refiere a todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre una persona
adulta o menor de edad, hombre o mujer, a través de la utilización de la fuerza, la amenaza de usarla, o
cualquier otra forma de coerción física, psicológica, o emocional, así como la intimidación, el chantaje, la
presión indebida, el soborno, la manipulación y el aprovechamiento de las condiciones de indefensión, des-
igualdad y las relaciones de poder existentes entre la víctimas y el agresor8
.
Hablamos de violencia sexual cuando ésta resulta de acciones que atentan contra la integridad del sujeto
de derechos. Particularmente queremos mencionar dos condiciones que ponen a las personas en mayor vulne-
rabilidad para convertirse en víctima de este tipo de violencia. Éstas son, la condición de género femenino,
ampliamente vista y percibida como una situación de muy poco poder y reconocimiento social y la condición de
indefensión, dependencia y poca autonomía que caracteriza a la niñez y adolescencia. Las cifras estadísticas9
evidencian que las víctimas son generalmente niñas, adolescentes, mujeres y aquellos niños o hombres que
ejercen roles femeninos o son percibidos como débiles.
En este sentido queremos invitar a reflexionar sobre lo que hoy se conoce como la Violencia basada en
condición de género. Según la Oficina Panamericana de la Salud, OPS, "es cualquier acto violento como pro-
ducto de la condición de género y resulta en daño o sufrimiento físico, psicológico y/o sexual a la mujer…"
Dentro de esta violencia se encuentran la violencia doméstica o intrafamiliar, la de pareja o conyugal, las físicas,
emocionales, sexuales y económicas.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, ha definido este tipo de violencia como cualquier
acto que tenga como resultado un daño posible o real, ya sea físico, sexual o psicológico, incluidas las amena-
zas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, que ocurran en la vida pública o privada contra la mujer o
motivada por la condición de género de la víctima.
Manuel Velandia en documento "glosario de violencia sexual" en módulos anteriores la describe así:
"…Violencia sexual: puede entenderse como una forma de ejercicio del poder generalmente ejercido
como dominación hacia una persona, en este caso un(a) menor por una persona que ostenta hacia ella una
forma de poder ya sea por razón de su edad, su posición afectiva, laboral, familiar, socioeconómica o cultural.
8ViolenciaSexual:unABCparaconocerlaseriecartillas.DepartamentodeAdministrativo
deBienestarSocial,2002ydelperiódicoDiálogos,publicaciónmensualdelICBF,edición
especialdeviolenciasexual.AñoII.#13,ISSN#1692-7346,octubrede2004.
9VerestadísticasdepáginaWebdelInstitutoNacionaldeMedicinaLegalyCienciasForenses-
www.medicinalegal.gov.co/contacto/page3.html

28
Dicha dominación debe entenderse como un atentado contra los derechos humanos básicos de las personas.
El factor cultural en la violencia sexual incide directamente en la no denuncia, la invisibilidad y complejidad del
fenómeno y en la dificultad para enfrentarlo. Se expresa en inequidades entre sexos y generaciones, masculi-
nidades y feminidades estereotipadas, condición de víctima vs. sujeto en ejercicio pleno de derechos, discrimi-
nación, modelos, creencias, mitos o costumbres que posibilitan o legitiman la violencia, alta permisividad social
a la violencia sexual y aceptación general. Tiene como consecuencias, entre otras, embarazo en niñas en
edades muy tempranas, daño emocional, daño físico, ira, negación al ejercicio genital y erótico.
Violencia Sexual: (UNFPA, 2001) cualquier acto u omisión orientado a vulnerar el ejercicio de los dere-
chos humanos sexuales o reproductivos de las personas, dirigido a mantener o a solicitar contacto sexualizado,
físico, verbal o a participar en interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza o la amenaza de usarla, la
intimidación, la coerción, el chantaje, la presión indebida, el soborno, manipulación o cualquier otro mecanis-
mo que anule o limite la voluntad personal de decidir a cerca de la sexualidad y de la reproducción.
Otras definiciones importantes de incluir dentro del tema de violencia y explotación sexual comercial han
sido listadas en una serie de cartillas que desarrolló del Departamento Administrativo de Bienestar Social,
DABS, de la ciudad de Bogotá, en 2002, de las que se destacan:
Delito sexual: todo acto o amenaza que atenta contra la libertad, la integridad y la formación sexual de
una persona, ejercido mediante el uso o no de la fuerza.
Acceso carnal: definido dentro del Código Penal como la penetración del miembro viril por vía anal,
vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto.
Acto sexual violento: según el Código Penal, se refiere a todo acto sexual diferente del acceso carnal
cometido utilizando violencia.
Asalto sexual: modalidad específica de agresión cuya característica es la realización de actos de violencia
física y psicológica ejercidos por un perpetrador conocido o desconocido sobre una víctima de cualquier edad o
sexo y por el cual persigue un propósito sexual definido. Puede o no estar acompañado de otro delito como robo
o secuestro. En Colombia se asimila al término "violación sexual".
Incesto: es el acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo
o con un hermano o hermana.

29
Explotación sexual comercial infantil: una violación fundamental de los derechos de niñas y niños en
los que estas o estos son tratadas(os) como objetos sexuales y como mercancías. Esta categoría involucra
cuatro modalidades: la prostitución infantil, la pornografía infantil, el turismo sexual y la venta y tráfico de niños
o niñas. Por lo tanto, es toda situación en la cual una persona menor de 18 años es forzada a ejecutar actos que
involucran partes de su cuerpo, para satisfacer deseos sexuales de una tercera persona o de un grupo de
personas, sin que sea necesario que este intercambio reporte algún tipo de remuneración para el niño o
adolescente, para que se pueda hablar de explotación sexual. Ésta es una manipulación que incluye prostitu-
ción en negocios y en la calle, utilización de estos sujetos para producir material pornográfico, ofrecimiento de
servicios sexuales de niños dentro de planes turísticos y el tráfico de niñas y niños entre ciudades o países para
vincularlos a cualquier otro sistema de explotación sexual10
.
Paidofilia: conducta psicosexual caracterizada por la forma exclusiva y preferida de obtener excitación y
gratificación a través de la fantasía y actividad sexual con niños y niñas prepúberes.
Galvis, 200311
define la explotación sexual de menores de 18 años como toda situación en la cual una
persona menor es forzada a ejecutar actos que involucran partes de su cuerpo para satisfacer los deseos
sexuales de una tercera persona o de un grupo de personas; no es en ninguna forma necesario que este
intercambio reporte algún tipo de "remuneración" para el niño(a) o adolescente para que se pueda hablar de
explotación sexual". En este texto la autora hace énfasis en cómo este tipo de violencia es una forma denigrante
ya que reduce a la condición de objeto de intercambio, el cuerpo y la personalidad naciente de quienes la
padecen, puesto que terceros se apropian de estos seres, en particular de su cuerpo, su único territorio, para
obtener beneficios de cualquier índole.
No queda más que terminar esta sesión con la mención de que estas violencias afectan gravemente el
desarrollo de la personalidad al alterar seria y profundamente su proceso de desarrollo biosicosocial y a partir del
uso genital de su cuerpo como mercancía para intercambiar o mercadear. Como se verá en todo este módulo
estas violencias abusan de condiciones de indefensión, de carencia de oportunidad y de la dificultad para obrar
libre y autónomamente de los menores y las mujeres. ¿Qué decir de los menores y mujeres en condiciones de
desplazamiento y extrema marginación en donde se potencializan todos los factores que de manera efectiva
degradan al máximo la condición de sujetos de derechos?
El ICBF define la explotación sexual y comercial de niños y niñas como toda práctica por la cual se abusa
sexualmente del niño o niña vulnerando sus derechos humanos a la libertad, dignidad, igualdad, autonomía y
bienestar físico y mental, a fin de obtener gratificación sexual, ganancias financieras o logros personales.
10AponteM,García,C.I.,“ExplotaciónSexualInfantilenBogotá”;Universidad
ExternadodeColombia,DepartamentoAdministrativodeBienestarSocial-DABS,
Serieinvestigaciones,septiembre,2002,p.21
11LigiaGalvisOrtizen“Paraquelosniñosyniñaspuedanvivirendignidad.
NormatividadNacionaleInternacionalparalaprevenciónyatencióndelabusoy
explotaciónsexualenlaniñez”UNICEF,OficinaColombiayVenezuela,Bogotá,D.C.,
agosto,2003,p.31,quienasuvezcitaaCárdenas,S.yRivera,N.RENACER.Una
propuestaparavolveranacer.FundaciónRenacer,UNICEF,Colombia.Bogotá,D.C:
2000.p.41.
*,ArielGustavoForselledoen“EspecialdeViolenciaSexual”enPublicaciónmensual:
Diálogos,AñoII,número13,ISSNNo.1692-7346”,octubre,InstitutoColombiano
deBienestarFamiliar,2004.

