Etapa Intermedia, Audiencia Preliminar y Juicio

Etapa Intermedia, Audiencia Preliminar y Juicio
© Escuela Nacional de la Judicatura, 2015
Módulo II: El Juicio

Módulo II: EL JUICIO
Principios informadores del juicio oral.
La Constitución dominicana en su artículo 69 ha establecido la
tutela judicial efectiva y el debido proceso, en ese sentido el
numeral 4 prevé: El derecho a un juicio público, oral y
contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de
defensa. Este derecho que tenemos todos los dominicanos y
dominicanas, a ser jugado en un juicio público oral y
contradictorio ha sido previsto en nuestra normativa procesal
penal en todo su contenido, pero los principios generales del
juicio se encuentran de forma tácita en los artículos 306 al 312
del CPP.

1. Principio de imputación
El juicio se realiza sobre la acusación que ha sido realizada
por el ministerio público o el querellante y admitida en la fase
intermedia, lo cual se corresponde con el principio de
imputación. Este principio supone la formulación de una
acusación por parte del actor penal (ministerio público o
querellante), descriptora del hecho de modo preciso y
circunstanciado, con la respectiva calificación legal y la
individualización del acusado.

Es por ello que el artículo 19 del CPP establece la formulación
precisa de cargos, que no es más que el derecho que tiene toda
persona señalada como autor o cómplice de una infracción de
ser informada previa y detalladamente de las imputaciones o
acusaciones formuladas en su contra.
La importancia de este principio es por los efectos que trae
consigo. La actuación del acusador debe ser transparente en
cuanto a los hechos que atribuye al imputado, para efectos de
que no haya trampas para la defensa. Por su parte el tribunal
tiene limitada su competencia fáctica a los hechos objeto del
proceso, aunque puede darles una calificación distinta a la
propuesta por el actor penal. (Arts 303 y 321 del CPP.)

2. Principio de oralidad (Art. 311 CPP)
En la fase de juicio el principio de oralidad juega un
papel fundamental, en cuanto la mayoría de los actos de
esta etapa del proceso se cumplen de viva voz. El
conocimiento de los medios probatorios y la derivación
de elementos de juicio a través de la oralidad, es una
decisión de importancia para un sistema penal
democrático. El procedimiento escrito está plagado de
enormes dificultades de orden humano, constitutivas de
obstáculos imposibles de soslayar para alcanzar la
verdad mediante la prueba.

La oralidad en la recolección de la prueba ubica en el mismo
sitio a todas las partes (incluido el tribunal) como receptor. Esto
permite conocer al testigo, durante la brevedad de la
declaración, en los aspectos de educación y uso del lenguaje; las
partes pueden descender al nivel del deponente, para así valorar
de la mejor forma el mensaje. Incluso, de ser necesario, este
podrá expresar sus ideas con ademanes o una dramatización en
la sala de audiencias, con el uso de una pizarra o maqueta, etc.
Así se conocerá de la mejor forma la versión del testigo.

Éste es el valor de la oralidad en la recolección de la prueba, íntimamente
relacionada con la inmediación, pues no es suficiente la forma de cómo se
realiza el juramento del testigo, cómo se identifica y cómo habla; además
debe el juzgador estar atento a sus gestos y movimientos, permitiendo
inclusive la demostración corporal y el desenvolvimiento espacial. Este
contacto permite otorgar crédito o desconfianza al testigo, imposible
durante el juicio escrito.
El art. 311 prevé una serie de situaciones que los jueces deben
tomar en consideración para cumplir con su cometido:
La práctica de la prueba se debe hacer de forma oral.
Toda decisión del tribunal debe ser dictada y fundamentada de
forma oral.

Quienes no pueden hablar o no pueden hacerlo de manera
comprensible en español, deben hacer sus intervenciones por
escrito o a través de un intérprete (discapacitados,
extranjeros. etc.).

Asimismo tendrán esta asistencia para transmitirle el
contenido de las actuaciones de la audiencia.


