El documento resume un informe de la ONG Global Witness que documentó 908 asesinatos de activistas ambientales entre 2002 y 2013 en 35 países. La mayoría de las víctimas eran indígenas, campesinos o minorías que se oponían a proyectos de minería, agricultura o tala ilegal. Sin embargo, solo se han juzgado a 10 personas por estos crímenes, lo que demuestra una alta impunidad. El documento también describe algunos casos específicos de asesinatos de activistas ambientales y la amenaza creciente que enfrent

1. Las 908 muertes de Chico Mendes
Publicado el Martes, 01 Julio 2014. Escrito por ESPACIOOIKOS
Fuente:OCMAL
Ambientalistas: ¿héroes o mártires? Casi mil activistas ambientales
fueron asesinados en todo el mundo en la década que fue de 2002 a
2013, según una investigación de Global Witness que la propia ONG
reconoce incompleta. Víctimas y culpables son siempre los mismos:
ambientalistas, aborígenes, campesinos, grandes corporaciones,
latifundios, gobiernos. Pero las condenas no llegan al 1% de los
casos. Nadie hace nada.
Legado hippie si se quiere, hoy la defensa del medio ambiente es una
lucha políticamente correcta, de tinte progresista, y floridas
connotaciones. Pero sobre todo sangrienta.
A principios de diciembre de 1988, Chico Mendes, el ahora mítico
defensor de la floresta amazónica, todavía estaba vivo pero allí
avisaba su inmediata muerte en una entrevista para el Jornal do
Brasil. Y más: daba el nombre de sus asesinos, “los hermanos Alves”.
Nadie hizo nada, y pocos días después, el 22 de diciembre, los
hermanos Alves mataban a Chico Mendes de un escopetazo en pleno
pecho y en su propia casa.
Se repite: nadie hizo nada. Y 25 años después, la ONG Global
Witness denunciaba que ya en la primera década del siglo XXI había
sido asesinado más de un activista ambiental por semana; aunque
rápido reconocía carecer de datos exactos en muchos países, y que
“esto sólo sería la punta del iceberg”.
El informe fue publicado el reciente mayo, y concluido el último
diciembre, en el 25º aniversario del asesinato de Chico Mendes. Se
titula Deadly Environment (Ambiente mortal), y está elaborado,
apenas, en base a los casos que pudieron confirmarse. Abarca la
década entre 2002 y 2013, y registra el asesinato de 908 activistas
ambientales. Sí, casi mil, casi la misma exacta cantidad, en el mismo

2. período, de periodistas asesinados según el Comité de Protección
para Periodistas: 913.
Pero la muerte de ambientalistas, parece, no vale lo mismo. Hasta
ahora, según alerta Global Witness, sólo fueron juzgados,
condenados y penados por esos 908 homicidios 10 culpables: “La
falta de atención que reciben los crímenes contra el medio ambiente
y contra los defensores de la tierra está alimentando una impunidad a
nivel endémico, como demuestra el hecho de que sólo se ha podido
constatar la condena de poco más del 1% de los autores de esos
crímenes”.
Y asegura Oliver Courtney, portavoz de la ONG: “Existen pocos
síntomas más contundentes y claros de la crisis ambiental mundial
que el dramático aumento en el asesinato de personas que defienden
los derechos sobre la tierra o el medio ambiente. Sin embargo, este
problema que tan rápido se agrava está pasando prácticamente
inadvertido, y en la gran mayoría de los casos los responsables se
salen con la suya”.
No, ya no se trata de los hippies y sus flores. Se trata de una lucha
feroz y desigual. De un lado, parapetados en el poder, los grandes
hacendados y las grandes corporaciones del agronegocio y la minería,
con sus ejércitos y sus sicarios, su logística y su impunidad. Y del otro
lado, solos contra todos, seres anónimos y desarmados que acaso
defienden un río, un arroyo, una floresta... y que mueren como si
nada.
La punta y el iceberg. Los 908 homicidios constatados por Global
Witness, relacionados con la defensa de la tierra o el medio ambiente,
surgen de informes obtenidos en 35 países.
En el primer año de la investigación, 2002, fueron 52 los asesinatos.
Para 2012, la cifra se había triplicado: 147 muertes.
A partir de 2008, el promedio de homicidios pasó de uno y medio por
semana, a dos por semana.
Al menos 661 de los asesinatos constatados, más de dos tercios,
responden a conflictos por la propiedad, el control, y el uso de la
tierra.
El 80% de los asesinatos sucedió en America latina.
El 50%, en Brasil, que lidera la lista con 448 muertes sobre las 908.
Le siguen Honduras con 109, Filipinas con 67, Perú con 58. Pero,
insisten sus autores, esto sólo sería la punta. El iceberg podría ser
inmenso.

