Jones 59

INVERSION PRIVADA EXTRANJERA
Y RETOS AL PODER REGULATORIO
DEL ESTADO.
Un estudio de caso del complejo
metalúrgico de Doe Run en el
Perú∗
Xanthe Scharff y Deborah Jones
I.- INTRODUCCIÓN.
La economía peruana depende en gran medida de la industria
minera. Los productos mineros significan casi la mitad de las
∗
Los autores quisieran agradecer el apoyo brindado por Henry Luce Foundation y
Center for International Environmental and Resource Policy at the Fletcher School.
SUMARIO
I. Introducción.
II. El PAMA de Doe Run Perú.
III. Antecedentes internacionales y responsabilidad
por daños.
IV. Conclusiones.

258 - RPDE
exportaciones, ascendiendo a aproximadamente 11 millones de
dólares en el 2004. Sin embargo, la minería, inevitablemente, genera
contaminación, la cual de no ser controlada puede tener un efecto
adverso en la salud de las personas, en la agricultura y ganadería, y
en las condiciones medio-ambientales en general. En 1993, el Estado
peruano creó un instrumento para la remediación y manejo
ambiental, denominado Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMA), para implementar los estándares y metas de
cumplimiento ambiental dentro de un plazo de tiempo determinado
(5 años para minas y 10 años para fundiciones). Este instrumento fue
creado para lograr metas ambientales alcanzables y ejecutables;
estableciéndose ventajas mutuas para las empresas mineras y las
comunidades en las que operan.1
En diciembre del 2004, el presidente peruano, Alejando Toledo, y el
ministro de energía y minas, Glodomiro Sánchez Mejía, promulgaron
el Decreto Supremo 046-2004-EM, permitiendo la extensión
excepcional del plazo de ejecución de PAMAs. Esta norma fue
emitida como resultado del exitoso lobby de trabajadores y quienes
apoyan a la empresa Doe Run Perú. Esta empresa ha sido multada
en repetidas oportunidades por el Ministerio de Energía y Minas (en
adelante MEM) debido a actos de contaminación y por no cumplir
con la presentación de reportes ambientales. Organizaciones no
gubernamentales (en adelante ONGs) locales e internacionales han
criticado a Doe Run Peru por los extremadamente elevados niveles
de contaminación del aire en sus operaciones en La Oroya.
En la primera parte de este artículo, discutiremos las dimensiones del
debate respecto del PAMA de Doe Run Perú. La promulgación del DS
046-2004-EM trajo a la luz conflictos entre los “stakeholders” y
obstáculos al diálogo. El MEM tiene como función promocionar y, a la
vez, fiscalizar las actividades mineras. Este conflicto de intereses
genera tensión. Adicionalmente, existen contradicciones
subyacentes en los marcos legales de las actividades mineras y de
las inversiones.
1 Mining Journal. www.miningjournal.com. Peru Report – acceso mediante Lexis Nexis,
marzo, 2005.

Inversión Privada Extranjera y Retos al Poder Regulatorio del Estado.
Estudio de caso del complejo metalúrgico de Doe Run en el Perú
RPDE - 259
El MEM ha aplicado consistentemente una reglamentación poco
exigente ante Doe Run Perú, desde la firma del contrato inicial y el
PAMA hasta la fecha. Evidentemente, el MEM no desea que la
empresa se retire del país. Los niveles de contaminación en La Oroya
continúan excesivamente altos, y un estudio de la Dirección General
de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (en adelante DIGESA)
llevado a cabo en 1999 reveló que el 99.1% de los niños en La Oroya
tienen plomo en sus sangres a niveles superiores a los establecidos
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En el 2004, se
determinó que el 99.9% de los niños menores de 7 años en La Oroya
Antigua tenían niveles de plomo superiores a los límites de la OMS. 2
A efectos de promover conciencia y por lo tanto presionar al
gobierno Peruano a responsabilizar a Doe Run Perú, en la segunda
parte de este artículo señalaremos los antecedentes internacionales
por los cuales la empresa podría ser responsabilizada por sus actos.
Aunque no es nuestro propósito que la empresa se retire del país o
caiga en bancarrota, al proporcionar información sobre el problema
y estableciendo el contexto internacional, queremos nivelar el
campo de negociaciones entre la empresa y quienes se ven
perjudicados por los efectos adversos de las actividades de la
primera.
II.- EL PAMA DE DOE RUN PERU.
2.1. Antecedentes
La importancia de la minería en la economía del Perú, la cual se
remonta hasta el siglo XVI, no puede ser menospreciada. Durante
épocas de incertidumbre laboral e intranquilidad política, la
extracción de minerales, particularmente de cobre, plomo, zinc y
2 En el 2004, Doe Run Perú conjuntamente con DIGESA, realizaron pruebas de sangre
en los niños de La Oroya Antigua. El 10 de abril de 2005, el St. Louis Post – Dispatch
reportó respecto de este estudio lo siguiente: “El estudio del Ministerio de Salud
encontró que el 99.9% de los niños menores de 7 años tenían niveles de plomo en su
sangre superiores a 10 microgramos por decilitro de sangre, el estándar internacional
para determinar el envenenamiento. Cerca del 9% de los 788 niños sometidos al
examen tenía n niveles de plomo tan altos que fueron hospitalizados y retirados del
área.”

260 - RPDE
plata, se ha llevado a cabo exitosamente y ha sido el factor
individual más determinante en la economía peruana. En los años
noventa, grandes descubrimientos de oro e inversiones realizadas
incrementaron la dependencia del país en la minería. A pesar de
que la minería solamente genera 70,000 puestos de trabajo (de una
población de 27 millones de habitantes), cerca de la mitad de las
exportaciones de Perú provienen de la minería.3
Historia de La Oroya y la compra de Centromin por Doe Run
El pueblo de La Oroya se ubica aproximadamente a unos 175
kilómetros al este de Lima. “Oroya”, quechua para BOWL, es un
nombre adecuado para este pueblo ubicado en la base del Valle
del Río Mantaro. En 1901, empresarios norteamericanos fundaron
Cerro de Pasco Corporation en La Oroya para desarrollar minas de
cobre en HIGHLANDS de los Andes Centrales. Cerro de Pasco
Corporation, con sede en los Estados Unidos, tenía el control de gran
porcentaje de la minería en el Perú. Ello contribuyó a la difícil relación
que se desarrolló entre los Estados Unidos y Perú entre 1901 y 1990.
Granjeros y comuneros demandaron en el Perú a la empresa por
daños a sus cultivos y ganados. Para ello, alegaron que sus tierras se
estaban deteriorando debido a lluvias ácidas. El gobierno respondió
exigiendo que la empresa instale equipos de control de la
contaminación. Estos equipos eran caros y experimentales, y a pesar
de que la empresa aceptó la necesidad de instalar tales equipos, su
inversión fue mínima y un adecuado sistema no fue instalado hasta
1942. Mientras tanto, residentes del Valle del Mantaro cuyos cultivos
se fueron deteriorando tuvieron que empezar a depender de Cerro
de Pasco Corporation para trabajar en la fundición.
Luego de décadas de crecientes tensiones, a mediados de los años
setenta, las relaciones entre los Estados Unidos y el Perú se habían
deteriorado completamente y, en 1974, el Perú estatizó Cerro de
Pasco Corporation bajo el nombre de Centromin Perú. Centromin
Perú, ahora una empresa del gobierno, operó la planta en La Oroya
durante veinte años sin realizar grandes mejoras.
3 Ibid.