Informes, pruebas documentales y las actas que el código
prevé (arts. 140, 173, 176, 183, 218, 327, entre otros).

Las actas del anticipo de prueba, sin perjuicio de que el
testigo comparezca.

Los informes de peritos, sin perjuicio de que estos
comparezcan a explicar sus operaciones técnicas y
conclusiones.

Las declaraciones de coimputados que se encuentren en
rebeldía (ver art. 104).
Cualquier otro elemento de prueba que pretenda ser
incorporado al juicio por medio de la lectura, no tiene
valor alguno. Ej. Las actas de arrestos.
art. 311 CPP
Excepciones a la oralidad (art. 312 CPP).

La inmediación implica el conocimiento directo de la prueba,
el medio probatorio como objeto de conocimiento y las partes
del proceso como sujetos cognoscentes, enfrentadas sin
obstáculos o filtros que impidan la apreciación personal por
el interesado.
Para los intereses de la defensa, ambos principios resultan
sumamente importantes, pues la oralidad permite conocer
directamente la prueba incorporada al debate. Para cumplir
con este principio, el legislador le ha asignado al juez una
serie de medidas que debe tomar, a saber:
3. Principio de Inmediación (art.307 CPP.)

• Cuando no comparece el imputado libre (art. 100).
• Cuando no es trasladado el imputado privado de
Libertad (306).
• Cuando el imputado comparece libre (306).
• Cuando el defensor no comparece o se ausenta del
estrado (307, 116,117).
• Cuando la parte civil o querellante no comparece o se
retira de la audiencia (ver arts. 124.3 y parte in fine, 125
y 271).
• Cuando el representante del ministerio público no
comparece o se retira de la audiencia (307).

4. Principio de publicidad
La publicidad del debate es la posibilidad de cualquier ciudadano
de presenciar la audiencia, escuchar y observar la prueba para
formarse su propio juicio. Es un medio que sirve a un derecho
penal democrático para la transparencia de la administración de
justicia penal, sometida al control indirecto del pueblo y como
derecho del acusado de ser sometido a una pena, sólo en el caso
de ser demostrada su culpabilidad. Quienes presencien el debate
controlan la aplicación de los derechos constitucionales y
humanos, de modo que, cuando pudieran verse en la situación
del acusado tengan la seguridad de ser condenados únicamente a
través de un juicio justo y legal.

Por lo dicho, la publicidad del debate en su totalidad es la regla
y la ley admite pocas excepciones.
Excepciones a la publicidad (art. 308 CPP).
Las excepciones pueden ser clasificadas de la siguiente forma:
 Peligre un secreto oficial autorizado por ley, o un secreto
particular, comercial o industrial, cuya revelación indebida
resulte punible.
 Cuando se afecte directamente el pudor, la vida privada o la
integridad física de algunos de los intervinientes.

Hay excepciones individuales a la publicidad por
razones de orden, esto es, que no debe la generalidad de
los asistentes desalojar la sala, sino aquellos individualmente
considerados en cuanto su presencia pueda afectar el orden
en el desarrollo de la audiencia:
 Los medios de comunicación (art. 309)
 Menores de 12 años, salvo que estén acompañados por un
mayor de edad.
 Militares o policías uniformados, salvo que cumplan
funciones de custodia o vigilancia.
Personas con distintivos gremiales o partidarios. (art. 310)

El enfrentamiento entre partes en el proceso implica, en la
mayoría de los casos, un choque de intereses sustentados
en ideas opuestas, de modo que el razonamiento o la
argumentación de cada uno se dirigirán a convencer
acerca de la debilidad de la tesis de la contraparte y de la
fortaleza de la propia. Es el espacio para la aplicación
práctica de la retórica jurídica. Supuesto importante del
contradictorio es conocer el razonamiento del contrario y
las pruebas que lo sustentan, pues solo de esta manera es
posible rebatir u oponerse adecuadamente.
5. Principio de contradictoriedad

A través de la concentración del debate se logra la
imposición de los argumentos por todas las partes,
por lo cual es posible el inmediato cuestionamiento y
objeción. Cualquier actuación en quebranto de la
contradictoriedad del debate o en negación a la
posibilidad de rebatir, atenta contra el principio de
inviolabilidad de la defensa y abre la posibilidad de
recurrir.

