1. Tortura en cárceles colombianas: sistematismo e impunidad revelan
una lógica de estado
Parte V del Dossier: Colombia y sus miles de presos políticos silenciados *
Por Azalea Robles
“Presos políticos lisiados, paralíticos, ciegos o enfermos son sometidos a la
tortura diaria al ser situados en medio de patios paramilitares para allí recibir
golpizas y hostigamientos en situación de total indefensión, y son privados de
medicamentos y asistencia médica, de manera a que las enfermedades los
consuman: son mensajes que buscan paralizar la empatía social. Se trata de
demostrar que la crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total
impunidad”.
Diomedes Meneses: ‘utiliza silla de ruedas debido a la paraplejia ocasionada
por las torturas’, está siendo empujado a la muerte por tortura de negación de
asistencia médica. Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos
amputados, situado adrede en una penitenciaría sin presos políticos, en
violación al dictamen de Medicina legal y al DIH: ‘necesitó atención médica
para evitar la pérdida de visión, pero nunca le fue brindada’.
“Los presos políticos diagnosticados con cáncer continúan sin recibir atención
médica. Que las organizaciones solidarias del Mundo exijan al Estado

2. colombiano cese de forma inmediata la aplicación de este método de
tortura”. CSPP
1.Introducción
Para finalizar este Dossier sobre la realidad de los 9.500 presos políticos en
Colombia [1], abordamos un capítulo más amplio sobre la tortura, por ser ésta
de carácter sistemático: representa un mensaje de terror enviado a la sociedad
en su conjunto. Es el‘castigo’ contra el pensamiento crítico, la reivindicación
social, y la empatía.
De los miles de presos políticos amordazados en las cárceles colombianas, se
estima que el 90% son civiles encarcelados con la finalidad de desmantelar la
organización social, y que el 10% son presos políticos y de guerra miembros de
las organizaciones insurgentes. La persecución sistemática contra la oposición
política emplea al aparato judicial como arma de guerra [2].
Desde el estado son negados los presos políticos, en todas sus categorías: a
los presos políticos civiles y a los presos políticos de guerra se les endilga,
mediante grotescos montajes judiciales, cargos por delitos comunes: “La
estrategia usada contra los prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y
agregarles los cargos de terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con
fines terroristas, con el claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando
incluso la extradición [el Art. 35 de la Constitución impide la extradición por
delitos políticos]”[3].
Sindicalistas, estudiantes, líderes campesinos, defensores de DDHH (etc.)
terminan presos por ‘terrorismo’ y otros delitos comunes, debido a las
estrategias del estado colombiano para negar su accionar represivo a la par
que lo intensifica. A los presos políticos de guerra se les imponen penas
exorbitantes, se niega su carácter político y sufren torturas y atentados además
de chantajes con su vida o la de sus familiares, con la finalidad de convertirlos
en falsos ‘testigos’ contra activistas sociales. La reivindicación de justicia Social
–en el 3er país más desigual del mundo- es represaliada de manera totalitaria.
2. La tortura: enviar un mensaje de terror a la sociedad, paralizar la
reivindicación mediante el miedo

3. La represión sistemática contra la organización social es un mensaje de terror
de estado contra la población: se expresa en el encarcelamiento político, en el
asesinato político, en el control social, en la desaparición forzada [4]; se
expresa en las torturas terroríficas ejercidas por la herramienta paramilitar en
coordinación con el ejército en las zonas a despojar [5], torturas a modo
de escarnio público para provocar masivos desplazamientos forzados [6]; en
ese mismo orden de ideas, de paralizar la reivindicación mediante el miedo, se
implementa la tortura en las cárceles colombianas.
Es parte del Terror de Estado: su función no es solamente ejercer la crueldad
contra el opositor privado de libertad, para generarle a éste sufrimiento,
sino enviar un mensaje de terror a quiénes quisieran oponerse a un Status
Quo imperante de saqueo y empobrecimiento.
Así, las situaciones límite de presos políticos lisiados, paralíticos, mancos y
ciegos, o enfermos que son sometidos a la tortura diaria al ser situados en
medio de patios paramilitares para allí recibir golpizas y hostigamientos en

4. situación de total indefensión, y que son privados de medicamentos y
asistencia médica de manera a que las enfermedades los consuman, son
mensajes que buscan paralizar la empatía social: se trata de demostrar que la
crueldad sin límites ejercida por un estado goza de total impunidad.
Varios presos políticos están muriendo por negación de asistencia médica, hay
igualmente negativa de clasificación de internos en abierta violación al DIH por
parte del estado colombiano [7]; asimismo hay una negativa de aplicar la
debida reducción de pena y excarcelación a presos lisiados y enfermos
terminales, también se denuncia el alejamiento geográfico y separación familiar
como forma de tortura, las palizas, descargas eléctricas, envenenamientos
(combustible, materia fecal, vidrios en las comidas), la privación de agua, los
encierros prolongados en calabozos, el hacinamiento extremo [8], los tratos
degradantes y las humillaciones de carácter sexual, las amenazas de
extradición, las torturas a familiares que van desde manoseos hasta violación y
desaparición forzada.
La impunidad ampara la tortura, no son respetadas las sentencias de la Corte
Constitucional, tampoco las tutelas. Además se expiden leyes enfocadas a la
persecución de la protesta social como la Ley de Seguridad Ciudadana del
gobierno Santos, y normas internas del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario (INPEC) que vulneran los DDHH [9]. De ahí la importancia de que
crezca la solidaridad activa con los presos políticos. Hay razones políticas,
éticas y humanitarias de sobra para que la sociedad colombiana e internacional
alce un clamor solidario.
3. Grave situación de homicidios de presos a manos de las autoridades
por tortura y negación de asistencia médica
Por negación de asistencia médica los presos quedan lisiados, paralíticos,
ciegos, o pierden la vida [10]: “A cada prisionero nos ha tocado activar el
sistema de amparo mediante la tutela, mecanismo constitucional que el INPEC
no cumple, burlándose del fallo, gracias a que los jueces de tutela no hacen
efectivo el arresto y el pago de la multa por desacato”[11].
Los casos de presos asesinados por negación de asistencia médica son
alarmantes: estas torturas son aplicadas con particular saña contra los presos
políticos. Las organizaciones de DDHH lanzan la alarma. Dada la cantidad de
presas y presos políticos en situación de tortura en las cárceles colombianas,
presentaré solamente algunos casos.

