Libro; Conflictos por el Agua en Chile

Conflictos por el
Agua en Chile
Entre los Derechos Humanos y las Reglas del Mercado
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Conflictos por el
Agua en Chile

Editores:
Sara Larraín - Pamela Poo, Programa Chile Sustentable

Autores:
Harris Castro, Unión Comunal Juntas de Vecinos de San Pedro Melipilla
Luis Carvajal, Comité de Defensa de los Derechos Ancestrales de Chusmiza y Usmagama
Katerina Kliwadenko, Programa Chile Sustentable - Manuel Cortés, Presidente de Chadenatur, Chañaral
Jorge Godoy, Coordinadora por la Defensa del Agua y el Medioambiente, Copiapó
Marcela Mella, y Jack Stern, Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo - Cristian Villarroel, Programa Chile Sustentable
María Rojas, Asociación de Agua Potable Rural de San Pedro El Yali, Melipilla
Sandra Silva, Unión Comunal Centros de Madres y Talleres de San Pedro, Melipilla - Teresa Armijo, SODEM, Melipilla
Karla Ferreira, Programa radial Tierra Alerta, Coquimbo - Virginia McRostie, Comité de Defensa del Río Achibueno
Rosa María Lama, Organización Ciudadana para la Protección de la Cordillera de Ñuble
Antonio Belmar, Agrupación Ciudadana Pro-Defensa del Corredor Biológico Nevados de Chillán
Claudia Sepúlveda, Acción por los Cisnes-Valdivia - Pablo Villarroel, Universidad Austral de Chile-Valdivia
Patricio Segura, Coalición Aysén Reserva de Vida, Consejo de Defensa de la Patagonia

Colaboradores:
Víctor Palape, presidente Comunidad Aymará de Quillagua - Hernando Silva, Observatorio Ciudadano. Temuco
Helmuth Huerta, Programa Chile Sustentable - Lorenzo Soto, abogado casos Cipreses y Puyehue
Cristina Farías, Organización Ciudadana Ambiental de Salamanca - José Luis Vargas, Observatorio Ciudadano, Temuco
Milca Ulloa, Comité de Defensa Valle de Chuchiñi, Choapa Antonio Mamani, Comunidad de Cancosa, Iquique.

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Conflictos por el Agua en Chile: Entre los derechos humanos y las reglas del mercado

Conflictos por el
Agua en Chile

I.S.B.N.: 978-956-7889-426
Registro de Propiedad Intelectual Nº190994
Primera Edición Marzo 2010
Se imprimieron 1000 ejemplares

Edición:
Sara Larraín y Pamela Poo - Chile Sustentable
Diseño de Portada y Diagramación:
Emiliano Méndez
Fotografías:
Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo, Acción por los Cisnes
Fotografías de Portada:
Consejo de Defensa de la Patagonia
Impresión:
Gráfica Andes

ESTA PUBLICACION HA SIDO POSIBLE GRACIAS A LA COLABORACION DE LA EMBAJADA DE HOLANDA Y DE LA FUNDACION HEINRICH BÖLL.

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Índice

Prólogo ....................................................................................................................................................... 7
Introducción ........................................................................................................................................... 15

ZONA NORTE
1.1 Pozos de extracción de Agua en el Parque Nacional Chungará. ........................................................ 55
1.2 BHP Billiton amenaza la Laguna y Pampa Lagunilla. ......................................................................... 64
1.3 Expansión de SOQUIMICH con proyecto “Pampa Hermosa” amenaza el Salar de Llamara. ........... 76
1.4 Pica y Matilla, extracción de agua por Minera COLLAHUASI. .......................................................... 85
1.5 Chusmiza y Usmagama, usurpación y recuperación de aguas ancestrales. ........................................ 98
1.6 CODELCO y SOQUIMICH agotan y contaminan el agua del oasis de Quillagua. ........................... 107
1.7 Pampa Colorada: intento de mayor extracción de agua por Minera ESCONDIDA. ......................... 119
1.8 Andes Cooper Company y CODELCO destruyen el Río Salado y la Bahía de Chañaral. ................. 128
1.9 Pascua Lama: BARRICK destruye glaciares y usurpa territorios ancestrales. ..................................... 140
1.10 Copiapó: Seco por indiscriminado otorgamiento de derechos de aguas. ......................................... 159
1.11 Contaminación del Río Choapa por Minera LOS PELAMBRES. ........................................................ 171
1.12 Agotamiento del las reservas de agua en el Acuífero El Culebrón. IV Región de Coquimbo. ........... 182
1.13 Tranque el Mauro de Minera LOS PELAMBRES destruye los derechos de Agua de Caimanes. ........ 192

ZONA CENTRO
2.1 AES GENER amenaza el riego del Valle del Maipo y el agua potable de Santiago. .......................... 208
2.2 HYDROWAC. Derechos de Agua y voracidad energética amenazan
Santuario y uso comunitario del Estero San José. ............................................................................. 223
2.3 Agroindustria agota derechos de Agua de San Pedro de Melipilla. .................................................. 233
2.4 PACIFIC HYDRO interviene ríos en la Reserva Nacional Río Cipreses. ........................................... 242
2.5 Altos del Achibueno: Sitio Prioritario amenazado por CENTINELA Ltda. ......................................... 253
2.6 Contaminación tóxica de CELCO Licancel en el Río Mataquito. ..................................................... 264

ZONA SUR
3.1 HIDROCHILE amenaza al corredor biológico nevados de Chillán y al Río Diguillín. ..................... 276
3.2 Mercado de Aguas permite a SN-POWER entrar a territorio indígena y represar
los ríos Llancahue, Quilaleufu, Reyehueico, Carranco, Rañintuleufu, Lizán y Changli. .................. 285
3.3 Central Maqueo de SN POWER pretende intervenir 8 ríos en
territorio indígena del Lago Maihue. ................................................................................................ 297
3.4 COLBUN construye polémica Central San Pedro en la Región de los Ríos. ..................................... 305
3.5 Desastre ecológico de CELCO en el Santuario Río Cruces:
trizadura institucional y retroceso democrático. .............................................................................. 318
3.6 Código de Aguas y tráfico de influencias de HIDROAUSTRAL
invaden Parque Nacional Puyehue. ................................................................................................. 339
3.7 HIDROAYSÉN y ENERGÍA AUSTRAL quieren represar la Patagonia para
convertirla en la gran pila de Chile. ................................................................................................. 349

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Prólogo

SIN AGUA NO HAY VIDA

RP. Luís Infanti, Obispo de Aysén
Autor de la Carta Pastoral “Dadnos hoy el agua de cada día”

Siempre es grato mirar mapas de Chile, en donde los expertos ubican nuestros pueblos,
caminos y ciudades, con sus ríos, cerros, valles y lagos. En los mapas los humanos nos
ubicamos e identificamos.

Este libro ”Conflictos por el Agua en Chile: entre los derechos humanos y las reglas del
Mercado” nos presenta un mapa especial: la relación que tenemos las personas con el
agua. Esta relación, que debería ser beneficiosa para todos, en los últimos años se ha
convertido en sufrimiento y conflicto. La tierra se agrieta, los pueblos gritan. De norte a sur,
un dolor profundo y creciente invade Chile: ¡nos falta agua!

Las empresas mineras y forestales usan abundante agua para sus faenas, contaminándola
gravemente. Las empresas hidroeléctricas acaparan agua, la usan para producir energía,
degradando los ecosistemas. Las embotelladoras lucran con el agua.

La agricultura, sin agua, reduce su producción y provoca escasez de alimentos y
desertificación. Poblados que tradicionalmente tenían abundancia de agua, hoy son
abastecidos con camiones aljibe. En Chile, uno puede ser dueño de la tierra, pero no del
agua que pasa por su tierra. Las leyes vigentes, favorecen la apropiación y comercialización
del agua; como resultado de ello algunos se enriquecen, a costa del bien común de todos.
Los pobres, con menor poder adquisitivo, no sólo son marginados de la toma de decisiones
políticas y sociales, sino también del acceso a los bienes para su vida y sustento. El agua es
un elemento emblemático de esta inequidad social, obligando a muchas comunidades a
la escasez o al uso de agua contaminada, con consecuencia de muerte o graves
enfermedades.

Sin agua no hay vida. La sabia naturaleza nos entrega agua en abundancia para todos. La
tierra y el agua, dones de Dios se regalan a todos los seres vivientes (personas, animales,
plantas) para vivir dignamente. Pero las leyes, favorecen la apropiación de este bien por
unos pocos (frecuentemente monopolios empresariales), y marginan a importantes sectores
sociales de acceder a ella. Así, el sistema político - económico se torna injusto, y ética y
moralmente inhumano, dando origen a crecientes conflictos entre poderosos y marginados.
Tú, ¿de qué lado estás?

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Si Dios es el dueño de la creación, y la regala para que todas sus creaturas tengan vida
abundante, ¿quiénes somos nosotros para privar a otros de este bien esencial para la vida? El
actual sistema económico consumista depreda y destruye cada vez más la naturaleza, y
deteriora la calidad de vida de las personas. Los crecientes conflictos por el agua a lo largo de
Chile que presenta este valioso libro, hacen prever un peligroso quiebre de la paz social.

Urge cada vez más, una mayor austeridad y moderación en el uso del agua, de los demás
componentes de la naturaleza y de la energía. Pero por sobre todo, se hace indispensable
mayor participación social en las decisiones sobre los bienes comunes, para que prevalezcan
opciones éticas por sobre las económicas, especialmente en el acceso y uso de las aguas.
Qué será más importante: ¿qué todos tengamos acceso al agua para nuestras necesidades
básicas, o privilegiar el agua para los negocios y el enriquecimiento de unos pocos?

En Chile es urgente una mayor conciencia sobre los graves conflictos por el agua, para que
cada comunidad y cada persona exija ser respetada en sus derechos y deberes; para que la
equidad y solidaridad se concreten en mayor justicia legal, social, cultural y política. Esta
conciencia y amor a nuestra tierra y nuestro pueblo es lo que permitirá asegurar paz y
dignidad hoy y para las futuras generaciones que vengan a esta sagrada tierra, obra de la
creación.

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EL AGUA ES UN BIEN COMÚN

Maude Barlow, Presidenta Council of Canadians
Autora de “Oro Azul“ y “Convenio Azul“

Quiero dar una especial bienvenida a este libro, “Conflictos por el Agua en Chile: entre los
derechos humanos y las reglas del mercado”, largamente esperado por muchos movimientos
sociales en el mundo.

