1. Presentan X Informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú
18 julio, 2012
Ejecución de trabajos en campamento minero
Dicho informe resalta el porcentaje de concesiones mineras en nuestro país, es
así que de junio del 2011 a junio del 2012, las concesiones han pasado de
24’057 405,52 (18.91% del territorio peruano) a 25’057 405, 52 (20,3%); un
incremento de más de un millón de hectáreas, confirmando lo que es un
secreto a voces: que el gobierno de Humala tiene previsto lograr una inversión
de 50 mil millones de dólares con la actividad minera, quintuplicando al
gobierno de García y sin una política de ordenamiento territorial que afectará a
los pueblos indígenas.
Cajamarca es la cuarta región con mayores concesiones mineras y, desde el
2007, el porcentaje del territorio concesionado aumentó en 12.5% y
actualmente el 48.0% de su territorio está concesionado. Apurímac es la región
donde las concesiones han crecido significativamente pues desde el 2007 han
aumentado en un 30.3% y en el 2012, las concesiones representan el 58.8%
del territorio.
Caso similar vive la región Junín donde las concesiones crecieron en 8.2%,
representando el 25.9% de su territorio; en el Cusco aumentó desde el 2007 en
9.6% y el 11.7% del territorio estaba concesionado.
El gobierno de Humala heredó 217 conflictos sociales del gobierno de García
que recibió del gobierno de Toledo 82 conflictos latentes y activos. A un año del
gobierno nacionalista, el número de conflictos es de 247, según la Defensoría
del Pueblo, lo que significa que este gobierno, en lugar de aplacar las dudas y
desconfianzas, ha generado más discrepancias.
El gobierno debe identificar cual es la agenda real de los conflictos, los
conflictos plantean que hay enormes retos de mediano y largo plazo, nuestro
país requiere cambios sustantivos y voluntad política, con ello se lograran las
reformas que se necesitan en materia ambiental.

2. Se critican las políticas de concesiones mineras; los estudios de impacto
ambiental; la ausencia de mecanismos de consulta y participación
ciudadana; la falta de fiscalización; entre otros aspectos.
18 de Julio de 2012.- Los conflictos son cada vez más intensos, polarizan el
país. Conflicto como el de Conga o Espinar provocan crisis políticas que se
traen abajo a todo un gabinete de ministros o precipitan la salida de un sector
de la bancada oficialista del Congreso de La República. Se critican las políticas
de concesiones mineras; los estudios de impacto ambiental; la ausencia de
mecanismos de consulta y participación ciudadana; la falta de fiscalización;
entre otros aspectos.
Y es que las concesiones mineras han tenido un crecimiento significativo en las
cinco regiones analizadas. Cajamarca es el cuarto departamento con mayores
concesiones mineras hasta este año. Desde el 2007, el porcentaje del territorio
concesionado ha aumentado en un 12.5%. Actualmente, el 48.0% de su
territorio está concesionado. Apurímac es el departamento en el que las
concesiones han crecido significativamente. Desde el 2007, éstas han
aumentado en un 30.3%.Este año las concesiones representan el 58.8% del
territorio. En los últimos cinco años, las concesiones en la región Junín
aumentaron en 8.2%. En el 2007, las concesiones mineras fueron de 17.7% del
territorio. Al 2012, las concesiones representan el 25.9% En Cuzco, las
concesiones mineras han aumentado desde el 2007 en un 9.6%. El 2007, el
11.7% del territorio estaba concesionado, este año las concesiones
representan el 21.3%. Desde el 2007, las concesiones mineras en Piura han
aumentado en 14.8%. Hasta este año, el 31.4% de su territorio está
concesionado.
El incremento de concesiones mineras en las regiones no ha significado
bienestar para su población, pues en estos cinco departamentos han estallado
los conflictos socioambientales significativamente.
Cajamarca es uno de los ejemplos más representativos de la evolución de los
conflictos de los últimos años. De cómo se resuelva el conflicto en torno al
proyecto Conga va a marcar la pauta respecto a otros conflictos. ¿Qué es más
importante, el agua o el oro? El entonces candidato presidencial, Ollanta
Humala le decía a la población: ‘’¿Qué es más importante, el agua o el oro?,
porque ustedes no toman oro, no comen oro’’. Pero su discurso dio una vuelta
de 180 grados cuando una vez presidente, en noviembre del 2011, dijo: “El
proyecto minero Conga busca garantizar la generación de 10 mil puestos de
trabajo directos, el mayor porcentaje para la población local (…) Se puede
tener el oro y el agua a la vez’’.