5. José Albeiro Manjarrés falleció el 8 de enero 2011, devorado por un cáncer de
estómago para el cual le negaron los análisis durante más de un año, incluso
cuando ya perdía masa muscular a simple vista [12]. Ante la gravedad de su
caso y los atroces dolores que padecía, los demás presos desarrollaron una
huelga de hambre e interpusieron una tutela para que el estado lo atendiera;
pero todo fue en vano: hubo negación absoluta de atenderlo por parte de las
autoridades, propiciando así el cáncer terminal y la muerte. El ensañamiento
llegó a tal punto contra este preso político que fue inscrito como NN en la
morgue “a pesar que el INPEC contaba con la plena identificación y tenía los
teléfonos de la familia, a quienes nunca informaron de su muerte” [Ibíd. ].
El preso político Arcesio Lemus también fue asesinado por negación de
asistencia médica y tortura; el testimonio de su hija retrata la vida de una
familia, que es la historia de la persecución a la oposición política. También
alerta sobre la existencia de una política de Estado contra los presos políticos:
"Mi padre, Arcesio Lemus, se hizo líder comunitario, y un referente del
trabajo revolucionario en el Tolima. Ese tipo de cosas no las perdona el Estado.
Así que en la década de los 90 mi padre tuvo que desterrarse para
salvaguardar su vida (…) Mi madre fue víctima de un montaje judicial, que la
tuvo dos años tras las rejas. Yo fui conducida a una correccional de menores
cuando tenía 15 años(…) Fueron años de presión que no le dejaron [a Arcesio
Lemus] más opción que la clandestinidad. Se incorporó al ELN, como salubrista
(…) En 2005 mi papá fue detenido. Empezó el calvario del encierro. (…)
Comenzó a enfermar: a la edad de 65 años empezó a tener intensos dolores
de cabeza y mareos. Los directivos penitenciarios se llenaron de solicitudes de
mi padre, en donde les exigía su derecho elemental a la salud. Nunca fueron
atendidas por el INPEC. Mi padre empezó a sufrir desmayos que tampoco
fueron atendidos. Sus compañeros de cautiverio hicieron huelgas y motines,
hasta que lograron que lo sacaran a "la unidad de sanidad", donde lo
aislaron. (…) Empezamos a gestionar visitas de organismos de derechos
humanos (…) pero nada funcionó. Fue remitido, en grave estado de salud,
nuevamente a la cárcel. (…) [Luego en] el Hospital Lleras Acosta recibió una
atención deshumanizada y humillante, como suelen recibir la mayoría de
presos (…) Sin atender su delicada situación fue devuelto a la cárcel(…)
Logramos una visita de diez minutos, y lo encontramos con un golpe terrible en

6. la cabeza, bañado en sangre y en una situación peor. "Fue que se cayó", nos
dijeron en el INPEC. Empezamos a rogar que lo llevaran de nuevo a un centro
médico. Mi padre ya no podía hablar tan siquiera, llevaba casi quince días
vomitando, no controlaba esfínteres, había perdido peso de manera alarmante
y, por si fuera poco, se agregaba un trauma craneoencefálico que nunca se
supo cómo sucedió dentro de la cárcel (…) Fue remitido a una institución
hospitalaria, ya en estado de coma. Allí le encontraron un tumor en su cerebro
(…) el 29 de junio 2010, falleció. (…) [Es] la ignominia que viven los presos
colombianos, especialmente los presos políticos, contra quienes pareciera
existir una política de Estado(…) El INPEC paga a la EPS que atiende la salud
de los internos, casi 32 mil millones de pesos al año. ¿Cuánto dinero de ese se
invierte en atender la salud de los internos, si pasan años para que sea
aceptada una solicitud de revisión médica, de exámenes, de tratamiento?”[13].
Las muertes por negación de asistencia médica suceden una tras otra, en la
más absoluta impunidad. El 1 de noviembre 2011 fue asesinado por tortura
Ricardo Contreras: molido a palos por la guardia, y privado de asistencia
médica [14]. El 15 de noviembre 2011 el estado asesina al preso Jhon Jairo
Garcia por tortura de negación de asistencia médica [15]. En la cárcel el
Pesebre muere Jonathan Smith Arias en enero 2012 [16], y el 9 de abril 2012
fallece Yovani Montes, ambos por negación de asistencia médica [17]. En
diciembre 2011 fallece Luis Fernando Pavoni [18], y el 14 de junio 2012
fallece Óscar de Jesús Pérez, ambos por negación de asistencia médica, en
Bellavista [19]… La lista continúa de manera aberrante. La Personería de
Medellín reporta que: “en los últimos dos años han muerto 12 reclusos por falta
de atención médica” [Ibíd. ], y el mismo drama se repite en cada región de
Colombia.
En diciembre 2011 defensores de DDHH denuncian: “la inminente negligencia
de la fiscalía, que se niega a expedir la resolución de traslado del penitenciario
a un centro de atención medica pertinente al caso de salud de José M. Álvarez
Tonguino recluido en la PICOTA-ERON y solicitado en extradición, que padece
de una enfermedad que no ha recibido un trato adecuado y que por solicitud