RPDE - 261
Cuando Alberto Fujimori fue elegido presidente en junio de 1990, el
país llevó a cabo un ABOUT FACE económico. No solamente fue
Fujimori el arquitecto detrás de la reforma Constitucional, sino que
instauró un política de liberalización del comercio exterior y de las
inversiones. Este ex presidente buscó activamente inversión
extranjera, y especialmente de los Estados Unidos. Cuando Perú se
abrió a posibilidades de inversión bajo el gobierno de Fujimori, Renco
Group (EE.UU.) rápidamente se movilizó para adquirir la propiedad
de Centromin.4
2.2. Panorama de la Titul aridad de Doe Run Perú
Doe Run Resources Corporation, Doe Run Perú
Doe Run Resources Corporation es la empresa matriz de Doe Run
Perú, y es un productor de metales no férreos y preciosos con
operaciones en los Estados Unidos y en el Perú. Doe Run Resources
Corporation adquirió la planta metalúrgica de La Oroya en octubre
de 1997, así como la mina Cobriza en 1998. La fundición en La Oroya
es una de las instalaciones para el procesado polimetálicos con
niveles de impurezas más altos y antiguas en el mundo y una de las
seis fundiciones en el mundo occidental que pueden procesar
impurezas en concentrados de cobre y plomo. Los principales
productos de La Oroya son plata, cobre, plomo, zinc y oro refinado.
Las ganancias de La Oroya provienen principalmente del cobro por
el tratamiento, refinación, y penalidad por impurezas en
concentrados adquiridos. En el 2004, La Oroya exportó
aproximadamente el 88% de sus ventas totales a Norte América, Asia,
Europa y otros países de latinoamericanos (23% a Norte América), y
fue uno de los mayores exportadores del Perú.5
4 Lawrence A.Clayton, Peru and the United States: The Condor and the Eagle. (Athens,
Georgia: University of Georgia Press) 1999. p. 86
5 Security and Exchange Commission. Annual Report Doe Run Resources Corporation.
1999, page 2.

262 - RPDE
Renco y La Oroya
La compra en 1997 de la fundición denominada Metaloroya en La
Oroya encaja dentro del padrón de Renco Corporation de adquirir
empresas industriales en problemas o empresas metalúrgicas que
requieren de inversión en mejoras. Al Grupo Renco se le otorgó la
oportunidad de comprar la fundición de La Oroya luego de que el el
Grupo Industrial Peñoles de Méjico, se retiró del concurso público. El
proyecto fue estructurado de tal manera que Metaloroya fuese
adquirida por Doe Run Mining, una subsidiaria de Renco. Doe Run
Mining forma parte de Renco Group, una empresa holding
constituida en Manhattan y de propiedad del billonario Ira Rennert.
Doe Run Mining adquirió el 99.97% de las acciones de Metaloroya por
la suma de US$ 247 millones. Una contribución de capital fue
desembolsada a Metaloroya por US$ 126.5 millones por una
participación de 51% en el complejo metalúrgico y el pago de US$
120.5 millones a Centromin fue efectuado por las acciones restantes.6
Cuando el complejo fue adquirido, se conocía de sus pasivos
ambientales significativos. Sin embargo, Centromin no dirigió el tema
adecuadamente7
y, a pesar de ello, Renco/Doe Run acordó
modernizar la planta siguiendo los lineamientos establecido en el
PAMA. A efectos de completar el proceso de modernización para el
2006, Doe Run tiene estimado invertir en mejoras y expansión cerca
de US$ 120 millones. Ese gasto incluía el compromiso de inversión de
aproximadamente US$ 107 millones, para reducir las fugas de
emisiones y construir una nueva planta de ácido sulfúrico para
reducir las nocivas emisiones de dióxido de azufre. Aunque algunos
afirman que las fugas de emisiones podrían ser reducidas en un 50%
realizando un parchado de los huecos en la planta, 8
ni ello ni la
inversión en la planta de ácido sulfúrico ha iniciado.
En diciembre del 2004, Doe Run solicitó una extensión de su PAMA, lo
cual no era un procedimiento previsto por la legislación peruana en
6 SEC filing 1999-01-28 333-66291-44 Doe Run Peru Sr Ltd. www.sec.gov . Accessed 3-27-
05.
7 Critical Review of the Programa de Adecuacion y Manejo Amiental (PAMA) of the
Doe Run Smelter in La Oroya, Peru. Prepared by SENES Consultants, Ltd. Ontario:
Canada, November, 2003.
8 Anna Cederstav, staff scientist EarthJustice, October, 2003. Author interview.

RPDE - 263
ese entonces. La administración de la empresa alegaba que si el
gobierno exigía el cumplimiento de los compromisos contenidos en el
PAMA, Doe Run tendría que incumplir con el pago de sus préstamos y
se vería forzada a cerrar sus operaciones. A pesar de los alegados
problemas financieros de Doe Run, las ganancias netas del Grupo
Renco en el 2004 fueron de 1,600 millones de dólares, según
Hoovers.com.9
Adicionalmente a las preocupaciones ambientales relativas a las
operaciones en La Oroya, existen dudas respecto de la viabilidad
financiera de la empresa. Doe Run Perú no ha generado ganancias
desde 1998 y tiene una gran deuda pendiente. La fuente de
financiamiento para el PAMA que han propuesto es incierta, y
miembros de la sociedad civil y ONGs han expresado su
preocupación de que la empresa pueda abandonar La Oroya luego
de recibir la extensión de su PAMA. Mayor preocupación genera las
repetidas veces en las que el propietario de Doe Run Perú, Ira
Rennert, se ha declarado en quiebra en otros negocios.
2.3. La Firma del PAMA y Asignación de Responsabilidad
Firma del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)
En 1991, el Gobierno Peruano introdujo el sistema de los PAMA para
establecer las acciones, inversiones, avances tecnológicos y otras
medidas requeridas para reducir o eliminar emisiones, con el
propósito de que las empresas cumplan con los Límites Máximos
Permisibles establecidos por el MEM. El plazo para estar en
cumplimiento con el PAMA fue establecido en 5 años para minas y
10 años para fundiciones. Según su actual PAMA aprobado, Doe Run
Perú se ha comprometido a implementar proyectos que incluyen la
construcción de una nueva planta de ácido sulfúrico y una planta de
tratamiento de aguas residuales industriales en su fundición en La
Oroya antes del 31 de diciembre de 2006.
Doe Run ha estimando en su reporte anual del 2004 presentado ante
la Securities and Exchange Commission (SEC) que el costo de
9 www.Hoovers.com. Accessed 03-2005.