La actual demanda de agua en todas las regiones de nuestro planeta está excediendo
dramáticamente la disponibilidad de recursos para responder a ella.

En la actualidad, la carencia de agua limpia es el principal desafío para los derechos humanos
en el mundo; el agua sucia o contaminada mata a más niños que el total de las víctimas del
SIDA, la malaria y la guerra. Y esta situación crítica esta empeorando. Por ello, el tema
sobre quién decide sobre el acceso y la distribución del agua, y bajo qué condiciones, se
ha transformado en uno de los temas más presentes y tensos en los debates sociales y
políticos de nuestro tiempo.

Por un lado, están el Banco Mundial, las grandes empresas privadas y algunos gobiernos
que creen que el agua no es diferente de la Coca Cola o unas zapatillas deportivas, y por
tanto puede ser privatizada y puesta en el mercado como cualquier mercancía o materia
prima; que se puede comprar y vender con fines de lucro. Por el otro lado, están los
movimientos por la justicia social y ambiental, que consideran el agua como parte del
patrimonio colectivo de la humanidad, un bien común y un derecho humano fundamental,
que debe ser protegido para los ecosistemas y las futuras generaciones.

Ningún gobierno ha ido tan lejos como Chile en la mercantilización del agua dentro de su
territorio. En una década, los servicios de agua potable fueron completamente privatizados,
convirtiéndose éste en un campo de operaciones del sector privado.

En el contexto del marco legal vigente, Chile efectúa remates de recursos hídricos en diversas
regiones del país, lo que permite a grandes compañías mineras extranjeras adjudicarse
valiosas fuentes de agua local, adquiriendo derechos de propiedad privada sobre ellas. El
negocio del agua embotellada también se está expandiendo.

El “experimento” chileno del mercado de aguas se ha utilizado como un modelo en otros
países, donde actores privados quieren instar una vía similar. Este libro es un aporte muy
importante al debate, ya que muestra la verdadera historia de la privatización del agua en
Chile, y su negativo impacto sobre las personas, los trabajadores y las comunidades locales.

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Sin embargo, actualmente se perfilan posibilidades de cambio. Chile se unió en 2009 a un
puñado de países en el Foro Mundial del Agua en Estambul, firmando una declaración
independiente que señala que el agua es un derecho humano y no una mercancía. Al
mismo tiempo, el gobierno de Bachelet ha enviado al Congreso un proyecto de reforma
constitucional para entregar el estatus de “bien nacional de uso público” a las aguas y
glaciares, lo que permitirá la suspensión de derechos privados sobre las aguas y establecer
reservas para que los ríos más sobreexplotados sigan funcionando.

El agua debe ser declarada como bien común y ser protegida en todas partes del mundo, si
queremos compartir el don de la vida que nos otorga equitativamente a todos los seres
vivientes. El contenido de este libro permite entender los problemas de fondo del sistema
legal de mercado del agua en Chile, y por tanto ilumina sobre los cambios urgentes que se
requieren hacer a dicho modelo. También nos ayuda a prevenir que un sistema tan
inequitativo e insustentable se implemente en otras partes del mundo. Por estas razones
los invito a leerlo.

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ESCASEZ DE AGUA: CRISIS ECOLOGICA

Gaspar Quintana J., CMF., Obispo de Copiapó

El agua, su importancia, acceso, cantidad y calidad en el planeta se encuentra en una
situación crítica de escasez y contaminación casi apocalípticas. La preocupación que
expresan los gobiernos, la comunidad científica, las ONGs, los campesinos, las comunidades
locales y los lideres ciudadanos en muchos países, y también en Chile, dan prueba de ello.
Al respecto la Iglesia, a través de las palabras del Papa Benedicto XVI, durante la Jornada
Mundial de la Paz de 2010, ha propuesto el siguiente lema: “si quieres promover la paz
protege la creación“.

Este lema cobra vital importancia frente a los problemas por el agua que se analizan en
este valioso libro “Conflictos por el agua en Chile: entre las reglas del mercado y los derechos
humanos”, donde comunidades a lo largo del territorio nacional narran las historias de sus
aguas y territorios, desde su cultura y sus zozobras. Dichos testimonios me llevan a subrayar
algunos llamados del Papa con carácter de urgencia:

1. La tarea de una paz cósmica es resultado de una real armonía entre Dios, la humanidad
y la creación. La degradación ambiental viene de “una crisis interior” de la creación, que
interpela al hombre a quien Dios le ha dado el mandato de “guardar y cultivar la tierra”
(Gen 2, 15).

2.Testigos de “una crisis ecológica,” hemos de movilizarnos ante problemas como la escasez
de agua, el cambio climático, la desertificación, la degradación o pérdida de productividad
de vastas áreas agrícolas, la contaminación de ríos o acuíferos subterráneos, la pérdida
de la biodiversidad, etc. Todo esto afecta al ejercicio de los derechos humanos como el
de la vida, de la alimentación, de la salud, del verdadero desarrollo. Por esto es urgente
reaccionar a tiempo.

3.Corresponde cultivar una visión, no reduccionista o materialista de la naturaleza o del
hombre, asumiendo frente a la integridad y desarrollo del mundo, el nobilísimo gesto de
ser responsables colaboradores de la obra de Dios y de la sociedad.

4.El concepto del desarrollo, de la economía y de sus fines, necesita una revisión a fondo.
Esto lleva a corregir las disfunciones o distorsiones que originan tanto daño a la vida
realmente humana. No es exagerado admitir lo que afirma Benedicto XVI: “toda decisión
económica tiene una consecuencia de carácter moral.”

5.Un punto clave es la coherencia con el destino universal de los bienes. El uso responsable
del ambiente y del agua por ejemplo, es un compromiso de todos, gobernantes y
gobernados, de la gente de hoy y del mañana para que el planeta sea en verdad “una
digna casa para todos”.

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También los Obispos de America Latina y El Caribe, en Aparecida (Brasil 2007), y los de
Chile nos han invitado a “suscitar la responsabilidad ecológica y ética promoviendo una
pastoral del medio ambiente inspirada en una auténtica ecología natural y humana, abierta
a la trascendencia y fundada en el evangelio de la justicia, la solidaridad y el destino
universal de los bienes.” Ellos mismos sacan una conclusión: “un cuidado especial merece
el recurso del agua, que empieza a ser escaso, convirtiéndose posiblemente -en el mediano
plazo- en fuente de serios conflictos humanos en el mundo.” (Orientaciones Pastorales
2008-2012, n. 85.9)

Leer este libro que tienes en tus manos te ayudará a conocer la difícil realidad chilena de
nuestra “Hermana Agua”, y ello sin duda nos hará más sensatos.

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PURI, EL AGUA, ES LA SANGRE DE LA TIERRA

Julio Ramos, Tajniri de Atacama
Presidente Consejo del Pueblo Lickanantay

Los conflictos por el agua en el norte de Chile se han convertido en una constante histórica
de nuestra relación con la institucionalidad y los grandes consorcios mineros. Nuestros
territorios en la región de Antofagasta, están definidos como la capital minera de Chile y
esta denominación ha significado para nosotros, habitantes del desierto y descendientes
de la cultura ancestral Lickanantay, la destrucción de nuestros espacios naturales y territorios,
la migración forzada, la negación cultural, y finalmente la inequidad frente a nuestras
alternativas para alcanzar un desarrollo justo. Por lo mismo hemos puesto en
cuestionamiento el modelo establecido que se nos ha impuesto, el cual ha sido pensado y
aplicado con una visión sesgada considerando solo la extracción de recursos y el lucro
económico como lo relevante para el desarrollo.

La vida en su amplio concepto, merece cuestionar las planificaciones que no han
considerado a esta como un componente imprescindible en una visión holística de un
desarrollo sustentable.

Puri, el agua, para nosotros es la sangre de la Tierra que entrega la vida, y permite que esta
fluya, se mantenga y se proyecte.

Nos aferramos a nuestra forma de ver, sentir y vivir en equilibrio con nuestra Paacha.
Sabemos que no debemos dominar y explotar a nuestra madre tierra sino convivir con ella,
amarla y respetarla. Este es un llamado desde nuestro corazón a la humanidad. Esta es una
invitación a humanizarse. Estamos consientes de que en estos tiempos predomina el afán
de enriquecimiento acelerado, pero sabemos que debemos detener la maquina que destruye
y buscar nuevas formas de desarrollo que sean sostenibles. Lo planteamos, no como una
visión romántica de la vida, sino con la certeza de un Pueblo que ha habitado desde hace
12.000 años en este territorio hoy en disputa y con la fuerza para defender la tierra que
recibimos de nuestros padres, y que heredamos a nuestras hijas e hijos que vendrán.

Estamos conscientes de que no solamente nosotros somos víctimas de este sistema, sino de
que este afecta a toda la humanidad; por ello mismo celebramos la realización y publicación
de este libro, que ilustra con casos concretos los desencuentros entre el Estado y nuestros
pueblos, y la imposición de los intereses del mercado por sobre los derechos humanos y
colectivos de nuestros pueblos. Esta historia actual de nuestros conflictos por el agua nos
facilitara la búsqueda de nuevas formas de entendimiento, que consideren nuestro
conocimiento y sabiduría ancestral para demostrar que las decisiones sobre el futuro deben
ser asumidas hoy, en el presente, y tomando la experiencia de nuestro pasado.

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Íntroducción

AGUA, DERECHOS HUMANOS Y REGLAS DE
MERCADO1
Sara Larraín, Programa Chile Sustentable

El Agua es el elemento más esencial en el planeta Tierra. Sin agua no hay vida humana,
animal, ni vegetal. Por ello en la mayoría de los pueblos y culturas el agua es origen y
fundamento de la vida. Por esta misma razón, el acceso a este bien es considerado en
muchas culturas y naciones como un derecho humano fundamental.

Sin embargo, el agua es un recurso mundialmente escaso y se distribuye de manera desigual.
El 70% de la superficie del planeta Tierra es agua y el 30% restante corresponde a los
continentes. Del total de agua existente en el planeta, el 97% corresponde a agua salada y
solo 3% a agua dulce; pero sólo el 1% de ella está disponible para los ecosistemas y el
consumo humano y animal. El 2% restante está congelado en los glaciares y en los Polos.

El agua constituye el elemento articulador de todos los sistemas vivos del planeta, además
de ser un recurso natural, único, finito e indispensable para todo organismo viviente. También
es un elemento fundamental para el cultivo de alimentos y para gran parte de las actividades
económicas y productivas del hombre.

