La Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional declara que los recientes escándalos de corrupción en el poder judicial han revivido el debate sobre la necesidad de una reforma. La reforma debe garantizar el acceso a la justicia para los ciudadanos, la transparencia en la selección de magistrados, y la independencia de los jueces. Asimismo, el órgano disciplinario de jueces y fiscales no debe tener origen en el Congreso. La Asociación pide la renuncia inmediata de cuatro mag

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DE LA RAMA JURISDICCIONAL
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LA REFORMA A LA JUSTICIA, UN IMPERATIVO INMEDIATO
La XVII Asamblea Nacional de Delegados de Asonal Judicial
realizada en la ciudad de Bogotá los días 31 octubre, 1 y2 de
noviembre de 2013, ante las voces de varios sectores sociales,
gubernamentales y políticos sobre la necesidad de una reforma a
la justicia, por algunos actos de corrupción denunciados en los
últimos días, y luego de un amplio análisis sobre estos
fenómenos que afectan la legitimidad del poder judicial, adopta
como posición de nuestra Organización Sindical la alternativa de
impulsar una verdadera reforma democrática a la Administración
de justicia, la que debe dirigirse esencialmente a posibilitar el
acceso a la misma a la población colombiana, la idoneidad y
trasparencia en la escogencia y elección de los magistrados de
altas cortes y demás funcionarios, un presupuesto adecuado y
garantías para que los principios de autonomía e independencia
judicial sean una realidad en nuestro ordenamiento jurídico,
DECLARA
Los recientes sucesos relacionados con la reprochable conducta del
magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior
de la Judicatura Henry Villarraga Oliveros al comprometerse con el
coronel Robinson González del Río, sindicado de cometer crímenes
de lesa humanidad en el departamento de Caldas, a gestionar sus
casos para que fueran investigados por la jurisdicción penal militar,
han revivido el debate nacional en torno a la necesidad de emprender
una reforma a la administración de justicia.
La reforma judicial no puede convertirse en el escenario en el cual las
Altas Cortes aprovechen el momento para hacer prevaler los intereses
individuales y corporativos de sus miembros a través de presiones
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indebidas, sino,en un espacio de discusión para escuchar a los
colombianos que asisten horrorizados al ambiente de descomposición
que se ha apoderado de algunos sectores minoritarios de la
administración de justicia. La reforma tampoco se puede utilizar para
desconocer las directrices que han establecido los organismos
internacionales de protección de los derechos humanos en el punto
específico de la investigación y juzgamiento de los miembros de la
fuerza pública que cometan crímenes de lesa humanidad sobre la
base de considerar que éstos deben ser conocidos por la jurisdicción
ordinaria y no sustraídos a ella a través delos incidentes de la colisión
de competencias.
La reforma judicial, además, debe erigirse en una suerte de
oxigenación democrática como elemento que garantice el acceso de
los ciudadanos a la justicia para garantizar que sus conflictos se
resuelvan por la vía de la civilidad y del derecho. En ese sentido, debe
preservarse el autogobierno del poder judicial,en el entendido, de que
la independencia de los jueces no es un privilegio estamental, sino, un
derecho de toda la sociedad.
Por tanto, en dirección a dotar de mayores elementos democráticos a
la administración de justicia es esencial el rediseño del órgano de
gobierno del poder judicial para que quienes lo conforman no lleguen
allí en virtud del intercambio de favores entre unas Cortes y otras, o
como consecuencia del asalto de los partidos políticos a la estructura
disciplinaria y administrativa de la justicia. La designación del órgano
disciplinario de magistrados, jueces, fiscales y abogados no debe
tener origen en el Congreso de la República, como sucede hasta
ahora, pues no se olvide que los protagonistas de las conductas
antiéticas que conoce el país fueron postulados por el Presidente de la
República y elegidos por el Congreso, en un ambiente de intercambio
de favores que desdibuja en grado sumo la autonomía de que debe
gozar el poder judicial.
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A las altas Cortes se debe llegar a través del concurso de méritos y no
mediante un larvado sistema de elección clientelista como sucede en
la actualidad, y los miembros de esas Corporaciones han de tener un
juez que los investigue y juzgue porque es incuestionable que carecen
de él por la inoperancia cómplice de la Comisión de Investigación y
Acusación de la Cámara de Representantes.
Estamos decididos a intervenir en todos los escenarios que se
convoquen para la discusión de la reforma a la justicia, señalamos que
el lodo que cubre las actuaciones de personas vinculadas a algunas
instancias jurisdiccionales no puede salpicar a los magistrados, jueces
y empleados que todos los días entregan lo mejor de sus energías
para que en Colombia exista una justicia democrática y protectora de
los derechos.
Mientras se crean las condiciones para una discusión franca y abierta
solicitamos públicamente a los Magistrados Angelino Lizcano Rivera,
Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez, a
quienes refirió el renunciante Henry Villarraga Oliveros que acudirían a
dialogar con el miembro del ejército interesado en la decisión que
habría de tomar la Sala que integran, y a Ovidio Claros Polanco, que
intervino en el trámite del asunto no obstante hallarse éticamente
imposibilitado dada su condición de oficial de la reserva, que
presenten su renuncia inmediata e irrevocable de su cargos para que
el poder judicial no sea asociado a sus censurables comportamientos.
En síntesis, solicitamos que se vayan del poder judicial quienes
carecen de estatura ética para investigar a los Magistrados, Jueces y
abogados de Colombia.
Bogotá, D. C., 5 de noviembre de 2011.
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