30
En el ABC de la violencia sexual, publicado por el ICBF, el coordinador del programa de protección del
menor, Ariel Gustavo Forselledo define algunos de los siguientes términos que tienen relación con el tema de
explotación sexual comercial:
Tráfico de niños, niñas y adolescentes*: reclutamiento y traslado internacional o nacional de menores
de edad, con fines ilícitos, con o sin consentimiento del niño o de su familia para ser utilizados como mercancía
sexual en su destino final, comúnmente asimilado como para prostitución o pornografía.
Pornografía: obtención de excitación sexual mediante las expresiones plásticas –literatura, fotografía, pelí-
culas, entre otras–. La irregularidad de la conducta comienza cuando se hace pública porque lesiona la sociedad.
Pornografía infantil*: es material audiovisual que utiliza niños, niñas y adolescentes para el placer
sexual del usuario, con fines lucrativos o retributivos para el proveedor o intermediario; entraña producción,
distribución, la tenencia y el uso de este material.
Turismo sexual*: explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes por parte de nacionales y
extranjeros que visitan el país como punto accesible para el ejercicio impune de esta actividad.
Proxenetismo: facilitar la satisfacción de los deseos sexuales de otra persona, con ánimo de lucro –
dineros, honores, entre otros–. Incluye todas las conductas sancionadas por el Código Penal relacionadas con
los siguientes delitos: inducción o constreñimiento a la prostitución, estímulo de la prostitución de menores de
edad, trata de personas y turismo sexual.
Un primer ejercicio de este módulo será el intento de ana-
lizar y comprender el fenómeno de la violencia y de la
explotación sexual comercial bajo el marco de estos mode-
los y conceptos para ambientar la planeación de acciones y
actividades de prevención, reducción de vulnerabilidad,
detección y atención a víctimas.

31
¿Cómo estamos y por qué debemos actuar para prevenir?
El problema
Como ya lo hemos mencionado, Latinoamérica es una de las regiones más violentas del planeta. Des-
afortunadamente la violencia política, económica y aquella social, común o callejera –secuestros, torturas,
asaltos, atracos, asesinatos a mano armada– son las únicas que ampliamente son reconocidas como las que
vulneran los derechos humanos fundamentales. Particularmente aquellas que se derivan de regímenes totali-
tarios en donde existen y se reconocen los conflictos armados, son las que acaparan si no toda, por lo menos la
mayor atención de los medios de comunicación, de los actores e instituciones del poder gubernamental y cívico
e igualmente la atención de las entidades públicas y privadas que desarrollan investigaciones y forman el
recurso humano o el capital humano del país.
En cambio, la violencia sexual y explotación sexual comercial, siendo tan o más graves que las mencio-
nadas en el párrafo anterior, no logran atraer la atención de estos actores y sectores. Desafortunadamente pasa
desapercibida, menos visibilizada o denunciada y más tolerada; inclusive a pesar de la gravedad, magnitud e
intensidad con que ocurre, sigue siendo uno de los crímenes menos castigados.
Sin embargo, hay que mencionar que existen grandes contrastes frente al problema en la región de
Latinoamérica. Mientras que en unos países adelantan esfuerzos para llevar el abuso sexual infantil a la agen-
da pública con el fin de iniciar estrategias efectivas para su prevención, atención y detección, hay otros en donde
la impunidad y la negligencia estatal e institucional continúan siendo las prácticas más instauradas. Por ejem-
plo, a inicios de la década de los años 90, mientras que en muchos países la impunidad estaba legalmente
justificada, en Costa Rica se abrían centros especializados de prevención y atención del abuso sexual infantil y
el incesto y se dictaba al mismo tiempo una ley de protección sexual que incluía la orden de abandono inmedia-
to del domicilio común del abusador ante una denuncia de agresión sexual.
Por lo anterior, es preciso comprender los efectos del abuso y las medidas sociales para poder prevenirlo
de manera efectiva. En este sentido se deben planear las acciones e intervenciones acordes con las condiciones
sociales, políticas y económicas tanto de las víctimas como de sus agresores, según la zona y el contexto
cultural en que residen.
A nivel general, y de manera similar a otras formas de violencia interpersonal como la intrafamiliar, los
años 90 representaron avances importantes tanto en el reconocimiento social de la problemática de la violencia
sexual y explotación sexual comercial, como en generar propuestas y alternativas para brindar atención integral
a las víctimas. En razón de esos esfuerzos, en la región de las Américas y el Caribe, se han logrado acopiar