3. Porque los números recogidos en el Brasil, Honduras o Filipinas no
sugieren, necesariamente, un mayor índice de violencia en esos
países, sino, acaso, una mayor o mejor información.
En tal sentido, Asia y África son regiones ganadas por la niebla.
Países como China, Myanmar, Nigeria, la República Democrática del
Congo, la República Centroafricana o Zimbawe resultan todavía
inescrutables, o casi.
“En Asia, desde hace algunos años hubo un notable aumento de
conflictos y muertes por asuntos relacionados con el medio ambiente
o la tierra; pero hasta hace poco todo eso estaba fuera del radar de
las organizaciones no gubernamentales internacionales”, dijo
Pokpong Lawansiri, director para Asia de la organización Front Line
Defenders, con sede en Dublín. Y apunta: “Los defensores de los
derechos políticos, por lo general, tienen nexos internacionales, pero
los ambientalistas son a menudo profesores, líderes comunitarios,
aborígenes o campesinos de muy bajo perfil”.
Ahí uno de los motivos de tanta muerte: son fáciles. Y molestos.
“Durante muchos años, hasta los gobiernos más duros toleraron a los
ambientalistas –opina Bill Kovarik, investigador del tema y profesor
de la Universidad de Radford en Virginia–, hasta que un día los
ambientalistas cruzaron al campo de la política, acabaron
convirtiéndose en una peligrosa forma de activismo, y eso es
relativamente nuevo”.
Pero el iceberg sería mucho más grande porque no sólo de muerte
viven los asesinos. La taza creciente de homicidios revelaría debajo
un mayor nivel de violencia no mortal: intimidaciones, detenciones,
vejaciones, torturas.
“Las muertes nada más son la cara mensurable de otras formas de
violencia que van desde las amenazas a las persecuciones, y por
supuesto la criminalización de los reclamos. Hemos observado un
incremento en el número de arrestos y procesos contra manifestantes
ambientales”, dice Margaret Sekaggya, relatora especial de las
Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. “La mayoría de las
víctimas pertenece a poblaciones indígenas, campesinos y minorías;
muchas veces más vulnerables aún porque viven en regiones remotas
con poca presencia física del Estado.”
Bajo la punta de la muerte, el iceberg no para de crecer.
“Es muy chocante, es cierto, pero a mí no me sorprende”, decía por
entonces Navi Pillay, Alto Comisionado de las Naciones Unidos para
los Derechos Humanos: “Son los mismos problemas verificados por
mi comisión en lo referente a reivindicaciones de tierras aborígenes
en varios países”.

4. Ya en junio de 2012, en ocasión del encuentro Río+20, en Río de
Janeiro, Global Witness había anticipado un informe titulado Hidden
Crisis (Crisis encubierta), en el cual advertía sobre el aumento
progresivo de muertes y otras violencias contra activistas
ambientales. Entonces los homicidios iban por 711. El informe
envejeció apenas nacido. El día que terminó el encuentro, allí mismo,
en Río de Janeiro, desaparecían dos activistas que aparecerían
muertos; y un mes después otros 18 habían sido asesinados en siete
países distintos.
Números apenas, estadísticas, cifras bañadas en sangre. Seres
humanos que tenían una vida, afectos. Incluso un nombre.
Balas y veneno. Almir Nogueira de Amorim y Joao Luiz Telles se
llamaban los dos activistas secuestrados el día que terminó ese
encuentro de Río+20 en 2012 en Brasil.
Joao y Almir eran pescadores y representaban a otros pescadores que
defendían sus derechos contra la expansión de las petroleras y la
contaminación de las aguas en la bahía de Guanabara. Joao apareció
con las manos y los pies atados y golpes por todo el cuerpo. Almir
amarrado a su propio bote, bajo el agua, perforado por los disparos.
Aún no hay culpables.
Poco meses después y más lejos, en Filipinas, el 19 de octubre de
2012, la indígena Juvy Capion y sus dos hijos de 8 y 13 años eran
acribillados por un grupo de hombres que según varios testigos
pertenecían al 27º Batallón de Infantería del Ejército de Filipinas. La
mujer luchaba contra un megaproyecto de extracción de cobre que
amenazaba secar las aguas de Mindannao, su pueblo en el sur. La
Justicia desestimó todos los testimonios y cerró el caso sin culpables.
Ese mismo octubre, pero en Camboya, un policía militar –relacionado
con una empresa maderera local–, ejecutaba a quemarropa a Chutt
Wutty, fundador del Grupo de Protección de Recursos Naturales,
organización dedicada a monitorear, tan luego, la explotación ilegal
de madera. A poco de iniciado el proceso, el principal acusado murió
de muerte natural y la Justicia desestimó el caso. No hay culpables.
Un año antes, de vuelta en Brasil, el 24 de mayo de 2011, en el
estado de Pará, nordeste del Amazonas, mataban a José Claudio
Ribeiro da Silva, más conocido como Zé Claudio, y a su esposa María
do Espírito Santo da Silva. Hombres encapuchados los emboscaron y
ejecutaron. Como prueba del servicio, a José Claudio Ribeiro le
arrancaron una oreja. El matrimonio era miembro del Conselho
Nacional de Populaçoes Extrativistas, una ONG fundada por Chico
Mendes, y que allí, en Pará, se dedicaba a la extracción sustentable
de nueces, frutos y caucho, mientras enfrentaba la explotación ilegal
de madera.

