La campaña de desprestigio en los medios de comunicación contra activistas ambientales y defensores de derechos humanos en Perú se extiende a nuevas regiones. Miguel Santillana, que trabaja para la empresa minera Yanacocha, parece estar detrás de esta campaña para desacreditar a líderes como Lupo Canterac de Piura. Varios grupos internacionales han condenado esta campaña y expresado su solidaridad con los activistas.
1. 03 feb 2014. by editor, Servindi
Las tendenciosas y calumniosas informaciones en contra de activistas
ambientales de Piura y Cajamarca enrarece el clima de los derechos
humanos en un país que se jacta de respetarlos.
Servindi, 2 de febrero, 2014.- No es un caso aislado. Se trata de una
campaña orquestada para denigrar la imagen de dirigentes y
activistas sociales que la gran prensa pretende estigmatizar en un
nuevo delito imaginario: “defender la vida, el ambiente y los derechos
de las comunidades”.
No solo son los líderes que defienden el ambiente y los recursos de
los campesinos de Cajamarca frente al megaproyecto minero Conga.
La campaña ahora se extiende a Piura donde se calumnia a Lupo
Canterac.
Ante la incapacidad del Estado peruano para implementar procesos
de consulta previa en el ámbito minero y respetar los derechos
colectivos de las comunidades originarias los sectores empresariales
se han lanzado a desacreditar a quienes han elegido defender el
ambiente y los recursos naturales.
Miguel Santillana, un servidor de la empresa Yanacocha es la persona
encargada del trabajo sucio de enlodar honras ajenas y presentar casi
como delincuentes a líderes y promotores sociales que actuan en el
marco de la ley.
La Red Muqui -un colectivo de 27 instituciones que hace más de 10
años promueve el respeto a los derechos de las comunidades
afectadas por actividades mineras- denunció las calumnias
periodísticas contra Lupo Canterac, responsable de la Red Muqui
Norte.
2. Lupo Canterac es una persona reconocida en Piura por su honestidad,
integridad y apertura al diálogo. Coordina la Red Agua, Democracia y
Desarrollo (REDAD), una articulación que promueve la salida pacífica
frente a los conflictos socioambientales que involucran a comunidades
locales.
Medios de prensa han divulgado la presencia de Lupo Canterac como
“parte de un relazamiento de las fuerzas antiinversión y antimineras”.
Como si trata de un peligroso prontuariado un diario reportó que
“observadores locales informaron (…) que Lupo Canterac arribó a la
Comunidad Campesina de Locuto (…) donde se ha registrado
creciente agitación política y violencia en el marco de una campaña
ultra izquierdista para impedir proyectos de inversión en la zona”.
La Red Muqui denunció que las acusaciones que tienen como fuente
instigadora a Miguel Santillana, servidor de Yanacocha, “son parte de
toda una campaña lanzada por intereses económicos, que tiene
diversos
operadores para
deslegitimar
las actividades de
defensores/as e instituciones de derechos humanos y ambientales”.
Solidaridad internacional
La campaña mediática que pretende desacreditar a los activistas
sociales recibió una amplia condena de parte de una amplia red de
asociaciones democráticas, organizaciones sociales, sindicatos y
personalidades extranjeras que expresaron su indignación y
solidaridad.
Mediante un pronunciamiento público con fecha 31 de enero afirman
que la campaña de desprestigio lanzada en la prensa peruana
arremete contra organizaciones y personalidades conocidas por su
compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos
y ambientales.
La campaña también tiene como meta específica desacreditar a
quienes se oponen al proyecto minero “Conga” a quienes acusa de
recibir apoyo del extranjero y de oponerse al desarrollo en el Perú.
Piden al gobierno peruano desaprobar la “campaña de difamación
contra las organizaciones y personalidades reconocidas por su
defensa de los derechos democráticos en Francia, Europa, Perú y en
el mundo entero” que tiene al grupo mediático El Comercio, como su
principal vector.
El comunicado internacional coincide con la Red Muqui en que la
campaña es “iniciada por un asesor habitualmente al servicio de las
empresas mineras” en alusión indirecta a Miguel Santillana, servidor
de la empresa minera Yanacocha.
3. El pronunciamiento internacional menciona el contexto represivo que
se vive en el Perú con la promulgación de la Ley 30151 que garantiza
la impunidad de la policía y del ejército en casos de abuso y violencia
así como en la instalación de puestos policiales en las ciudades en
conflicto.
Finalmente, llama a las organizaciones democráticas que defienden
los derechos humanos y ambientales en Francia y Europa a que
renueven su solidaridad con el pueblo de Cajamarca y se unan a la
coordinadora que actualmente están conformado.
http://servindi.org/actualidad/100221