En nuestro planeta actualmente existen problemas de disponibilidad y calidad de aguas, ya
que el 20% de la población mundial carece del agua necesaria para una vida sana y segura
y se espera que al año 2025 la carencia de agua afecte a 30% de la población mundial,
debido al aumento de la población y a consecuencia del Cambio Climático. Actualmente
además, 5 millones de personas mueren al año por enfermedades asociadas a aguas
contaminadas; 2.500 millones de personas no cuentan con saneamiento y los procesos de
privatización no han mejorado la situación.

Estas cifras muestran como el agua se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso
a nivel mundial, especialmente en zonas áridas y en aquellas regiones donde la degradación
del ambiente ha interrumpido su almacenamiento natural. Dos son los factores que afectan
la disponibilidad y calidad del agua dulce en el planeta: el aumento de la actividad humana
y la contaminación.

1
Esta introducción, recoge la información de las publicaciones: “Agua: Dónde está y de quién es”, Programa
Chile Sustentable, 2003; y “Recursos Hídricos en Chile: Desafíos para la Sustentabilidad” Progrrama Chile
Sustentable, 2004, y de los diversos proyectos de Ley y reformas constitucionales sobre los recursos hídricos
entre los años 1996 y 2010.

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Chile es un de los países privilegiados en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos
superficiales a nivel mundial, y cuenta con una de las mayores reservas de este recurso en
Campos de Hielo Norte y Sur, en la zona austral. Sin embargo, el agua está irregularmente
distribuida a nivel nacional, debido a la diversidad geográfica y climática del territorio.
Mientras la zona norte del país es muy árida, con una disponibilidad de recursos hídricos
menor a 500 metros cúbicos por habitante al año (m3/habitante/año), en la zona sur existe
gran abundancia, alcanzando en algunas regiones niveles de disponibilidad hídrica que
superan los 160.000 m3/habitante/año.

Las regulaciones para el acceso y la gestión del agua en Chile, están determinadas por el
Código de Aguas de 1981, dictado por el régimen militar de la época, el cual posee “un
fuerte sesgo pro mercado; lo que permitió privatizar la propiedad del agua y por primera
vez en la historia de Chile, separar el agua del dominio de la tierra para permitir su libre
compra y venta”2, transformándola en una mera mercancía.

Los actuales conflictos de acceso al agua en el país están estructuralmente vinculados a la
aplicación del modelo de gestión establecido en dicho Código, el cual centra los criterios
de asignación de las aguas en criterios de oferta y demanda, poniendo a los recursos hídricos
bajo fuerte presión, especialmente en las zonas donde estos son más escasos. El sistema de
“libre competencia” entre los diferentes usos del agua, ha tenido como consecuencia la
concentración de la propiedad sobre ellas en el sector eléctrico, minero y exportador,
considerados ‘motores’ del desarrollo nacional, en perjuicio del acceso al recurso para la
mayoría de la población.

Este desigual ejercicio de derechos favorecido por el Código de Aguas de 1981, faculto
una gestión del agua según las reglas de la propiedad privada, resguardadas
constitucionalmente por la Constitución de 1980.

La escasez de agua en la zona norte del país, y las inapropiadas regulaciones sobre el
acceso y propiedad de las aguas, han confrontado en las ultimas décadas, a las comunidades
locales indígenas y campesinas con las empresas mineras, cuyas explotaciones y faenas se
concentran en esas áridas regiones. De no solucionarse estos conflictos en los próximos
años, cuando se prevé mayor precio del cobre y por tanto mayor expansión minera;
ciertamente se agravaran los impactos que hoy afectan a Tarapacá, Antofagasta y Atacama,
impactando también a las comunidades indígenas que habitan por milenios en esas frágiles
regiones; e impidiendo el desarrollo de actividades locales en base a las áreas protegidas y
los notables valores paisajísticos del área.

En la misma lógica, el incremento en la explotación de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos en el centro del país, por empresas mineras, hidroeléctricas y agroindustriales,
ha provocado la degradación de las cuencas hídricas más importantes, generando una
creciente tensión entre las actividades mineras y la agricultura; y entre el turismo y los

2
Programa Chile Sustentable “Disponibilidad y Uso Sustentable del agua en Chile” pp218 del libro” Por un Chile
Sustentable: propuesta ciudadana para el cambio”, Santiago, Chile 1999.

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proyectos hidroeléctricos. También se ha provocado un desabastecimiento de agua potable
en los poblados rurales, lo que afecta a las comunidades campesinas, muchas de las cuales
deben ser abastecidas por camiones aljibe en épocas de verano y periodos de sequía.

Finalmente, la concentración de la propiedad de las aguas en manos de empresas
hidroeléctricas en la zona sur, y la contaminación de las mismas por las plantas de fabricación
de celulosa, ha generado graves conflictos entre las generadoras eléctricas y las comunidades
mapuche en los territorios cordilleranos; y entre las empresas forestales y las comunidades
urbanas y costeras, las cuales han resultado gravemente afectadas por eventos catastróficos
de contaminación de las aguas, y dañado actividades económicas locales como el turismo
, la pesca y los cultivos marinos.

El aspecto mas critico en el Código de Aguas de 1981, es que define el agua como “un bien
nacional de uso publico”, pero al mismo tiempo como” un bien económico”, autorizando
la privatización del agua a través de la concesión de derechos en forma gratuita y a
perpetuidad, no fijando límites a dicha concesión. Bajo este régimen, la Dirección General
de Aguas, órgano del Estado a cargo de la gestión del agua, concedió a los privados los
derechos de aprovechamiento, sin que se contemplara pago alguno de patentes por su
adjudicación y uso del recurso, aun cuando el agua solicitada no se utilizara3.

De acuerdo al Código de Aguas, una vez entregados los derechos de agua a los privados
que la solicitan, el Estado ya no vuelve a intervenir, y la reasignación de estos recursos se
hace a través de lo que se ha llamado el “mercado de aguas”, donde el propietario privado
de derechos de agua, los puede arrendar, comprar y vender como cualquier bien inmueble.
Este mecanismo de transacción de derechos de agua entre privados, favorecio una extrema
concentración de la propiedad de este recurso, a tal punto que actualmente solo 3 empresas
concentran la propiedad del 90% de los derechos de agua para generacion eléctrica a
nivel nacional.4

En el sector minero los derechos de agua también están en manos de empresas privadas,
mayoritariamente trasnacionales, las que han acumulado derechos de agua superficiales y
subterráneos en zonas de gran escasez hídrica en el norte del país. En el caso de la región
de Antofagasta por ejemplo, la minería utiliza sobre mil litros por segundo de aguas
superficiales y posee casi el 100% de los derechos sobre las aguas subterráneas5

En el ámbito de los servicios de agua potable y alcantarillado, el proceso de privatización
y transnacionalización del agua se realizo fundamentalmente en plena transición
democrática, durante los gobiernos de Eduardo Frei entre los años 1994 y 1999, y de
Ricardo Lagos entre 1999 y 2005. La privatización y desnacionalización de los derechos
de agua en este sector, se realizo en conjunto con la privatización de las empresas sanitarias.

3
Esta situación se revirtió con la Reforma al Código de Aguas en 2004, a partir de la cual se estableció un pago de
patente por no uso de derechos de agua acumulados.
4
Proyecto de Ley, del Ministro Bitar, para cambiar los artículos constitucionales referidos a la propiedad del agua,
Ministerio de Obras Publicas, octubre de 2008.
5
Equivalente a 12.000 litros por segundo, de acuerdo a la Dirección General de Aguas de Antofagasta (2009).

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Actualmente, la totalidad de las que sirven a los grandes centros urbanos, en todas las
regiones, son privadas; con la única excepción de EMAPA aun bajo propiedad del municipio
de Maipú, al este de la ciudad de Santiago en la Región Metropolitana.

La privatización y transnacionalización de las sanitarias constituye una de las razones por la
cual los servicios de agua potable en Chile son los más caros de la America Latina6, lo que
favorece a grandes trasnacionales del agua como Suez y Agbar7, y en menor proporción a
consorcios empresariales nacionales de la minería y el retail como los grupos Luksic y Solari.

Los derechos de agua en Chile, luego de ser concedidos por el Estado a los privados,
gratuitamente y a perpetuidad; sin cobros diferenciados por el uso del agua, ni impuestos
específicos, ni pagos por descargas de aguas servidas, salvo en sectores urbanos e integrados
a la red de alcantarillado, quedan sujetos a la oferta y demanda del mercado de aguas,
establecido en el Código de 1981 como mecanismo de acceso a los recursos hídricos.

El único mecanismo correctivo de esta lógica de mercado fue el pago por “no uso” de los
derechos de agua, introducido en la reciente reforma al Código de Aguas del año 2005,
que pretende desincentivar su acumulación ociosa. Este instrumento sin embargo, al no
contar el Código de Aguas con adecuadas regulaciones ambientales, ha motivado la
multiplicación de proyectos para evitar el pago de patente por no uso. También ha generado
un aumento de las transacciones en el mercado de aguas; generando en ambos casos, una
mayor presión sobre los ríos y las cuencas hídrica; en un contexto donde parte importante
de los ríos ya han perdido su caudal ecológico, y están en franco colapso por contaminación
o sobreexplotación de recursos hídricos.

A ello, se agrega el problemas derivado de una institucionalidad dispersa, que dificulta la
gestión integrada de los recursos hídricos, la concentración de la propiedad del agua y una
inadecuada fiscalización frente a conflictos de interés por el acceso a este recurso.

El Código de Aguas de 1981 también creó una nueva categoría de derechos de agua: los
consuntivos y los no consuntivos. La diferencia entre ambos tipos de derecho es de naturaleza
legal, y se refiere a la presencia o ausencia del compromiso del usuario de devolver el
caudal utilizado al río de donde extrajo los recursos hídricos. El derecho consuntivo se
refiere al derecho de consumir las aguas, sin que estas deban ser devueltas a la fuente para
ser reutilizadas por otro usuario8. Es el caso de los derechos solicitados para riego, minería,
industria y uso doméstico. Sin embargo siempre, una fracción significativa del agua
concedida para usos consuntivos retorna al cauce, ya sea en forma localizada o difusa, o
bien infiltra hacia napas subterráneas.

Los derechos no consuntivos por su parte, son aquellos que se solicitan para utilizar el
agua sin consumirla, como es el caso de la generación hidroeléctrica. Este derecho obliga

6
Según cifras de CEPAL (2003) Además, el Estado subsidia a las sanitarias, cubriendo con subsidios el pago de
tarifas de los hogares de menores ingresos.
7
Suez Lyonesse des Aux (Francia) y Aguas de Barcelona (España).
8
Art. 13 y Art. 14. Código de Aguas.

