Propuestas del Partido PROgresista para enfrentar problema de la criminalidad en Chile.

1. Propuesta para abordar el problema de la
criminalidad en el país
Partido Progresista
Noviembre 2010

2. I. Diagnóstico
Uno de los problemas más relevantes que más preocupan a los chilenos y
chilenas es la criminalidad. La sensación o percepción de inseguridad es cada
día más creciente y los medios transmiten con frecuencia noticias con hechos
violentos, destacando la participación de menores de edad, sin que el sistema
penal parezca ser capaz de controlar la situación.
Por otro lado, desde 1990 en adelante las políticas públicas en esta materia han
estado fuertemente influidas por los discursos de ley y orden, que piden más
cárceles, más penas, más mano dura y menos garantías para los imputados,
siendo la prevención y la reinserción objetivos secundarios y menores. Los
conceptos de “tolerancia cero” y de “puerta giratoria”, que son utilizados cada
vez con más frecuencia por la clase política, sobre todo si son períodos
electorales, son los que mejor reflejan este discurso. Se trata de segregar al que
es calificado como delincuente e incluso se plantean cosas tan disparatadas
como mandar a los delincuentes a una isla.
Resulta curioso entonces que mientras se implementaba una reforma procesal
penal de acuerdo a los más altos estándares internacionales, y claramente
garantista de los derechos de los imputados, asegurándoles por primer vez el
acceso a una defensa jurídica gratuita, de manera paralela se haya impulsado
una política criminal de ley y orden, claramente contradictoria con la lógica del
nuevo proceso penal, el cual a su vez, por la mayor rapidez de los juicios, ha
significado una modificación en la composición de la población carcelaria, en
que casi el 80% está cumpliendo condena y cerca de un 20% está sujeto a
prisión preventiva.
La situación actual es que la población penitenciaria se ha duplicado entre
1985 y hoy. En ese año había 22.027 personas privadas de libertad y al primer
semestre de este año había 53.482 privadas de libertad.
De hecho, Chile es el país de América Latina, junto a Panamá, con mayor tasa
de personas presas, alcanzando a 305 personas por cada 100.000 habitantes,
mientras Brasil, un país que hoy es considerado un referente, tiene 227
personas presas por cada 100.000 habitantes, en tanto Uruguay tiene 193.
Por otro lado, en el año 2000 comenzó la implementación de una política de
privatización de los recintos carcelarios, mediante un programa de concesiones
cuyo objetivo era construir 10 cárceles para 16.000 presos, con una inversión
cercana a los US$ 280.000.000. Esta política de privatización de las cárceles
pretendía avanzar en la reinserción de los reclusos.

3. Otro de los problemas del sistema carcelario es que existe un escaso uso de los
beneficios intrapenitenciarios y de las medidas alternativas a la prisión, pese a
que el marco regulatorio lo permite, porque la autoridad administrativa es
reacia a conceder beneficios por el riesgo asociado a la comisión de otros delitos
y porque el soporte y la infraestructura que la aplicación de la Ley N° 18.216
requiere es insuficiente. Estos beneficios y medidas, cuidadosamente aplicados,
son eficientes y útiles.
La situación carcelaria hoy es crítica. Existe hacinamiento y la curva de
crecimiento de personas presos nos lleva a una situación de colapso. La cárcel,
al menos como funciona en Chile, no contribuye a la reinserción de las personas
presas.
Además del grave problema penitenciario, la legislación de fondo requiere
adecuaciones urgentes y la criminalidad emergente no tiene sanción alguna,
salvo cuando obligaciones internacionales han hecho que deban tipificarse
conductas, como ha ocurrido por ejemplo con el cohecho internacional.
El Código Penal vigente es de 1874 y sin perjuicio de las numerosas reformas
que ha sufrido, además de la legislación complementaria, el marco regulatorio
no responde al Chile del siglo XXI.
Durante el Gobierno del Pdte. Lagos se trabajó en un nuevo Código Penal, el
cual no ha sido enviado hasta el día de hoy al Congreso. Se han despenalizado
conductas, como los delitos contra la libre competencia, que en el resto del
mundo son materia de sanción penal. Y no se han tipificado conductas penales,
como el delito ambiental, que en el resto del mundo son sancionadas
penalmente.
La delincuencia económica y la criminalidad emergente, cuya dañosidad social
es muy alta, en Chile no tienen sanción.
La criminalidad emergente y la delincuencia de cuello blanco son temas
relevantes en el derecho penal y la política criminal de hoy. La criminalidad
organizada, la delincuencia económica, la delincuencia transnacional, la
corrupción o cohecho internacional, la criminalidad empresarial, el fraude
corporativo, el lavado de activos son temas que no han sido abordados
adecuadamente.
Junto con tipificarse conductas sin un estudio serio previo y sin un criterio
detrás, se legisla de manera reactiva frente a hechos de impacto público (art.
161 A CP, abigeato, robo de cables de cobre, etc.), mientras se derogan los pocos
tipos penales destinados a sancionar la criminalidad económica (el 2005 se
derogó el tipo penal relativo a la libre competencia).