El conflicto en Cajamarca tiene como antecedente el informe oficial del
Ministerio del Ambiente sobre el Estudio del Impacto Ambiental de Conga que
reconocía el impacto negativo que sufrirían las cabeceras de cuenca y la
depredación de los ecosistemas frágiles. Aquel informe firmado por el ex
ministro Ricardo Gieseckey fue desconocido meses después por su sucesor

3. Manuel Pulgar Vidal.
A comienzos de febrero de 2011, se realizó la Marcha Nacional por el Agua,
cientos de pobladores de Bambamarca y San Miguel llegaron a Lima. Peritos
internacionales presentaron documentos con observaciones realizadas del EIA
de Conga. Los expertos afirmaron que no pueden declarar viable o inviable el
proyecto, ya que es el gobierno quien debe decidir. Por su parte, el presidente
Humala aseguró que el proyecto minero Conga será realizado en Cajamarca,
pero especificó una serie de requisitos que la empresa Yanacocha, entre ellos
el cumplimiento de las exigencias sociales y ambientales que derivan del
informe de los peritos y la ampliación de la capacidad de almacenamiento de
los reservorios. Ante la decisión del presidente, Cajamarca extendió un paro
regional que inició el 31 de mayo en oposición a la instalación del proyecto
Conga. Los enfrentamientos con la policía hasta la fecha, han dejado decenas
de pobladores heridos, otros tantos detenidos. Hualgayoc, Celendín y
Contumazá fueron declarados en emergencia. Las calles se militarizaron y,
hasta la fecha, los abusos de las fuerzas del orden cobraron cinco víctimas
mortales, uno de ellos era menor de edad.
En casi veinte años desde que llegó Minera Yanacocha a Cajamarca, la ciudad
se triplicó en extensión, población y parque automotor, se construyeron ocho
universidades privadas, grandes tiendas por departamentos y supermercados.
En contraposición a este “progreso”, el 40% del valle ha desaparecido, hay
racionamiento de agua y cada día crece la prostitución y la delincuencia. La
minera tomó el nombre de Yanacocha como la primera laguna que desapareció
en 1993. Ahora la población está luchando por proteger otras cuatro lagunas
amenazadas: Perol, Azul, Chica y Mala.
En Cusco, el 21,3% del departamento está concesionado a la minería. La
relación entre la población de la provincia de Espinar y la minera Xstrata
Tintaya, se tornó tensa desde el 2011 cuando el municipio provincial presenta
una denuncia contra Xstrata por delitos ambientales. En mayo del 2012, se
empieza un paro ante las preocupaciones ambientales y el riesgo a la salud de
la población por la actividad de Xstrata Tintaya. Un estudio de riesgos a la
salud por exposición a metales pesados en la provincia de Espinar arrojó que
había 28 personas contaminadas con mercurio, 24 con arsénico y 10 con
valores de cadmio por encima del valor referencial. La publicación del informe
del Ministerio de Salud hecha por la congresista nacionalista Verónika
Mendoza provocó su deslegitimación por parte del gobierno y la renuncia de
esta a la bancada.
Junín es una región en el que un caso como el de la empresa Doe Run Perú ha
dejado en evidencia la incapacidad del Estado para fiscalizar y sancionar a una
empresa que ha vulnerado sistemáticamente los derechos de la población.
Aunque el gobierno de Humala ha sentado su oposición al retorno de DPR
como operador del Complejo Metalúrgico de La Oroya, los procesos judiciales
siguen siendo complicados y no existe claridad sobre el futuro del complejo y la
ciudad de La Oroya. El complejo ha seguido un proceso de liquidación en
marcha. Se nombró a la empresa Right Business como administradora y
encargada de ejecutar el convenio de liquidación. Sin embargo, si una nueva

4. empresa asume la administración del complejo metalúrgico y la mina Cobriza,
¿qué sucederá con las obligaciones del PAMA incumplidas por DRP? El
compromiso que deberá exigirse al nuevo dueño es la ejecución de un plan que
considere la modernización del complejo metalúrgico y el control del 100% de
las emisiones fugitivas que por más de una década convirtió a la ciudad de La
Oroya en una de las diez más contaminadas del planeta.
El 31,4% del territorio de Piura está concesionado. Sin embargo, el
departamento sigue siendo una zona de resistencia a la implementación del
proyecto Rio Blanco por una serie de cuestionamientos legales, ambientales y
sociales. Durante el primer semestre del año 2012 se produjo el estallido de
varios conflictos socioambientales.
Las comunidades y la población de las provincias de Ayabaca y Huancabamba,
en la sierra de Piura, están preocupadas por el futuro. Cuando el actual
presidente Ollanta Humala era candidato se pronunció en contra del proyecto
minero Rio Blanco de la empresa Rio Blanco Copper. Se comprometió incluso
a proteger los páramos y bosques de neblina y respetar la voluntad popular. A
la luz de lo que viene ocurriendo en Cajamarca, se duda mucho de la palabra
empeñada.