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a devolver el agua extraída a los mismos ríos de donde se extrajo, sin perjudicar a los
usuarios existentes aguas abajo. Sin embargo, la normativa es débil para fiscalizar la
ocurrencia de perjuicios a los usuarios de las partes bajas de las cuencas. Las políticas
públicas además, han favorecido la aprobación de emprendimientos hidroeléctricos, aun
cuando en el caso de las represas existen daños evidentes al medioambiente, lo que impacta
a las comunidades y economías locales9.

En segundo lugar, el Código de Aguas define este recurso como “bien nacional de uso
público”, pero al mismo tiempo como “bien económico” pues autoriza su adjudicación a
los particulares mediante la concesión de derechos de uso10. Los cuales en la legislación
chilena son bienes jurídicos definidos como derechos reales; es decir derechos de propiedad
sobre las aguas para el uso y goce de ellas por parte del titular, en conformidad con los
requisitos y reglas que establece el Código de Aguas11.

Estos derechos concedidos por el Estado además, están amparados por las garantías
constitucionales del derecho de propiedad. En el Artículo 19, N°24 de la Constitución Política
de Chile de 1980, se declara que “Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos
o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

El titular que obtiene este derecho sobre las aguas debe declarar donde y cuando las usara; si
lo hará para los fines que los solicitó o para usos alternativos posteriores, pudiendo mantener
en forma indefinida el derecho sin utilizarlo. Esta situación cambio con la reforma del Código
de Aguas en 2005, la cual incluyo un pago por la no utilización de los derechos de agua; sin
embargo, el Código descartó incluir gravámenes a los derechos de agua y no impuso costos
para la concesión de nuevos derechos, ni tarifas por su goce a través del tiempo.

Una vez concedidos los derechos de uso, el Estado no interviene, salvo verificar que se
están utilizando. El sistema de concesión de derechos permitió el acceso definitivo al agua
a los grandes emprendimientos agrícolas, pero también favoreció a las grandes empresas
hidroeléctricas, mineras y al sector exportador, en perjuicio de los derechos tradicionales
de las comunidades campesinas y de las poblaciones locales para acceder a un recurso
fundamental para la vida. Ello se ha traducido en una concentración progresiva de la
propiedad de los recursos hídricos en pocas manos, problemas de acceso de la población,
alzas en las tarifas y agudización de los problemas de stress hídrico y degradación irreversible
de cuencas en regiones donde el agua es escasa.

Un reciente estudio de la Dirección General de Aguas (DGA)12 sobre la situación del agua
entre las regiones de Tarapacá en el norte, y del Maule en el centro-sur del país, muestra

9
Tal fue el caso de la construcción de la Central Ralco al sur de Chile, que violó flagrantemente la Ley Indígena
nacional y las disposiciones internacionales relacionadas con los derechos de los pueblos, arrasando con tierras
ancestrales, cementerios y otros recursos propios del patrimonio natural y cultural del pueblo mapuche. El gobierno
chileno priorizó la Ley eléctrica nacional y los intereses de la empresa involucrada (Endesa España), en el marco de
una política energética también carente de elementos de sustentabilidad ambiental, social y política.
10
El derecho de uso se otorga a los particulares según las disposiciones establecidas en el Artículo N°5 del Código de aguas.
11
Código de Aguas de 1981, Articulo N°6.
12
Dirección General de Aguas 2008.

- 19 -


una situación deficitaria extrema en la región de Antofagasta y un déficit creciente desde
Atacama hacia el sur; un conflicto frontal entre la agricultura y la minería y fuerte
competencia entre la minería y las demás actividades productivas. Ambas regiones según
la DGA, requerirán optimización de consumos e importación de recursos hídricos. La
situación de escasez, que afecta a las cuencas de los ríos Loa y Copiapó es terminal; y se
extenderá a otras cuencas del norte y centro del país debido a la expansión de la minería y
los impactos previstos para la zona debido al Cambio Climático13.

Si Chile no aborda en el corto plazo reformas estructurales al Código de Aguas de 1981, el
Estado no podrá enfrentar estos desafíos, agravándose la vulnerabilidad de las comunidades
locales y los sectores productivos; intensificándose los conflictos socio-ambientales por el agua.

En síntesis, es posible concluir que luego de 30 años de aplicación del Código de Aguas de
1981, dicha regulación presenta graves problemas para el acceso, la seguridad y la
sustentabilidad ambiental de la administración del recurso, cuya consecuencia son la
proliferación y profundización de los conflictos por el agua en el país y la perdida de
gobernabilidad democrática sobre este esencial patrimonio ambiental.

Concentración de la propiedad del agua de uso consuntivo.
La mayor parte de los derechos de agua para uso consuntivo en Chille están en manos del
sector exportador, principalmente agroindustrial y minero.Existiendo grandes variaciones en
su uso en las diversas regiones, el cual depende de los sectores productivos predominantes.
Mientras en la I Región aun se observa un equilibrio entre los usos domésticos, minero,
industrial y agrícola, en la II y III Región predomina el uso minero; y desde la IV a la IX Región
domina el uso para riego agrícola e hidroelectricidad. En la Región Metropolitana y V Región
el uso doméstico es un poco más significativo que en las regiones vecinas; y finalmente, en la
XI y XII Región la minería tiene también una ocupación relevante. (Grafico 1).

Gráfico 1
Demanda de Uso Consuntivo de Aguas en Chile, según regiones (en %)

Fuente: Dirección General de Aguas (DGA) 1999. Citado por Matus, Nancy, “Recursos Hídricos en Chile: Desafíos para
la Sustentabilidad”. Programa Chile Sustentable, 2004.

13
IPCC-Grupo Trabajo III, V/A -(2007) y Departamento de Geología y Geofísica, Universidad de Chile, 2007.

- 20 -


El consumo de agua en los distintos sectores productivos experimento un crecimiento
cercano al 100% entre 1990 y 1999, y al 160% entre 1990 y 2002; tendencia que se
mantiene hasta hoy.

La Dirección General de Aguas proyecta un aumento de la demanda de agua en todas las
regiones del país para el año 2017, especialmente en las regiones del centro (Grafico 2).
Esto significa un gran desafío para la gestión y política sobre el agua; a lo que hay que
sumar las restricciones (más temperatura y menos lluvias) que impone el Cambio Climático.

Grafico 2
Demanda actual y futura del Agua por Región.

Fuente: “Política Nacional de Recursos Hídricos”. Ministerio de Obras Públicas, DGA. 1999.

El sector minero, por ejemplo, desarrolla sus actividades en las áridas regiones del norte
del país, donde existen severos problemas de stress hídrico. El 75% de la producción minera
está en manos de empresas privadas, la mayor parte de ellas trasnacionales, por lo que
reportan escasos ingresos para el país. La minería a principios de la década consumía 3,5
millones de mt3 de agua año, lo que ha continuado en aumento, agravando también los
impactos ambientales, tales como secamiento de caudales, lagunas, humedales y salares;
deteriorando los ecosistemas y generando desertificación.Ello ha afectando a las
comunidades locales e indígenas, destruyendo su agricultura, ganadería y economías locales
y provocando migración masiva hacia las ciudades14. También el consumo de aguas por
las mineras ha sido en el pasado una fuente de conflictos fronterizos con Bolivia, como en
el caso del río Silala.

14
Las actividades mineras incluso han causado elretroceso del mar, debido al depósito sostenido de relaves mineros
sin tratamiento adecuado, como ha ocurrido en la ciudad de Chañaral, III región de Chile (www.desastreecologico.cl).

- 21 -


En los próximos 25 años, se proyecta un importante incremento en la industria minera en
la II Región de Antofagasta, y por tanto un aumento en el consumo de agua desde un 66%
a un 72% en los próximos 25 años. En tanto se prevé una disminución en el consumo de
agua potable desde 4% a 3% en el mismo periodo. En la III Región de Atacama también se
constata un aumento en el consumo de agua por parte de la industria minera entre 9,8% de
consumo actual, a un 25,4% en 25 años. En cambio, en el sector agropecuario se produce
una disminución, desde el consumo actual de 74%, a un 53% en el mismo periodo.
(Grafico3).

Grafico 3
Consumo actual y futuro de Agua por sector productivo

II Región de Antofagasta

III Región de Antofagasta

Fuente: DGA. 2007. “Estimaciones de Demanda de Agua y Proyecciones Futuras. Zona norte. Región I a IV.

Este fuerte aumento en la demanda de agua por la industria minera en los próximos años,
generará situaciones criticas para algunas regiones del país, según un reciente estudio
realizado por la Corporación Chilena del Cobre (COCHILCO) el año 2009; donde se destaca
que en la II Región de Antofagasta se espera una situación deficitaria extrema en términos
de consumo de agua al año 2025, lo que obligara a la industria minera a optimizar sus
procesos productivos, utilizar agua de mar, o importar masivamente agua desde otras
regiones del país.

En el caso de la III Región de Atacama, se espera un déficit creciente de agua para el año
2025, con una fuerte competencia entre la minería y la agricultura. Ello obligará a la industria

- 22 -


minera optimizar sus procesos productivos, usar agua de mar, o importar agua desde otras
regiones para prevenir mayores problemas ambientales y resolver sus conflictos con el
resto de los usuarios del agua, especialmente con el sector agrícola15.

En las 4 regiones del norte de Chile, Cochilco identifica ocho cuencas críticas, respecto a
la situación del recurso hídrico: el Salar del Huasco, y los sistemas hídricos Michincha y
Coposa en la I Región; el río Loa y el Salar de Atacama en la II Región; los ríos Copiapó y
Huasco en la III Región; y los ríos Choapa y Limarí en la IV Región de Coquimbo como las
cuencas mas criticas y donde además operan las principales faenas mineras de esas regiones
(Cuadro 1). El presente libro sobre conflictos por el agua en Chile, ilustra varios casos de
emprendimientos mineros que afectan a las economías locales en estas 8 cuencas críticas.
Sin embargo, ni desde la política publica, ni desde la gestión empresarial se vislumbran
soluciones a esta situación en los próximos años. Por el contrario, dada la expansión
proyectada de la inversión minera, especialmente en los sectores oro y cobre, en los próximos
años, se prevé un agravamiento de los conflictos por el agua en dichas regiones. (Figura 1)

Cuadro 1
Cuencas Críticas y Operaciones Mineras

Región Cuenca Principales Operaciones Mineras

Región I 1. Salar de Huasco • Collahuasi
2. Sistema Michincha • Quebrada Blanca
-Coposa (altiplánicas)

Región II 3. Río Loa • El Abra
4. Salar de Atacama • División Codelco Norte
• Soquimich-SQM
• Sociedad Chilena del Litio,
Gaby, Zaldívar y Escondida

Región III 5. Río Copiapó • Candelaria
6. Río Huasco • Proyecto Caserones
• Sociedad Punta del Cobre
• Proyecto Pascua Lama

Región IV 7. Río Choapa • Los Pelambres
8. Río Limarí • Andacollo

Fuente: Cochilco, 2007.Gestión del recurso hídrico y la minería en Chile.

