Este documento resume las implicaciones de un paro estudiantil en el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) de Medellín. Debido a que el ITM no es una universidad y depende del presupuesto municipal, un paro obligaría a cancelar el semestre. Esto afectaría negativamente a más de 600 profesores, 800 estudiantes que se gradúan, 3000 estudiantes con apoyo del presupuesto participativo y 2000 con apoyo de EPM. También suspendería prácticas, convenios y haría que los estudiantes repitan

1. UN ACTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
COMUNICADO A LOS ESTUDIANTES
CONSEJO ACADÉMICO
Frente a las decisiones tomadas por el grupo de estudiantes que asistieron a las dos
asambleas programadas y realizadas el día 18 de este mes en las sedes de
Fraternidad y Robledo, una en la mañana y otra en las horas de la tarde, es necesario
que la comunidad estudiantil, en general, conozca las implicaciones de estas
decisiones.
El Consejo Académico del ITM considera que es un acto de responsabilidad social
explicar, claramente, las consecuencias de un paro estudiantil en una Institución de
Educación Superior –IES- que no tiene el carácter de Universidad, como es el caso de
la Institución Universitaria ITM adscrita al municipio de Medellín.
Inicialmente, es preciso que nos ilustremos sobre asuntos presupuestales. El ITM, por
no ser universidad, carece de autonomía para la ejecución de su presupuesto;
situación que nos obliga a cumplir con lo establecido en el Decreto 111 de 1996 -
Estatuto Orgánico del Presupuesto-, especialmente el artículo 14 que expresa: “El año
fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del
31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del
año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por
compromisos caducarán sin excepción”. En palabras sencillas, dinero que no se
ejecute no puede trasladarse al año siguiente o, para la situación de paro que nos
ocupa, el ITM no puede aplazar o suspender un semestre académico como lo puede
hacer una universidad. Aún, en el supuesto que la norma lo permitiera, el presupuesto
del ITM no es suficiente para atender compromisos adicionales. Contrario a lo que se
ha estado afirmando, recibimos del municipio de Medellín 26 mil millones de pesos
para atender 23 mil estudiantes, que se traduce en menos de 1.3 millones por
estudiante.
Comprenderán por qué una universidad como la de Antioquia que recibe de la nación
5.8 millones por estudiante o la universidad nacional que recibe cerca de 10 millones,
pueden suspender semestres por paros estudiantiles, además de la autonomía que se
los permite. Por otra parte, las limitaciones de la Ley de contratación (en lo cual
tampoco somos autónomos), nos obliga a ejecutar el presupuesto a más tardar en el
mes de noviembre.

2. Así las cosas, de continuar el paro, sólo hay una opción: La cancelación del
semestre. Esto a su vez, trae las siguientes consecuencias:
1. Cancelación de los contratos a más de 600 docentes catedráticos que tan
invaluable labor prestan a la Institución, especialmente a nuestros estudiantes.
En otras palabras, más de 600 familias tendrán un mes de diciembre de
muchas afugias económicas. Situación similar tendrán aquellas familias
vinculadas a los locales comerciales, proveedores y otros contratistas que
prestan servicios a la comunidad educativa del ITM.
2. Suspensión de grados a más de 800 estudiantes que aspiran cumplir requisitos
este semestre.
3. Pérdida de beneficios a más de 3000 estudiantes apoyados por el Presupuesto
Participativo –PP-, en tanto que es un semestre que se descuenta de los que
tienen derecho. Situación similar sufrirán más de 2000 estudiantes apoyados
por el Fondo EPM.
4. Suspensión de prácticas empresariales y contratos de aprendizaje.
5. Pérdida de oportunidades en convenios nacionales e internacionales.
6. Es posible que lo anterior no sea importante para algunas personas,
especialmente las ajenas a la problemática institucional. Sin embargo, lo que
no pueden ignorar nuestros 23 mil estudiantes es que el esfuerzo de 10
semanas de clase, representado en costos y largas horas de estudio y
dedicación, se perderá por una decisión que no evaluó estas consecuencias.
En otras palabras, en el primer semestre de 2012 tendrán que pagar la
matrícula para repetir el semestre que voluntaria o involuntariamente hoy
deciden cancelar.
Explicar estas consecuencias no significa que estemos en contra de la libre expresión,
por el contrario, hemos apoyado con logística las asambleas realizadas, hemos
respetado los carteles en los que se hace manifiesto el pensamiento estudiantil y
hemos invitado, reiterativamente, al debate académico en el que el pluralismo de
ideas sea respetado, hemos solicitado que en este debate se escuchen todas las
posturas, pues esa es la esencia del debate académico. Ser conocedores de diversos
pensamientos en torno a un tema determinado, como el de la reforma a la Ley 30, nos
permite tomar decisiones con mayores elementos de juicio.
¡Toda decisión implica un riesgo, es nuestra responsabilidad social darlo a
conocer!