7. del médico interno, es necesaria la atención especializada urgente debido al
estado de descomposición de su axila. El caso de Tonguino, a quien se le está
violando su derecho a la salud, no es un fenómeno aislado, varios prisioneros
han muerto (…) Es innegable que en las cárceles de Colombia se violan los
DD.HH., se da un trato contra la dignidad humana”[20]. Pese a las súplicas de
familiares y organizaciones, la negación de asistencia médica acaba con la vida
de Tonguino a inicios de 2012. Son reiteradas las solicitudes –infructuosas- de
que “se abran las investigaciones contra los funcionarios del INPEC, en cabeza
de su director General de la policía G. Ricaurte, la Dirección de la Cárcel
PICOTA-ERON y contra el personal de la guardia, por violar la Ley 65/93, Art.
16 CN y el acuerdo 0011/2002. (…)que se garantice el Derecho a la
Vida” [Ibíd.].
La impunidad es total para un mecanismo de tortura y
homicidios. Algunos presos políticos que han sido asesinados por negación de
asistencia médica son: Jordán Fabián Ramírez, Otoniel Calderón Ovalle,
Jimmy Ducuara Garzón, Arcesio Lemus, José Albeiro Manjarrés [21].
4. Presos políticos que están siendo asesinados por tortura de negación
de asistencia médica
Los presos son privados de medicina, y los médicos encarcelados. Por curar a
todo aquel que requiriera asistencia médica en la región dónde vivía, Carlos
Figueroa, médico cirujano, fue víctima de montaje judicial y condenado a 20
años de prisión por "rebelión", para castigar su respeto por la vida: “A nivel
judicial también existen los ‘falsos positivos’". Este médico preso político
padece de cáncer: "Para que me iniciaran el tratamiento tuve que demandar al
estado; pero no me llevan a las citas. Muchos enfermos reciben peor trato
incluso (...) Apenas se denuncian los maltratos somos llevados a cárceles de
alta seguridad, como lo que me ocurrió por pedir agua potable (...) Los presos

8. políticos deberíamos estar en patios diferentes a los de los paramilitares y aquí
no hay ninguna clasificación”[22].
Están en alto riesgo de muerte por negación de asistencia médica varios
presos políticos. Señalaré algunos casos. El preso político Devis Ochoa [23] es
diabético de tipo dos, ya pesa tan sólo 47 kilos, y se le niega una alimentación
adecuada y la asistencia médica como forma de tortura que provoca la muerte;
también se le ha introducido en un patio de paramilitares, en un intento de
asesinato.
Al preso político Gustavo Giraldo el estado también lo está asesinando por
negación de asistencia médica: padece de una enfermedad degenerativa que
le ha hecho perder más de la mitad de su peso, cada día sin asistencia lo
empuja a la muerte [24]. El preso político Hernán Rodríguez Díaz realizó una
huelga de hambre reclamando asistencia médica y su traslado de penal, dado
que el INPEC lo envió al “centro de tortura de Valledupar”, alejándolo de su
núcleo familiar[25]. “El prisionero político padece una infección estomacal, un
problema visual y dolores en la vejiga, por lo que ha presentado múltiples
peticiones de atención médica las cuales han sido ignoradas. Hernán
Rodríguez Díaz y 44 prisioneros mas denunciaron que se encontraban
enfermos por causa de la contaminación del agua y alimentos, padeciendo los
síntomas de caída de cabello y uñas, diarrea, sangrado rectal y oral, sin que
hubiesen sido atendidos” [Ibíd.].
5. Presos políticos de guerra heridos: negación médica, tortura extrema
La situación de los presos políticos de guerra es dramática: éstos son con
frecuencia capturados heridos tras combates o bombardeos, y se les niega la
asistencia médica, empujándolos a la muerte o a la pérdida de sus miembros.
Tal es el caso del preso político y de guerra Rolando Gradados que tiene
las piernas y los brazos destruidos, y es torturado al negársele asistencia
médica, restringírsele el agua potable y presionarlo a falsas
confesiones bajo amenaza de extradición: "No puede caminar, ni comer solo y
siempre debería estar asistido por una enfermera, sus necesidades deben ser
realizadas en una bolsa; no está recibiendo la asistencia médica y la pésima
alimentación del penal pone en riesgo su vida, no recibe la dieta ordenada por
el médico, soporta fuertes dolores (…) Fue abordado por dos hombres de

9. aspecto extranjero en el área de sanidad de la cárcel y estos lo hostigaron
afirmándole que sería extraditado a Estados Unidos si no
confesaba(…) Fue alejado de su familia en una política de destierro que
vulnera un derecho fundamental. En el área donde se encuentra hay 9 internos
que no están asistidos correctamente, ni enfermera tienen, incluso hay un
enfermo terminal. Les están restringiendo el agua”[26].
El preso político de guerra Diomedes Meneses Carvajalino ha sido víctima de
torturas por parte del estado colombiano, que le sacó un ojo con un puñal, e
intentó asesinarlo en repetidas ocasiones, “utiliza silla de ruedas debido a
la paraplejia ocasionada por las torturas propinadas por funcionarios del
Gaula”[27]. Además está siendo empujado a la muerte por tortura de negación
de asistencia médica: “devorado por una bacteria agresiva que le está
carcomiendo el tejido muscular y óseo(…) la infección se trasladó al glúteo,
afectando su integridad física: se expone a amputación (…) Por más de dos
años una bacteria corroe su humanidad (…) Iguales circunstancias padecen
miles de presos que son desatendidos en las prisiones colombianas, lugar
donde se tortura sistemáticamente, incumpliendo el Estado colombiano sus
obligaciones constitucionales de respetar el DIH, los derechos humanos” [Ibíd.],
denuncia el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP).
La situación de los presos ancianos, lisiados o con enfermedades crónicas en
las cárceles colombianas es vergüenza para la humanidad: el hacinamiento, la