15
Gallardo Halat, María Fernanda. “Elaboración de estrategias de gestión de las aguas en faenas mineras”, año 2002.

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Figura 1
Proyectos e Inversiones periodo 2009-2013, Minería de Cobre y Oro

Fuente:Cochilco, 2009. Inversión en la minería del cobre y del oro.Proyección 2009-2013.

Por su parte, el sector agrícola, consume casi el 85% del agua concedida para uso consuntivo
a nivel nacional y representa el 18,5% de las exportaciones chilenas. De ellas, la mayor
parte corresponden a uvas y manzanas con destino a países de la Unión Europea y Estados
Unidos. Las empresas exportadoras del sector agroindustrial son en su totalidad privadas,
y sus impactos principales son: presión sobre los recursos hídricos; contaminación de las
aguas por uso intensivo de pesticidas, herbicidas y fertilizantes; daños a la salud de los y
las trabajadoras de la agroindustria (mayoritariamente mujeres, contratadas por temporada)16.
A ello hay que agregar la sobreexplotación de aguas subterráneas, con graves impactos
sobre los pozos de captación de agua que abastecen a las Asociaciones de Agua Potable
Rural; las cuales pierden el acceso a las napas subterráneas, debido a la crisis de recarga
que provoca dicha sobreexplotación

16
La zona central agrícola tiene un índice de malformaciones congénitas superiores en más de 3 veces al promedio
nacional, debido principalmente a la exposición de los padres a los agrotóxicos usados en la agricultura intensiva.

- 24 -


En vastas regiones del país, el riego agrícola aun es ineficiente, no superando el 30% de
aprovechamiento, lo que conlleva problemas de anegamientos, salinización de suelos,
pérdida de capa vegetal arable, y contaminación de ríos y napas subterráneas con
agroquímicos.

Concentración de la propiedad del agua y de las empresas sanitarias.
Actualmente, la mayor demanda de agua potable en Chile (50,5%) se produce en la Región
Metropolitana donde se concentra casi 40% de la población nacional. Le siguen las regiones V y
VIII, con un consumo de 11,7 y 8,8%, respectivamente. Estas regiones fueron las primeras afectadas
por el proceso de privatización de las sanitarias iniciado a fines de los años 90, durante el gobierno
de la Concertación de Partidos por la Democracia, liderado por Eduardo Frei.

Sin embargo el diseño del proceso privatizador de las sanitarias comenzó en el país a fines
de los años ’80, con la reforma al sistema de empresas sanitarias, y el seguimiento de la
receta liberalizadora que introdujeron instituciones financieras internacionales como el
BID y el Banco Mundial. En ese contexto, los principales argumentos que fundamentaron
la reforma de las sanitarias fueron dos: que los problemas de acceso y cobertura del agua
se enfrentarían mejor si se traspasaban las empresas sanitarias públicas a manos privadas,
pues estas asegurarían una gestión más eficiente; y que para privatizar era necesario favorecer
la competitividad, y por ende desregular el sector y eliminar las barreras de ingreso para
que pudieran invertir las empresas transnacionales.

La nueva legislación de las sanitarias garantizó a las empresas, entre otros elementos, una
rentabilidad del 10,3% de sus utilidades17, para asegurar la inversión y permanencia de las
empresas privadas en el sector de los servicios de agua potable.

Así, entre fines de los años 80 y principios de los 90 se creó en el país un sistema de 13
empresas operadoras independientes (una por cada región) mayoritariamente públicas,
que mediante un régimen de concesión atendían las necesidades de agua potable y
alcantarillado del 92% de la población nacional18.

17
Maturana, Hugo: “Defensa del servicio del agua: una postura sindical”. En: El Derecho al Agua en el Sur de las
Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR). Santiago de Chile, 2002. Citado por
Bravo, Patricia, en “Agua: Dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable, 2003.
18
Matus, Nancy: “La privatización y mercantilización de las aguas: normas y regulaciones que rigen al sector Sanitario.
Dificultades y desafíos”. En: El Derecho al Agua en el Sur de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo,
Etico y Responsable (ACJR), 2002.

- 25 -


Cuadro 2
Empresas sanitarias en Chile el primer ciclo de reformas

Región Empresa

I ESSAT
II ESSAN
III EMSSAT
IV ESSCO
V ESVAL
VI ESSEL
VII ESSAM
VIII ESSBÍO
IX ESSAR
X ESSAL
XI EMSSA
XII ESMAG
Metropolitana EMOS
Fuente: Bravo, Patricia, en “Agua: Dónde está y de quién es”. Programa
Chile Sustentable, 2003.

El desmembramiento del sistema sanitario abrió el camino a su posterior privatización, al
dotarlas de personalidad jurídica propia, con una gestión indirecta del Estado. Sin embargo,
aún en 1995, el gran poseedor de derechos de agua consuntivos para servicios de agua
potable era el Fisco, con un 50,1% del caudal disponible.

Este cuadro cambió en forma sustancial a partir de 1998, durante el gobierno de Eduardo
Frei Ruiz-Tagle, con la venta del 40% de la Empresa Sanitaria de Valparaíso (ESVAL) a un
consorcio integrado por Anglian Water de Inglaterra y Endesa España por US$410 millones.
Posteriormente, Anglian le compró su parte a la trasnacional española.

En 1999, la administración Frei transfirió el 43% de la Empresa Metropolitana de Obras
Sanitarias (EMOS) al consorcio formado por la trasnacional francesa Suez Lyonnaise des
Aux y Aguas de Barcelona (AGBAR), filial de la anterior. Este grupo hoy posee el 55% del
patrimonio de la sanitaria metropolitana que es gestionada por la empresa Aguas Andinas.
Ese mismo año el gobierno de Frei vendió el 51% de la Empresa Sanitaria de los Lagos
(ESSAL) de la X región, a la empresa española Iberdrola. Luego en el año 2000, el 42% de
la Empresa Sanitaria de Bio Bio, (ESSBIO) en la VIII región, fue entregada, en concesión a
la empresa inglesa Thames Water, que luego accedió al 51% de la compañía.

Con la privatización de esas cuatro empresas, el 73% del sistema de agua potable y
alcantarillado del país quedó en manos de transnacionales. Posteriormente, el 51% de las
acciones de ESSEL, la Empresa de Servicios Sanitarios de la VI región fue adquirida por
Thames Water. En definitiva, al año 2002 el sector privado, y más específicamente los
consorcios transnacionales, eran propietarios del 83% de las empresas sanitarias en el

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país19. Las principales trasnacionales que controlaban el mercado del agua en el sector de los
servicios sanitarios en la época eran Suez Lyonnaise des Aux., Thames Water y Anglian Water.

Estos procesos de privatización se desarrollaron sin consulta alguna a la ciudadanía y
desconociendo el masivo rechazo a dicha enajenación, como el ocurrido en la VIII región
del Bio Bio, donde el 99,09% de los 136.783 usuarios de ESSBÍO se pronuncio contra su
privatización.

La privatización de las empresas sanitarias significo mayores niveles de inequidad y conflicto
en el acceso al agua para consumo humano, debido a la creciente alza de tarifas. Según las
cifras recopiladas por organismos no gubernamentales en Chile, y en particular de la
Organización de Consumidores ODECU, la privatización en su primera etapa genero
diferencias de hasta 400% entre las tarifas de agua potable a lo largo del país, concentrándose
las mayores alzas en la zona centro-norte.

Una consecuencia directa de estas alzas fue la reducción del consumo de agua potable
desde 25 m3 a 17m3 entre 1999 y 2002, no debido a una mayor eficiencia en el uso del
recurso, sino porque los hogares no contaban con ingresos suficientes para enfrentar el
alza en las tarifas de agua potable. A ello se agrego la pérdida de empleos en las empresas
sanitarias a consecuencia de los despidos masivos de trabajadores, los que se incrementaron
desde 30% en 1999, hasta 60% en el año 2002.20

Para resolver el problema de acceso a los servicios sanitarios en los sectores de menores
ingresos, el Estado otorgo una subvención directa a las familias para el pago de estos servicios,
lo que constituyo un subsidio indirecto a las empresas sanitarias.

La evidencia muestra que la participación de empresas privadas en el sector sanitario no
ha significado un mejoramiento de la cobertura ni del acceso a los recursos hídricos por la
población. Los usuarios además pagan el 100% del costo del tratamiento de las aguas
cloacales, lo cual constituye una fuente de ingresos adicional y permanente para las empresas
sanitarias. Estos ingresos en general, son muy superiores a su inversión inicial.

El año 2002, durante el gobierno de Ricardo Lagos, la Concertación de Partidos por la
Democracia concluyo el proceso de privatización de las sanitarias, adjudicando al sector
privado las Empresas de Servicios Sanitarios del Maule (ESSAM) en la VII región y de la
Araucanía (ESSAR) en la IX región, utilizando la formula de concesiones a 30 ó 35 años,
prorrogables. Pero la licitación de ESSAM fracasó porque sólo concurrió Thames Water
(dueña de ESSBIO y ESSEL): y la licitación de ESSAR fue declarada desierta21.

19
Gebauer, Dante: “La transformación del Estado: del modelo social al liberalismo”. En: El Derecho al Agua en el Sur
de las Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Etico y Responsable (ACJR). Santiago de Chile, 2002.
20
ODECU: Estimaciones de las alzas en las tarifas del agua en Chile (en % mínimos y máximos), período 1999-2000,
en, “ Agua: dónde está y de quién es”. Programa Chile Sustentable,año 2003.
21
Carmona, Ernesto: Los Dueños de Chile. Ediciones La Huella. Santiago, Chile. 2002.

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Cuadro 3
Propiedad de los derechos de agua para consumo humano en Chile :1995-2002

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Matus, Nancy (1998) y Gebauer, Dante (2002).