4. Lo cierto es que tenemos un derecho penal para los pobres (los delitos contra la
propiedad llenan nuestro sistema penal y nuestras cárceles) y la criminalidad
emergente no existe (los delitos medioambientales no están tipificados -El
Tatio-, los delitos contra la libre competencia han sido derogados, las conductas
contra los consumidores están fuera del ámbito penal, los delitos contra la
seguridad de los trabajadores no han sido tipificados, etc.).
Por último, es necesario considerar que el control de la criminalidad es una
tarea que excede con mucho al Poder Judicial, es una tarea de toda la sociedad.
Y no es un fenómeno unívoco, sino que tiene muchas causas. El fenómeno de la
delincuencia es más complejo. No es monocausal ni podemos exterminarlo,
podemos controlarlo. Hay que ir a las causas, hay que ir a la raíz. La represión
no es el único camino ni la única solución. La criminalidad es un problema
mucho más complejo, que requiere una visión interdisciplinaria e ir a las
causas, con una visión global. Nuestro enfoque será integral e iremos a las
causas de ella, entre las cuales se destacan la desigualdad, la exclusión social,
la marginalidad, las bajas oportunidades para hacer deporte, la deserción
escolar, en definitiva, la falta de oportunidades.
Veamos algunas cifras: “Cada preso le cuesta a Chile entre 8 y 18 mil pesos
diarios, mientras en una escuela municipal el gasto diario por alumnos es de $
1.000. Mientras no entendamos que es mejor educar, entregar oportunidades
en serio, el problema de la crisis de las cárceles solo puede crecer y nos saldrá
cada día más caro.”
No necesitamos más gente en la cárcel. Necesitamos que no siga entrando
gente a la cárcel. Necesitamos prevención. Necesitamos que los que han
cometido delitos, no vuelvan a delinquir. Necesitamos reinserción.
El 70% de los jóvenes que se encuentran privados de libertad son hijos de
presos. Si vamos más profundo, podemos decir que el 90% de las personas que
se encuentran recluidas tienen algún familiar directo que ha caído en la misma
situación. Es decir, la posibilidad de que una persona que provenga de una
familia donde no ha habido historial delictivo, caiga presa, es mínima (se
correlaciona con grupo socioeconómico y, por ende, con privilegios).

5. II. Propuestas
1.- En cuanto a la criminalidad común:
a) Política de prevención del uso de drogas entre los jóvenes. El uso de
drogas está directamente vinculado a los índices de delincuencia, por tanto nos
esforzaremos en evitar la drogadicción para solucionar el problema de raíz.
Medidas como la detección temprana del consumo o una política para evitar la
deserción escolar serán vitales para llevar a cabo esta propuesta.
b) Crear subsidios para la contratación de personas que hayan estado en
la cárcel. Creemos que la reinserción en la sociedad pasa también por dar
oportunidades a personas que hayan pasado por la cárcel y deseen trabajar
para salir del círculo de la delincuencia. Debemos facilitar las oportunidades.
c) Generar una buena convivencia en centros de detención. Mejorar las
condiciones existentes para respetar los derechos y dignidad de los presos,
familiares y gendarmes.
d) Espacio público y espacios deportivos. Utilización del espacio público.
Incorporar la variable seguridad en el diseño del espacio público.
e) La tecnología como mecanismo de control. Reduciendo el uso de la
cárcel. Si recurrimos a la cárcel para asegurar la comparecencia de los
imputados a los juicios, la tecnología es un medio más eficiente y menos costoso
para hacerlo. Es necesario generalizar las medidas alternativas al
cumplimiento de la pena mediante la utilización del GPS.
f) Prevención de delitos: la utilización de medios electrónicos de control,
particularmente en la violencia intrafamiliar, puede permitir prevenir delitos.
g) Diseñar, construir, y poner en funcionamiento una Escuela para
Suboficiales de Carabineros con capacidad para entrenar 1.500 nuevos efectivos
por año.
h) Extender los beneficios del programa Chile Crece Contigo a los hijos
de adolescentes que están privados de libertad. El hijo de un padre adolescente
que se encuentra recluido, tiene una probabilidad muy alta de seguir el ejemplo
de su padre (entendiendo que la madre está libre). Si aplicamos un
procedimiento de detección temprana del estos embarazos prematuros,
podemos aplicar los beneficios del programa Chile Crece Contigo y, generar
procedimientos de apego y vínculo entre el hijo o hija y su madre. Esta sola
medida puede generar un impacto suficiente en la prevención.

6. i) Reinserción. El principal foco de reinserción son los jóvenes y
adolescentes, por lo que hay que generar mejores condiciones para que ellos
logren reinsertarse en la sociedad. La oferta a un joven o una joven de 16 años
que sale de la cárcel es nula (salvo la delincuencia), por lo que conviene
implementar medidas durante la reclusión. Esto se traduce en aumentar los
metros cuadrados de cárcel por preso, es decir, no construir cárceles más
grandes para meter más gente, sino que generar espacios dignos donde los
reclusos puedan desarrollar alternativas de reinserción. También es necesario
Aumentar de manera significativa el número de funcionarios que tengan trato
directo con los reclusos. En Chile el promedio es de 1 funcionario por cada 4
reclusos adolescentes, mientras que en países como Suecia es de 2 funcionarios
por cada recluso.
2.2 En cuanto a la criminalidad emergente:
a) Enviar al Congreso al anteproyecto de Código Penal preparado
durante el Gobierno del Presidente Lagos.
b) Tipificar penalmente el delito medioambiental.
c) Tipificar el delito contra la libre competencia.
d) Tipificar el delito contra la seguridad de los trabajadores.