El principio de continuidad es una forma de proteger los
resultados de la oralidad, inmediación y contradictoriedad.
Estos permiten, en principio, conocer la prueba, examinarla y
derivar de ella los elementos de juicio en forma directa por el
tribunal y las partes, en forma ininterrumpida. El principio de
continuidad es un elemento integrante del debido proceso, por
lo que cualquier violación en este aspecto constituye un
quebranto del mismo.
Las excepciones a la continuidad están previstas en el artículo
315 del CPP.
6. Principio de continuidad (art. 315 CPP)

En el ordenamiento jurídico actual el tribunal de juicio recibe
un legajo de mínima extensión (sin actas de declaraciones,
salvo las recibidas par el procedimiento de prueba
anticipada), con un auto de apertura a juicio, dictado por el
juez de la instrucción que ordena la prueba ofrecida para el
juicio». De esta manera el tribunal de juicio es «virgen» con
respecto al conocimiento de la prueba, no hay posibilidad de
prejuicio por esa vía. Con esta novedad que da al juez de
juicio su verdadero papel como juzgador objetivo e imparcial,
cabe detallar el trámite, una vez que es recibido
materialmente el proceso.

Convocatoria de las partes. Como ya hemos visto, el
artículo 303 del CPP en su parte in fine establece que una vez
dictado el auto de apertura a juicio, y efectuadas las
notificaciones correspondientes por parte de la secretaría del
tribunal, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el
secretario remite la acusación y el auto de apertura a juicio a
la secretaría del tribunal de juicio correspondiente.
A su vez el artículo 305 dispone que el presidente del
tribunal apoderado, dentro de las cuarenta y ocho horas de
recibidas las actuaciones, fija el día y la hora del juicio, el
cual se realiza (o debe ser realizado) entre los quince y los
cuarenta y cinco días siguientes.

Los reparos y las excepciones incidentales que se
funden en hechos nuevos y las recusaciones son
interpuestas en un solo acto por quien preside el
tribunal, dentro de los cinco días, a menos que resuelva
diferir alguna para el momento de la sentencia, según
convenga el orden del juicio.
Los reparos y las excepciones como
incidentes:

Requisitos de admisibilidad formal:
El único requisito que la norma establece es que las
excepciones, incidentes y recusaciones sean interpuestos
en dentro del plazo de cinco días de la convocatoria a
juicio.
Competencia para decidir:
Recibidas las excepciones, cuestiones incidentales y
recusaciones, el juez resuelve en un solo acto, dentro de
los cinco días siguientes, a menos que difiera alguna para
el momento de la sentencia.

El artículo 305 no enumera las cuestiones incidentales y las
excepciones, sin embargo estas últimas podemos encontrarlas
en el artículo 54 del CPP, a saber:
 Incompetencia
 Falta de acción
 Extinción de la acción penal
 Cosa juzgada
 Litispendencia
Asimismo, conforme el 305, las partes deben presentar las
recusaciones y el orden en que pretenden presentar la prueba.
Tipos de incidentes conforme al art.305 del CPP:

División del Juicio en dos fases (Art. 348353)
La División de juicio o cesura, como se le llama en otros ordenamientos,
es un mecanismo creado para celebrar el juicio en dos partes:
1. Una primera fase denominada interlocutorio de culpabilidad, a cuyo
término decide el tribunal acerca del hecho investigado y de la
culpabilidad del imputado para lo cual emite una sentencia fraccionada.
2. Si se declara la responsabilidad penal del acusado, continúa el juicio
con el capítulo de punición, en el que se recibe la prueba relativa a la
individualización de la pena. Bajo esa fórmula, «químicamente pura», la
segunda etapa se destina a decidir acerca de la pena. pero también de la
acción civil resarcitoria.

