Ya sea luego de una revolución o un periodo represivo, de un conflicto armado o una dictadura, las sociedades que están embarcadas en el proceso de restablecer la justicia y el Estado de derecho deben asegurarse de que las mujeres no son meros testigos, sino que participan activamente a la hora de tomar decisiones para avanzar. En esos periodos cruciales es cuando el esclarecimiento de la verdad, las reformas institucionales, los programas de reparación y los procesos judiciales pueden servir para reconocer y terminar con la impunidad con respecto a las violaciones de derechos y abusos sufridos por mujeres y niñas.

1. La justicia transicional y los derechos de la mujer: cuatro
países a tener en cuenta
6/3/2014
Ya sea luego de una revolución o un periodo represivo, de un
conflicto armado o una dictadura, las sociedades que están
embarcadas en el proceso de restablecer la justicia y el Estado de
derecho deben asegurarse de que las mujeres no son meros testigos,
sino que participan activamente a la hora de tomar decisiones para
avanzar. En esos periodos cruciales es cuando el esclarecimiento de
la verdad, las reformas institucionales, los programas de reparación y
los procesos judiciales pueden servir para reconocer y terminar con la
impunidad con respecto a las violaciones de derechos y abusos
sufridos por mujeres y niñas.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, les invitamos a conocer
la situación de cuatro países que durante este año se situarán entre
nuestras prioridades en materia de justicia de género. Cada uno tiene
su propia historia, su propio contexto, y se enfrenta a un conjunto de
desafíos complejos y singulares. En todos ellos estamos colaborando
con otras organizaciones para que las iniciativas de justicia
transicional develen las pautas de abuso basadas en el género,
fomenten el acceso a la justicia e impulsen reformas coherentes y
concretas de la protección de los derechos de la mujer.
En estos países, y en cualquier otro del mundo, el ICTJ quiere
celebrar las iniciativas para garantizar la verdad, la justicia y el
Estado de derecho que están marcando una diferencia en la vida de
niñas y mujeres.

2. Kenia: depurando unas fuerzas de seguridad violentas
En 2007, cuando la violencia estalló en toda Kenia después de las
elecciones, la policía del país tuvo mucho que ver en ella. La
consiguiente pérdida de confianza que sufrió la población indujo a la
Comisión Nacional para el Servicio Policial a iniciar un proceso de
depuración nacional de los mandos para determinar cuáles eran aptos
para el servicio y destituir a los que no cumplieran requisitos de
carácter ético y otros relativos a su idoneidad y competencia.
Esta iniciativa, políticamente espinosa, es especialmente relevante
para las mujeres que quisieron denunciar su experiencia de la
violencia postelectoral en las comisarías: en lugar de recibir
protección y de poder denunciar los abusos sufridos, se toparon con
la indiferencia, la hostilidad, la burla y, en ocasiones, agresiones
sexuales cometidas por los propios agentes de la policía.
Durante este año, el ICTJ colaborará con la Comisión y con
asociaciones de mujeres con el fin de que el proceso de depuración
fomente el rendimiento de cuentas de la policía respecto a las malas
prácticas con las mujeres y también el de otros implicados en actos
de violencia sexual y de género. Incluir las voces de las mujeres en el
proceso de depuración puede servir para garantizar que la Comisión
se tome en serio las malas prácticas policiales con la población
femenina.

3. Ya es hora de que las fuerzas de seguridad de Kenia cuestionen la
cultura de impunidad que disfruta la policía, asegurando a las
kenianas que la labor de esta es protegerlas, no hacerles daño.
Colombia: procesando a los responsables de actos de violencia
sexual
A lo largo del conflicto armado colombiano, sucesivas generaciones
de mujeres y niñas han sufrido múltiples actos de violencia. El
reconocimiento por parte de las autoridades de crímenes como la
violación, la agresión sexual y otros abusos ha brillado por su
ausencia, y el sistema judicial prácticamente ha hecho como si no
existieran: por ejemplo, a pesar de que en 2008 se remitieron a la
Fiscalía General de la Nación 183 casos de violencia sexual, sus
víctimas –que en su mayoría sufren profundas secuelas físicas y
psicológicas- todavía no han recibido garantía alguna de que se les
hará justicia.
La indignación que en la sociedad colombiana han producido esos
retrasos y la atención de la comunidad internacional (incluida la Corte
Penal Internacional) están contribuyendo a promover un cambio y
acontecimientos recientes sugieren que cada vez hay más presión
para que se haga justicia a las víctimas de violencia sexual. Por
ejemplo, puede que pronto se apruebe un anteproyecto que,
modificando el Código Penal colombiano, reconozca el carácter
delictivo de ciertas manifestaciones de violencia sexual relacionadas
con los conflictos como son la desnudez, el aborto o el embarazo de