El anuncio del reinicio de las operaciones del proyecto minero Rio Blanco
generó nuevos enfrentamientos provocados por personas vinculadas a la
empresa minera en Huancabamba. Por otro lado, la empresa parece continuar
con el mismo comportamiento de años anteriores que provocó la agudización
del conflicto.
Piura tiene antecedentes del brutal proceder de las fuerzas del orden, véase el
caso Majaz en 2005, sin embargo, se han logrado avances importantes como
la creación de oficinas para la promoción de los derechos de los pueblos
indígenas. Se ha formalizado las denuncias contra catorce miembros de la
Policía Nacional (entre ellos dos coroneles) por las torturas y otras vejaciones a
que fueron sometidos dirigentes sociales y comuneros detenidos ilegalmente
en el campamento de la empresa Minera Majaz en 2005.
Apurímac es el departamento con más concesiones mineras. El 58,8% de su
territorio está concesionado. En setiembre del 2011, Se firmó la transferencia
oficial del megaproyecto Las Bambas, la suiza Xstrata formalizó su intención de
explotar el proyecto minero. Sin embargo, la Federación de Comunidades de
Chalhuahuacho inició un paro indefinido el viernes 13 de mayo de 2011. El
reclamo de los pobladores se centró en el hecho que las empresas mineras
Xstrata y Antares no han generado los puestos de trabajo ofrecidos y además
se denuncia que vienen contratando mano de obra que no es de Cotabambas
ni de la región. Un segundo punto de reclamo fue el encarecimiento del costo
de vida en la zona desde la llegada de la minería aumentado entre un 80% y
90%. El 8 de marzo de este año, centenares de mineros artesanales llegados
de diferentes provincias de Apurímac, marcharon por las calles de Abancay,
exigiendo que se anulen los decretos legislativos Nº1100, 1101 y 1102, que
regulan la minería ilegal. El primer ministro, Óscar Valdés, reveló que el
objetivo detrás de las protestas antimineras simultáneas en Espinar y

5. Cajamarca es la paralización del proyecto minero Las Bambas, en Apurímac.
El gobierno del presidente Ollanta Humala ha seguido con las mismas técnicas
de represión, criminalización, persecución a los dirigentes sociales,
ambientalistas, comuneros y hasta a autoridades locales y regionales, Además
del manejo militar de los conflictos: declaratoria de estados de emergencia,
militarización de las calles, y abusos de las fuerzas del orden que ya han
provocado la muerte de 15 personas en protestas sociales en el país, la mitad
de ellas se han producido en los últimos dos meses, entre Cusco (Espinar) y
Cajamarca (Celendín y Bambamarca).
Son aproximadamente 110 las personas denunciadas en marco del conflicto
Conga, entre ellos se encuentra el presidente del gobierno regional de
Cajamarca, Gregorio Santos y el ex sacerdote, Marco Arana, quien fue
apresado brutalmente por la policía en la plaza de Cajamarca.
Ante este escenario, el Observatorio de Conflictos Mineros plantea como
agenda ambiental pendiente: implementar una política de prevención y
transformación de conflictos que evite situaciones de extrema polarización y
que privilegie el diálogo. El Ministerio de Energía y Minas no puede seguir
siendo la autoridad encargada de promover la inversión en el sector minero y, a
la vez, determinar la viabilidad ambiental de los proyectos de inversión. Esta
competencia debe ser transferida al Ministerio del Ambiente, como parte de un
proceso que consolide una gestión ambiental que sea transectorial.
Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son insuficientes y han quedado
desfasados, pues sólo permiten medir los impactos proyecto por proyecto.
¿Qué pasa cuando en una misma zona, cuenca o distrito, se piensa desarrollar
dos o tres proyectos a gran escala?
Es imprescindible contar con una política y una ley de Ordenamiento Territorial
que regule el uso, la ocupación, la transformación del territorio y que propicie
su uso sostenible. Se hace necesaria la implementación de políticas de
protección de cabeceras de cuenca y de zonas productoras de agua, una de
las principales demandas de las poblaciones en las zonas de influencia de la
actividad minera.
Cabe señalar que el Observatorio de Conflictos Mineros del Perú está
integrado por tres organizaciones: CooperAcción, Grufides y Fedepaz, que
desde hace cinco años viene trabajando en las zonas donde se han registrado
fuertes tensiones entre la población y el Estado. Así, entre los conflictos más
emblemáticos que monitorea el Observatorio están: Cajamarca (proyecto
Conga); en la provincia cusqueña de Espinar, los cuestionamientos a la minera
Xstrata Tintaya; y en Junín, debido al incumplimiento de sus compromisos
ambientales de la empresa Doe RunPerú.