TRADUCCION DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS SOBRE DELITO FISCAL

1. 552 U. S. (2008)
TRIBUNAL SUPREMO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Michael H. Boulware, Demandante v. Estados Unidos
EN WRIT OF CERTIORARI AL TRIBUNAL DE APELACIONES DEL NOVENO
CIRCUITO DE LOS ESTADOS UNIDOS
[3 de Marzo de 2008]
El Juez Souter dio la opinión del Tribunal. Las secciones 301 y 316. (a) del Código de la Renta
Interior establecen las condiciones para tratar ciertas distribuciones societarias como
devoluciones de capital no sujetas a tributación para el perceptor. La cuestión que se plantea
aquí es si el perceptor acusado penalmente de evasión fiscal puede invocar el tratamiento fiscal
propio de la devolución del capital sin aportar evidencia de que bien él o la sociedad
pretendieron llevar a cabo una devolución de capital cuando la distribución tuvo lugar. Nuestra
opinión es que dicha evidencia no es requerida legalmente.
I
“La piedra de toque del sistema sanciones … calculadas para inducir… al cumplimiento de
cada obligación bajo la ley de renta”, es calificar como delito el atentar voluntariamente de
cualquier manera para evadir o impedir cualquier impuesto exigido por el Código (26 U. S. C.
7201).
Un elemento de la defraudación fiscal bajo el parágrafo 7201 es “la existencia de una
deficiencia tributaria”, la cual el Gobierno debe probar más allá de cualquier duda razonable
(“desde luego, una condena bajo el cargo de intento de evadir la exigencia de impuestos sobre la
renta por la presentación de una declaración fraudulenta no puede sostenerse en ausencia de
prueba de dicha deficiencia”).
En este caso, cualquier determinación de dicha deficiencia remite a los parágrafos 301 y 316 (a)
del Código. De acuerdo al parágrafo 301 (a), al menos que otra provisión del Código requiera
otra cosa, una “distribución de propiedad” que es “realizada por una sociedad a un accionista en
relación con su participación será tratada en la forma prevista” en el parágrafo 301.(c). Bajo el

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parágrafo 301 (c), la porción de la distribución que es un “dividendo”, con arreglo a la
definición del parágrafo 316 (a), debe ser incluida en la renta bruta del preceptor; y la porción
que no es un dividendo es, dependiendo del coste de adquisición de los títulos, bien una
devolución de capital no gravable o una ganancia por la venta o intercambio de los títulos,
ordinariamente sujeta a tributación en el accionista como ganancia de capital. Finalmente, el
parágrafo 316 (a) define “dividendo” como
“cualquier distribución de propiedad hecha por una sociedad a sus accionistas
(1) de beneficios y reservas acumulados después del 28 de febrero de 1.913, o
(2) de beneficios y reservas del ejercicio fiscal (computados al cierre del ejercicio fiscal sin
disminución por razón de cualquier distribución hecha durante ejercicio fiscal) sin
consideración a la cantidad de reservas y beneficios al tiempo en que la distribución
tuvo lugar”.
Las secciones 301 y 316 (a) juntas hacen, por tanto, de la existencia de los resultados y
beneficios el hecho decisivo para determinar las consecuencias fiscales de las distribuciones de
una sociedad a un accionista en relación con sus títulos. Este requisito de “vincular el estatus
fiscal de las distribuciones societarias a los resultados y beneficios responde a la necesidad
sentida de proteger las devoluciones de capital de la tributación”.
II
En este procedimiento criminal de naturaleza fiscal el recurrente Michel Boulware fue acusado
con varios cargos de evasión fiscal y de presentación de una falsa declaración de la renta,
derivados de su desvio de fondos de Hawaian Isles Enterprises (HIE), una sociedad familiar de
la cual fue presidente fundador y socio de control, aunque no socio único. En el juicio, los
Estados Unidos buscaron probar que Boulware había recibido renta gravable como
consecuencia de “desviar sistemáticamente fondos de HIE para mantener su desordenado estilo
de vida”. La evidencia del Gobierno mostró que
“Boulware dió millones de dólares del dinero de HIE a su amante y millones de dólares a
su esposa sin declarar ninguna de dichas cantidades en sus declaraciones personales de la
renta. El obtuvo este dinero principalmente emitiendo cheques a empleados y amigos y
recibiendo de ellos el dinero, desviando pagos de clientes de HIE, emitiendo facturas