El CPP no precisa el momento en que ha de producirse el
ordenamiento por el juez de la división del juicio. En la práctica de
algunos países como Costa Rica, la solicitud de realización del
debate en dos fases debe formularse ante el tribunal de la fase
intermedia, el que decidirá este aspecto antes de remitir la causa al
tribunal de Juicio. Ese modo de instrumentar la petición y decisión
de la cesura, excluyendo de la decisión a los jueces de juicio,
pretende evitar el prejuicio de estos. La división del juicio en dos
fases obedece al curso natural del proceso, sin una petición de la
parte interesada o a la necesidad surgida en el desarrollo del
debate. Pero debería ser la regla para todos los juicios.

Un problema importante es definir los parámetros que en otros
ordenamientos han de ser ponderados por el juez, para con esto
rechazar la petición de cesura o división del juicio. Como resulta
obvio, el capítulo de punición responde a un concepto garantista
en cuanto a través de él debe probarse y fundamentarse la pena
necesaria, lo cual nos lleva a la idea de conceder siempre la
petición de cesura. Esta debería ser la regla, pues convendría
evacuar en todo proceso la prueba que permita la individualidad
de la pena; pero la realidad es otra, las partes no se preocupan
de realizar actividad probatoria sobre estos aspectos.

Por ello la cesura debe concederse, de momento, cuando se
ofrezca una buena cantidad de pruebas para la
individualización de la pena, que se reservarán para el
eventual capítulo de punición. Igual criterio debe privar en
caso de división solicitada por las partes civiles, cuando se da
el ofrecimiento de la prueba. Debe tratarse con cuidado el
punto, pues no siempre que la primera fase termine en
absolutoria se podrá prescindir de la segunda parte de la
audiencia, porque en algunos casos a pesar de recaer
sentencia liberatoria de responsabilidad penal habrá de
condenarse civilmente.

En definitiva, los parámetros que provee la legislación
dominicana no son numerosos, pero precisan que es
inadmisible la revelación de prueba sobre los antecedentes y la
personalidad del imputado en la primera parte del juicio, es
decir, en la parte en donde se discute sobre la prueba de la
existencia del hecho y la culpabilidad del imputado. La
cuestión de cuando se produce la orden de división, es tema
para discusión y de precisión doctrinal y jurisprudencial.


Requisitos de admisibilidad:
En los casos en que la pena imponible pueda superar los diez años de
prisión.
Solo tiene calidad para solicitarlo la defensa.
En todos los demás casos (o sea que la pena imponible no pueda
superar los diez años de prisión), lo puede solicitar otra parte.

Procedimiento:
Cuando la pena imponible no pueda superar los diez años de prisión,
el juez puede dividir informalmente la producción de la prueba en el
juicio y el debate, o sea dividir sobre la culpabilidad y la pena, pero
dictará una decisión única (art.348).

Cuando la pena pena imponible pueda superar los diez años de
prisión, al dictar la sentencia de culpabilidad del Imputado, el
presidente del tribunal fija el día y la hora del debate sobre la pena,
que no puede celebrarse ni antes de diez días, ni después de 20, y
dispone la realización del informe previsto en el articulo 341 (art.
349).
Es inadmisible la revelación de prueba sobre los antecedentes y
personalidad del imputado, en la primera parte del juicio (art. 348).
Las partes ofrecen prueba a partir del plazo de cinco días, a partir de
la lectura de la sentencia de culpabilidad (art. 349).
El debate sobre la pena se realiza conforme a las reglas del juicio.

El imputado puede presentar pruebas de circunstancias
atenuantes, aunque no estén previstas en la ley (art. 350).
Es obligatorio para el tribunal dar el fallo tener ante sí el
informe sobre los antecedentes de familia e historia social del
imputado, así como del efecto económico, emocional y físico
que ha provocado en la víctima y familiares, la comisión de la
infracción por parte del imputado (art. 351.)
El informe debe corresponderse con las reglas dispuesta en el
art. 352 del CPP.
La deliberación y decisión se debe hacer conforme el art. 353
del CPP.

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