264 - RPDE
inversión para lograr el cumplimiento de su PAMA sería de US$ 53.5
millones en el 2005, y US$ 67.6 millones en el 2006, lo cual significa un
total de US$ 121.2 millones en los próximos dos años.10
La estructura del PAMA de Doe Run – ¿Cuándo será cobrada la
deuda?
La mayor porción de la inversión requerida en el PAMA original de
Doe Run fue postergada hasta los dos últimos años del PAMA (ver
tabla). ¿Por qué permitiría el gobierno que la empresa formule un
PAMA que requería inversiones relativamente pequeñas por los
primeros siete años y una inversión en el 2006 que equivale a 16
veces la inversión planeada para 1998? Posteriormente, el MEM
permitió que Doe Run modificara su PAMA en tres oportunidades sin
la documentación apropiada, y postergando sus pagos en cada
oportunidad.
De conversaciones con funcionarios del gobierno y de la empresa,
parece que consideraciones financieras y pragmáticas dirigieron la
estructura de las inversiones del PAMA. César Rodríguez, Director
General de Minería desde diciembre del 2004, es el responsable de la
reglamentación de las empresas mineras respecto del cumplimiento
ambiental. Comentando sobre la estructura del PAMA original y
posteriores modificaciones, contestó que “el gobierno siempre busca
dejar la inversión más grande para el final”. Rodríguez no ha ofrecido
mayores explicaciones respecto de por qué el gobierno estructuraría
de dicha forma las inversiones.11
Sin embargo, se puede asumir que
las obligaciones se estructuran de dicha manera para permitir que las
empresas puedan pagar sus deudas de puesta en marcha (las
cuales resultan ser una mayor carga financiera en los primeros años
del proyecto).
Por su parte, cuando se le preguntó a José Mogrovejo,
Vicepresidente de Asuntos Ambientales de Doe Run Perú, respecto
de por qué las construcciones señaladas en el PAMA estaban
10 Security and Exchange Commission. Annual Report Doe Run Resources Corporation.
1999, page 11.
11 Cesar Rodriguez. March 22, 2005. Author Interview.

RPDE - 265
marcadamente programadas para los años finales, éste contestó lo
siguiente: “Cuando plantearon este diseño, se indicó que era
necesario hacer todo una serie de cambios en la planta (…) con el
fin de poder instalar finalmente la planta de ácido sulfúrico. Si
nosotros simplemente instalamos una planta de ácido sulfúrico, para
las condiciones que teníamos en el año 97-8, la planta (hubiera)
costado mucho su instalación, costando demasiado su operación;
simplemente no sería factible llevar a cabo la fundación, no pueda
ser viable económicamente hablando.”12
Luego de una década
desde el planeamiento de la planta, este argumento resulta
insuficiente para explicar el incumplimiento de Doe Run Perú
respecto de la construcción de la planta de tratamiento de ácido
sulfúrico.
El PAMA ya contenía concesiones atendiendo a la situación
financiera inicial de Doe Run Perú, y adicionalmente, el gobierno
también permitió a dicha empresa modificar sus compromisos en tres
oportunidades. Si bien es cierto que las modificaciones del PAMA
incrementaron el monto total de inversión, hay un padrón de
reestructuración de compromisos establecidos en el PAMA a efectos
de que las inversiones más significativas no sean requeridas
inmediatamente. Algunos temen que los compromisos
constantemente reestructurados nunca serán exigidos.
La tabla que adjuntamos a continuación demuestra que en el 2001,
cuando se realizó la segunda modificación, las inversiones requeridas
para dicho año disminuyeron en, aproximadamente, US$ 8.8 millones.
Una tercera modificación obtenida en el 2002 aseguró que el monto
prometido por la Revisión 2 no sería entregado (el compromiso para
el 2002 fue reducido en más de US$ 10 millones). La tercera
modificación agrupó el 70% de los compromisos para los años 2005 y
2006. Ahora existe preocupación respecto del cumplimiento de este
70% agrupado más inversiones adicionales prometidas, debido a que
la empresa ha solicitado una extensión de su PAMA para posponer
muchos de sus compromisos hasta el 2009 y 2010.
555
12 Jose Mongrovejo. Mach 24, 2005. Author Interview.

266 - RPDE
Versión Fecha 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Total
Original Oct '97 2,700 3,612 4,963 3,300 3,000 3,800 2,775 38,700 44,725 107,575
Revisión
1
Oct '99 3,862 5,050 11,265 13,800 14,300 13,180 30,055 34,790 42,040 168,342
Revisión
2
Apr '01 3,862 5,097 10,879 5,000 15,829 18,040 36,365 32,990 41,640 169,702
Revisión
3
Feb '02 3,862 5,097 10,879 5,015 5,750 9,350 12,800 53,500 67,700 173,953
13
Consideramos que el gobierno continúa permitiendo la
reestructuración del PAMA por el mismo motivo por el cual el diseño
original del PAMA difería los compromisos hacia los años finales: para
preservar la viabilidad financiera de la empresa. Evidencia de ello es
un reporte interno emitido por el entonces Ministro del Ministerio de
Energía y Minas, Jaime Quijandría, quien señaló lo siguiente: “Debido
a dificultades financieras, los proyectos más importantes se
reporgramaron hacia el final del periodo del PAMA”.14
Un objetivo del Ministerio de Energía y Minas es el de promocionar la
minería y regular el sector, pero la reglamentación puede llegar a
interferir con la promoción, y viceversa. Aparentemente, en el caso
Doe Run Peru, la promoción es una preocupación primaria, y
consideramos que la preocupación por problemas de salud han
ocupado un segundo lugar al buscar -el Ministerio- que Doe Run siga
en funcionamiento.
En la fase de diseño del PAMA, el Ministerio de Energía y Minas no
hizo caso a los avisos respecto de los defectos del PAMA.
Refiriéndose a la propuesta de extensión del PAMA, Quijandría señaló
que Doe Run Perú había argumentado que “los efectos del ácido
sulfúrico son de corto tiempo y además reversibles por lo que es
posible postergar su solución final, ante la imposibilidad de controlar
todos los problemas ambientales en forma simultánea.”15
13 PAMA Reestructurado Complejo Metalurgico La Oroya 2004-2001. Resumen
Ejecutivo, July 2004. Internal Document Doe Run Peru.
14 Jaime Quijandria Salmon. Programa de Adecuacion y Manejo Ambiental (PAMA) de
la Fundacion de la Oroya. Internal Presentation to the MEM, April 2004.
15 Ibid