Posteriormente a ello, entre 2003 y 2004, el gobierno de Ricardo Lagos, traspaso a los
privados las ultimas empresas sanitarias publicas que existían entre Tarapacá y Coquimbo
(I a IV región) en el norte del país.22 También privatizo las empresas de Aysén y Magallanes
(XI y XII región) en la zona sur de Chile23. Estas sanitarias fueron adquiridas por consorcios
nacionales como el Grupo Luksic, dueño de grandes holdings mineros como Antofagasta
Minerals, vitivinícolas y financieros; y por el grupo Solari, actores dominantes en el área
del retail, agrícola y financiero24 y por el Consorcio Financiero, Icafal y Vectra.

Así el ultimo proceso privatizador traspaso las sanitarias a grandes consorcios nacionales,
manteniendo la lógica libremercadista y concentradora de la propiedad. Esta ultima acción
del gobierno de Lagos significo la privatización de casi 100% de las empresas sanitarias
del país, al año 2004; siendo la única excepción la empresa municipal EMAPA de la Comuna
de Maipú, en la Región Metropolitana y las pequeñas Asociaciones de Agua Potable Rural,
las cuales se regulan por un marco jurídico especial y actualmente en revisión.

En años recientes, en el marco de un nuevo ciclo de inversiones privadas en el contexto de
los tratados de libre comercio, y particularmente en el marco del TLC con Canadá, las
grandes empresas sanitarias de las regiones de Concepción, La Serena, Maule y Valparaíso,
(originalmente adjudicadas a las empresas inglesas Thames Water, Anglian Water y al
Consorcio Financiero Nacional en los años 90 ), han sido compradas por el Ontario Teachers
Pensions Plan (OTPP) el fondo de pensiones de los profesores canadienses.25 Asimismo las
empresas Aguas Altiplano (I región), Aguas Araucanía (IX región) y Aguas Magallanes (XII
región) fueron vendidas por el Grupo Solari a inversiones Santander el año 2009. El traspaso

22
Regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.
23
Regiones de Aysén y Magallanes en la Patagonia chilena.
24
Multitiendas Falabella, Homecenter Sodimac, Banco Falabella y accionista de Línea Aérea Nacional (Lan Chile).
25
Maturana, Hugo,Federación de Trabajadores de las Sanitarias, Seminario Conflictos y Derecho Humano al Agua,
Universidad de Chile, septiembre 2008.

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y venta de estas empresas se realizo independientemente de las condiciones de venta o
concesión, con gigantescas ganancias “en la pasada”. Por ejemplo el Consorcio Financiero
Nacional, se embolsó tres veces el valor de lo que había pagado por ESVAL y Aguas del
Valle, tras menos de 5 años de permanencia en el sector.26

Cuadro 4
Transnacionalización y concentración de la propiedad de las sanitarias

Región Empresa Consorcio o empresa

I ESSAT “Aguas Altiplano”, controlada por el Grupo Solari (Chile)
II ESSAN “Aguas de Antofagasta”, controlada por el Grupo Luksic (Chile)
III EMMSAT “Aguas Norte Grande”, controla el Consorcio Icafal,
Hidrosan y Vectra
IV ESSCO Controlada por Ontario Teachers Pensions Plan (Canadá)
V ESVAL Controlada por Ontario Teachers Pensions Plan (Canadá)
VI ESSEL Thames Water (Inglaterra) y Electricidade (Portugal)
VII ESSAM Controlada por Ontario Teachers Pensions Plan (Canadá)
VIII ESSBÍO Controlada por Ontario Teachers Pensions Plan (Canadá)
IX ESSAR Controlada por el Grupo Solari (Chile)
X ESSAL Iberdrola (España); y “Aguas Décima” en la provincia de
Valdivia, controlada por Suez Lyonesse y Aguas Barcelona
XI EMSSA Controla el Consorcio Icafal, Hidrosan y Vectra
XII ESMAG “Aguas Magallanes”, controlado por el Grupo Solari (Chile)
RM EMOS “Aguas Andinas”, controlado por Suez Lyonnaisse Des aux
(Francia) y Aguas Barcelona (España)
Fuente: Programa Chile Sustentable, en base a:(a) datos de las empresas respectivas; (b)Matus,Nancy en “Recursos
Hídricos en Chile: desafíos para la sustentabilidad”, según datos de CEPAL, 2000 y (c)SISS 2008.

El gran argumento durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) para privatizar las
sanitarias, fue la necesidad de incorporar capital privado al sector, dado las grandes
ampliaciones de red de agua potable y de servicios sanitarios que el Estado debía emprender
en la época. Sin embargo un análisis objetivo de la Superintendencia de Servicios Sanitarios
(SISS) sobre lo ocurrido en la última década, no muestra cambios sustanciales en las
coberturas en agua potable y alcantarillado, los que mantuvieron altos niveles de cobertura.
La única excepción fue el tratamiento de aguas servidas que se concreto mayoritariamente
bajo la gestión del sector privado (Cuadro 5).

26
Ibíd., nota 7.

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Cuadro 5
Comparativo de cobertura de servicios entre los años 1998 y 200827

Servicio 1998 2008

%Cobertura de Agua Potable 99,3% 99,8%
% Cobertura en Alcantarillado 91,6% 95,3%
% Cobertura de Tratamiento de Aguas Servidas 16,7% 82,6%
Fuente: Superintendencia de Servicios Sanitarios-SISS-2008

La nueva legislación de las sanitarias también garantizó a las empresas una rentabilidad
del 10,3% de sus utilidades28. Esta garantía pretendía asegurar la inversión y permanencia
de las empresas privadas en el sector de servicios de aguas, mejorando y aumentando el
acceso y cobertura de agua potable, situación que en la práctica no ha sido tal, ya que el
porcentaje de cobertura no ha variado significativamente entre el año 1998 y el 2008,
salvo lo referente al tratamiento de aguas servidas, donde sí ha habido un progreso. Pero
aunque las sanitarias aparecen haciendo grandes inversiones en la construcción de plantas
de tratamiento de aguas servidas, la realidad es que quienes financiaron estas obras en
definitiva, fueron los consumidores, a través de una constante alza de tarifas, y con la
incorporación del cobro por tratamiento de aguas servidas en la cuenta mensual de agua y
alcantarillado.

Estudios de la Federación Nacional de Trabajadores de las Sanitarias -FENATRAOS, en
base a cifras de la Superintendencia de Servicios Sanitarios -SISS, muestran que antes de la
privatización, entre 1989 y1998, las tarifas de agua potable y alcantarillado subieron desde
0,18 a 0,78 dólares el metro cúbico29. Sin embargo, luego de la privatización el alza de
tarifas ha llegado a US$ 1,10 dólares el metro cúbico en Santiago; a US$ 1,6 dólares en La
Serena; a US $2,07 dólares en Punta Arenas y US $2,6 en Antofagasta30.

Así, mediante el traspaso total de los costos de inversión a los usuarios, la rentabilidad de
las empresas sanitarias, se mantuvo en constante alza, llegando algunas de ellas a alcanzar
más del 25% de rentabilidad sobre su patrimonio en los últimos años.31. (Cuadro 6)

27
Maturana, Hugo, Seminario Conflictos y Derecho Humano al Agua. Programa Chile Sustentable, septiembre. 2009
28
Maturana, Hugo. Defensa del servicio del agua: una postura sindical. En: El Derecho al Agua en el Sur de las
Américas, Alianza Chilena por un Comercio Justo, Ético y Responsable (ACJR). Santiago de Chile, 2002. Citado por
Patricia Bravo en: Agua, Dónde está y de quién es. Programa Chile Sustentable, 2003.
29
Tarifas no punta.
30
Maturana, Hugo, Seminario Conflictos y Derecho Humano al Agua. Programa Chile Sustentable, septiembre. 2009.
31
Superintendencia de Servicios Sanitarios , Ministerio de Obras Publicas, 2009.

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Cuadro 6
Rentabilidad del Patrimonio de las Sanitarias (ROE)

N° Empresa Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
2005 2006 2007 2008
1 Aguas Andinas 19,9% 21,6% 22,4% 22,9%
2 Essbio 14,3% 9,7% 10,1% 10,2%
3 Esval 8,8% 9,2% 8,6% 7,2%
4 Aguas Nuevo Sur Maule 8,5% 4,0% 8,5% 5,1%
5 Aguas Araucanía 15,9% 13,3% 12,8% 11,4%
6 Smapa 6,2% 13,5% 14,1% 11,9%
7 Essal 12,3% 12,5% 12,8% 5,2%
8 Aguas del Valle 17,3% 16,8% 14,7% 11,9%
9 Aguas de Antofagasta 20,3% 18,1% 15,9% 20,1%
10 Aguas del Altiplano 23,8% 25,5% 24,8% 21,7%
11 Aguas Cordillera 19,7% 15,5% 14,1% 13,1%
12 Aguas Chañar 32,1% 33,1% 31,7% 20,7%
13 Aguas Magallanes 23,0% 25,2% 24,8% 25,8%
14 Aguas Décima 15,8% 13,8% 14,4% 13,5%
15 Aguas Patagonia de Aysén 25,7% 23,7% 19,2% 19,1%
16 Servicomunal 8,9% 12,2% 15,4% 6,1%
17 Aguas Manquehue 13,8% 12,6% 11,9% 12,9%
18 Servilampa 1,3% -51,2% -47,1% -26,4%
19 Aguas los Dominicos (1) 10,0% 12,1% 13,4% -
20 Coopagua 8,2% 5,8% 3,5% 2,9%

Total 15,7% 15,2% 15,2% 14,4%
Fuente: Fenatraos 2009, en base a Superintendencia de Servicios Sanitarios, 2009.

El proceso de privatización de la propiedad de las aguas, generado en virtud de la aplicación
del Código de Aguas de 1981, sobre cuya propiedad, el Estado concedió gratuitamente y a
perpetuidad, derechos de agua a empresas mineras, forestales, agroindustriales e hidroeléctricas;
constituyo un enorme subsidio de los chilenos en favor de dichos sectores productivos. Esa
forma de adjudicación además, genero niveles extremos de concentración de la propiedad de
las aguas; el despojo de comunidades campesinas e indígenas de este componente esencial de
sus territorios. También significo la pérdida del derecho al agua de la mayoría de los chilenos,
a quienes pertenece dicho recurso, definido como” bien nacional de uso publico”.