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fraudulentas a HIE y lavando el dinero de HIE a través de compañías en el Reino de
Tonga y Hong Kong”.
En su defensa, Boulware pretendió introducir la evidencia de que HIE no tuvo beneficios
previos o ganancias o resultados corrientes en los años fiscales relevantes, con la consecuencia,
él argumentó, de que de hecho las distribuciones de propiedad recibidas debían haber sido
devoluciones de capital hasta el importe de su coste de adquisición de los títulos. Puesto que la
devolución de capital era no gravable, el argumento sostenía, el Gobierno no podía establecer la
deficiencia tributaria exigida para condenarle.
El Gobierno intentó “in limite” prohibir la evidencia en apoyo de la teoría de la devolución de
capital de Boulware sobre la base de su irrelevancia en este caso de delito fiscal. El Gobierno se
baso en la decisión del Tribunal del Noveno Circuito en United States v. Miller, 545.F.2d 1204
(1976), en la cual aquel Tribunal sostuvo que en un delito fiscal una desviación de fondos puede
ser considerada una devolución de capital solamente después de “alguna demostración de parte
del contribuyente o de la sociedad de que tal distribución se pretendió que fuera tal devolución
de capital”. Según el Gobierno, Boulware no ofreció hacer tal demostración.
El Tribunal del Distrito concedió la petición del Gobierno y cuando Boulware pretendió
presentar evidencia (de HIE) de la alegada declaración en exceso de renta y un ofrecimiento de
prueba relativo a la cuestión de los dividendos, el Tribunal del Distrito denegó su petición. El
Tribunal dijo que “no solamente la mayor parte de la evidencia propuesta sería excluible como
opinión legal de un experto sino que es plenamente insuficiente bajo el caso de Miller” y,
consecuentemente, declinó instruir al Juzgado sobre la teoría de Boulware de la devolución de
capital. El jurado rechazó sus defensas alternativas (que los desvíos de fondos eran anticipos no
gravables de la sociedad o préstamos o que él usó las distribuciones para propósitos societarios)
y le consideró culpable de 9 delitos, 4 de evasión fiscal y 4 de presentación de una declaración
falsa.
El Tribunal del Noveno Circuito confirmó la sentencia. Reconoció que imponer un requisito de
intencionalidad crea una desconexión entre la responsabilidad civil y criminal, pero pensó que
bajo Miller la caracterización del desvío de fondos societarios a efectos tributarios no determina
su calificación a efectos de una imputación de delito fiscal El Tribunal sostuvo que el test en un
caso penal debe ser “si el imputado ha intentado dolosamente evadir el pago o la liquidación de

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un impuesto”. Puesto que Boulware no presentó prueba concreta alguna de que las cantidades
fueran consideradas, distribuidas o registradas en los registros de la sociedad como una
devolución de capital en el momento en que tuvieron lugar, el Tribunal de Noveno Circuito
concluyó que el ofrecimiento de prueba de Boulware fue “acertadamente rechazado como
inadecuado”.
El Juez Thomas se sumó a dicha opinión porque el Tribunal estaba vinculado por Millar, pero
indicó que “Miller -y ahora la opinión mayoritaria- sostiene que un imputado puede ser
criminalmente sancionado por delito fiscal sin deber un penique en impuestos al Gobierno”.
Esto dijo no solamente “indica una falacia lógica, sino que está en patente contradicción con el
elemento del tipo del delito fiscal que exige una deficiencia tributaria”.
Concedimos el certiorari para resolver una división entre los Tribunales de Apelación sobre la
aplicación de las secciones 301 y 316 (a), a fondos societarios formalmente distribuidos o
desviados en los procedimientos de delito fiscal. Ahora anulamos la condena y reenviamos el
procedimiento.
III
A
La variopinta conducta descrita en las alegaciones requiere recordar que las calificaciones
fiscales como “dividendo” y como “devolución de capital” giran en torno a “las realidades
económicas objetivas de una transacción más que a la forma particular que las partes
emplearon”, Frank Lyon Co. v. United States, 435 U. S. 561,573 (1978); “Un resultado dado al
final de un camino recto no se convierte en un resultado diferente cuando se sigue un camino
tortuoso”, Minnesota Tea Co. v. Helvering, 302 U. S. 609,613 (1938) 7. Por lo que se refiere a
7
“También hemos reconocido que el derecho legal de un contribuyente a reducir la cantidad de lo
que en otro caso serían sus impuestos o de evitarlos, por medios que la Ley permite, no puede
ser discutido”, Gregory v. Helvering , 293 U.S. 465,469 (1935). La regla es una calle de dos
direcciones: “mientras un contribuyente es libre de organizar sus asuntos como elija, sin
embargo, una vez que ha elegido hacerlo así debe aceptar las consecuencias fiscales de su
elección, tanto si las ha contemplado como si no (…) y no puede disfrutar de los beneficios de
cualquier otra alternativa que podría haber elegido seguir pero no siguió”, Commisioner v.
Nacional Alfalfa Dehydrating & Milling Co., 417 U.S. 134, 149 (1974); ver también el mismo en
148, (“refiriéndose al principio tributario establecido de que debe darse a una transacción su
efecto fiscal de conformidad con lo que verdaderamente ocurrió y no de conformidad con lo que