10. insalubridad, la privación de agua, la comida descompuesta, las agresiones
físicas de los guardianes o del paramilitarismo los vulneran de manera
inexorable. Iván Cepeda denunció: “La gravísima situación se expresa en que
más de 400 personas estén lisiadas en las cárceles, que más de 400 personas
estén enfermas con carácter terminal”[28]. La debida reducción de pena y la
excarcelación de presos lisiados o enfermos terminales es negada con saña.
En mayo 2012 denuncian: “El prisionero Nelson Guzmán se encuentra
cuadripléjico y sin la atención médica adecuada, en condiciones miserables
(…) El juez Escobar ni siquiera se ha tomado la molestia de venir a verlo, pese
a la solicitud de prisión domiciliaria. Situación similar ocurre con los prisioneros
de la tercera edad que sufren penosas enfermedades”[29].
6. Tortura aberrante e intento de asesinato contra preso político sin
brazos y ciego
El ensañamiento contra los presos políticos alcanza niveles aberrantes: el
preso político Oscar Elías Tordecilla, invidente y con los brazos amputados,
está encarcelado en situación límite, situado adrede en una penitenciaría sin
presos políticos, en violación al dictamen de Medicina legal y al DIH.
Oscar fue arrestado de civil en fase de recuperación; pero perdió por completo
la visión por causa de la negación de asistencia médica del INPEC: “Un joven
que sufrió amputación de los miembros superiores y durante todo este tiempo
necesitó atención médica urgente para evitar la pérdida de su visión, pero ésta
nunca le fue brindada”[30]. Su defensor logró sacarlo de la cárcel al cabo de 7
meses, gracias al dictamen de “Medicina Legal que afirma que por sus
discapacidades físicas no puede estar en un centro penitenciario. Le otorgan
detención domiciliaria.” Pero el estado, en una clara demostración de
ensañamiento con fines de tortura, revocó la detención domiciliaria: “En medio

11. de una de esas ilegales jugadas que realiza la rama judicial por orientación
directa de los organismos de seguridad (…) Oscar es condenado a 40 años de
prisión y remitido a la Cárcel de Itaguí, ignorando el dictamen de Medicina
Legal” [Ibíd.]. El estado colombiano viola el DIH y se empecina en mantener
una situación de tortura: un mensaje de terror. Además de causar la ceguera
de Oscar, el INPEC profundiza la tortura: “Óscar es trasladado consciente y
premeditadamente a una cárcel en la cual no hay colectivos de presos políticos
que puedan brindarle la solidaridad que necesita. Por el contrario, sólo hay
paramilitares(…) Oscar no puede valerse por sí mismo. Es puesto en una
situación de total indefensión” [Ibíd.]. El estado busca aplastarlo como ser
humano, porque remitir a un preso político y de guerra sin brazos y ciego a una
cárcel llena de paramilitares es de las peores crueldades concebibles. Se
evidencia una omisión preconcebida que le ha generado ceguera y un
ensañamiento criminal al situarlo en una tortura permanente que atenta contra
su vida.
7. Negación de asistencia médica constituye “atentado contra la vida”
El CSPP denuncia en mayo 2012 que “Los presos políticos con cáncer
continúan sin recibir atención médica por parte del estado”:
“Los presos políticos enfermos de cáncer Luis Alberto Jaimes García, Vicente
Saúl Valcarcel Albarracín y Juan Emilio Calle Cabeza, recluidos en la cárcel de
Palogordo; continúan sin recibir el tratamiento médico necesario y su condición
se deteriora cada día (…) Luis Alberto Jaimes, diagnosticado con cáncer de
colon ha empeorado a pesar que el Juzgado tuteló los derechos fundamentales
a la salud, sin que hasta la fecha se haya iniciado las sesiones de
quimioterapia ordenadas por la junta de oncología (…) A Vicente Albarracín,
diagnosticado con cáncer de recto, le manifestaron que debía someterse al
tratamiento de quimioterapia pero que CAPRECOM no contaba con el
medicamento (…) Juan Emilio Calle de 33 años, fue diagnosticado con cáncer
linfoma Hodcking, desde el año 2008. Pese a la gravedad de la enfermedad se
encuentra sin recibir atención médica desde hace dos años (…) Desde enero
2012 su estado de salud recayó ostensiblemente (…) el oncólogo ordenó un

12. tratamiento de quimioterapia, terminado este procedimiento se debía hacer un
trasplante de médula ósea. Aún con esta orden médica, Juan Emilio no ha
recibido el tratamiento, consecuencia de ello su estado de salud empeora, al
punto que hoy pesa 54 kilos, permanece con fiebre alta, constante dolor de
cabeza y cuerpo, poco sueño y visón borrosa, entre otros síntomas.
La desatención en salud constituye un atentado contra la vida y la dignidad
humana, además de erigirse como un tratamiento cruel e inhumano. El estado
Colombiano tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar la vigencia
plena de los derechos fundamentales en las cárceles. El desconocimiento de
los mismos a los presos políticos, representa una violación tanto del derecho
internacional de los DDHH, como del DIH. Cobra vigencia la necesidad de
mantener los ojos en las cárceles colombianas”[31].
8. ¿Cuáles son las causas de tan reiterativos casos de cáncer en
las cárceles colombianas ?
La incidencia de cáncer en las cárceles colombianas es extrañamente alta. El
CSPP alerta:
“Han muerto ya varios presos políticos y sociales como consecuencia de
cáncer, lográndose detectar en los mismos una inadecuada asistencia médica.
Esta grave problemática ha sido denunciada de forma reiterada por los
colectivos de presos políticos y organizaciones de derechos humanos, sin que
las autoridades hayan realizado las investigaciones que permitan
establecer cuáles son las causas de tan reiterativos casos de cáncer y las
actuaciones disciplinarias por negligencia médica [o negación]. La situación
transgrede las normas del derecho humanitario. Hacemos un llamado urgente
para que las organizaciones solidarias de Colombia y el Mundo, exijan al
Estado colombiano cese de forma inmediata la aplicación de este método de
tortura y a la vez tratamiento inhumano y degradante al interior de las cárceles,
procediendo a: 1. Atender oportunamente los casos de salud de todos los
presos políticos y sociales de Colombia; 2. Adelantar investigaciones penales y
disciplinarias serias, contra los altos funcionarios del Estado que por acción u
omisión son responsables de estos graves hechos; 3. Indagar las causas que
están provocando los reiterativos casos de cáncer en las cárceles colombianas,
a efectos de prevenir la ocurrencia nuevos hechos” [32].
9. Arroz con combustible, vidrios o materia fecal en la comida, y
alimentos descompuestos vulneran gravemente la salud
Las reiteradas denuncias por intoxicación alimentaria en diversos penales dan
cuenta del carácter continuo de este atentado contra la salud y la
vida. “Condiciones inhumanas, golpizas y tortura persisten en la prisión de alta
seguridad de La Tramacúa, en Colombia, aseguró Alliance for Global Justice.
Se priva a los presos de agua y la comida contiene materia fecal o está
podrida, según han constatado la Comisión para los Derechos Humanos de