El proceso de privatización, desregulación y significativa transnacionalización de la propiedad
del agua, significo la pérdida del control público sobre las fuentes y sobre la gestión ambiental
y económica de las aguas, dando origen a una crisis de gobernabilidad este recurso.
Actualmente, el Estado tiene pocas atribuciones para resolver las situaciones de creciente
escasez del agua, especialmente en la zona norte y centro del país; a lo cual se agrega una
creciente conflictividad local, regional y nacional asociada al acceso y uso de las aguas.

- 31 -


Concentración de la propiedad de las aguas para usos no consustivos.
En el caso de los derechos de agua para uso no consuntivo, orientados principalmente a la
generación eléctrica, la propiedad se ha concentrado en grandes empresas transnacionales
como ENDESA hoy bajo dominio del conglomerado Italiano ENEL, de la norteamericana
AES-Gener y la chilena Colbún, propiedad del Grupo Matte. De acuerdo a la Dirección
General de Aguas-DGA, la empresa ENDESA es la mayor poseedora de derechos de agua
para uso no consuntivo en Chile. Según el balance de la Dirección General de Aguas del año
1999, la empresa poseía un caudal de 6.256 mt3/seg., lo que equivale al 80,4 % del total
nacional de derechos de aprovechamiento de aguas para uso no consuntivo. (Cuadro 7)

Cuadro 7
Principales propietarios de los derechos de agua para uso no consuntivo

USUARIOS SECTOR CAUDAL % DEL TOTAL
Endesa Energía 6.256 81%
Compañía General Industrial Industria 370 4,80%
Chilgener S. A. Energía 320 4,16%
Pehuenche Energía 188 2,40%
Fisco Riego Estatal 107 1,39%
Jorge Wachhoitz B., CMPC Celulosa 100 1,30%
Enrique Rettig s/i 90 1,17%
Codelco Chile Estatal Minería 77 1%
Unión Nacional de Coop. Exportadoras de Algas Pesca 54 0,70%
Hidroeléctrica Guardia Vieja Energía 46 0,59%
Chilectra Energía 45 0,58%
Sociedad Austral de Electricidad Energía 30 0,39%
TOTAL 7.683 100%
Fuente: DGA, 1999. Citado por Matus, Nancy, en “Recursos Hídricos en Chile: Desafíos para la Sustentabilidad”.
Programa Chile Sustentable, 2004.

Estos derechos de agua que fueron originalmente propiedad de la empresa estatal de
generación eléctrica ENDESA, fueron traspasados al sector privado nacional durante el
régimen militar; quienes luego la vendieron a capitales españoles de Endesa España; siendo
adquirida en años recientes por la empresa estatal italiana ENEL. En dichas transacciones
de la empresa eléctrica se incluyeron los derechos de agua.

En el año 1993, según cifras de la DGA, de acuerdo a las normas de Código de Aguas de
1981, se habían concedido 120 derechos de aprovechamiento de aguas y otros 240 derechos
se encontraban en trámite. Sin embargo el país solo explotaba alrededor de 70 derechos de
aprovechamiento, generando con ello unos 30.000 megawatts. Los demás derechos estaban
sin utilización.

El Sistema Interconectado de ENDESA (SIE) para generación de electricidad es el principal
sostenedor del Sistema Interconectado Central (SIC) que abastece de energía eléctrica al

- 32 -


92,4% de la población nacional entre Taltal (II Región) y la Isla Grande de Chiloé (X Región).
Ello, evidentemente constituye un monopolio en la generación eléctrica, el cual es posible
y esta estrechamente ligado al monopolio de los derechos de agua.

Desafiós en la gestión global del agua.
El proceso de mercantilización de las aguas en Chile ha vulnerado el acceso de las personas a un
derecho básico como es el agua, definido legalmente como un “bien nacional de uso público”, y
ha generado severos impactos sobre las comunidades y los ecosistemas a nivel nacional.

Los cinco principales problemas provocados por el proceso de privatización de las aguas,
de las empresas eléctricas y sanitarias al año 2010 han sido: la concentración y
desnacionalización del 90% de las aguas en el sector sanitario; la concentración del 90%
de los derechos no consuntivos en manos de tres empresas hidroeléctricas; el establecimiento
del sistema tarifario de agua potable más caro de America Latina32; la pérdida de derechos
de la mayoría de la población sobre un bien común, definido como “bien nacional de uso
publico” y el despojo de campesinos, agricultores e indígenas; la pérdida del control público
sobre la propiedad y gestión del agua, generándose un problema estructural en la
gobernabilidad democrática del agua y con ello el incremento de conflictos locales,
regionales y nacionales por este recurso.

Para revertir esta situación y favorecer las necesidades de la población por sobre los intereses
de las empresas, se requiere una reforma sustantiva en la legislación y en la orientación de
las políticas públicas vigentes sobre aguas en Chile para La reforma al Código de Aguas
que en 2005 implemento un sistema de pago de patentes por no uso de los recursos hídricos
concedidos a los privados, para desincentivar el acaparamiento de derechos de agua, fue
completamente insuficiente.

La dispersión de las atribuciones sobre el manejo del agua en diversas reparticiones públicas,
también ha obstaculizado la aplicación de políticas integrales sobre este recurso y dificultado
la adecuada fiscalización. Chile tampoco cuenta en su política pública con espacios de
participación ciudadana que permitan su incidencia efectiva en las decisiones sobre los bienes
públicos; esta carencia, deja a las asociaciones de usuarios del agua y a la población en general
sin herramientas para defender el interés público frente a las grandes empresas del sector.

La experiencia chilena, muestra la importancia de que los países resguarden la soberanía
sobre los recursos hídricos como un recurso básico para la vida y un derecho humano
fundamental; y eviten las políticas que conducen a su privatización y mercantilización.

Incluir las concepciones y derechos de los pueblos originarios y la participación de la
sociedad civil en su conjunto son fundamentales para la re-orientación de las políticas de
agua en Chile y re-definir este recurso como un bien colectivo, fundamental para la vida
de las personas y déla naturaleza; y por lo tanto, inalienable y no mercantilizable.

32
Comisión Económica para América Latina, de Naciones Unidas-CEPAL (2003).

- 33 -


Históricamente, y muy intensamente en las ultimas décadas, el agua ha sido factor de
disputas locales e internacionales, a causa de la escasez hídrica; los crecientes problemas
de accesibilidad; la desnacionalización y transnacionalización de la propiedad y la gestión
del agua. La intervención de instituciones financieras internacionales en la reforma de los
marcos regulatorios para su privatización; y finalmente, la inclusión de este vital elemento
en las negociaciones internacionales de comercio e inversiones, a través del sector servicios
en la Organización Mundial del Comercio -OMC, en los Acuerdo Regionales de Libre
Comercio e Inversión, y en tratados bilaterales como el entre Chile y Estados Unidos, Perú
y Estados Unidos o entre Chile y la Unión Europea, han intensificado los niveles de
liberalización y vulnerabilidad normativa en que se encuentran los recursos hídricos.

La liberalización de los servicios en el ámbito de la OMC y de los acuerdos de comercio,
inversión y servicios, busca eliminar todas las regulaciones que protegen los intereses de
las personas y comunidades en el acceso al agua, y que dificultan su mercantilización
Chile, al igual que otros países de la región latinoamericana, requiere contrarrestar la
tendencia privatizadora de los recursos hídricos. Al mismo tiempo requiere diseñar e
implementar una política de manejo sustentable del agua, que considere condiciones de
sustentabilidad política con participación de la comunidad en las decisiones, equidad en
la cobertura y acceso de las personas y comunidades a este recurso, y recuperación de la
soberanía sobre el agua y los servicios de agua potable y saneamiento a costos accesibles.
Todo ello en el marco de la sustentabilidad ambiental, fundada en la protección y resguardo
de las cuencas, los ecosistemas y las aguas superficiales y subterráneas.

En el plano internacional, también es fundamental que Chile se posicione en contra de la
inclusión del agua y de los servicios de agua potable y saneamiento en las negociaciones de
la OMC, y particularmente fuera de las negociaciones sobre servicios (conocidas como General
Agreements on Trade on Services-GATS), donde una de los principales objetivos es incluir los
servicios sanitarios, redes de alcantarillado y tratamiento de aguas, como áreas de mercado,
con el fin de masificar el acceso del capital privado a este sensible sector.

El cambio desde la concepción del agua como un derecho esencial de las personas y un
bien social, hacia un concepto de ‘bien económico’ y mercancía que puede ser comprada
o vendida, está consignado en nuestro Código de Aguas de 1981, y en varios documentos
del sector financiero internacional. Esta visión establece que el manejo de los recursos
hídricos requiere la formalización y clarificación de la propiedad del agua por parte de los
Estados; la implementación del costo total de los servicios sanitarios para mejorar la eficiencia
del servicio y la generación de recursos para la re-inversión.

Pero, a pesar de los fracasos de la fórmula privada de servicios de agua potable en muchos
países en desarrollo, el sector financiero continua promoviendo la privatización y las tarifas
en base a los costos totales como estrategia para expandir el acceso de toda la población al
agua potable y saneamiento; pero curiosamente no se refieren a los factores de lucro del
sector privado como limitante para el logro del acceso universal al agua y al saneamiento.

- 34 -


En la actualidad, los modelos de privatización en la distribución y tratamiento de las aguas,
contemplan sistemas de propiedad y gestión a través de 4 modalidades: (a) contrato a
empresas privadas para el manejo de los servicios de agua potable y saneamiento bajo un
pago de administración. (b) concesiones de largo plazo que privatizan los servicios de
agua y las ganancias; (c) privatización del dominio del agua, a través de la adjudicación
perpetua del derecho de aprovechamiento de los recursos hídricos; (d) Privatización de los
derechos de agua y del sistema de distribución y tratamiento. Este último sistema de
privatización total de la propiedad y de la gestión del agua es el que se aplico en Chile.

Aunque las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, han recomendado la implementación de regimenes privados de
gestión del agua, actualmente a nivel mundial la mayor parte del riego y los servicios de
agua potable aun permanecen bajo propiedad y gestión pública. En el caso de los servicios
sanitarios, solo el 10 % de ellos ha sido privatizado en las grandes ciudades. En America
Latina, este es el caso de Santiago, Ciudad de México y Buenos Aires.

Para acelerar la implementación de las estrategias de privatización del agua, las instituciones
financieras también impulsaron a partir del año 2003, varios mecanismos, tales como el
Plan de Acción para la Infraestructura, el cual considera al agua como elemento central del
crecimiento económico de los países; y el Plan de Inversiones y Drenaje de la Estrategia
para el sector Agrícola y de Seguridad Alimentaria, en el cual se argumenta que el problema
de acceso a los recursos hídricos radica en la mala administración, la falta de capacidades
y de medios financieros en el sector agrícola. Con ambos planes se busco fomentar la
participación privada en dichos sectores.

