desplazamiento en Colombia, las victimas,las consecuencias.

1. El Desplazamiento en
Colombia
Consultoría para los derechos humanos y desplazamiento
Isabella Florez Suarez

2. DFI:
 El desplazamiento forzado interurbano (DFI) no solo persiste
como el hecho victimizante de mayor impacto en las dinámicas
urbanas del conflicto armado. Como estrategia y consecuencia
del control social y territorial de grupos armados ilegales que
facilita actividades relacionadas con rentas ilegales que
involucran a la población civil en espacios marginales de las
ciudades, la crisis humanitaria que supone ha aumentado y ha
pasado de ser una tipología del desplazamiento forzado
mayoritariamente silenciosa, a volverse un fenómeno constante
y, en las ciudades del Pacifico colombiano, masivo y visible.
 Lo más preocupante es que la reacción de la institucionalidad en
los gobiernos locales, en vez de configurarse a partir de
acciones efectivas y propositivas frente a las afectaciones
masivas y sistemáticas a los derechos de los habitantes de los
barrios que padecen el dominio de grupos armados ilegales, han
disminuido -como en el caso de Buenaventura, Quibdó, y
Cúcuta,- o se ven desbordadas -como en el caso de Bogotá,
Medellín, Soacha y Tumaco-. Esta circunstancia no solo muestra
retos en cuanto a voluntad política, planificación y atención a las
advertencias hechas por la Defensoría del Pueblo, la Personería
o las organizaciones sociales, sino también graves problemas de
eficiencia, ejecución, manejo de recursos y criterios de
corresponsabilidad.


3.  En este sentido, la desconfianza en la institucionalidad
ha aumentado, bien sea por la ausencia de respuestas
o por el temor a que los gobiernos locales estén aliados
con los grupos armados ilegales. El subregistro persiste
entonces, no solo porque el desconocimiento de
víctimas y funcionarios sobre el DFI continua, sino
también porque, ante la desconfianza, cada vez son
menos las personas que denuncian y en cambio optan
por estrategias precarias de protección en casas de
familiares, sin ninguna garantía de no repetición o
acompañamiento.
 Mientras los grupos armados ilegales, principalmente
aparatos macro-criminales posteriores a la
desmovilización de las AUC, siguen creciendo o
mostrando su capacidad de adaptación, reemplazando
constantemente a cabecillas abatidos o capturados por
la fuerza pública, la respuesta institucional se debilita
o no puede responder a la alta demanda de atención
humanitaria. Al mismo tiempo, las demoras en las
respuestas de valoración para la inclusión en el RUV
continúan y, en muchos casos, las resoluciones que sí
llegan son de no inclusión.

4.  Las llamadas “bandas criminales” por parte del gobierno
nacional siguen generando graves afectaciones a los
derechos humanos de los habitantes de los barrios
sometidos a hechos victimizantes que generan DFI, pero
el registro todavía no responde a la demanda de una
atención, asistencia y eventual reparación integral a estas
víctimas, preocupación que ya ha manifestado el
Ministerio Público e incluso la Corte Constitucional en un
comunicado público el 17 de mayo.
 Sin estrategias adecuadas de prevención y protección, el
logro de soluciones duraderas sigue siendo una
perspectiva lejana en las ciudades mencionadas. Mientras
persiste el conflicto armado y los entes territoriales no
superan la ineficiencia, una recuperación temprana de las
comunidades es todavía improbable.
 La investigación de CODHES sobre el fenómeno del DFI
ha mostrado que apoyar el cumplimiento de los criterios
de soluciones duraderas exclusivamente en el trabajo con
gobiernos locales y no en la sociedad civil es insuficiente
dados los altos índices de percepción de una gestión
corrupta en las administraciones y la falta de voluntad
política para atender a las víctimas. Donde sí existe dicha
voluntad política, la gestión y las demoras en contratación

5.  Así mismo, la desigualdad entre el nivel central y el
nivel local en cuanto a atención es demasiado amplia.
Los programas de Bogotá y Medellín, aunque todavía
en construcción, tienen una vocación de integralidad
no encontrada en ninguno de los otros municipios en
los que CODHES lleva a cabo el estudio, lo que hace
pensar que uno de los principales problemas para
implementar la Ley de Víctimas es de hecho, la
ejecución de criterios claros de corresponsabilidad.
 Una de las más grandes inquietudes que ha arrojado
el trabajo de campo hasta el momento es el aumento
en la utilización, vinculación y reclutamiento forzado
de niños niñas y jóvenes por parte de los grupos
armados ilegales frente a la carencia de
oportunidades de aprovechamiento del tiempo libre o
generación de ingresos de las familias en las
ciudades. Tanto las víctimas como los responsables
de homicidios en las ciudades estudiadas son, en su
mayoría, menores de 18 años.