13. Naciones Unidas y distintas ONG” [33]. El 16 de abril 2012 el CSPP denuncia:
“Nueva intoxicación masiva en Palogordo”, alertan los presos políticos:
“Los productos cárnicos han presentado avanzado estado de
descomposición, jugos agrios; esto ha aumentado el número de presos
intoxicados. Se suma además el hecho sucedido el 11 de abril cuando al
almuerzo se nos suministró un arroz con sabor y olor
a combustible (A.C.P.M.). El 14 de abril 2012 a raíz de un jugo, se presenta
una intoxicación general de presos, tocándonos hacer del cuerpo en las áreas
de ducha porque el número de sanitarios (4) no dan abasto. Existe un temor
latente para consumir los alimentos, pues volveríamos a recaer en otra
intoxicación. Mientras estas cosas suceden en las cárceles, el señor Ricaurte –
Director del INPEC- hace declaraciones en las que anuncia al país que a tres
presos de clase alta se les asignó cocinero personal y ‘lo que más les gusta es
la mazamorra chiquita’. Los oligarcas ladrones de cuello blanco gozan de estos
privilegios” [34].
Los presos emprenden masivas huelgas de hambre contra el envenenamiento:
“Los presos políticos y prisioneros de guerra confinados en Palo Gordo
Girón Santander, denunciamos que a partir del día 23 de abril 2012, nos hemos
declarado en huelga de hambre indefinida por la pésima atención de la
empresa prestadora del servicio de alimentación(…) Esta empresa viene
reiteradamente incumpliendo en la calidad y cantidad de los alimentos(…) Nos
suministra alimentos en estado de descomposición no aptos para el consumo
humano. Ocasionándonos serios problemas de salud como son intoxicaciones
masivas, diarreas, y demás problemas digestivos que a la vez nos han dejado
otros problemas de salud tales como ulceraciones e irritación del colon, un
40% de la población reclusa padece de esta enfermedad” [35].
Las ulceraciones e irritaciones del colon son factores de riesgo para el
cáncer. La Campaña Traspasa los Muros alerta: "Preocupan gravemente las
múltiples denuncias por problemas de salud relacionados con posibles

14. cánceres de estomago o demás partes del aparato digestivo de los prisioneros,
que en algunos casos ha ocasionado la muerte, como sucedió con el prisionero
político José Albeiro Manjarres, quien murió luego de que se le descubriera de
forma tardía un cáncer terminal de estómago. Que se conforme
una comisión (...) con el objeto de verificar los motivos por los cuales en la
Penitenciaria de Palogordo se presentan múltiples casos de enfermedades
cancerosas que afectan el aparato digestivo”[36].
Convertir la comida en un arma contra los presos es una tortura recurrente: el
26 de junio 2012, 20 presos deciden amarrarse a una altura de 20 metros del
suelo en la cárcel de Valledupar, denuncian: “Un día el INPEC nos da vidrio en
las comidas, como el 28 de mayo, que dejó a 5 presos heridos incluyendo a
Javier Moscote, quien fue hospitalizado por heridas ocasionadas al interior de
su cuerpo por los vidrios injeridos, y otro día no nos da comida”[37]. El CSPP
denuncia: “el suministro de agua se efectúa sólo dos veces al día por lapsos
inferiores a 20 minutos (…) los reclusos deben recoger el agua en recipientes y
transportarla, hay celdas en el quinto piso. Esto genera enfrentamientos (…) a
diario aproximadamente 60 detenidos de cada torre se quedan sin agua, lo que
constituye condiciones de vida cruel y degradante” [Ibíd.].
10. Suicidios
La cantidad de suicidios debido a las torturas es alarmante. Leandro Salcedo
se suicidó tras meses de tortura: “El régimen de crueldad y Tortura al que están
sometidos los reclusos, especialmente en la UTE (calabozos), los lleva a
atentar contra su propia vida, como Leandro” [38]. Jorge Russo fue empujado
al suicidio al negarle los medicamentos que le eran necesarios, además de
torturarlo reteniendo las encomiendas de su familia, y otras crueldades; cuando
se subió a las estructuras carcelarias: “uno de los guardias le lanzó una pipeta
de gas desde la terraza, también le lanzaban piedras y una lo golpeó
fuertemente en la cabeza” [39].