La regulación y gestión del agua a través del mercado en la agricultura concentra la propiedad
del agua en manos de grandes empresas, dando prioridad a la agroindustria exportadora,
en desmedro de la agricultura tradicional, orientada a la autosubsistencia o al consumo
interno. La agroindustria además basa su producción en cultivos de alta rentabilidad en el
corto plazo, los que usualmente concentran los beneficios en el sector empresarial y
externalizan los costos ambientales y sociales en las economías locales.

En el ámbito de la energía, el sector financiero ha re-instalado en la discusión política el
tema de los megaproyectos hidroeléctricos, argumentando que las represas reportan
“grandes servicios”, si se considera al agua como un recurso renovable y como mecanismo
de desarrollo limpio. Sin embargo, este argumento omite los graves impactos ambientales
y sociales que provoca la construcción de mega-represas sobre los ecosistemas, las
comunidades y economías locales; y principalmente sobre los agricultores e indígenas,
que pierden sus territorios y son forzosamente desplazados.

La liberalización del agua y los servicios asociados, puesta como condición para la
cooperación financiera internacional, e integrada en las negociaciones de la OMC, también
se ha presentado como vía para alcanzar los objetivos del Milenio, que aspira a asegurar al

- 35 -


50 % de los pobres el acceso a agua limpia en el año 2015. Los objetivos del Milenio,
ratificados el año 2000 por todos los países en Naciones Unidas, contemplan que 280 mil
personas por día accedan a agua potable en sectores rurales y suburbios urbanos, y que
otras 384 mil personas cada día accedan al saneamiento, durante los próximos 15 años.

Pero actualmente existen graves problemas de disponibilidad y calidad de las aguas y
grandes desafíos para la conservación y acceso a este recurso fundamental: más de 1.100
millones de personas no tienen acceso al agua potable; otros 2.500 millones carecen de
saneamiento; y anualmente, 5 millones de personas mueren por enfermedades asociadas a
aguas contaminadas. Peor aun, además de este 20 % de población mundial sin agua
necesaria para una vida saludable y las tendencias indican que el problema empeorara,
afectando al 30% de la población mundial para el año 2025.
En un escenario de creciente privatización y concentración de la propiedad de las aguas y
de los servicios relacionados (con un encarecimiento de los mismos) este problema podría
agravarse.

Simultáneamente al problema sanitario y social, existe actualmente un gran impacto
ambiental. La contaminación y el uso ineficiente del agua han provocado la degradación
generalizada de los ecosistemas terrestres y de los sistemas hidrológicos, como también
crecientes procesos de desertificación. Todo ello reduce significativamente la disponibilidad
de las aguas a nivel planetario en el corto, mediano y largo plazo.

En este contexto, numerosas organizaciones ciudadanas a nivel local, y nacional en Chile,
pero también a nivel internacional, se han articulado para enfrentar las políticas
privatizadoras del agua en base a cuatro postulados:
1. El agua es patrimonio común de la humanidad y de la naturaleza, y por tanto debe
mantenerse como bien común; y su acceso y uso deben estar bajo gestión pública.
2. El agua es un bien esencial para el mantenimiento de la vida y por tanto constituye un
derecho humano. Por ello es preciso que se proteja su calidad y disponibilidad para las
comunidades humanas y para la conservación de los ecosistemas.
3. El agua no es una mercancía, sino un bien de uso y servicio publico; por tanto no debe
ser privatizada, ni dejada al arbitrio de las especulaciones del mercado, o del afán de
lucro.
4. El agua debe ser excluida como objeto del sector de bienes, servicios e inversiones de la
OMC o de los acuerdos de comercio e inversión.

Desde estos postulados, las organizaciones ciudadanas han criticado las propuestas del
sector financiero, centradas en un modelo de propiedad y manejo del agua que cede el
control del agua al sector empresarial y al mercado; que prioriza el uso industrial y
productivo en desmedro de los derechos de subsistencia de las comunidades locales y la
preservación de los ecosistemas; y que promueve modelos tecnológicos que concentran
poder y control privado del agua, por sobre la seguridad hídrica y alimentaria.

En consecuencia, las grandes líneas de acción ciudadana para la gestión sustentable y justa
de los recursos hídricos a nivel mundial son: detener los procesos de privatización del

- 36 -


agua a nivel planetario; avanzar hacia la generación de marcos jurídicos y regulatorios que
aseguren la propiedad comunitaria y pública del agua y su gestión democrática; asegurar
el diseño de planes de gestión y manejo integrado de cuencas, para facilitar el acceso
equitativo al agua y la conservación de los ecosistemas. También demandan avanzar hacia
una Convención Internacional que defina y establezca un estatus jurídico del agua como
un bien común y patrimonio de la humanidad.

Estas líneas de acción están claramente delineadas en la Declaración de San Salvador, en
la cual se demanda una gestión del agua basada en principios democráticos fundamentales,
como la justicia social, la sustentabilidad y la universalidad, y a partir de la cual se funda,
en el año 2003, la Red Interamericana de Defensa del Agua y de la Vida (Red Vida)

En la región de America Latina, el movimiento ciudadano ha registrado grandes avances
en las agendas nacionales por el agua, logrando desacelerar el proceso de mercantilización
de los recursos hídricos, y en algunos países revertir los procesos de privatización. Entre
estas experiencias cabe destacar el caso de Bolivia, donde a partir del Movimiento por la
Defensa del Agua y de la Vida, el año 2000, en Cochabamba, logro iniciar un proceso de
cuestionamiento de la eficiencia privada en los servicios de agua potable y saneamiento; y
finalmente permitió la recuperación de la gestión publica de los recursos hídricos por
parte de la sociedad boliviana.

En el caso de Argentina, durante el gobierno de Kirchner, se inicio en algunas provincias un
proceso de recuperación del sistema público de servicios de agua potable. En Uruguay, a
través de un plebiscito, se logro establecer un estatus legal del agua como un derecho y
como un bien común a nivel constitucional. Actualmente, dicho país diseña participativamente
un nuevo Código de Aguas en base a la gestión integrada y participativa de cuencas.

Hacia una agenda ciudadana para la recuperación y cuidado del agua
en Chile.
En el caso particular de Chile, desde el primer gobierno de transición hacia la democracia
en los años 90, se expreso la necesidad de modificar el Código de Aguas decretado
unilateralmente por el régimen militar en 1981. Pues dicha norma provoco un fuerte
desbalance entre el bien común y los intereses de unos pocos particulares, dando origen a
una concentración desproporcionada de derechos de aprovechamiento de aguas para fines
hidroeléctricos, concentrando, según lo ha probado la resolución del Tribunal de Defensa
de Libre Competencia, el 90% de tales bienes en poder de sólo tres empresas33. Este
desbalance requiere ser corregido.

En este contexto, han surgido durante los últimos años múltiples conflictos por el agua, los
que en la zona norte enfrentan mayoritariamente a las comunidades indígenas y campesinas
con la explotación minera. En la zona central, confronta a las comunidades locales y

33
Mensaje Mensaje N|°6816-07 de 2009 con el que inicia un proyecto de ley de reforma constitucional, que modifica el
artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República de Chile, e introduce numeral que indica, diciembre de
2009.

- 37 -


campesinos con la agroindustria, las sanitarias y las hidroeléctricas. En la zona sur,
agricultores, empresas turísticas, pescadores y comunidades indígenas confrontan
principalmente a empresas de celulosa e hidroeléctricas. Todos estos conflictos, algunos
de cuyos casos se presentan en este libro, han generado la creación de muchas
organizaciones ciudadanas; y recientemente una articulación nacional por la defensa del
agua, constituido por organizaciones sociales, indígenas, sindicales, de iglesia, agricultores,
consumidores y comunidades locales afectadas por la sobre-explotación, escasez, o
contaminación del agua y los sistemas naturales que la albergan.

Destacan en este movimiento, asociaciones indígenas y de agricultores en Pampa Hermosa,
Pica y Matilla, Chusmiza, Usmagama, Quillagua, Pampa Colorada, Huasco y Alto del
Carmen, Salamanca, Pan de Azúcar, Lagunillas y Caimanes que desean mantener la calidad
y disponibilidad de las aguas en las cuencas y en sus territorios. Integra a las Asociaciones
de Agua Potable Rural en todas las regiones del país, que se niegan a que sus organizaciones
de gestión local y colectiva del agua sean privatizadas.

También se han articulado organizaciones de regantes y agricultores que rechazan el
proyecto hidroeléctrico Alto Maipo de la norteamericana AES-Gener en el río Maipo, región
Metropolitana; agricultores, emprendimientos turísticos, ecologistas y pobladores que se
oponen al megaproyecto Hidroaysén, propiedad de Endesa y Colbún en la región de Aysén;
y organizaciones de agricultores, empresas turísticas, pescadores y pobladores que batallan
contra la contaminación de las aguas provocadas por empresas de celulosa, como en los
casos de Celio Arauco en el Santuario de la Naturaleza Carlos Andwanter del río Cruces,
en la región de los Ríos; y la misma empresa en el Río Mataquito, en la región del Maule.

También denuncian y rechazan la intervención de áreas oficialmente protegidas, para
posibilitar proyectos industriales, como los de la empresa italiana Hidroenergía en el Parque
Nacional Puyehue; en la región de los Lagos, las centrales hidroeléctricas de la australiana
Pacific Hydro en la Reserva Río de los Cipreses, en la región de O’higgins; y por la
norteamericana AES-Gener en el Monumento Natural el Morado y el Santuario San
Francisco, en la región Metropolitana.

Finalmente la coordinación de organizaciones ciudadanas por la defensa del agua, también
incluye a pobladores, agricultores, campesinos, indígenas, ecologistas y dirigentes sociales
que denuncian y rechazan la contaminación de la Bahía de Chañaral por la norteamericana
Andes Copper Company y luego por la estatal Codelco; la destrucción de glaciares por la
minera canadiense Barrick Gold, en el valle del Huasco, por Codelco-Andina en la cuenca
del Aconcagua y por minera Los Pelambres en la cuenca del río Choapa, el cual además ha
sido contaminado reiteradamente por relaves de la misma empresa.

Todos estos casos constituyen hitos que han reagrupado a las comunidades locales y
movimientos ciudadanos por la defensa del agua a nivel local, regional y nacional, generado
un nuevo impulso político a la Agenda de demandas por el agua en Chile.

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