RPDE - 267
La actitud de Doe Run Perú respecto de la importancia de una
planta de tratamiento de ácido sulfúrico no consideró los avisos de la
más importante ONG peruana de derecho ambiental, la Sociedad
Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Carlos Chirinos de la SPDA,
señala que durante el diseño del PAMA, la SPDA públicamente
advirtió de los peligros del programa: “las emisiones gaseosas recién
se traten al octavo año de ejecución del PAMA, cuando era el tema
ambiental más grave y que mayor impacto genera en la población
de La Oroya.” 16
El Ministerio de Energía y Minas adoptó una postura permisiva
durante la segunda y tercera modificación del PAMA de Doe Run
Perú. Luego de años de enviar la señal de que el PAMA era
sumamente flexible, el Ministerio de Energía y Minas no debió estar
sorprendido cuando la empresa señaló que no se encontraba en la
posición de poder cumplir con sus compromisos en el plazo
señalado. La empresa no ha generado ganancias en la mayoría de
los años desde 1998 y sólo estaba pagando un promedio de US$ 6.8
millones por año en compromisos ambientales desde 1998 al 2004.
Con esta trayectoria, ¿cómo se esperaba que pagase su obligación
de US$ 53.5 millones para el 2005 contenida en el PAMA? A pesar de
ello, se permitieron modificaciones a medida de que la posibilidad
de cumplimiento se hacía cada vez menos real. María Chappuis,
quien asumió el cargo de Directora General de la Dirección General
de Minería, se lamentó luego de las modificaciones señalando que
“cuando yo llegué al Ministerio de Energía y Minas, Doe Run no había
presentado ni los estudios y se la había aceptado hasta 2 o 3
modificatorias del PAMA sin ningún sustento. Y entonces tuve que
sancionarlas para no entregar información.”
16 Carlos Chirinos. Carta Abierta SPDA. Entrevista con CNR Radio Sobre Postergacion
del PAMA de Doe Run Peru. February, 2005.

268 - RPDE
2.4. Extensión del PAMA
Propuesta de extensión del PAMA de Doe Run Perú y el cambio de
curso en el ministerio: “La primacía de lo inmediato sobre lo
adecuado”.
Durante el 2003 y 2004, la entonces Directora General de Minería,
María Chappuis estaba trabajando para “poner en orden la
vigilancia de La Oroya”. Cuando Doe Run Perú y el Ministerio de
Energía y Minas cambiaron dramáticamente el camino cuidadoso
que ella había establecido respecto de la prórroga de PAMAs, la
débil política del ministerio respecto de la exigencia de cumplimiento
de obligaciones, hizo que dicha funcionaria sintiera que su trabajo
era imposible de realizar.
María Chappuis estaba abogando por la adopción de pasos
específicos establecidos luego de una auditoría hecha por expertos
internacionales que ella había solicitado en el 2003. Ella señala que
“la auditoría internacional detectó una serie de asuntos, digamos,
preocupantes. El monitoreo no fue representativo y nos advirtieron
que era improbable que la compañía cumpliera dentro del plazo
exigido” Los auditores recomendaron la realización de un estudio de
Acciones Colectivas en Base al Riesgo, el cual es un estudio que es
realizado en base a un análisis de los riesgos a la salud humana para
establecer una serie de medidas para reducir o evitar mayores
impactos negativos en la población.
Chappuis señala que “estábamos en negociaciones con las
empresas para que ellos junto con Centromin, elaboren este
estudio”. Claramente, Doe Run estaba listo para cooperar en este
sentido.17
En una carta de fecha 12 de mayo de 2004, Bruce Neil de
Doe Run escribió que él estaba “listo para empezar este estudio en
Doe Run (…) lo cual será noticia positiva para todos (…).” Por motivos
burocráticos de parte de Centromin, el proceso se retrasó pero, a
pesar de ello, María Chappuis alega que este camino debió
continuarse. “Yo creo que si hubiéramos seguido en el trabajo que
17 Bruce Neil. May 12, 2004. Personal Communication to Maria Chappuis.

RPDE - 269
estábamos haciendo el DG de Minería, de hacer su estudio bien
hecho durante dos años, hubiera sido lo más conveniente para la
población de la Oroya.” Si Doe Run Perú hubiese continuado con
este camino, ella señala que no hubiesen tenido que cerrar sus
operaciones en caso no pudiesen cumplir con su PAMA: “Eran
multas, no era cierre. Hubiesen sido $200,000 - para ellos no es
nada”.18
Sin embargo, Doe Run Perú decidió cambiar su curso de acción
dramáticamente en la segunda mitad del año 2004. En el 2004, Doe
Run Perú propuso al Ministerio de Energía y Minas que el PAMA sea
prorrogado hasta el año 2011, a pesar del hecho de que Doe Run
Peru’ ya debía US$ 133.7 millones. Ellos argumentaron que caerían en
bancarrota si se veían forzados a cumplir con los pagos más
significativos ya vencidos del PAMA original, los cuales estaban
destinados para el financiamiento de la planta de tratamiento de
ácido sulfúrico.
El Ministerio empezó a ser receptivo hacia los pedidos de Doe Run
para una prórroga. María Chappuis se sintió moralmente obligada a
renunciar a su posición de Directora General de Minería. Ella sintió
que la decisión del Ministerio de Energía y Minas de permitir la
prórroga del PAMA de Doe Run “muestra la debilidad del gobierno
para hacer cumplir con las leyes ambientales”. En su carta de
renuncia la mencionada funcionaria señala que se han quebrado
principios, “enmascarando con medidas de apariencia tolerantes lo
que es evidente: la primacía de lo inmediato sobre lo adecuado”.19
El Consejo Nacional del Ambiente, mostró preocupación respecto de
la propuesta de Doe Run Perú. En una presentación por el Ministro
Jaime Quijandría en abril del 2004, se hizo referencia a la postura del
CONAM, recordando al Ministerio de Energía y Minas que las
condiciones para la ejecución del PAMA sólo pueden ser
modificadas por “caso fortuito o fuerza mayor” (Decreto Supremo
041-2001-EM). El CONAM señaló que el “plazo del PAM A ya implica
una tolerancia a la contaminación que no es conveniente extender,
a fin de proteger la salud de la población (…) Cuanto más pronto se
18 Maria Chappuis. March 21, 2005. Author Interview
19 Ibid