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las distribuciones en relación con títulos, en la realidad económica, la recepción informal por el
accionista de propiedad de una sociedad “puede ser tan efectiva como medio de distribución de
dividendos entre accionistas como la declaración formal de un dividendo”, o tan efectiva como
medio del retorno de la devolución del capital de un accionista. Consecuentemente, “una
distribución a un accionista en su condición de tal … está sujeta a la sección 301 incluso aunque
no sea declarada como tal formalmente”. (“Las secciones 316 y 301 no requieren que ningún
procedimiento formal sea adoptado por la sociedad como requisito para que dichas provisiones
se apliquen”).
No hay ninguna razón para dudar que la sustancia económica siga siendo la correcta piedra de
toque para caracterizar los fondos recibidos, cuando un accionista los desvía antes de que
puedan ser registrados en los libros de la sociedad. Incluso “aunque no lleguen a pasar por las
manos de la sociedad”, los fondos desviados pueden ser vistos como dividendos o distribuciones
de capital a efectos de las secciones 301 y 316 (a) (tratando los fondos desviados como
distribuciones “indirectas” en procedimientos puramente tributarios). La cuestión de nuevo es
que “la tributación no está concernida por los refinamientos del titulo como lo está por el control
actual sobre la propiedad gravada -el beneficio actual por el cual el impuesto es pagado”.
B
La opinión de “Miller” de que alguien perseguido por delito fiscal no puede considerar una
distribución como devolución de capital sin evidencia de una intención coetánea y confirmatoria
casa difícilmente no sólo con el realismo económico de la ley tributaria, sino también con la
literalidad de las secciones 301 y 316 (a). Tal y como dichas secciones están redactadas, las
consecuencias fiscales de una distribución por una sociedad en relación con sus títulos dependen
no del propósito de cualquiera de devolver el capital, sino de hechos completamente
independientes de la intención: si la corporación tuvo resultados y beneficios y el importe del
coste de adquisición de los títulos. (“La intención es irrelevante … cada distribución hecha con
respecto a los títulos de un accionista es gravable como renta ordinaria, ganancia de capital o no
podría haber ocurrido”); Founders Gen. Corp. V. Hoey, 300 U.S. 268, 275 (1937) (“El hacer
depender la tributación de una transacción de la determinación de si existía una forma
alternativa que la ley no gravaba crearía una pesada carga e incertidumbre”). La cuestión aquí,
desde luego, no es si rutas alternativas podrían haber ofrecido mejores o peores consecuencias
fiscales en general (…) sino que la cuestión es “si lo que se llevó a cabo fue aquello que el
Estatuto [ aquí los parágrafos 301 y 316 (a)] pretendió, ” Gregory, supra, en 469”.