5. “Yo vivo con un arma apuntando a mi cabeza. Denuncio a los
madereros, y ellos piensan que no debo vivir”, decía Zé Claudio en
una conferencia internacional en Manaos, en noviembre de 2010. Seis
meses después era asesinado. Chico Mendes seguía muriendo.
El mismo año, y en el mismo mayo, pero en la República Democrática
del Congo, sesenta militares y policías invadían la aldea de los
Yalisica en Bosanga. Destruyeron sus chozas, violaron mujeres y
niños, golpearon a sus pobladores y, en el desmadre, mataron a uno
de ellos. Se llamaba Frédéric Moloma Tuka. Uno de los vehículos de
los invasores pertenecía al Danzer Group, una empresa alemana con
sede en Suiza, que explota en el Congo el negocio de las maderas
duras.
Ese mismo 2011, y otra vez en Brasil, pero ahora en Mato Grosso do
Sul, un grupo de indios de la etnia guaraní kaiowá era atacada por
pistoleros armados. Allí mataron al cacique Nissio Gomes. Nissio y los
suyos defendían sus derechos sobre la reserva Tekolá Guaviry, cuyos
ancestros ocupan desde hace siglos. Le dispararon en la cabeza, el
cuerpo y los brazos, pero su cadáver desapareció para siempre. La
investigación avanzó en base a la confesión de dos arrepentidos que
habían participado de la batida. Veintitrés personas están siendo
juzgadas. Pero aún no hay culpables.
Hace pocas semanas, el 7 de mayo, en Honduras –segundo país en
muertes según Global Witness–, la Alianza Campesina de Honduras
iniciaba una fuerte campaña de presión en pos de la Ley de Reforma
Agraria Integral con Equidad de Género. Ese mismo día, un grupo de
hombres armados acribillaba a José Omar García Toro, presidente del
grupo de campesinos Agua de Vida y afiliado a la Unión Campesina e
Indígena de Honduras. La instrucción del crimen recién comienza.
Quizás alguna vez haya un culpable.
Lo mismo para el caso de Rigoberto López Hernández, asesinado
cuatro días antes, el último 3 de mayo, también en Honduras, en el
municipio de Santa Bárbara, donde Rigoberto era el portavoz de un
grupo creciente de campesinos que defendía la vida de una montaña
que les daba agua y comida, y que un inconsulto proyecto minero ha
comenzado a secar. Este proceso también recién comienza, y quizás
también un día...
De momento, y sin quizás, el informe de Global Witness envejece así
de rápido, y su lista de muertos debe ser actualizada cada semana.
Más rápido incluso.
Un operativo estándar. Global Witness es una organización británica,
pero en su informe reconoce: “Hay una sabida paradoja: muchos de
los países más pobres del mundo son la fuente de los recursos que
impulsan la economía mundial. Ahora bien, a medida que se