270 - RPDE
concreten las inversiones ambientales del PAMA, más garantía
tendrá la población de una mayor protección a la salud de las
personas y al ambiente”.
Decreto Supremo 046-2004-EM, Prórroga excepcional del PAMA
El 29 de diciembre de 2004 se publicó el Decreto Supremo 046-2004-
EM mediante el cual se estableció la posibilidad de que las empresas
soliciten una extensión de sus PAMAs. La extensión máxima sería de
tres años, con la posibilidad de que el Ministerio de Energía y Minas
autorice un ampliación de hasta un año adicional en base a un
estudio de análisis de riesgo de salud. Una vez aprobada la
modificación del PAMA, la empresa estaría obligada a establecer un
fondo en fideicomiso así como proporcionar una garantía financiera
equivalente al 20% del saldo por ejecutar del proyecto propuesto. En
caso la extensión sea otorgada a Doe Run Perú, el costo total
pendiente del PAMA, incluyendo proyectos requeridos como la
construcción de la planta de ácido sulfúrico, se incrementaría de
aproximadamente US$ 121 millones a US$ 143 millones.20
2.5. Daños en la Oroya y Daños Institucionales
Costo al Ambiente y a la Salud de la Población – El Reporte SENES
La prórroga del PAMA ha generado mucha discusión debido a los
extremadamente altos niveles de contaminación en La Oroya. Doe
Run Perú está en desacuerdo con los resultados de ONGs nacionales
y extranjeras respecto de la extensión de los daños ambientales, a
pesar de la amplia evidencia los riesgos de salud extremos en La
Oroya. La empresa alega no solamente que las quejas son
exageradas, sino que ha existido una “mejora en la calidad de aire
en La Oroya (lo cual) es resultado de la reducción en las emisiones
de material particulado de la chimenea principal y del control de
fugas de emisiones.”21
Información recogida en el año siguiente no
20 PAMA Reestructurado Complejo Metalurgico La Oroya 2004-2001. Resumen
Ejecutivo, July 2004. Internal Document Doe Run Peru.
21 Kenneth Buckley, ed.,Doe Run Peru: Report to Our Communities:Advances 1998-2002.
(Lima:Peru 2002) p.60

RPDE - 271
apoyan esta versión e indican que las operaciones infligen un daño
continuo en la población local.
SENES Consultants Limited, expertos en energía y evaluaciones
ambientales, emitieron un reporte en Noviembre del 2003 titulado
“Revisión Crítica del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental
(PAMA) de la fundición de Doe Run en La Oroya, Perú.” El estudio
concluyó que los niveles de contaminantes provenientes de las
chimeneas excedían los estándares del Banco Mundial.
Contaminación de plomo, arsénico y cadmio afecta la sangre, el
sistema nervioso, el sistema reproductivo, y los riñones. Aunque los
síntomas pueden tomar años en surgir, exposiciones prolongadas
incrementan el riesgo y los resultados pueden ser irreversibles.22
Los niveles de dióxido de azufre, uno de las toxinas más penetrantes y
peligrosas emitidas por la planta, exceden los estándares del Banco
Mundial, y en su estudio efectuado desde 1999 hasta el 2000, Anna
Cederstav de Earth Justice, concluyó que los niveles de dióxido de
azufre habían incrementado.23
El dióxido de azufre afecta el cuerpo
directa e indirectamente; disminuye la capacidad pulmonar de
eliminar partículas extrañas (lo cual intensifica el efecto de los
metales pesados), y ello lleva a una tasa de mortandad más alta,
especialmente entre quienes sean vulnerables a males respiratorios.
Cuando es liberado a la atmósfera, el dióxido de azufre es sujeto a
una conversión química que regresa a la tierra en la forma de lluvia
ácida, contaminando las fuentes de agua y la cadena alimenticia.
La otra gran preocupación en La Oroya resulta de los efectos del
plomo en el aire y en el suelo contaminado. El plomo tiene un
impacto particularmente peligroso en la salud de los niños. La
gravedad de los efectos del plomo están relacionados con los niveles
de dicha sustancia en la sangre. La guía de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) sugier e que los niveles aceptables son de menos
Canada, November, 2003.
23 Anna Cederstav and Alberto Barandiaran. “La Oroya Cannot Wait.” Published by
Internamerican Association for Environmental Defense (AIDA) and Peruvian Society for
Environmental Law (SPDA) September 2002. p41.

272 - RPDE
de 10 microgramos por decilitro (ug/dl). En La Oroya, 346 niños
examinados tenían un promedio de 33.6 ug/dl y el 18.9% de los niños
tenían niveles que excedían de 44 ug/dl.24
Esto significa que niños en
La Oroya viven con niveles de plomo cinco veces más altos que los
estándares de la OMS y están en grave riesgo de sufrir problemas de
salud que incluyen severo e irreversible retardo mental.
Un reporte realizado por Earth Justice y desarrollado por la
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la
SPDA fue publicado en el 2002. El reporte, titulado La Oroya no
puede esperar, analiza los reportes de monitoreo ambiental
presentados por la fundición multi-metálica de Doe Run al Ministerio
de Energía y Minas entre 1996 y el 2001. Este reporte demuestra que,
desde el 2001, “la contaminación ambiental causada por las
emisiones atmosféricas es extremadamente alta, y a pesar de la
implementación del PAMA, ha incrementado.” Mas aún, el reporte
advierte que los compromisos del PAMA cumplidos por Doe Run a la
fecha, y el PAMA en sí, son inadecuados debido a que los niveles de
contaminación son más altos ahora que cuando fueron inicialmente
detectados.
Según La Oroya no puede esperar, documentación referida a los
efectos de la fundición en la salud pública indican que “cualquier
proceso de fundición en donde las emisiones no son estrictamente
controladas, producirá graves e inaceptables impactos en la salud
de las personas que residen o trabajan cerca de estas instalaciones.”
Adicionalmente, “los más graves impactos a la salud y al ambiente
son originados principalmente por la operación actual de éstas, en
bastante mayor medida que la contaminación histórica”. La
modernización del proceso de fundición reduce la inhalación de
plomo y los niveles de plomo en forma significativa.25
24 Ibid. p. 5-1
25 Ibid