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gravable, de acuerdo con la sección 301 (c), dependiendo de los resultados y beneficios de la
sociedad y del coste de adquisición de los títulos para el accionista. La determinación es
numérica y no depende de la intención”)
Cuando el Tribunal en Miller decidió seguir el otro camino, no es necesario decirlo, no podía
invocar ningún fundamento textual para el requisito de la intención coetánea, sino que razonó
que dicho requisito era la vía de evitar supuestas anomalías. En primer lugar, el Tribunal pensó
que aplicar las secciones 301 y 316 (a) en casos penales enfatiza innecesariamente la cantidad
exacta de la deficiencia mientras que ignora “un elemento esencial del crimen imputado: la
intención dolosa de evadir impuestos”. Pero hay un error analítico aquí. El dolo es un elemento
de los delitos imputados porque la definición sustantiva del delito fiscal y de la presentación de
una declaración falsa expresamente lo requiere. El elemento del dolo se aborda en el proceso al
exigir al Gobierno su prueba. Nada en las secciones 301 y 316 (a), tal y como fueron redactadas
(esto es, sin un requisito de intención), releva al Gobierno de su carga de probar el dolo o le
impide hacerlo si existe evidencia del mismo. Estas dos secciones, tal y como han sido
redactadas, simplemente abordan un elemento diferente del delito fiscal, la existencia de una
deficiencia tributaria, y ambas deficiencia y dolo pueden ser abordadas directamente (en las
instrucciones del jurado o en las averiguaciones del Tribunal) sin convertir un requisito de
intención en la regla para distinguir los dividendos de las devoluciones de capital.
En segundo lugar, el Tribunal de Miller temió que si un imputado pudiera invocar el tratamiento
como capital sin mostrar un intento coetáneo,
“un contribuyente que desvió fondos de su sociedad cuando estaba en el medio de
una dificultad financiera y no tenía resultados ni beneficios sería inmune al castigo
(en la medida de su coste en los títulos) por la falta de declarar tales sumas como
renta; mientras que el mismo contribuyente sería condenado si la sociedad hubiera
experimentado un ejercicio con éxito y obtenido resultados y beneficios”.
“Tal resultado”, el Tribunal sostuvo, “constituiría un extremo ejemplo de prevalencia de la
forma sobre la sustancia”. El Tribunal asumió, por tanto, que un contribuyente como Boulware
podría ser condenado por delito fiscal sin ninguna evidencia de deficiencia tributaria derivada
de un dividendo o una ganancia de capital no declarados.

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Pero la absolución que el autor de Miller llamó prevalencia de la forma sobre la sustancia
resultaría de hecho del fracaso del Gobierno en probar un elemento del delito. No hay un delito
fiscal sin una deficiencia fiscal y no hay deficiencia debido a una distribución, recibida en
relación con los títulos de una sociedad si una sociedad no tuvo resultados y beneficios y el
valor distribuido no excede el coste de los títulos para el accionista. Por tanto, el hecho de que
accionista de una sociedad con éxito pueda tener una obligación tributaria diferente del
accionista de una corporación sin resultados y beneficios resulta meramente de la forma en que
las secciones 301 y 316 (a) están redactadas (para distinguir los dividendos de las devoluciones
de capital), y del requisito de una deficiencia fiscal. Sin la deficiencia fiscal no hay nada, sino
algún acto expresando la voluntad de evadir y bajo el parágrafo 7201 la actuación “sobre malas
intenciones, por sí sola, no es punible”.
No reside en este Tribunal ni en aquel la decisión de si el Tribunal de Miller tuvo justificación al
considerar que mejoraría las cosas condenar a más de los inclinados a la defraudación por
eliminar el requisito de la deficiencia fiscal y encontrar algún otro instrumento para eximir las
devoluciones de capital. Incluso si hubiera razones concluyentes para extender el tipo del
parágrafo 7201 a supuestos en los cuales ningún impuesto fuera debido, ello exige repetir que
“el espíritu de la doctrina que deniega a los Tribunales Federales el poder para crear delitos
derechamente aconseja que no ampliemos el alcance de los delitos tipificados interpretándolos
en algún sentido menos exigente que el de los componentes antijurídicos contemplados por las
palabras utilizadas en la ley”, Morissete v. United States, 342 U. S. 246,263 (1952) (opinión del
Juez Jackson). Si los parágrafos 301, 316 (a) o 7201 pudieran modificarse, el Congreso debería
de llevar a cabo dicha modificación.
C
No solamente Miller carece del soporte que invoca, sino que sufre los defectos de algunas otras
anomalías. Primero y más evidente, las secciones 301 y 316 son mimbres inadecuados para tejer
un requisito de intencionalidad coetánea, dado el hecho de que la correcta aplicación de sus
reglas será a menudo conocida solamente al final del ejercicio social, con independencia del
entendimiento del accionista o de la corporación en los meses previos, cuando una distribución
concreta pudo haber tenido lugar. Las condiciones de la sección 316 (a) (2) tratan una
distribución como un dividendo indirecto por referencia a resultados y beneficios y los
resultados y beneficios deben ser computados “al cierre del ejercicio social … sin consideración