15. El traslado geográfico y alejamiento familiar es utilizado como forma de tortura
y vulnera los derechos de los presos y de sus familiares, ocasionando cuadros
dramáticos, como los suicidios: tal fue el caso, aparentemente, de Luis Carlos
Arroyave [40], que apareció colgado en una de las áreas de vigilancia de la
guardia; o de Jhon Jairo Garrido Barrios, encontrado sin vida el 1 de
septiembre 2011 en la Penitenciaria de Valledupar: la tortura a la que el INPEC
lo sometió, negándole -pese a órdenes judiciales- el acercamiento a su núcleo
familiar, lo empujó al suicidio. Manifiestan los prisioneros que no pudo soportar
más la tortura de estar lejos de su familia, situación que consideraba
como “muerte en vida”[41]. En enero 2012, se ahorca Frank Camilo Amado,
bajo “una política sistemática de represión y violencia por parte de la guardia,
generando todo tipo de torturas físicas y psicológicas, humillaciones y tratos
degradantes, fuertes palizas, choques o descargas eléctricas, gases en la
cara(…) Alguien debería indagar sobre las causas de que en menos de 6
meses ya existan 5 muertos”, denuncian los presos políticos de Girón en junio
2012 [42].
11. Palizas aunadas a negación de asistencia médica
Por palizas son asesinados los presos, como ocurrió con Ricardo Contreras -
uno de los casos conocidos-: molido a palos por la guardia y privado de
asistencia médica. Los presos desesperados entablan huelgas de hambre con
la esperanza de hacer cesar la tortura, algunos hasta se cosen la boca; pero
las torturas y la negación de asistencia médica siguen siendo un mecanismo de
agresión contra la vida de los presos. Jhon Leyner Delgado fue: “sometido a
aislamiento por negarse a firmar un documento donde se auto-culpara (…) Al
negarse a firmar, la golpiza propinada por la guardia le provocó múltiples
heridas. No ha sido atendido. Por haber sido sometido a tortura, ha iniciado una
huelga de hambre. Con el fin de exigir respeto a sus derechos fundamentales y
al derecho a la salud en particular”, denuncia el CSPP [43]. El 11 de julio
2012 muere Jair Benavidez Suárez “luego de tres meses de aislamiento
prolongado y fuertes golpizas del INPEC” [44].
12. Denuncias contra el INPEC y el Estado quedan en la impunidad

16. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado expresa: “La Defensoría del
Pueblo presentó el 14 de octubre (2011) una denuncia penal en contra del
General Ricaurte, director del Inpec, por presuntos actos de tortura. La tortura
en cárceles sigue siendo una práctica sistemática, que permanece en total
impunidad. Tal como lo indica la Coalición Colombiana Contra la Tortura, en su
Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Comité contra la Tortura
de Naciones Unidas, (…) entre el año 2010 y lo que va del 2011, la Defensoría
del Pueblo del Cesar reportó tan sólo en el establecimiento de alta seguridad
de Valledupar 220 quejas de internos contra funcionarios del Inpec, de las
cuales, 46 quejas son por maltrato físico, tratos crueles, inhumanos y
degradantes” [45].
Ampliar la solidaridad y denunciar internacionalmente es un imperativo
humanitario. Las denuncias que logran salir de las cárceles colombianas
quedan en la impunidad, y no son sino la punta del iceberg: “Ningún documento
escrito entra ni sale de las cárceles sin la censura previa” [46]. La impunidad
ampara a los torturadores, mientras que un comportamiento respetuoso de los
DDHH es castigado: cuando hay jueces que se niegan a avalar los montajes
judiciales del estado, éstos sufren asesinato o encarcelamiento político, como
el Juez Oscar Hurtado, detenido por negarse a legalizar capturas masivas y
detenciones arbitrarias [47].

17. Las madres de presos caminaron desnudas en mayo 2012: “En contra de la
tortura, la falta de agua, la no garantía del derecho a la salud, el traslado de los
internos a centros penitenciarios alejados de sus familias (…) Los familiares
sentimos como propios los sufrimientos que padecen nuestros seres queridos
en los centros de tortura llamados cárceles (…) El sistema jurídico colombiano
entrega sin ningún reparo a sus nacionales en extradición(…) Nos desnudamos
para ser escuchadas.”[48]
13. Alejamiento familiar para impedir denuncias y desarticular procesos
organizativos
No obstante su situación de vulnerabilidad extrema, los presos políticos siguen
trabajando en procesos organizativos de defensa de los derechos humanos. El
preso político Jairo Fuentes denuncia: “En las cárceles el derecho de expresión
es reprimido con medidas como el alejamiento familiar (…) quienes estamos
denunciando esta realidad oprobiosa somos trasladados a cárceles de máxima
seguridad, lejos de nuestras familias” [49]. La Campaña Traspasa los Muros
denuncia esta forma de tortura: “Uso de traslado y aislamiento como forma de
desarticulación organizativa (…) no se tiene en cuenta que la ubicación del
proceso judicial esté en el mismo sitio donde la persona está recluida. Este
hecho se da en el caso de las y los prisioneros políticos, por la gran cantidad
de traslados que sufren en aras de impedir que estos creen grupos de trabajo
dentro de los centros de reclusión y también como retaliaciones de sus
acciones de denuncia y desobediencia. Esta situación provoca una forma
adicional de pena que es el hecho de estar alejado del núcleo familiar”[50].
En Junio 2012 denuncian que corre peligro la vida del defensor de DDHH,
preso político y de guerra Marbel Zamora trasladado aunque: “una tutela le
concedió el derecho a la unidad familiar(…) destacado por su valioso trabajo en
el Movimiento Nacional Carcelario, que reivindica la rebaja del 20% de la pena
para todos los prisioneros, el traslado de los presos a sus sitios de origen
familiar y procesal, no a la extradición(…) Destacado en la resistencia frente a

18. las reiteradas violaciones de DDHH por parte del INPEC. Su traslado a la
cárcel de Valledupar pone en grave riesgo su vida(…) dicha cárcel se ha
caracterizado por su permanente tortura”[51].
14. Inmersión en patios paramilitares pone en riesgo la vida de los presos
políticos
El DIH preconiza la Clasificación de internos, pero: “los prisioneros políticos no
son separados debidamente de los presos vinculados al paramilitarismo,
convirtiéndolos en población vulnerable. La no separación pone en amenaza
constante su vida”[52],denuncia la campaña Traspasa los Muros. Los traslados
a patios con notoria mayoría paramilitar se usan como método de tortura contra
los presos políticos. En julio 2012 denuncian: “Los atropellos a la seguridad y la
vida de que fueron víctimas los presos políticos José Darío Arévalo Quintero,
Wilson Enrique Leva, José Antonio Mendoza, Álvaro Padilla Tarazón (…)
ordenando su traslado a otros patios(…) Solicitamos que sean reubicados
urgentemente donde nos encontramos la mayoría de los presos
políticos.” Arévalo Quintero expresa: “Temo por mi integridad física y por mi
vida, me encuentro entre internos procesados por paramilitarismo e integrantes
de la fuerza pública”[53]. En el marco de la huelga nacional de hambre de
marzo 2012: “el Prisionero Político Leonardo Chaux Hernández se declaró en
huelga de hambre para denunciar que era el único prisionero político en el patio
1B de La Dorada, y en exigencia de la visita humanitaria de la Comisión
Internacional de DDHH”[54], impedida por el estado colombiano.
El preso político de guerra Diomedes Meneses, víctima de tortura e intento de
homicidio por miembros del Gaula (ejército), aún impunes, fue puesto en un
patio con miembros del Gaula:

19. “Caí tras el disparo… luego me propinaron otro disparo en el abdomen (a
quemarropa). Luego me lanzaron una granada que me levantó 2 metros del
suelo. Después viendo que todavía estaba vivo me agarraron a patadas y
culatazos, me partieron esta pierna. Cuando la granada detonó me reventó por
dentro y me puso a vomitar sangre por la boca, por los oídos, por los poros,
pero a ellos no les importó, me siguieron golpeando(…) El Cabo Salazar sacó
un puñal y me chuzó todos los dedos. Luego me sacaron todas las uñas de los
dedos de los pies (…) Me pinchó el ojo izquierdo, lo perdí. Me
degolló (…) Estoy condenado a 22 años de cárcel por ‘rebelión’ y ‘tentativa de
homicidio’ pero no sé de qué tentativa se trata porque yo no les disparé, ni
llegué a usar el arma(…) Y están los 15 nombres de los que me torturaron a mi,
miembros activos del Gaula, entonces ¿por qué no han hecho justicia?(…) En
esta cárcel han tomado represalia política(…) Nos dieron a ‘escoger’ a los
presos políticos entre los calabozos y el patio paramilitar(…) Me roban, me
hacen caer de la hamaca, me golpean… Saben mis limitaciones físicas y que
soy un preso político, y aquí hay ejército, Gaula, paramilitares”[55].
15. Tortura contra presas políticas, chantaje con los hijos

20. Las presas políticas denuncian también torturas físicas, sicológicas, y conexas
a la negación de asistencia médica y la insalubridad. Hay casos en que las
torturas las vulneran de manera definitiva, como el de Marisela Uribe
García, detenida con más de 5 meses de embarazo de gemelos, que perdió
sus bebés por tortura [56]. Marisela fue denunciante de la mayor fosa común
del continente, hallada en Colombia con 2000 cadáveres de desaparecidos a
manos del ejército: situada detrás del Batallón militar de la Fuerza Omega[57].
A las presas políticas se les reducen las visitas de los hijos, obligando a estos a
sufrir situaciones dramáticas. Denuncian el chantaje como forma de tortura que
utiliza el INPEC, implicando a sus hijos. Las visitas o la reducción de pena son
impedidas como retaliación contra la organización política. Los niños están
expuestos a ser entregados a orfanatos, si no les queda un familiar que los
acoja. A las madres cabeza de hogar se les violan sus derechos a detención
domiciliaria, como en el caso de Liliany Obando, socióloga que pasó casi 4
años presa sin pruebas, durante los cuales le fueron negados sus derechos
constitucionales como madre cabeza de familia [58]. Liliany expresa:
“El terrorismo de estado que opera en Colombia o bien desaparece a su
opositor político, o lo asesina, o lo encarcela (…) Un 90% de las mujeres
privadas de la libertad somos madres, la mayoría madres cabeza de familia. Es
muy grave que una justicia vengativa ponga en la cárcel a las mujeres madres,
porque penaliza a los hijos. Estas niñas y niños van a quedar gravemente
dañados por la experiencia de tener a sus madres en prisión (…) Muchos de
ellos si no tienen un familiar que los cuide crecen en la institución del estado,
que es prácticamente otra cárcel, donde van a estar recluidos, y podrán
solamente visitar a sus madres una vez al mes, por unas pocas horas. Algunas
mujeres llegan a la cárcel en estado de gestación. Hasta la edad de 3 años
pueden tener a sus hijos (en algunas cárceles). Hay estudios que demuestran
que estos niños que han crecido en prisión sicológicamente tienen muchos

21. problemas… pero es la única opción para quien no tiene con quien dejar a sus
hijos (…) Estas condiciones son violatorias de los derechos de los niños” [59].
Las presas políticas sufren agresiones reiteradas, obligadas a convivir con
paramilitares:“exponiéndonos, y a nuestros visitantes, en nuestra seguridad.
Exigimos que se de cumplimiento a las leyes internacionales de clasificación de
internas por hecho punible y se nos separe de las detenidas de ‘Justicia y Paz’,
paramilitares (…)”[60]. También alertan: “No hay diagnósticos sobre
enfermedades crónicas o terminales, no se atienden los tratamientos post-
quirúrgicos o no se suministran los medicamentos. Situaciones tan graves
como las que denunciaron las prisioneras políticas del ERON Cúcuta: ‘hay
varias internas con ordenes de cirugías con 10 a 12 meses de anticipación y no
han sido atendidas’” [61].
16. Tratos degradantes y humillaciones de índole sexual
Las torturas y vejaciones reseñadas en este informe son apenas una ínfima
parte de la realidad, son la parte visible. Noticias Uno reportó la denuncia de
violaciones sexuales por parte de guardianes: “Una reclusa fue abusada por los
guardianes de la cárcel de Valledupar. Según denunció los guardianes estarían
abusando de otras reclusas. El INPEC ordenó una investigación, pero no la
trasladó a ella, de tal manera que sigue custodiada por los guardias
denunciados.‘Vienen a sacar a las mujeres y a tener relaciones sexuales, es un
abuso de autoridad’. Cuatro uniformados son investigados por inducir a las
detenidas a prostituirse. ‘Yo dije que era violación(…) después de eso siguió el
acoso, la burla y después denuncié otro intendente que se metió al cuarto
porque según él ya lo había hecho con otro guardián’” [62].
Los familiares visitantes sufren “abusivos manoseos en sus partes
intimas”[63], asimismo los presos políticos denuncian:“debemos soportar todo
tipo de humillaciones, tratos crueles, inhumanos y degradantes; sometidos a
vejámenes como ser requisados totalmente desnudos y obligados a realizar
genuflexiones (cuclillas) frente a los guardianes (…)Ese tipo de requisas, son
proscritas por la Corte Constitucional(…)” [64], pero la impunidad ampara la
continuidad de la tortura.
17. La tortura en Colombia: una lógica de estado