32
algunos datos que expresan la magnitud de la ocurrencia de este fenómeno y la gravedad de sus efectos. En
general se han podido identificar unas características y aspectos comunes a todos los países de la región, lo cual
hace pensar que ameritan ser incluidos como realidades importantes cuando se diseñen y planeen estrategias
de prevención e intervención de estos problemas, a saber:
· No hay duda, la violencia sexual, particularmente el abuso sexual infantil y la explotación sexual
comercial son problemas frecuentes en América Latina y el Caribe.
· Ocurre en todos los sectores de la población, incluyendo zonas urbanas, rurales, peri-urbanas, y en
diferentes niveles educacionales de la familia de las víctimas.
· El abuso sexual se comete contra niñas y niños, aunque hay un mayor porcentaje de víctimas feme-
ninas.
· La población agresora u ofensora es mayoritariamente masculina y puede proceder de diferentes
niveles educativos y ocupacionales. De igual manera, en su gran mayoría los ofensores son familiares
o conocidos de las víctimas. No existe entonces, un perfil ni características que permitan identificar
anticipadamente a los "agresores".
· El abuso sexual es fundamentalmente una experiencia prolongada y no un hecho aislado.
· Los efectos del abuso sexual independientemente de la severidad del abuso son significativos para el
desarrollo integral de la víctima. Además son variados y van desde problemas en el área de la sexua-
lidad, la autoestima y la confianza hasta desórdenes mayores como el suicidio, adicciones y trastornos
mentales severos.
En cuanto a la explotación sexual comercial, las fuentes revisadas denotan una estrecha relación con
existencia de abuso sexual infantil dentro de la familia. Diferentes estudios de la región han podido demostrar la
relación existente entre abuso sexual infantil con la explotación sexual comercial infantil, ya que una gran mayoría
de niñas vinculadas con la prostitución reporta haber sufrido incesto, violación y/o abuso sexual al interior de su
familia12
. En este sentido, y contrario a lo que se encuentra relacionado con el abuso sexual, la explotación sexual
comercial afecta principalmente a las niñas de las familias de escasos recursos. La vulnerabilidad de niños y niñas
hacia cualquier manera de explotación sexual comercial se relaciona más frecuentemente con condiciones de
extrema pobreza. Igualmente las mujeres adolescentes que no van a la escuela, que tienen su primer hijo durante
la adolescencia y que no cuentan con respaldo del compañero para el cuidado y crianza de sus hijos, son más
vulnerables a convertirse en víctimas de este flagelo. Sin embargo, según publicación en el diario El Tiempo, 20
de mayo del 2005, existen investigaciones que han hallado adolescentes varones entre 12 y 18 años, que no
cumplen con estas características y que están en excelentes condiciones socioeconómicas, ejerciendo la prostitu-
ción y utilizando su cuerpo para adquirir productos de marca que para estos adolescentes y su mundo son recono-
cidos como adquisiciones necesarias para ganar y conservar un "estatus" y poder social.
Paralelo a lo anterior, son muchas ni-
ñas y niños explotados sexualmente que pro-
vienen de familias que han sufrido violencia
hacia las madres, incesto y abuso emocional
y físico contra los hijos y las hijas.
Existe una serie de falsas creencias que
conllevan erróneamente a esconder o quizás
a validar el abuso sexual y el incesto. Dado
que estos mitos hacen más factible la nega-
ción y minimización de la gravedad, magni-
tud e intensidad de su ocurrencia, este módulo
presenta una lista de los mitos más comunes
y los respectivos hechos o realidades
aclaratorias:
12Claramunt,Cecilia,ExplotaciónSexualenCostaRica.UNICEF,1998.

33
Falsa creencia
El abusador generalmente es un desconocido.
Los niños y las niñas mienten y tienen fanta-
sías sexuales.
La violencia sexual suele ser brutal, con graves
heridas, es por ello que si no existen eviden-
cias de un acceso carnal violento es muy pro-
bable que no haya ocurrido.
Las víctimas provocan y se merecen la violen-
cia que vivencian.
Quienes abusan sexualmente de niños y ni-
ñas son únicamente los enfermos mentales y
los que ya son catalogados como pervertidos
sexuales.
La violencia sexual es producto de una situa-
ción de privación o represión sexual del agresor.
Los hechos y la realidad
No, en el 80 por ciento de los casos lo realiza una persona conocida, familiar o amigo -alguien bien
cercano a la familia y a la víctima-.
No, los niños no inventan acerca del abuso sexual. Es necesario escuchar sus testimonios e historias con
atención y actuar para que no sean manipulados ni presionados. En países más desarrollados
legislativamente en estos temas, aceptan el testimonio del niño como la prueba irrefutable del delito.
No, la evidencia que mundialmente se ha recogido es que independientemente de la gravedad y magni-
tud -en términos de impacto y efecto en la víctima- en la mayoría de las violencias sexuales no se
encuentran huellas o signos físicos que rectifiquen o confirmen los testimonios. Más aún en el caso de
niños y niñas víctimas de estas violencias los exámenes sexológicos pueden ser normales hasta en un
85 o 95 por ciento de los casos.
No, esta es una táctica que efectivamente usan los agresores; convencer a sus víctimas que ellas son las
causantes y culpables de su comportamiento violento. Este tipo de acusaciones le facilitan más el cami-
no al abusador y validan aún más esta violencia cuando no solo él sino otras personas expresan que la
víctima se merecía el castigo. Es por esto que muchas de estas víctimas se callan, permanecen y aguan-
tan el abuso porque asumen que el abuso es por su culpa y se lo merecen. Más aún, muchas de estas
víctimas tratan de cambiar sus comportamientos para "evitar el maltrato y la agresión", lo que resulta en
decisiones y actos infructuosos puesto que el único responsable y capaz de modificar su conducta y
terminar el abuso es el agresor, no la víctima.
No, el abusador puede ser cualquier persona; la mayoría de investigaciones han demostrado que los
abusadores son personas comunes y corrientes, por lo tanto no hay perfiles ni características particulares
que permitan identificar de antemano al abusador.
No, la mayoría de abusadores llevan una vida sexual activa. Buscan niños y niñas por la sensación de poder
y control que ello le proporciona o bien porque creen que su amor es incondicional y no amenazante.

34
Falsa creencia
El niño o la niña víctima de abuso sexual no
denuncia porque disfruta y siente placer.
La violencia sexual es un incidente que ocurre
en callejones oscuros.
La violencia sexual es un incidente aislado.
Sólo se abusa de las niñas y mujeres.
Las mujeres casadas o que viven en pareja no
pueden rehusar sus deberes sexuales por aque-
llo del débito conyugal.
La violencia sexual sólo se presenta en fami-
lias de escasos recursos y sin educación o en
comunidades aisladas y sumidas en el atraso
y el subdesarrollo.
Las víctimas de Violencia Intrafamiliar, VIF, sa-
len de una relación abusiva a otra, sucesiva-
mente.
Los hechos y la realidad
No, si bien es posible que la víctima no tenga dolor y sienta placer, no significa que está disfrutando la
situación, por el contrario, esto le genera aún más vergüenza y culpa de la que ya trae y limita su
capacidad de defenderse o de reaccionar para detener esta situación.
No, los actos de violencia sexual son más frecuentes de lo que uno se imagina y ocurren generalmente
en los hogares o en sitios en donde se cree que los niños y niñas están seguros: familias, tiendas,
jardines, consultorios e iglesias, entre otros lugares que frecuentan los niños.
No, la evidencia comprueba que la mayoría de la violencia sexual es crónica: se presenta durante meses
o años ya que el abusador utiliza amenazas y sobornos para asegurarse de que la víctima no hable sobre
lo que está sucediendo, inclusive guardando de por vida el secreto por ese temor.
No, si bien los registros muestran un 90 por ciento de víctimas mujeres y niñas, también evidencian
cómo cada vez más se reciben denuncias y se detectan casos de abuso o agresión sexual contra niños y
adultos hombres. De los casos denunciados, los que se encuentran entre 5 y 14 años fueron niños en
Colombia.
No, el matrimonio o la unión en pareja no implica el endoso o la renuncia a la autonomía y libertad
sexual; así lo reconocen los instrumentos jurídicos internacionales, la jurisprudencia de la Corte Consti-
tucional colombiana y el Código Penal.
No, la violencia sexual se presenta en familias de todos los niveles sociales, académicos y económicos,
así como en el campo o en las ciudades. Tal vez pareciera que los pobres fueran más víctimas pero quizás
sea que las víctimas de estratos socioeconómicos altos acuden a servicios de salud privados en donde no
se tiene la sensibilidad ni la cultura de detectar o de reportar este problema por una errada interpretación
de la confidencialidad y protección de identidad de usuarios de estos servicios.
No, aunque más o menos una tercera parte de las víctimas de violencia sexual sufren más de una
relación de abuso, la mayoría de estas no buscan ni tienen múltiples compañeros abusadores. Las
personas que han sufrido VSx en su infancia son las que tienen mayor riesgo de presentar este patrón.