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a la cantidad de resultados y beneficios al tiempo en que la distribución tuvo lugar”. Una
sociedad puede hacer una distribución deliberada a un accionista con la expectativa de un año
rentable y considerando la distribución como un dividendo, solamente para tener al accionista al
final sin ninguna obligación tributaria, si la compañía cierra su ejercicio social en números rojos
(en la medida en que el coste del accionista cubra la distribución); cuando tales hechos son
claros en el momento en que las declaraciones fiscales son presentadas, el accionista no viola el
tipo de la sección 7201 por no pagar el impuesto sobre las distribuciones percibidas, quedando
la intención más allá de cualquier punto relevante. Y dado que la intención de hacer una
distribución gravable no es el elemento relevante, sería ilógico condicionar el tratamiento no
gravable de la devolución del capital sobre la intención coetánea cuando la ley no dice nada
acerca de tal intención.
La interpretación sobre la intencionalidad es extraña por otra razón también (una razón en
conflicto con la asunción del Tribunal del Noveno Circuito de que una distribución no declarada
sin intencionalidad coetánea para devolver el capital apoyaría una condena por delito fiscal). El
texto de la sección 301 (a) proporciona tratamiento para todas las variaciones de distribuciones
recibidas en relación con los títulos de una sociedad, a menos que una provisión distinta del
Código así lo exija. Sin embargo, Miller efectivamente convierte la sección en una regulación
meramente parcial, con el resultado de abandonar un tipo de distribuciones en un limbo fiscal en
los delitos fiscales. Esto es mientras la sección 301 (a) expresamente exige que las
distribuciones hechas por una sociedad a un accionista en relación con sus títulos sean tratadas
en la manera prevista en la sección 301(c), bajo Miller, una distribución de una sociedad sin
resultados ni beneficios dejaría de ser una devolución de capital por falta de intencionalidad
coetánea de ser tratada en esta forma, pero en la medida en que esta distribución no exceda el
coste de adquisición de los títulos de accionista (y por ello llegue a ser una ganancia de capital),
la sección 301 (a) dejaría dicha distribución sin regulación.
No constituye respuesta alguna decir que la sección 61 (a) del Código entraría en acción allí
donde la sección 301 (a) ha sido expulsada. Aunque la sección 61 (a) define la renta bruta,
excepto cuando haya sido de otra forma calificada, como toda la renta derivada de cualquier
fuente, el sentido literal de la sección 301 (a) proporciona una regla para las distribuciones
hechas en relación con los títulos. Así, el usar la sección 61 (a) como régimen supletorio
solamente sancionaría otra excentricidad: la sección 301 (a) se consideraría que no cubre lo que
su texto dice que cubre (la clase de distribuciones hechas en relación con títulos, en relación con

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las cuales no existe ninguna otra previsión específica), mientras que la sección 61 (a) necesitaría
aplicarse a lo que por sus propios términos ella no debería aplicarse (una recepción de fondos
para la cual otro tratamiento está previsto en la sección 301 (a)).
La implausibilidad de una interpretación legal que, o bien crea un limbo fiscal o exige un
régimen supletorio en contradicción con la literalidad del texto legal, resulta más clara por la
discusión del Tribunal del Noveno Circuito en este caso sobre su propio entendimiento de las
consecuencias de la regla de Miller: el Tribunal abiertamente reconoce que exigir un requisito
de intencionalidad crea una desconexión entre la responsabilidad tributaria y la responsabilidad
penal. Al interpretar unas reglas de distribución que no contienen ninguna distinción en
términos de consecuencias penales o tributarias, la disparidad de tratamiento asumida por el
Tribunal de Apelaciones cuenta pesadamente contra su construcción de intencionalidad
coetánea (al margen de la consideración del Tribunal de que su interpretación conlleva
responsabilidad penal por delito fiscal sin evidencia de deficiencia tributaria alguna).
Miller erró al requerir una intención coetánea para tratar la recepción de fondos societarios
como una devolución de capital y el juicio bajo revisión del Tribunal de Apelaciones aquí,
fundado en Miller, es, por la misma razón, erróneo.
IV
El Gobierno no ha proporcionado nada que exija afirmar la condena a pesar de su
fundamentación por el Tribunal de Apelaciones en Miller. Los Estados Unidos no defienden un
tratamiento diferente en casos tributarios y penales y, al sostenerlo así, se colocan próximos a la
ausencia de una plena defensa del tratamiento del Tribunal del Noveno Circuito. El argumento
del Gobierno, en su lugar, es que deberíamos afirmar la condena bajo la regla de que antes de
que cualquier distribución pueda ser tratada como una devolución de capital, o por el mismo
razonamiento como un dividendo, ella debe ser primero distribuida a los accionistas en relación
con sus títulos. La intención del contribuyente, el Gobierno dice, puede ser relevante para esta
condición limitativa y Boulware nunca invoco expresamente dicha intencionalidad. La
intencionalidad es relevante para si un pago es “una distribución con respecto a los títulos de
una sociedad” (“Para ser claros, el Gobierno esta argumentando a favor de un test objetivo en
este caso”).

