El documento discute cómo el gobierno electrónico permite que los países en desarrollo adopten rápidamente las nuevas tecnologías y salten etapas en el proceso de modernización de la infraestructura, evitando los problemas encontrados por países más desarrollados. También describe cómo el gobierno electrónico da a la sociedad civil un nuevo rol como participante en el proceso de administración pública, ejerciendo presión para una mayor eficiencia y prestación de servicios.