35
En Colombia, como veremos más adelante, hay avances en leyes de protección a víctimas, así como
en el castigo a perpetradores de estas violencias. Sin embargo, ateniéndose a datos y cifras de diversas
fuentes, como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, ENDS, del 2000 y estadísticas reportadas por el
ICBF y el instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, INML y CF, durante el año 2003, podría
deducirse lo siguiente: según la ENDS menos del 22 por ciento de los casos de violencia sexual son denun-
ciados o reportados y según el INML se reportaron 14.239 dictámenes sexológicos, de los cuales 84 por
ciento se hicieron a adolescentes mujeres con edad promedio de 13 años y 16 por ciento restante a adoles-
centes varones entre 9 y 12 años. Querría decir que cada media hora una niña o un niño menor de 13 años
es víctima de abuso sexual. Cada cuarenta minutos una niña y cada 3 horas un niño son víctimas de
violencia sexual. Pero, si nos basamos en que estos casos representarían quizás menos del 22 por ciento de
los que puedan estar ocurriendo entonces podríamos pensar que cada 9 minutos una niña y cada media
hora un niño pueden estar siendo víctimas de violencia sexual. !Qué decir de los niños, niñas y adolescen-
tes en condiciones de desplazamiento!
En cuanto a la explotación sexual comercial, el tercer informe del Estado colombiano al Comité de los
Derechos del Niño, 1998-2003, reporta un "panorama nacional preocupante" a pesar de que se carece de
cifras oficiales que permitan cuantificar este fenómeno. Cifras del Departamento Administrativo de Seguridad,
DAS, reportan entre 45.000 y 55.000 mujeres jóvenes en el exterior como víctimas de la trata de personas.
Hace menos de una década se comenzó a prestar atención al tema de violencia y explotación sexual
comercial infantil en los países de América Latina.
A pesar de que todos los países de la región han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, en
la práctica estos por lo general no se cumplen a cabalidad. Comenzando porque en la mayoría de los países de
la región se dispone de poca información, generalmente parcial e incompleta respecto a las diferentes manifes-
taciones de violencias y vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Particularmente en el tema
de violencia sexual aún se desconocen tanto los derechos de las víctimas, los mecanismos y medios legales
para denunciar y garantizar protección, como la magnitud de las secuelas que deja la agresión sexual en las
víctimas y sus familias.
Aparte de dificultades para detectar o identificar situaciones de abuso sexual infantil existen varias razo-
nes para no denunciar este tipo de delitos una vez detectados. Una de estas razones es que en muchos países
latinoamericanos las leyes no tipifican algunas formas de explotación sexual contra menores de edad, aunque
existen proyectos y anteproyectos de ley que se encuentran actualmente en estudio para su futura aprobación.
Afortunadamente Colombia no se encuentra entre ellos.

36
Otra de las razones por las que no se denuncia el abuso sexual infantil es el desconocimiento de los
procedimientos legales tanto por parte de los proveedores de servicios destinados a la población infantil, como
por parte de los cuidadores de las víctimas. En Colombia, una investigación que realizó el Centro Nacional de
Consultoría, CNC Ltda., en el marco del proyecto "Apoyo a la Promoción y Prevención en Salud Sexual y
Reproductiva" que adelantó el Ministerio de Protección Social en convenio con el Fondo de Población de las
Naciones Unidas, UNFPA, en el año 2003, encontró que aparte de lo expuesto anteriormente, las víctimas de
violencia sexual no denunciaron por temor, vergüenza o por el hecho de pensar que no pasaría nada. Particu-
larmente esta encuesta evidenció la vulnerabilidad de los y las adolescentes, puesto que frente a la población
adulta los/las adolescentes expresaron su desconocimiento frente al tema y la mayor necesidad de recibir
servicios para conocer y hablar acerca del mismo, adicionalmente, se denunciaron menos del 20 por ciento de
los casos y la impunidad después de la denuncia. En esta misma investigación de 95 personas que reportaron
haber sufrido alguna agresión sexual, 65 por ciento afirmó que no pasó nada al denunciarlo, 25 por ciento
fueron castigados o resueltos judicialmente la situación y 4 por ciento aún esperan alguna respuesta13
.
Otra causa de no denuncia es que la mayoría de los casos de violencia sexual infantil se dan en el interior
de la familia, siendo más difícil reportar los casos ante instancias judiciales, por lo que el delito queda en la
impunidad y el anonimato. Se calcula que en la región de Latinoamérica las denuncias de abuso sexual infantil
corresponden a porcentajes menores del 10 por ciento del total de las agresiones. Esta falta de reporte impide
conocer la magnitud real del problema de la violencia sexual infantil. Por otra parte, cuando se denuncia, los
sistemas de aplicación de la justicia muchas veces suelen ser revictimizantes, causando efectos negativos en
las víctimas.
Aunque cada vez hay más agencias especializadas, grupos de mujeres y organizaciones no guberna-
mentales dedicadas a este tema, sus esfuerzos no alcanzan a ser suficientes y sus recursos son limitados.
En general, existen pocos programas de prevención, atención y rehabilitación para la víctima y su familia. La
literatura revisada y la misma investigación que elaboró el CNC en el 2003 mencionan que los profesionales
de salud reportan estar poco preparados para abordar estos temas; igual ocurre con los profesionales del
sector judicial. Además, existe una tendencia a no creerle a los pequeños. En una investigación que actual-
mente realiza el ICBF con la Universidad Nacional se ha evidenciado que en Bogotá, veintitrés de veinticua-
tro menores de edad que están siendo atendidos a manera de pilotaje con el fin de estandarizar un protocolo
de atención integral en salud, no han podido acceder a las pruebas diagnósticas y tratamiento preventivo de
infecciones de transmisión sexual que podrían resultar del evento. Igualmente en éste y otros estudios que
ha adelantado el Ministerio de la Protección Social con la misma universidad, el UNFPA y ONGs, se encuen-
tra que existe una gran brecha entre las víctimas que se atienden según el régimen de afiliación, siendo las
afiliadas al régimen contributivo mejor atendidas, seguidas por las del régimen subsidiado y terminando por
13ParamayorinformaciónalrespectosolicitarresultadosdeLíneade
Base,delproyecto“ApoyoalaPromociónyPrevenciónenSalud
SexualyReproductiva”alaDirecciónGeneraldeSaludPúblicadel
MinisteriodeProtecciónSocialoalUNFPA.