10. - 10 -
El Gobierno está, desde luego, en lo cierto de que “en relación con los títulos” es una condición
limitativa en la sección 301 (a). Como el Gobierno dice de diversas maneras, exige que “la
distribución de la propiedad por la sociedad sea hecha a los accionistas como consecuencia de
su titularidad de las acciones”, y que “una cantidad pagada por una sociedad a un accionista sea
pagada a dicho accionista en su condición de tal”.
Este, sin embargo, no es ni el lugar ni el tiempo para abordar la condición de en “relación con
los títulos”. Los hechos que pueden influir en ello van desde la distribución de activos
societarios a condiciones de empleo en la sociedad (si, por ejemplo, los esfuerzos de un
accionista por cuenta de una sociedad deben por alguna buena razón llevar a tratar como
rendimiento del trabajo un pago de propiedad). Los hechos en este caso deben ser revisados con
la condición de titularidad de acciones en mente. Dado que Miller parece haber omitido una
consideración plena de la defensa propuesta, y que dicha consideración debe ser ahora dada a la
misma, las evidencias y la propuesta de Boulware deberían ser consideradas por un Tribunal
familiarizado con la totalidad de las pruebas que constan en los autos.
Como una versión más específica de su posición “en relación con los títulos”, el Gobierno dice
que las desviaciones de fondos societarios a Boulware fueron de hecho ilícitas y argumenta que
las secciones 301 y 316 (a) son inaplicables a distribuciones ilícitas. La regla “no resultados y
beneficios, no renta” no sería necesariamente aplicable en un supuesto de distribución ilícita, tal
como apropiación indebida, robo, violación de normativa societaria o intención de defraudar a
terceros acreedores. El Gobierno va tan lejos como para sostener que “la única base racional
para la condena del jurado fue la conclusión de que Boulware ilícitamente desvió los fondos”.
Declinamos considerar la cuestión de si una distribución ilícita puede ser considerada siempre
una distribución con respecto a los títulos de una sociedad, una cuestión que nunca fue
considerada por el Tribunal del Noveno Circuito. Sin embargo, rechazamos la caracterización
del Gobierno del veredicto del jurado en el caso de Boulware. Es cierto que los jurados no
fueron persuadidos por las sugerencias de Boulware de que las distribuciones fueron anticipos o
prestamos o que él uso los fondos para propósitos societarios. Pero el jurado no fue preguntado,
y no puede afirmarse que fue preguntado, si Boulware rompió cualquier obligación fiduciaria
como accionista de control, ilícitamente desvió fondos para defraudar a su esposa o sustrajo
fondos de HIE sin más consideraciones.

11. - 11 -
V
Las secciones 301 y 316 (a) regulan las consecuencias fiscales de las distribuciones indirectas
hechas por una sociedad a un accionista en relación con sus títulos. Un procesado en un delito
fiscal no necesita probar, antes de invocar dichas secciones para demostrar que ningún impuesto
era debido, una intencionalidad coetánea para tratar los fondos desviados como devoluciones de
capital. La sentencia del Tribunal de Apelaciones es anulada y el caso es reenviado para
ulteriores actuaciones consistentes con esta actuación.
Así es ordenado.
(Traducción de Guillermo G. Ruiz Zapatero. Abogado. Garrigues)
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