RPDE - 273
Las Conclusiones SENES
Respecto de las alegaciones de Doe Run Perú en el año 2002 de que
la empresa ha cumplido con la legislación ambiental Peruana desde
su adquisición de la fundición,26
SENES señala que los estándares
Peruanos son muy inferiores a los recomendados por el Banco
Mundial e insta al gobierno a realizar los ajustes necesarios.
El documento ofrece una lista detallada de las acciones que se
requerirían para que Doe Run estuviese en cumplimiento con su
PAMA, los cuales implicarían un desembolso de capital significativo;
probablemente muy por encima del compromiso original de Doe
Run. Este escenario parece improbable considerando que Doe Run
ha reestructurado continuamente sus inversiones ambientales
originales y reducido sus planes de inversión para la planta de
tratamiento de ácido sulfúrico. El PAMA original requería de una
única planta de absorción con un único punto de contacto. Se
preveía que dicha planta costaría aproximadamente US$ 104
millones. A la fecha, Doe Run ha gastado solamente US$ 0.15 millones
en la mencionada planta recomendada.27
Doe Run Perú y Cesar Rodríguez, Director General de Minería, ambos
culpan a las herramientas de regulación por el fracaso en la
detección de la necesidad de prestar atención a las
preocupaciones sobre metales pesados y emisiones gaseosas. En
nombre de Doe Run, José Mogrovejo señala que “el día que los
estudios identifiquen eso (plomo) como una prioridad,
inmediatamente empezaremos a ejecutarlos (proyectos).”28
César
Rodríguez comenta, respecto del fracaso en lidiar con problemas
asociados con plomo hasta hace poco, que no habían estudios
requeridos que hubiesen detectado la urgencia de las emisiones de
plomo: “Caímos en la falta de ley… nadie les pidió un estudio de
riesgo de salud.”29
Canada, November, 2003, p. 7-1
27 Ibid. p 6-1
28 Jose Mongrovejo. Mach 24, 2005. Author Interview.
29 Cesar Rodriguez. March 22, 2005. Author Interview.

274 - RPDE
Ni la empresa ni el gobierno hicieron caso a los avisos de la SPDA y la
AIDA respecto de la necesidad de “priorizar el tratamiento de las
fuentes de fugas (de gases y emisiones) (…)el tema más grave y con
el mayor impacto en la población.” 30
El estudio de DIGESA (Dirección General de Salud Ambiental)
DIGESA llevó a cabo un estudio en el periodo de 1998-1999 que
corrobora las preocupaciones discutidas por SENES y Earth Justice. El
estudio fue realizado con muestras de 346 niños, representativos de
los 5062 residentes de La Oroya. El nivel de plomo en la sangre de los
niños fue más alto que el nivel máximo recomendado por la OMS en
el 99.1% de los casos. Los niveles más altos fueron encontrados en
niños de dos a cuatro años. El estudio concluyó que estos niveles se
debían, en parte, al complejo metalúrgico en La Oroya.31
Golpe a las instituciones Peruanas – Cambiando el marco legal para
una empresa
La publicación del Decreto Supremo 046-2004-EM es un golpe al
respeto a las instituciones en el Perú puesto que el marco legal fue
modificado teniendo en mente a una empresa en particular: Doe
Run. El Dr. Carlos Chirinos de la SPDA señala esto al afirmar que “Lo
cuestionable es que (el Estado) pretende hacer esto (…) por la
situación excepcional de una sola empresa y eso no es correcto.” Él
también advierte de los peligros de que a “la empresa ineficiente o
que no se ha comprometido seriamente con el cumplimiento de sus
obligaciones las premio con un nuevo plazo.” 32
La promulgación del Decreto Supremo 046-2004-EM para Doe Run
puede sentar un precedente costoso. El 83% de las empresas mineras
han cumplido con sus PAMAs. Sin embargo, existe una cantidad
30
Carlos Chirinos. Carta Abierta SPDA. Entrevista con CNR Radio Sobre Postergacion
31
DIGESA. Plan Operativo – 2005: Para el Control de los Niveles de Plomo en Sangre en la
Población Infantil y Gestantes de La Oroya Antigua. Page 10. http://www.digesa.sld.pe/.
32
Carlos Chirinos. Carta Abierta SPDA. Entrevista con CNR Radio Sobre Postergacion

RPDE - 275
significativa de empresas mineras que ahora podrán solicitar una
extensión de sus PAMAs al amparo del Decreto Supremo 046-2004-
EM, al igual que Doe Run.33
Otro elemento importante respecto del decreto supremo
mencionado es que no otorga a Doe Run una prórroga, sino que
deja abierta la posibilidad para que dicha empresa la solicite hasta
el final del 2005. Considerando los requisitos, los materiales necesarios
para solicitar la extensión no podrán ser presentados antes del final
del año 2005. La resolución del Ministerio de Energía y Minas
respondiendo a la solicitud puede tardar hasta cuatro meses.34
Para
ese entonces, las elecciones presidenciales en el Perú, programadas
para comienzos de abril, ya se habrán llevado a cabo. El cambio de
gobierno podría traer un cambio en el enfoque de este tema.
Mientras se discute la decisión respecto de la posible prórroga, la
empresa no será sancionada por incumplimiento de su PAMA actual.
En esencia, el gobierno ha promulgado una norma permitiendo una
excepción respecto de la cual no tendrá que juzgar. El diferir la
decisión final otorga a la empresa un “comodín” y genera un reto
inmenso para el futuro gobierno.
III.- ANTECEDENTES INTERNACIONALES Y RESPONSABILIDAD POR
DAÑOS.
3.1. Derecho Internacional: Instrumentos de Derechos Humanos y del
Ambiente
El Alien Tort Claims Act (ACTA)
El instrumento legal citado más a menudo en el caso de reclamos
por violaciones a derechos humanos y del ambiente es la ley
norteamericana Alien Tort Claims Act. El ACTA establece que los
tribunales de los Estados Unidos de Norteamérica "tienen jurisdicción
para cualquier acción civil iniciada por un extranjero respecto de
33 Marticorena, Manuel. La Mineria que no Cumple. El Comercio. December 20, 2004.
34 DS 046-2004-EM, Article 12.2. www.minem.gob.pe. and Personal Interview with Juan
Aste. April 1, 2005.

