1. ASOCIACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
DE LA RAMA JURISDICCIONAL
ASONAL JUDICIAL NACIONAL
Personería Jurídica No. 00484 de Enero 16 de 1976
Filial CUT-Fenaltrase
LA REFORMA A LA JUSTICIA Y LA LUCHA FRONTAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN EN LA JUDICATURA SON IMPERATIVOS
INMEDIATOS
El pleno de la XVII Asamblea Nacional de Delegados de Asonal Judicial
realizada en la ciudad de Bogotá los días 31 octubre, 1 y 2 de noviembre de
2013, ante el clamor de varios sectores sociales, gubernamentales, políticos y
religiosos por la necesidad de una reforma a la justicia; clamor acelerado por
algunos actos de corrupción denunciados en los últimos días, y luego de un
amplio análisis sobre estos fenómenos que afectan la legitimidad del poder
judicial; decidió por unanimidad, adoptar la alternativa de impulsar una
verdadera reforma democrática a la Administración de justicia, que se dirija
primordialmente a posibilitar el acceso a la misma de la población
colombiana, a la idoneidad y trasparencia en la escogencia y elección de los
magistrados de altas Cortes y demás funcionarios, por la dotación de un
presupuesto adecuado y garantías para que los principios de autonomía e
independencia judicial sean una realidad en nuestro ordenamiento jurídico, y
de paso se eliminen las causas para los brotes de corrupción que demeritan la
denodada labor de una inmensa mayoría de funcionarios y empleados
honestos,
DECLARA
1.- Los recientes sucesos relacionados con la reprochable conducta del
magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura Henry Villarraga Oliveros al comprometerse con el coronel
Robinson González del Río, sindicado de cometer crímenes de lesa
humanidad en el Departamento de Caldas, a gestionar para que sus casos
pasaran a ser investigados por la jurisdicción penal militar, han revivido el
debate nacional en torno a la necesidad de emprender una reforma a la
administración de justicia.
2.-La reforma judicial por la cual claman los colombianos, no puede sin
embargo convertirse en un vehículo para debilitar más y más la independencia
y autonomía de la Rama Judicial, ni tampoco debe ser una vía para que las
Altas Cortes --por encima del interés general-- hagan prevalecer los intereses
individuales y corporativos de sus miembros a través de presiones indebidas,
sino que debe constituirse en un espacio verdadero de deliberación en el que
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los destinatarios de la justicia sean escuchados, en orden a que puedan acceder
a una tutela judicial efectiva, en vez de padecer horrorizados los más
aborrecibles actos de descomposición ejecutados impune y sistemáticamente
por algunos miembros, claramente identificables, de la administración de
justicia, hoy señalados una y otra vez por los medios masivos de
comunicación social.
3.- La reforma tampoco puede ser pretexto para desconocer las directrices
establecidas por los organismos internacionales de protección de los derechos
humanos en punto a la investigación y juzgamiento de los miembros de la
fuerza pública que, desconociendo sus deberes del servicio, cometen crímenes
de lesa humanidad, los cuales deben ser conocidos por la jurisdicción
ordinaria y no sustraídos de ella a través del manejo veleidoso de los
incidentes de colisión de competencias.
4.- La reforma judicial debe erigirse en una suerte de oxigenación democrática
como elemento que garantice el acceso de los ciudadanos a la justicia, y
garantizarles que sus conflictos se resuelvan por la vía de la civilidad y del
derecho. En ese sentido, debe preservarse el autogobierno del poder judicial,
en el entendido, que la independencia de los jueces no es un privilegio
estamental, sino, un derecho de toda la sociedad.
5.- En la medida en que tres de los cuatro Magistrados de la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior denunciados no cumplen con
los requisitos para ostentar dicha investidura, resulta esencial e inaplazable,
primero DENUNCIAR a la Comisión de Verificación del Congreso porque
evidentemente no cumplió con la función de confirmar sus calidades y,
segundo, EXIGIR la inmediata renuncia de los Magistrados que sin cumplir
los requisitos hoy fungen como tales, siendo ellos los precisamente señalados
ante la opinión pública como actores de las prácticas corruptas conocidas por
el país.
6.- Creemos que a las altas Cortes se debe llegar a través del concurso de
méritos y no mediante un larvado sistema de elección clientelista como sucede
en la actualidad, y que los miembros de esas Corporaciones deben tener un
juez que los investigue y juzgue con la celeridad y objetividad que el
momento reclame, pues es incuestionable que se carece de un sistema
efectivo de juzgamiento, por la inoperancia cómplice de la Comisión de
Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
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7.- Decidimos intervenir en todos los escenarios que se convoquen para la
discusión de la reforma a la justicia, y señalamos que el lodo que cubre las
actuaciones de deshonestas personas vinculadas a algunas instancias
jurisdiccionales, no puede salpicar a los magistrados, jueces y empleados que
todos los días entregan lo mejor de sus energías para que en Colombia exista
una justicia democrática y protectora de los derechos.
8.- Mientras se crean las condiciones para una discusión franca y abierta,
exigimos públicamente a los Magistrados Angelino Lizcano Rivera, Pedro
Alonso Sanabria Buitrago y Julia Emma Garzón de Gómez, a quienes refirió
el renunciante Henry Villarraga Oliveros que acudirían a dialogar con el
miembro del ejército interesado en la decisión que habría de tomar la Sala que
integran, a que presenten su renuncia inmediata e irrevocable de su cargos,
para que el poder judicial no sea asociado a sus censurables comportamientos.
9.- Reclamamos además, la pronta investigación y culminación de la legalidad
o no de los 33 casos que en los últimos cuatro meses han pasado de la Justicia
ordinaria a la Penal Militar los cuestionados Magistrados de la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura; al igual que el proceso
iniciado desde el mes de abril de 2010 por las irregularidades en el reparto de
más de 70 casos en la misma corporación, lo mismo que los posibles delitos
cometidos por los cuatro citados funcionarios en la elección de Magistrados
Auxiliares y de Consejos Seccionales debidamente informados al ente
acusador.
10.- En síntesis, exigimos que abandonen al poder judicial quienes carecen de
estatura ética para investigar a los Magistrados, Jueces y abogados de
Colombia.
11.-Informamos al pueblo colombiano que hemos decidido convocar al
componente honesto de la Rama Judicial a participar de las movilizaciones y
jornadas de protesta necesarias para lograr la depuración de la judicatura de
tan nefastos personajes, en fecha pronta que desde ya analizamos; y llamamos
a la sociedad en general, para que llegada la hora comprendan y nos
acompañen en las jornadas que serán programadas.
Bogotá, D. C., 5 de noviembre de 2013.
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