22. La tortura se inscribe en una lógica de estado, de dominación mediante el
miedo; no se trata de casos aislados: la impunidad que la encubre la perpetúa
a la par que evidencia su carácter de herramienta del terror. Hay una utilización
sistemática de la tortura, que conlleva incluso la muerte de presos políticos, y
llega hasta la desaparición forzada y homicidio contra los familiares.
El tema de la tortura implicando a familiares de presos políticos será
desarrollado en la parte VI de este dossier. Ante la impunidad que prolonga la
tortura, ante los sufrimientos indecibles, ante los homicidios de presos, se hace
urgente la solidaridad internacional. La exigencia del cese de la tortura y la
exigencia de la libertad para los miles de presos políticos son pasos
imprescindibles hacia una verdadera paz con justicia social.
La importancia de visibilizar estos crímenes de estado radica en tratar de
impedir que se sigan instaurando como mecanismo de terror contra la
reivindicación social. Estos mecanismos represivos son la matriz la guerra, su
finalidad es perpetuar el creciente despojo de las riquezas de Colombia y la
concentración de capital en pocas manos, en desmedro de una población cada
día más empobrecida.
NOTAS:
* Este texto es a la vez un texto autónomo y la Parte V del dossier Colombia y
sus miles de presos políticos silenciados, que abarca el contexto de intereses
económicos y la represión política correlativa, los montajes judiciales, las
condiciones de tortura a las que son sometidos los presos políticos, la
invisibilización del drama y lo que su existencia pone de manifiesto. Para

23. consultar las demás partes del Dossier, y para ver las notas completas, en caso
de no tenerlas aparentes en esta publicación:
www.azalearobles.blogspot.com
[1] “En Colombia existen 9.500 presos políticos” Informe Situación Carcelaria,
Traspasalosmuros, Fundación Lazos de Dignidad: “Según el INPEC, a 31
enero de 2012, la población privada de la libertad ascendía a 102.292,
hallándose 21.199 de estas personas: asociadas a los delitos de rebelión
(1.933), concierto para delinquir (8.629), terrorismo (679), actos de terrorismo
(54), secuestro (2.541), secuestro extorsivo (2.987), extorsión (4.326),
financiación a grupos terroristas (18), utilización de medios y métodos de
guerra ilícitos (30), traición a la patria (1) y espionaje (1). Teniendo en cuenta
que con la desnaturalización del delito político en Colombia es sistemático que
las y los prisioneros políticos sean juzgados por los delitos comunes
mencionados al tiempo que son asociados con organizaciones rebeldes,
conduce a pensar que en Colombia existen entre 9.500 y 21.199 prisioneras y
prisioneros políticos.” http://www.traspasalosmuros.net/node/727
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=140827&titular=la-situaci%F3n-
carcelaria:-%22en-colombia-existe-9.500-presos-pol%EDticos%22-
[2] Persecución contra la oposición política: ‘Secuestro Carcelario, montajes
judiciales, ‘cibercafés de la selva’ y persecución política allende las
fronteras’http://azalearobles.blogspot.com.es/2012/02/secuestro-carcelario-
montajes.html
[3] ‘Delito de rebelión’: “(…) Existencia del delito político que además está
reconocido por la legislación penal colombiana, la Constitución Nacional y los
tratados internacionales ratificados por el Estado colombiano. No entendemos
cómo los representantes del establecimiento pretenden desconocer la realidad
que vive el país y la legislación nacional e internacional que dicen
defender.” http://www.traspasalosmuros.net/node/748
Informe Perspectiva en Punto de Fuga: “Otra estrategia usada contra los
prisioneros políticos es juzgarlos por rebelión y agregarles los cargos de
terrorismo, narcotráfico y concierto para delinquir con fines terroristas con el
claro objetivo de quitarles el estatus político, facilitando incluso la extradición[el
Art. 35 de la Constitución impide extradición por delitos políticos]. Teniendo en
cuenta la agudización del conflicto social y armado, la práctica sistemática de
capturas masivas y arbitrarias, los diferentes obstáculos para mantener censos
actualizados, la estimación de que un 10% de la población reclusa corresponde
a personas privadas de la libertad por motivos políticos, la desnaturalización
del delito político y las estadísticas del INPEC donde se expone que 21.199
personas se encuentran recluidas por delitos que atentan contra la existencia y
seguridad del Estado (…)para enero 2012 la cifra de prisioneras y prisioneros
políticos oscila entre 10.229 y 21.199.”
http://issuu.com/traspasalosmuros/docs/traspasalosmuros
[4] Mayo 2012, informe ‘Desapariciones forzadas en Colombia’: “Situación
actual de la desaparición forzada, mostrando el continuo aumento de los casos
en el país, así como la persistencia de los patrones de persecución política y
control social que han motivado históricamente las desapariciones forzadas en

24. el país. (…) En Colombia las desapariciones forzadas han sido usadas
históricamente como un instrumento de persecución política y de control social
basado en el terror, perpetrado por agentes del Estado y por grupos
paramilitares que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se
benefician de la impunidad en la que permanecen los crímenes. Las
desapariciones se cometen con el doble objetivo de acallar una voz disidente y,
al mismo tiempo, enviar un mensaje claro y aleccionador al resto de la
población para que se abstenga de mantener cualquier tipo de actividad de
oposición o de cuestionar el orden político existente.”
http://www.rebelion.org/docs/150986.pdf
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