6. intensifica la carrera para asegurar el acceso a estos recursos, la
gente pobre y los activistas se encuentran cada vez más en la línea
de fuego”.
Porque, en el fondo, el móvil de todas esos crímenes es la codicia a
gran escala.
Síntoma o causa, el número de ambientalistas asesinados crece en
paralelo a la especulación y el acaparamiento de grandes extensiones
de tierra por parte de sociedades anónimas, fondos de inversión y
mercados financieros.
Entre 2001 y 2009, según el Banco Mundial, las inversiones en tierras
agrícolas se cuadruplicaron. África recibió la mayor parte, a cambio
de unas 56 millones de hectáreas. Segunda quedó Asia, con 17
millones; y por último, con 7 millones de hectáreas vendidas,
América latina.
En la mayoría de los casos los objetivos son el monocultivo, la
construcción de represas, la extracción minera o el turismo. Las
consecuencias suelen ser la destrucción de la naturaleza y de las
pequeñas comunidades locales, o su equivalente en destierros
forzados.
El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales estima que apenas
el 20% de los bosques originales del mundo se conservan intactos; y
que apenas en las últimas dos décadas, el 25% de los suelos ya fue
degradado. Lejos de amilanarse, todo indica que en los próximos
años el acaparamiento de grandes extensiones de tierras y bosques
seguirá en aumento. Sobre todo allí donde la ley y el orden lo
favorecen con su precariedad.
Phil Robertson, subdirector de Human Rights Watch en Asia, explica:
“Es muy fácil hacer que alguien sea asesinado en muchos de estos
países. Decapitar al líder del movimiento, y luego comprar a todos los
demás suele ser un procedimiento operativo estándar”.
Si en África se registran menos muertes de activistas ambientales,
quizás no se deba sólo a la falta de información o al escaso
conocimiento de los derechos entre las víctimas, sino también a que
los gobiernos suelen ser propietarios de las tierras y los bosques,
apartando así de la contienda a las poblaciones rurales más pobres.
Mientras que en Asia los bosques, por ejemplo, son administrados por
el Estado en un 66%, y en América latina en un 33%; en África la
proporción alcanza el 98%.
Pero más allá del África, desde Perú a Camboya, los acuerdos entre
gobiernos y grandes corporaciones que se reparten las tierras y los
recursos suelen prescindir de la opinión de las comunidades locales

7. que viven en esas tierras. Y de esos recursos. Entonces, se suceden
las protestas, los desalojos traumáticos, la violencia y las muertes.
Brasil, Camboya, Colombia, Indonesia, Perú y Filipinas son los países
donde resultan más frecuentes los crímenes cometidos por
uniformados que actúan por cuenta de intereses privados, o
directamente en nombre de los gobiernos. En Filipinas, donde la
“desaparición involuntaria” es considerada delito desde hace muy
poco tiempo, ninguno de los 67 crímenes registrados ameritó siquiera
un juicio.
Global Witness no alcanza a contar los muertos, pero sí puede
“afirmar con una fuerte convicción que estamos ante una situación
mundial dramática que se agrava, y que los gobiernos de varios
países, las empresas y la comunidad internacional, tienen la
obligación de tomar medidas específicas para poner fin a la violencia,
la intimidación y el asesinato contra personas que deberíamos
celebrar como héroes”. Pero que son mártires.
El caso Brasil. Acaso las dimensiones continentales de su población y
su territorio, podrían explicar en buena medida por qué Brasil ocupa
el primer lugar en la lista letal de Global Witness con el 50% de los
homicidios: 448 sobre 908 constatados. Pero quizás ocuparía el
mismo lugar si territorio y población se redujeran a su cuenca
amazónica y los incontables tesoros de su biodiversidad; conjunto de
maravillas, y de tragedias.
Incluso quizá bastarían nada más que sus árboles: en 2012, la
deforestación del Amazonas causó el 68% de los asesinatos de
ambientalistas en la región.
El doctor Clifford Welch, profesor de Historia Contemporánea de
Brasil en la Universidad de California, considera muy lógica la
masacre: “El modelo actual de utilización de la tierra prioriza la
producción de insumos básicos y las grandes propiedades rurales, en
tanto desvaloriza la naturaleza, el medio ambiente y las fuentes de
agua. Y así, por carácter transitivo, desvaloriza a los seres humanos
que viven en y de esos lugares”.
Frontera y fusión de las luchas por los derechos de las poblaciones
aborígenes y los derechos ambientales, el Amazonas concentra todas
las pujas. Pero allí, el procedimiento también es estándar. Después
de los crímenes, el hostigamiento y/o los destierros forzados, llegan
las grandes madereras y entonces la deforestación abre paso a los
ganaderos y los sojeros.
En los últimos años, y pese a todos los esfuerzos oficiales y no para
reducir la explotación forestal en la región, la deforestación
amazónica aumentó. Sólo en 2013 creció un 28%.