37
los vinculados y desplazados; no en todos los regímenes se cuenta con el KIT y los exámenes de laboratorio
sugeridos por la normatividad. De la misma manera se encontró que no existe una prestación de servicios de
salud mental en las EPS y que sólo se atiende muy precaria y pobremente a las víctimas sin oferta de
servicios ni actividades con las familias14
.
Anexo a este módulo encontrará
un documento que resume las ci-
fras estadísticas de diversas fuen-
tes que ha recogido La Consejería
Presidencial para la Equidad de la
Mujer. (Ver anexo 2).
El siguiente cuadro sirve de apoyo para avanzar en el recorrido por el módulo dada la importancia que
tiene conocer ciertos factores y condiciones frente a la violencia y explotación sexual, que vulneran a niños,
niñas y adolescentes; a través de éste y de una planeación conjunta se pretende orientar en las acciones que
aminoren la vulnerabilidad, además de contribuir a alcanzar un escenario en el que entre todos podamos
disminuir estas violencias. (ver página siguiente)
Para terminar esta unidad sería importante complementar el diagnóstico respondiendo entre todos las
siguientes preguntas:
· ¿Es consciente de la existencia del problema de violencia sexual contra niños, niñas, adolescentes en
la zona en la que reside o ejerce su práctica?
· ¿Sabe a dónde acudir para recibir información, atención, servicio o entrenamiento?
· ¿Podría organizar algún grupo de estudio sobre el tema en su comunidad?
· En caso de ser proveedor de salud, ¿podría organizar algún tipo de entrenamiento –en su propio centro
de trabajo o fuera de él– para detectar y atender casos de negligencia y maltrato físico y sexual hacia
niños, niñas y adolescentes?
14Informaciónencontradaendocumentosinformesdegestióndecuatro
convenios:InformedeavancedelConvenio262celebradoentreICBF-UN,
mayo19,2005.InformeFinal,Convenios0278,0265y0270,celebrados
entreMPS-UN,octubreydiciembre,2004.InformeConvenioUNFPA/COL/
03/P01celebradoentreMPS-UNFPA,diciembre,2004.

38
Vulneradores
• Desconocimiento de sus derechos.
• Insuficientes habilidades de comunicación y negociación, resolución de conflictos y problemas; en
general competencias sociales.
• Desconocimiento de rutas y servicios a demandar y acudir (¿qué hacer?).
• Baja autoestima y autocuidado.
• Desescolarización.
• Indiferencia ante la necesidad de reconocimiento social.
• Testigo o víctimas de violencias, énfasis en violencia sexual particularmente ante situación de
impunidad, silencio y tolerancia cultural a la violencia.
Familiar:
• Patrones de crianza que desconocen los derechos y las necesidades de desarrollo.
• Estructura patriarcal y dominancia del padre.
• Autoritarismo en el padre.
• Creencias en los padres de que son propietarios de los hijos.
• Violencia conyugal.
• Desorganización de los roles familiares y adopción de roles parentales por parte de los hijos.
• Aislamiento social.
• Percepción de indefensión en la madre.
• Complicidad materna.
• Creencias y actitudes negativas hacia la sexualidad.
• Consumo de alcohol y drogas por parte de los padres.
• Hacinamiento.
• Amalgamiento e irrespeto de autonomías, privacidad, intimidad y territorialidad de sus integrantes.
Escolar:
• Prácticas disciplinarias autoritarias, punitivas y coercitivas.
• Prácticas disciplinarias laxas e inconsistentes.
• Falta de retroalimentación positiva hacia los niños.
• Ausencia de normas claras.
• Orientación a logros individuales en los niños.
• Tolerancia a los comportamientos agresivos.
Ámbitos
Individual
Institucional

39
• Rechazo de los compañeros, maestros y amistades.
• Contenidos y prácticas de socialización que transmitan y reproduzcan el patriarcalismo.
• Desconocimiento del desarrollo psicosexual de los niños.
• Falta de observación y seguimiento acorde con necesidades particulares de cada alumno.
• Creencias y actitudes negativas hacia el diálogo abierto sobre salud sexual y reproductiva.
• Desinformación en educadores y orientadores sobre el abuso sexual infantil y la manera de abordarlo.
• Flexibilidad o ausencia de mecanismos de control y prevención de aprovechamiento y abuso de poder,
así como de delimitar relaciones entre maestros y alumnos.
Salud:
• Ausencia de contenidos curriculares sobre estos temas en formación del recurso humano en salud.
• Ausencia de políticas, protocolos, guías e instrumentos estándares que precisen y regulen competen-
cias, garantías y asignación de recursos para atención, que vigilen y regulen el cumplimiento de dere-
chos y oferta oportuna de servicios de protección y atención a víctimas.
• Enfoques e iniciativas excluyentes de saberes y esfuerzos de diversas disciplinas, sectores y actores.
• Ausencia de estrategias de identificación e intervención para motivación y transformación permanente
de creencias, actitudes y prácticas de proveedores de servicios hacia detección y atención de estas
problemáticas.
• Sociedades indiferentes y carentes de esfuerzos efectivos para reducir las condiciones de inequidad,
injusticia, impunidad, pobreza y ausencia de oportunidades para el desarrollo integral, el bienestar y la
calidad de vida de algunos sectores poblacionales.
• Carencia de ratificación y formulación de políticas públicas atendiendo el problema, así como del esta-
blecimiento de mecanismos efectivos para operativizarlas y velar por el cumplimiento de las mismas.
• Aceptación, validación cultural y legitimación social de la violencia como medio para control y desarrollos.
• Ausencia de redes sociales y capital social.
• Pobres espacios de participación y promoción de democracia con bajo control y regulación social de la
trasgresión de leyes y vulneración de derechos humanos.
• Aceptación cultural de que el "ámbito familiar y lo que ocurra allí es asunto privado y sólo es incumben-
cia de los miembros que habitan ese territorio y espacio".
• Creencias culturales sobre la inferioridad de la condición de género "mujer" y del "menor o infante".
• Creencias culturales patriarcales que defienden la superioridad del hombre.
Macro-contextual
cultural, social y político.
Modelos económicos y de desarrollo
Ámbitos Vulneradores

40
Si queremos avanzar en la expedición debemos comenzar por:
reconocer la existencia de la problemática, los asuntos y aspectos
que facilitan su ocurrencia y motivar a planear acciones para
transformar la realidad.
Pasemos a realizar el ejercicio # 1
Ejercicio 1
Punto de partida de la expedición: ¡Arranquemos!
Propósito
Reconocer la existencia de problemática, los asuntos y aspectos que facilitan su ocurrencia y motivar a
planear de acciones para transformar la realidad.
Duración
Dos y media horas
Materiales y logística
Papelógrafo y marcadores
Hojas y lapiceros para ejercicio grupal
Relator por grupo
Relator de conclusiones del ejercicio