276 - RPDE
daños extracontractuales (torts) cometidos en violación de la ley de
naciones o de un tratado con los Estados Unidos.” 35
Como parte de la Ley Judicial original de 1789 decretada por el primer
Congreso de los Estados Unidos, el ATCA proporciona un remedio civil para
las víctimas que buscan reparaciones por daños producto de violaciones de
derechos realizadas por individuos o empresas ubicadas fuera de los Estados
Unidos. El presunto violador debe contar con relaciones que lo vinculen a los
Estados Unidos para que el ACTA pueda ser aplicable, o en el caso de una
empresa, ésta debe estar domiciliada en dicho país.
El caso que permitió que el ACTA pueda ser utilizado hoy en día fue
Filartiga v. Pena-Irala. Una corte de apelaciones de Estados Unidos
admitió una demanda presentada por Filartiga, un ciudadano
paraguayo, en aplicación del ATCA. Filartiga alegaba que su hijo,
Joel, había sido torturado en Paraguay por un ex jefe de la policía,
quien en el momento de la presentación de la demanda, se
encontraba residiendo en Brooklyn. La corte de apelaciones
concluyó que los actos de tortura, dondequiera que se lleven a
cabo, violan el derecho internacional consuetudinario y la ley de las
naciones siempre ha formado parte del common law federal. Desde
que la pionera decisión en el caso Filartiga de 1980, los tribunales de
los Estados Unidos han apoyado el uso del ATCA como un remedio
para violaciones de derechos humanos.
Los críticos reclaman que estos tipos de demandas perjudican la
posibilidad de que corporaciones hagan negocios en países en vías
de desarrollo. De hecho, los estándares establecidos por la
Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, y las leyes de
los Estados Unidos promocionan las prácticas de gobierno
corporativo socialmente responsable y alientan a que las empresas
establezcan altos estándares de ética y moral. Sin el ACTA, las
corporaciones que no son socialmente responsables serían inmunes
al castigo, especialmente en países con sistemas débiles o con
sistemas judiciales poco estrictos.
35 Judiciary Act of of 1789, ch. 20, 9 (b), 1 Stat. 73, 77.

RPDE - 277
Dos casos que potencialmente podrían sentar precedente y que
actualmente se encuentran en proceso son los casos de Wiwa v.
Royal Dutch/Shell y Wiwa v. Anderson. El nigeriano Saro-wiwa, un
reconocido escritor Ogoni y activista de los derechos humanos y
ambientales, fue falsamente acusado de asesinato y juzgado ante
un tribunal, violando estándares internacionales del debido proceso.
A pesar de las protestas internacionales inclusive una pedido de
Nelson Mandela, Saro-wiwa fue colgado por el régimen militar de
Sani Abacha, el 10 de noviembre de 1995 junto con siete otros
activistas.
Saro-wiwa y sus colegas habían llamado la atención del mundo
respecto de un caso de contaminación petrolera ocasionado por las
actividades de Royal Dutch/Shell. Estas actividades contaminaron la
fuente de abastecimiento de agua local y las tierras agrícolas,
matando los peces de una economía Ogoni dependiente en gran
parte de la agricultura y pesca.
Los procesos judiciales alegan que las ejecuciones de Ken Saro-wiwa
y los demás por el ejército nigeriano y la campaña para acusarlos
falsamente, fueron llevados a cabo con el conocimiento,
consentimiento y/o apoyo de las empresas Royal Dutch Shell
Petroleum Company y Shell Transport and Trading Company . La
conducta de los acusados era supuestamente parte de un padrón
de la colaboración de la junta nigeriana para suprimir violenta y
despiadadamente a quienes se oponían a la explotación por parte
de la Royal Dutch/Shell de petróleo y gas natural en tierras Ogoni en
el Delta de Níger.
Una segunda queja (Wiwa v. Anderson) fue presentada en junio del
2003 contra Brian Anderson, director gerente de Royal Dutch/Shell,
respecto del cual, los demandantes alegan, actuó en representación
de Royal Dutch/Shell al concertar con el ejército nigeriano. La
demanda alega que la conducta del acusado "viola la ley estatal y
federal, y el derecho internacional, el cual incluye prohibiciones
contra las torturas, ejecuciones y crímenes contra la humanidad.”
Anderson supuestamente no ejerció el cuidado ordinario o razonable
para evitar daños a los demandantes, al comportarse
negligentemente y con imprudente descuido respecto de los

278 - RPDE
efectos que la compañía podría tener en la población, fauna, y las
tierras de Ogoni. Si en estos casos se falla en favor de los
demandantes, ello establecería que las corporaciones y sus
funcionarios pueden ser responsables por abusos de los derechos
humanos y ambientales.
36
La decisión más importante bajo el ATCA ha sido Doe v. Unocal. En
este caso, los demandantes eran campesinos de Myanmar que
buscaron reparación por abusos de derechos humanos de las manos
de militares Myanmar. La demanda alega que Unocal
concientemente ayudó y promocionó los abusos al contratar
militares con antecedentes de abusos a civiles. En 1997, una corte
federal en Los Angeles dictaminó que una empresa, al igual que un
individuo, puede ser responsable en base al ATCA por complicidad
en flagrantes abusos de derechos humanos, y por lo tanto admitió la
demanda. Mediante transacciones extra judiciales realizadas en abril
del 2005, Unocal acordó compensar a los aldeanos que presentaron
la demanda. Los abogados de los demandantes denominaron la
transacción como “una victoria histórica para los derechos
humanos.”
37
3.2. Los Tratados Internacionales: Derechos Humanos y Ambientales
¿Qué normas requieren de defensa?
La mayoría de los países, incluido el Perú y los Estados Unidos, tienen
tratados y convenciones suscritos. Se reconoce que los pactos y
declaraciones no son exigibles. Sin embargo, la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos
del Niño, la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración
de Estocolmo, el Protocolo de Montreal, y otros que codifican las
normas internacionales sobre derechos humanos y ambientales
36 United States District Court for the Southern District of New York. Wiwa & Kpuinin,
Plaintiffs v. Anderson. Accessed www.humanrightsnow.org.
37 Historic Advance for Universal Human Rights: Unocal to Compensate Burmese
Villagers. Earthrights International. www.earthrights.org. April 12, 2005.