4. carácter forzoso. Por otra parte, el Procurador General de Colombia
ya está investigando más de 1.100 casos de violencia sexual
relacionados con el conflicto armado.
Mientras las conversaciones de paz continúan en La Habana y cuando
sigue habiendo muchas esperanzas de poder terminar con el conflicto
armado, el ICTJ está proporcionando conocimientos y asistencia
técnica a las autoridades para contribuir a que se rindan cuentas con
los actos de violencia sexual y los delitos de género.
Túnez: enfrentando la verdad sobre las experiencias de las
mujeres
Después del derrumbe de la dictadura de Ben Ali, Túnez se ha
propuesto esclarecer las violaciones de derechos humanos del
pasado. Gracias a la amplia Ley de Justicia Transicional aprobada
recientemente, ya está en marcha la formación de una comisión de la
ve
Es importante señalar que la ley incorpora criterios de género al
proceso de selección de los comisionados, exigiendo que ambos sexos
estén representados, por lo menos en un tercio de sus miembros.
Este requisito permite albergar muchas esperanzas sobre la
posibilidad de alcanzar paridad de género en dicho organismo.
Pero para asegurar la participación de las mujeres en la misma no
será suficiente con limitarse a cumplir con un mero porcentaje de sus
integrantes: aunque en los organismos de otros países la presencia
de comisionadas ha servido para proporcionar un entorno propicio a

5. las víctimas y a las mujeres que prestaban testimonio, también es
esencial que la comisión cuente en su equipo con expertas en género
con competencias reales y un auténtico apoyo institucional.
En este momento crítico para Túnez, el ICTJ colabora con
asociaciones de defensa de los derechos de la mujer y de víctimas de
abusos para conseguir que la comisión incorpore a sus trabajos a las
mujeres. El ICTJ y esas organizaciones pueden hacer un seguimiento
de la labor de la comisión en materia de género, contribuyendo con
su ayuda a que se las experiencias de las mujeres se reflejen
adecuadamente en sus conclusiones.
Nepal: proporcionando el apoyo necesario a las mujeres
Durante el conflicto armado registrado en Nepal, las mujeres
sufrieron torturas, abusos y actos de violencia sexual. En 2006, al
final de ese conflicto, un acuerdo de paz contemplaba la necesidad de
tomar ciertas medidas para intentar afrontar el legado de los abusos
cometidos durante la guerra.
Hasta el momento, las iniciativas del Gobierno sólo se han dirigido a
crear un programa humanitario que ofrezca ayuda monetaria y
material a las familias de los desaparecidos forzados o asesinados, y
a quienes, a consecuencia del conflicto, han quedado discapacitados o
han sufrido lesiones.
Las víctimas de violencia sexual necesitan urgentemente el apoyo
psicológico que pueda proporcionar el IRP (programa de ayuda
transitoria); sin embargo estas víctimas, a pesar de que continúan

6. sufriendo secuelas mentales y físicas, no tienen derecho a recibir esas
prestaciones fundamentales.
En el año que empieza se presentan varias oportunidades para
fomentar el debate sobre las reparaciones para las víctimas. Esto es
esencial, pero también lo es que esas reparaciones respondan a las
especificidades de género de los abusos, que de ninguna manera se
limitan a violaciones y otras formas de violencia sexual.
El ICTJ está colaborando con asociaciones de víctimas y de la
sociedad civil para defender que puedan acceder a las prestaciones
aquellas víctimas a las que se les ha negado un apoyo y unos
servicios esenciales, entre ellas las que han sufrido violencia sexual.
En un próximo estudio sobre la transición nepalí prestaremos mucha
atención a la influencia del factor de género en las repercusiones del
conflicto, sobre todo en relación con los programas de reparación. A
través de ese informe y de otras iniciativas seguiremos trabajando
con organizaciones para insistir en la necesidad de que al trauma
sufrido por las nepalíes se le den respuestas más inteligentes y
fundamentadas.
Lea más sobre el programa de justicia de género del ICTJ.
FOTOS: Por orden de aparición: Miembros de la asociación de
mujeres Asmum durante una manifestación en Putumayo, Colombia,
para exigir verdad y memoria para las mujeres víctimas del conflicto
armado. (Camilo Aldana Sanín/ICTJ); Una mujer mirando hacia una
caseta electoral antes de votar en las elecciones nacionales en Ilbissil,
Kenia, en marzo de 2013 (Riccardo Gangale/AP Photo); Una mujer
miembro de la asociación Asmum se prepara para una manifestación
en Putumayo, Colombia, para reclamar verdad y memoria para las
mujeres víctimas del conflicto armado (Camilo Aldana Sanín/ICTJ);
Una mujer tunecina envuelta en la bandera nacional en el cementerio
de El Jallez para asistir al funeral del líder opositor asesinado Chokri
Belaid en Túnez, febrero de 2013 (Amine Landoulsi/AP Photo);
Mujeres nepalíes claman eslóganes fuera de la residencia del primer
ministros Baburam Bhattarai durante una manifestación en
Katmandú, Nepal, en enero de 2013 (Niranjan Shrestha/AP Photo).