41
Actividades
1. Socio-drama "Actuemos situaciones de violencia sexual y explotación para comprenderlas" 40 minutos.
2. Ejercicio por grupos para diligenciar guía de análisis de presentaciones de cada grupo: En grupos no
menos de tres personas y no más de seis se ha de diligenciar la guía en un tiempo de cuarenta
minutos.
3. Plenaria: presentación de conclusiones por grupo e identificación de acuerdos y disensos en 30 minu-
tos. Como resultado importante un consenso de qué es violencia y explotación sexual; ¡A qué nos
enfrentaremos!
Reflexión Final
A pesar de la complejidad y de la magnitud del problema, el hecho de ser un fenómeno netamente social
es prevenible y controlable. En la medida en que hacemos conciencia de esto y de nuestra posibilidad de actuar
y tejer redes haciendo uso de herramientas y potencialidades podremos contribuir a cambios.
Guía para trabajo grupal
Preguntas orientadoras
1. Cuántas situaciones de violencia sexual diferentes se mostraron en los sociodramas?
2. ¿Saben algunas estadísticas? Menciónenlas.
3. ¿Qué factores de nuestro país, nuestra región, nuestra cultura conocen UD´s que podrían ponernos
en riesgo o vulnerables a esta problemática?
4. ¿Qué factores en instituciones como familia, educativas y prestadoras de otros servicios (salud, protec-
ción, justicia y ONG´s) identifican que puedan ayudar a que esta realidad no sea atendida adecuada-
mente?
5. ¿Qué factores en los personajes encontraron que puedan contribuir o evitar la ocurrencia de violencia
sexual y explotación sexual infantil?
6. ¿Qué lección les deja como persona y como profesionales este ejercicio en torno a la salud y desarrollo
de los jóvenes?

42
A continuación procuren concluir colocando no más de cinco factores en cada columna de la siguiente tabla y marque
con + cuáles es su competencia afectar:
Contexto Contexto Contexto Instituciones Instituciones Instituciones Familia Individuos
Cultural Político Social educativas de protección de Salud
y otros servicios
de promoción
de derechos

44
UNIDAD 2
Preparación para
la expedición: armando el "morral".
¿Qué llevar?

45
HERRAMIENTAS Y APEROS PARA EL VIAJE DEL CAMBIO.
LASNORMASYALGUNASREFLEXIONESENTORNOAESTAREALIDAD
En esta unidad se pretende "aperar" al lector de argumentos, herramientas y dispositivos legales que le
garanticen el "poder" para ejercer una actuación social que lo proteja de sus propias vulnerabilidades y ayude a
proteger a sus colegas, compañeros, familiares y vecinos. Pero antes lo invitamos a "armarse" de valor y a
sentirse respaldado(a) para actuar oportuna y decididamente ante casos o historias como las de Verónica,
Angélica, Jonathan y Leidy Johanna y todos esos niños, niñas y adolescentes que pudieran estar padeciendo
estas agresiones en completa soledad e indefensión.
La primera afirmación pertinente es que todos somos sujetos de derechos; derechos que son el conjunto
de valores y normas que desde el ser humano y bajo los principios de igualdad, integridad intrínseca al ser
humano, dignidad y valor de las personas, han sido acordados por todas las naciones del mundo –una vez se
despertó de la pesadilla y horrores acaecidos por la II Guerra Mundial– en una concepción común, que garan-
tizará a toda la comunidad mundial la libertad, la paz, y la justicia y facilitara la relación entre las naciones.
En este sentido, desde 1948 se les pide a todos los países que: "promuevan, mediante la enseñanza y la
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e
internacional, su reconocimiento y aplicación universal y efectivo, tanto entre los pueblos de los Estados miem-
bros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción".
Pero para que los derechos sean considerados como tal, deben ser garantizados tanto por el Estado –
entendido como gobierno– como por la población civil. Por lo tanto han de ser parte de los códigos civiles que
regulan el comportamiento humano en todos los países del mundo.
Son derechos humanos que deben primar sobretodo en el caso de los derechos de los niños y los
adolescentes:
· la vida
· la libertad: el no sometimiento a esclavitud, torturas, castigos crueles; la garantía de la libre moviliza-
ción; la libertad y autonomía de conciencia, pensamiento, religión, opinión, expresión, reunión,
asociación; la participación en el mundo cultural, en las artes y beneficiarse de los progresos
científicos de forma igualitaria
· la igualdad para la seguridad, defensa y protección justa e igualitaria, asilo político, presunción siempre
de inocencia, seguridad social

46
· la honra, la reputación, la privacidad, la salud, la familia, la vivienda y domicilio, la propiedad privada
y la propiedad colectiva, la libre elección de estado civil, casarse con la libre elección de su pareja y
tener garantía de sus derechos antes, durante y después del matrimonio
· la identidad, la nacionalidad, la oportunidad a elegir y ser elegido en actividades y puestos públicos
· la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad, condicionados a la capacidad económica de su país
· el trabajo y la educación básica gratuita y obligatoria, la libre elección de condiciones justas y satisfac-
torias para aprender, trabajar y solventar el desempleo.
· el descanso, el tiempo libre y las vacaciones remuneradas
· pertenecer a organizaciones y redes de apoyo y soporte
Cuarenta años después de la promulgación de las condiciones a las que fundamentalmente todos los
habitantes de este planeta tenemos derecho a acceder, se pacta la Convención Internacional sobre los Dere-
chos de la Niñez en 1989, constituyéndose en el primer compromiso acordado y común por la mayoría de las
naciones para con los niños, niñas y los jóvenes en busca de la protección de sus derechos civiles y políticos al
igual que los de naturaleza económica, social y cultural. En cuarenta y un artículos esenciales se reconocen y
explicitan estos derechos y se establece en forma de ley internacional para los Estados partes, la obligación de
garantizar a todos los niños –sin ningún tipo de discriminación– el beneficio de una serie de medidas espe-
ciales de protección y asistencia; acceso a la educación y atención médica; condiciones para desarrollar
plenamente su personalidad, habilidades y talentos; un ambiente propicio para crecer con felicidad, amor y
comprensión; y la información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y ser parte del proce-
so en una forma participativa.
Las dos últimas décadas han sido impactantes y benéficas porque se han acordado dispositivos legales
que detallan de manera más precisa y específica esos compromisos, valores, normas, y condiciones para garan-
tizar los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y aquellos sujetos que están en condiciones
de desigualdad y discapacidad. Los mayores avances de esta era han sido en el desarrollo de caminos, acciones,
servicios, estrategias y actividades para que esas nobles intenciones se concreten. Ejemplos de estos logros de
mucha pertinencia y relevancia para este módulo son: la Declaración en Estocolmo con motivo del primer
Congreso mundial contra la explotación sexual y comercial de la niñez, 1966 y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, 1967, finalmente aprobada por la Asam-
blea general de Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 en la convención CEDAW.
No ha sido fácil precisar un marco normativo en Colombia que ubique claramente todos los dispositivos
que a nivel internacional y nacional respalden y garanticen de manera efectiva, eficaz y eficiente la protección