RPDE - 279
tienen la aprobación universal. Estos códigos de conducta son
normas internacionales.
El derecho internacional tiene como fuente a la costumbre
internacional. Al determinar si existe una costumbre internacional, es
necesario aplicar dos criterios: 1) Las conductas de los Estados deben
ser uniformes, y 2) las conductas de los Estados existen en base a la
creencia de que la práctica es requerida por la ley.
38
En el caso de
Peru, existen dos condiciones: 1) La ley nacional prohibe la
degradación del ambiente y el abuso de los derechos humanos; y 2)
Perú ha suscrito las declaraciones y convenciones descritas
anteriormente y por lo tanto se puede concluir que esa conducta del
Estado existe.
Las declaraciones de Estocolmo y de Rio
Firmado por 114 naciones, la Declaración de Estocolmo señala que
“la humanidad tiene el derecho fundamental a (…) las condiciones
adecuadas de vida, en un ambiente de una calidad que permite
una vida digna y con bienestar.”39
El Principio 3 de la Declaración de
Río especifica que el desarrollo no debe poner en riesgo las
necesidades ambientales de las generaciones presentes y futuras. El
Principio 4 establece que “la protección ambiental debe constituir
una parte integral del proceso de desarrollo.” 40
La Convención sobre los Derechos del Niño
Esta convención fue suscrita por 192 países y entró en uso común en
enero del 2002, siendo el primer instrumento internacional obligatorio
que incorpora una gran variedad de derechos humanos -derechos
civiles y políticos así como económicos, sociales y culturales.
No sólo se invoca en el Preámbulo a la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, sino que en el Artículo 24 (C) la Convención
sobre los Derechos del Niño establece que las partes deben
38 United Nations Forum on Forests. An Overview of International Law Working Draft.
Background Document No. 3 September, 2004. p.7
39 United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm Declaration,
Principle 1. www.un.org
40 Rio Principle

280 - RPDE
“Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la
atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la
aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos
nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los
peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente.”
41
Queda claro que Renco Group y el estado peruano están en
infracción de los términos de la Convención sobre los Derechos del
Niño, puesto que las emisiones de humo de Doe Run Peru y los niveles
de plomo en la sangre de los niños (superiores a 10 mg/dl) aún se
encuentran muy por encima de lo establecido en las guías de la
Organización Mundial de la Salud.
3.3. Un Enfoque Local – SPDA (Sociedad Peruana de Derecho
Ambiental
SPDA es una ONG que promueve el desarrollo sostenible y la
conservación del ambiente. La ONG tiene una voz importante dentro
del país - tanto el Ministerio de Energía y Minas como otras ONGs
toman en consideración la opinión del SPDA. Como parte de su
estrategia institucional, la SPDA promueve la participación de
diversos grupos en el monitoreo de temas ambientales. La SPDA
trabaja en conjunto con Earth Justice y la Interamerican As sociation
for Environmental Defense.
La SPDA es una ONGs que proporciona asesoría legal para las
personas afectadas directamente por la contaminación en La
Oroya. La SPDA no promueve el cierre de Doe Run Perú ni se opone
abiertamente a las extensiones de PAMAs. La misión de la SPDA
consiste en representar a las personas que han sido y son afectados
por la empresa en La Oroya y que quieren ver mejoras en sus vidas.
Como resultado de una demanda presentada por la SPDA, una
corte civil recientemente ordenó que el Ministerio de Salud y la
Dirección General para la Salud Ambiental tomaran medidas para
aliviar la crisis sanitaria en La Oroya. La corte señaló que las
autoridades gubernamentales han incumplido con la Ley General de
Salud, el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad
41 UNICEF. Convention on the Rights of Children. www.unicef.org.

RPDE - 281
Ambiental del Aire, y un decreto supremo estableciendo el estado
de emergencia sanitaria.42
El juez consideró la situación tan grave
que se declaró en estado de emergencia la zona, requiriéndose a
todas las agencias involucradas que tomen acción inmediata para
reducir la amenaza a la salud de los ciudadanos.
IV. CONCLUSIONES.
La industria minera en La Oroya sirve a las comunidades donde
opera así como las explota. El Ministerio de Energía y Minas tiene el
deber de promover y a la vez regular la minería, lo cual genera un
conflicto de intereses inherente en la persecución de ambas
actividades. Los mineros locales necesitan de la mina y de la planta
de procesamiento metalúrgica para su sustento, a pesar de que la
contaminación resultante los está envenenando. Las ONGs y las
sociedades civiles están logrando avances en conseguir apoyo para
los afectados por las operaciones de Doe Run Perú, pero la
dependencia de los trabajadores y del Estado en la empresa
perjudica las negociaciones. Doe Run Perú ha suscrito el Código de
Conducta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía,
pero ha quedado claro que esta auto regulación dentro del sector
no ha sido efectiva.
En el terreno internacional, no existe un cuerpo internacional legal y
regulatorio con facultades para fiscalizar el comportamiento de las
empresas que operan negligentemente en varios países, aunque se
habla de una Convención de Responsabilidad Empresarial que
definiría las conductas aceptables así como responsabilizaría a las
empresas por sus actos. La solidaridad internacional ha tenido un
efecto importante en el caso de Doe Run Perú, como se ha
evidenciado de la recepción de manera favorable por parte de Doe
Run de unas de las recomendaciones de EarthJustice. Sin embargo,
el reparo en las normas y convenios internacionales deben recordar
el gobierno peruano de su responsabilidad de proporcionar un
ambiente saludable en La Oroya a través de normas nacionales.
42 Judge Orders Measures to Protect Public Heath in La Oroya. EarthJustice Report. April
14, 2005. www.earthjustice.com

282 - RPDE
Preocupaciones de una posible crisis en La Oroya se basan en el
análisis del registro financiero y la del estado presente de Doe Run
Perú. Existen varios posibles escenarios que podrían suscitarse,
inclusive que la compañía podría declarar su insolvencia y dejar al
Gobierno Peruano los pasivos en La Oroya. Ante ésta y otras
amenazas al ambiente y bienestar de las personas de La Oroya, el
gobierno, al promulgar el Decreto Supremo 046-2004-EM, ha tomado
medidas que sólo demoran el proceso de toma de decisiones.
Las ONGs y las sociedades civiles continúan presionando y
trabajando para crear incentivos para Doe Run Perú, así como
sugiriendo penalidades cuando la empresa no entabla diálogo.
Incluso si las organizaciones locales y solidaridad internacional tienen
éxito, quienes tienen la facultad y el poder para proteger la salud de
las personas en La Oroya es el gobierno peruano, y específicamente
a través del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Salud. El
gobierno no debe dar marcha atrás en el desafío que encara al
regular las operaciones de Doe Run Perú, y debe reconocer que los
acuerdos realizados en base a un actual sentido de desesperación y
presión política pueden poner en riesgo al ambiente, la comunidad,
y la integridad de su vida institucional.

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