8. El 61% de ese total se dio en dos de los estados de mayor violencia
contra activistas: el 41% en Pará, y el 20% en Mato Grosso do Sul.
No sorprende tampoco advertir que en Mato Grosso do Sul, por
ejemplo, la estructura económica del Estado depende casi en su
totalidad de los intereses agrícolas, y por lo tanto también su clase
política. Frente a todos ellos, las comunidades aborígenes que habitan
desde siempre la región casi no pesan, por no decir no importan. La
mitad de los activistas asesinados en Brasil durante 2012 cayeron allí.
Así como otros 250 ambientalistas aborígenes muertos entre 2003 y
2010, muchos de los cuales no entraron en la lista de Global Witness.
A pesar del incuestionable crecimiento y las mejoras sociales
ostentadas por el Brasil en los últimos años –y debido en buena
medida a las exportaciones agrícolas–, todavía amplios sectores de la
población siguen en la pobreza, y el mayor volumen de alimentos que
consumen es producido en pequeñas y medianas explotaciones. Lo
cual genera un inmediato conflicto entre los agricultores de
subsistencia y las comunidades indígenas, con los grandes latifundios
multinacionales. Y la guerra es a muerte.
En abril de 2013, una comisión de galardonados con el Right
Livelijood –suerte de Nobel alternativo entregado por el Parlamento
sueco– viajó hasta la Amazonía brasileña en apoyo de comunidades
amenazadas y en reclamo de justicia. Entre ellos estaba el argentino
Raúl Montenegro, presidente de la Funam (Fundación para la Defensa
del Ambiente) de Córdoba. A su regreso, contaba: “Grupos armados
llegaron a mantener sitiada una comunidad entera bajo una lluvia
nocturna de disparos y bombas de estruendo en el campamento del
MST (Movimiento Sin Tierra) Frei Henri de Roisiers, en Pará”. Y más:
“También encontramos que empresas, como el grupo Santa Bárbara,
aplican plaguicidas por vía aérea, y que ese veneno llega con total
impunidad a los niños y a todos los pobladores de las comunidades
campesinas, sin control del Estado y sin que haya estudios
epidemiológicos ni ambientales”. Y peor: “La situación es
verdaderamente dramática en el campamento del MST Helenira
Resende. Los nuevos métodos para amedrentar y ahuyentar
campesinos ahora combinan balas y venenos”.
La delegación denunció, además, que al menos cuatro militantes del
MST se encuentran en la mira de los grandes terratenientes, quienes
habrían ofrecido más de 38.000 euros por la cabeza de cada uno de
ellos. Preferentemente muertos.
El profesor Clifford Welch dice que “en los últimos años es posible
trazar un mapa de esas muertes a partir del aumento en la
producción de agrocombustibles. Sobre todo en la región centro-
oeste, donde la densidad de indígenas es mayor y las corporaciones
del agronegocio manejan las estructuras políticas y jurídicas”.

9. El 6 de agosto de 2013 aparecía muerto y torturado en Río de Janeiro
el biólogo español Gonzalo Alonso Hernández, justamente en una
cascada del Parque Cunahmbebe, que él mismo defendía de
cazadores furtivos y pirómanos pagos por los ganaderos del lugar.
Amazonas o no, indios o no, lo que importa es la tierra. Gente sobra.
Nada que hacer. En diciembre de este año, representantes de
gobiernos de todo el mundo se reunirán para las próximas
conferencias sobre el clima en la ciudad de Lima, Perú. No se prevén
medidas urgentes. Por el contrario, se espera una vez más
discusiones sobre las variadas, posibles e hipotéticas formas de
salvar el planeta. "En cuanto al asesinato y la intimidación de los
ciudadanos comunes que defienden realmente el medio ambiente y la
Tierra –advierte en su informe Global Witness–, continuarán siendo
ignorados."
En una de sus reflexiones públicas más célebres, Chico Mendes decía:
“Al principio creí que luchaba para salvar las serengueiras. Después
pensé que luchaba por salvar la Floresta Amazónica. Ahora sé que
lucho por salvar la humanidad”.
Esa lucha le costó la vida. Y nadie hizo nada. Y desde entonces, dos o
tres veces por semana, Chico vuelve a morir. Y nadie hace nada.