47
y restauración de los derechos de las víctimas y sus familias. Esta sesión pretende listar aquellas leyes y apartes
que permitan concretar una ruta de acceso a los servicios y garantías de protección y atención a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes del país15
.
En los siguientes dos cuadros se listan los dispositivos internacionales y las resoluciones nacionales que
concretan estos derechos en servicios y acciones puntuales en sectores de justicia, protección y salud.
Dispositivos normativos a nivel internacional:
· Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Paris y Viena.
· Declaración de los Derechos de los Niños 1989 (Aprobada en Colombia Ley 12, 1991).
· Declaración en Estocolmo con motivo del primer Congreso mundial contra la explota-
ción sexual y comercial de la niñez, 1966 (Aprobada en Colombia, Ley 74, 1968).
· Congreso Mundial de Yokohama, 2001(Colombia, Ley 765, 2002 y Ley 679, 2001).
· Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, Naciones Uni-
das, 1967, que comienza a preparar la CEDAW en 1974. La Asamblea General de Nacio-
nes Unidas finalmente la aprobó el 18 de diciembre de 1979.
· Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la
mujer, Belem Do Para, 1994 (Aprobada por la Ley 248 de 1995, Arts. 2°,3°,8°,9°).
· Pacto internacional de derechos civiles y políticos; adoptado y abierto a la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16
de diciembre de 1966; entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el
Artículo 49.
· Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, adoptado y abierto
a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A
(XXI), de 16 de diciembre de 1966; entrada en vigor el 3 de enero de 1976, de
conformidad con el Artículo 27.
15Paraprofundizarencadadispositivo,sesugiereconsultarporInternetcon
elnombredecadanormaoalasdireccionesanexasdeestemódulo.

48
· Conferencia del Cairo, 1995 y Beijing, 2000, sobre derechos sexuales y reproductivos,
recogida en Resolución 412 del 2000 del Ministerio de Salud y en la Política Nacio-
nal de Salud Sexual y Reproductiva del 2003.
· Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, convenciones y
declaraciones (CEDAW, DEVAW, Belem do Para). Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada transnacional, 2000.
· Convención sobre el delito cibernético, 2001.
· Disposiciones pertinentes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1998).
· Convenio No. 182 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre la prohibi-
ción de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su elimina-
ción (complementada por la Recomendación No. 190 de la OIT) del 19 de noviembre
de 2000 y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño,
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía, 18 de enero de 2002.
Dispositivos nacionales:
Transectoriales:
· Constitución Política de Colombia (Arts. 2°, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49).
· Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006.
· Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de Protección Social,
marzo 2003. (formulada desde sector protección social pero en proceso de convertir-
se en intersectorial a través de COMPES).
· Política nacional de construcción de paz y convivencia familiar, Haz Paz.
· Decreto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo
sexual con menores (Ley 679 de 2001), ver anexo 3.

49
Sectoriales:
Justicia y protección:
· Ley 74, 1968 y Ley 765, 2002, todos sus artículos explicitan las intenciones y
mecanismos de eliminación de toda forma de ESCI y violencia sexual contra niños,
niñas y adolescentes.
· Ley 812 de 2003 (Art. 8° y 40).
· Código Penal. Ley 599 de 2000 (Arts. 112, 115, 118, 178, 179, 205,206, 211, 230,233,
236, 347).
· Ley 882 de 2004 (Art. 1° que modifica 229 de la Ley 599 de 2000).
· Ley 294 de 1996 reformada por la 575 de 2000 (Arts. 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°,9°, 11, 12,
14,21, 22,23, 24).
· Decreto 652 de 2001 (Arts. 2°,3°,8°).
· Ley 360 de 1997 (Arts. 2-10, 12-16) dispone la organización de los servicios de
justicia y de salud para las víctimas y desarrolla el principio de equidad en la protec-
ción a los niños y las niñas.
· Ley 599 de 24 de julio de 2000, nuevo Código Penal colombiano, conserva los
avances de la Ley 360 de 1997 con respecto a los delitos contra la libertad, integri-
dad y formación sexuales.
Salud:
· SGSSS (Sistema General de Seguridad Social): conformado Decreto 1152 de 1999, Ley
100, 93: (Arts. 152, 162 modif. Decreto 266 del 200, 163, 165, 166, 168, 169, 170,
177, 185, 198, 199, 202, 203, 205, 211, 212, 213, 215, 222).
· POS: Plan Obligatorio de Salud: Resolución 5261 del 94: (Arts. 52, 53, 90-95, 97,
102, 109), Resolución 412 del 2000: (Arts. 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 15), Acuerdo
número 254 de 2003: (Arts. 5°-7°), Acuerdo 008 de 1994 del Reg. contributivo: (Art.
2°), Acuerdo número 117 de 1998 (Arts. 2°, 3°, 7°, 8°, 11), Acuerdo número 72 de

50
1997 del subsidiado (Arts. 1°,3°, Acuerdo número 229 de 2002 (Arts. 6°, 7°), Acuer-
do número 244 de 2003 (Arts. 4°, 8°, 63).
· PAB: Plan de Atención Básico. Resolución número 4288 de 1996 (Arts. 1°, 2°, 3°, 5°,
6°,7°,8°,9°,13, 15, 16), Circular No. 018, febrero 18 de 2004, PNSSR, Ley 715 de 2001
(Arts. 42, 43, 45, 46) Circular 02, 2005.
Atención a la población desplazada en salud:
· Ley 387 de 1997 y su modificación en el Decreto 2131 del 2003.
· Decreto 173 de 1998.
· Acuerdo 59 de 1997 del Consejo Nacional de Salud y Seguridad Social (CNSSS).
· Acuerdo 185 de 2000 (CNSSS).
¿Cómo se concreta este marco en Colombia?
En nuestro país las normas han de concretarse con la asignación por parte del Estado de responsabilidades
o competencias a las instituciones que tienen obligatoriedad de atender el problema. Es así como el siguiente
cuadro describe el "Mapa de competencias acordado por los sectores del Estado"; es deber de todos y todas exigir
su cumplimiento para lo cual existen mecanismos como Acciones de cumplimiento y Derechos de petición:

51
INSTITUCIÓN
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
ICBF
Salud
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses, INML y CF
COMPETENCIAS
• Identifica y recibe casos sospechosos.
• Realiza la investigación sociofamiliar.
• Gestiona la denuncia ante la Fiscalía.
• Puede solicitar examen a medicina legal.
• Remite y gestiona atención en servicios especializados: psicología, nutrición, trabajo social, educación y
salud.
• Toma medida de protección inmediata a niños y niñas en situación de abuso y violencia.
• Interviene en los asuntos judiciales en donde está involucrado un menor de edad.
• En casos necesarios retira niños, niñas y adolescentes de cuidadores y asigna custodia provisional o
definitiva.
• El defensor de familia tiene todas las facultades para garantizar de manera integral la protección a un
menor víctima de estas violencias, las demás instituciones deben coordinar siempre con ésta.
• Garantiza el tratamiento terapéutico a todo niño, niña y adolescente que lo requiera.
• Gestiona el tratamiento terapéutico de la familia que lo requiera.
• Hace acompañamiento y apoya a víctimas.
• Realiza seguimiento del caso.
• Maneja los casos cuando el agresor es menor de doce años.
• Identifica y recibe el caso.
• Atiende la emergencia y asegura muestras.
• Ordena y realiza exámenes de laboratorio.
• Garantiza anticoncepción de emergencia.
• Brinda atención terapéutica.
• Asegura tratamiento para infecciones de transmisión sexual, ITS, VIH/Sida.
• Hace las veces de forense cuando esta instancia no existe.
• Da aviso inmediato a:
Fiscalía o autoridad judicial más cercana.
ICBF cuando la víctima es menor de edad.
• Realiza las pruebas periciales necesarias para la toma de decisiones en procesos judiciales y de protección
-examen sexológico, recoge pruebas, recomienda otros exámenes-.
• Brinda información sobre los procedimientos a seguir.
• Informa sobre los servicios disponibles para atender las necesidades derivadas del hecho punible.

52
• Remite a salud para atención de la patología física o psíquica que pueda derivarse del hecho para el
diagnóstico y tratamiento de ITS y prevención de embarazo.
• Recopila la evidencia medico-legal.
• Asume todas las funciones de naturaleza judicial y legal.
• Recibe denuncia e investiga: se apoya en el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, quien investiga todo lo
relacionado con el presunto agresor y visita la escena.
• Acusa a los presuntos infractores ante juzgados o tribunales competentes.
• Ordena pruebas.
• Dispone la protección a víctimas y testigos y ordena medidas de protección.
• Decide si hay mérito o no para abrir investigación ante denuncias e información que recoge de otras fuentes
aparte de los denunciantes.
• Mediante Ley 360 crea unidades especializadas para estos delitos.
• Orienta a la víctima.
• Recibe la denuncia y remite a fiscalía.
• Toma medidas de protección y acciones policivas que resulten necesarias; como orden de restricción y
límite al agresor, su desalojo, impide raptos, traslados o secuestros de niños, dispone si la familia debe
acudir a terapia, reeducación y tratamientos, ordena compensaciones a víctimas por agresores por restitu-
ción, ordena apoyo policivo a víctima y familia.
• Realiza allanamientos cuando hay un menor en peligro.
• Conoce y decide en casos de violencia intrafamiliar.
• Puede solicitar examen a medicina legal.
• Remite y gestiona atención en servicios especializados.
• Apoya a la familia y acompaña a la víctima.
• Realiza investigación socio-familiar.
• Realiza seguimiento del caso.
• Recibe denuncia.
• Remite a Fiscalía.
• Solicita examen a Medicina Legal.
• Acompaña y orienta a víctima.
• Protege escena del delito.
• Apoya a las demás autoridades.
Fiscalía General de la Nación
Comisarías de familia
Policía
INSTITUCIÓN COMPETENCIAS

53
Ahora bien, las competencias anteriormente mencionadas se reflejan en la propuesta de mapa para la
atención integral a víctimas de estas violencias, sin embargo, para la comprensión de dicho mapa es indis-
pensable remitirse al cuadro que el lector encontrará a continuación, referente a la atención a víctimas de
acuerdo al principio de establecimiento de derechos, mediante un proyecto que adelantaron la Oficina de
Consejería para Política Social de la Presidencia, con la participación de la Fiscalía General, el Instituto de
Medicina Legal, el ICBF, la Policía Nacional, el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas, UNFPA, y
recogido en el documento "Diseño y aplicación de propuestas de atención integral a víctimas o sobrevivien-
tes de violencia sexual".

54
ATENCIÓNINTEGRALAVÍCTIMASDEDELITOSSEXUALESDESDEUNAPERSPECTIVADEDERECHOS16
–Restablecimiento de derechos–
ÁMBITOS DE LA
ATENCIÓN INTEGRAL
JUSTICIA
PROTECCIÓN
SALUD
EDUCACIÓN
DERECHOS A RESPETAR POR TODAS
LAS INSTITUCIONES
• Al acceso a servicios.
• A la información sobre derechos, procedi-
mientos legales, administrativos y de ser-
vicios e implicación o riesgos del acto
violento
-embarazo, ITS-.
• Al acompañamiento y orientación.
• A la contribución a la suspensión de la
amenaza o la violencia y la reparación del
daño.
• Al trato digno, respetuoso y considerado.
• A la privacidad.
• A que se le crea.
• A la oportunidad e inmediatez.
• A una entrevista respetuosa y suficiente.
• A la eficacia y efectividad.
• A la claridad en los trámites.
• A los servicios y atención de calidad.
• A recibir atención integral.
• A no ser maltratado(a).
DERECHOS ESPECÍFICOS A SER OBSERVADOS
SEGÚN LA COMPETENCIA
• Al acceso a servicios de justicia.
• A que alguien especializado reciba la denuncia.
• A un recaudo eficiente de pruebas - cadena de custodia: valoración inmediata de
Medicina Legal.
• A ser informado(a) sobre la posibilidad de acceder a indemnización de perjuicios.
• A la suspensión de la violencia o la amenaza.
• A la reparación o indemnización del daño.
• A que se tomen las medidas de protección que sean pertinentes.
• A que se indague a profundidad sobre la situación familiar antes de tomar una
medida definitiva.
• A que se realice seguimiento sobre la efectividad de la medida.
• A que se acompañe a la víctima a colocar la denuncia o hacerlo en su nombre.
• A procurar la integridad de la atención y la garantía de los derechos - Red
psicosocial.
• A que las entrevistas protejan la evidencia.
• A la detección temprana y exámenes gratuitos de ITS, embarazo y VIH.
• A tratamiento para la víctima y la familia.
• A contar con acompañamiento social en el momento de denunciar.
• A que la valoración psicológica proteja la evidencia.
• A que se apliquen adecuadamente las normas o protocolos vigentes.
• A que se informe y oriente sobre la posibilidad de la anticoncepción de emergencia.
• A que salud recoja la evidencia.
• Al deber de denunciar por parte de los servidores públicos.
• A que se disponga lo necesario para integrar a la víctima al sistema escolar.
• A que se desarrollen programas de prevención de delitos sexuales.
• A que se brinde educación sobre los derechos sexuales y reproductivos.
• A que se establezcan mecanismos para la detención temprana de delitos sexua-
les y la forma de denunciarlos.
16CuadroelaboradoporEsmeraldaRuiz,consultoradelUNFPA,Colombia,enelmarcodelProyecto:
UNFPA/COL/03/P01:“ApoyoalaPromociónyPrevencióndeSaludSexualyReproductiva”que
adelantóelMinisteriodelaProtecciónSocial,enarchivosdelproyecto.2003.

55
Mapa de atención a víctimas de violencia sexual y
explotación sexual comercial
Quien detecte o sospeche que un niño, niña, adolescente o joven está siendo
víctima de explotación o de violencia sexual puede reportar el caso a cualquiera de
estas cinco entidades: ICBF, Fiscalía, Salud, Policía o Comisaría. Existe la línea del
ICBF gratuita 1800091 80 80 ó 660 55 20 / 30 / 40 de Bogotá. De estas sólo tres
entidades pueden tomar decisiones para garantizar la protección de las víctimas. Las
otras dos han de reportar el caso a estas tres entidades: Fiscalía, Comisaría e ICBF. En
todo caso que exista un menor de edad involucrado, el ICBF ha de liderar el proceso.
El Instituto de Medicina Legal es la entidad encargada de constatar y acopiar la
evidencia. Es importante recalcar la necesidad de comunicarse con esta entidad tan
pronto se tiene contacto con el caso, para coordinar la valoración médica que ha de
realizarse a la víctima y así evitar someter a la persona a repetidas valoraciones que la
puedan agredir y re-victimizar.

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