Entregamos a ustedes la publicación del Informe Complementario al Tercer Informe presentado por el Estado Colombiano al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 estableció un mecanismo de seguimiento del cumplimiento de la misma por parte de los Estados que la ratifiquen, el cual consiste en la creación de un Comité, conformado por expertos reconocidos en el tema de diversos países y continentes. Este Comité se encarga de estudiar los informes que los Estados tienen la obligación de presentar tres años después de ratificar la Convención y, posteriormente, cada cinco años. El Comité estudia también informes entregados por organizaciones de la sociedad civil y realiza una presentación por cada país en que escucha a los miembros de la sociedad civil y a los organismos de Naciones Unidas y posteriormente realiza una sesión con los representantes del Estado. Con base en estos insumos el Comité hace recomendaciones a cada uno de los Estados, que deben ser una base para lo que el Estado haga en los años siguientes para avanzar en el cumplimiento de la Convención. La Convención establece también que los Estados deben difundir ampliamente sus informes y las recomendaciones del Comité, propiciando el debate público sobre la situación nacional de los derechos de la niñez.

1. Colombia:
En deuda con su infancia
Informe Complementario al Informe de Estado
Colombiano al Comité de Derechos del niño
1998-2003
Complementary Report to the Third Report of the
Government of Colombia to the Committee on the
Rights of the Child
1998-2003

2. Equipo dinamizador
Universidad Nacional de Colombia
Sede Bogotá
Facultad de Ciencias Humanas
Observatorio sobre Infancia
Save the Children
Reino Unido
Plan
Programa Colombia
Visión Mundial
Equipo redactor
Observatorio sobre Infancia Universidad Nacional de Colombia
Ernesto Durán
Mariela del Castillo
Erika Prieto
Giselle Maya
Fotos
Plan Internacional
Julián Lineros
Andrés Duplat
Diseño y diagramación
tratadeletras
Impresión
T&J Impresores
© Enero, 2006
Bogotá - Colombia

3. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
ORGANIZACIONES QUE SUSCRIBEN ESTE INFORME
Asociación Afecto
Asociación Grupo Opciones
Asociación Edupar
Ambientes de Fraternidad
Asociación Colombiana de Jóvenes -YMCA de Bogotá
BEMPOSTA
Cedavida
CIMDER
CEDAVIDA
Corporación Puerta Abierta
Corporación Educativa Combos
CONVIDAME
Derechos plenos
Escuela Nacional Sindical
Fundación Renacer
Fundación Macondo
Fundación Eudes
Fundación Semilla y Mostaza
Fundación Saldarriaga Concha
Fe y Alegría
Fundación Paz y Bien
Fundación los hijos de la Luz
Instituto Pensar
Democracia Vital
Proyecto Bogotá Incluyente
Universidad Distrital FJC
Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional*
Plan Internacional*
Red Antioqueña de Niñez - REDANI
Save The Children, Reino Unido*
Vision Mundial*
3

5. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
TABLA DE CONTENIDO
Presentación
A. Informe Complementario al Informe de Estado Colombiano al Comité de Derechos del niño 1998-2003
1. Introducción 9
1. 1. Contexto del País 10
1. 2. Comentarios al Informe del Estado 11
2. Medidas de Aplicación y Principios Generales 12
3. Derechos y Libertades Civiles 16
3.1. Derecho a la Identidad 16
3.1.1Registro Civil 16
3.1.2Respeto a la Diversidad Étnica y Cultural 16
3.2.Derecho a la Participación, a la Libertad de Expresión y al Acceso a La Información 19
4. Entorno Familiar y Otro Tipo de Tutela 23
5. Salud Básica y Bienestar 25
5.1Entorno Saludable 30
6. Educación, Esparcimiento y Actividades Culturales 32
6.1.Derecho a la Educación 32
6.2.Derecho al Descanso, al Esparcimiento y a las Actividades Culturales 37
7. Medidas Especiales de Protección 38
7.1.Derecho a La Protección Integral de Niños y Niñas Frente al Conflicto Armado 38
7.1.1. Niños y Niñas Vinculados Directamente al Conflicto Armado Interno 38
7.1.2. Desvinculación y Reintegración 39
7.1.3. Niñez Afectada por las Minas Antipersonales 40
7.2.Derecho a la Protección Integral de los Niños y Niñas Refugiados o Desplazados. 41
7.3. Derecho a la Protección Integral Contra la Explotación Económica y Contra
el Desempeño de Cualquier Trabajo que Pueda Ser Peligroso 43
7.4.Derecho a la Protección Integral contra el uso y Explotación Relacionada Con Estupefacientes. 44
7.5.Derecho a la Protección Integral Contra el Abuso y la Explotación Sexual Comercial 45
7.5.1. Niños y Niñas Víctimas de Abuso Sexual 45
7.5.2. Niños y Niñas en Situación de Explotación Sexual 46
7.6.Derecho a la Protección Integral contra la venta, la Trata y el Secuestro 48
7.6.1. Tráfico y Trata de Niños y Niñas 48
7.6.2. Secuestro 49
7.7. Derecho de los Niños y Niñas con Discapacidad a Recibir Atención Especial 49
7.8. Derechos de los Niños y Niñas en Situación de Conflicto con la Ley 50
7.9. Derechos de los Niños y Niñas Habitantes de la calle 51
8. Conclusiones 53
9. Recomendaciones 54
B. Version English
Complementary Report to the Third Report of the Government of Colombia
to the Committee on the Rights of the Child 1998-2003 59
Anexo Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño al Estado de Colombia, año 2000.9 98
5

7. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
PRESENTACIÓN
Entregamos a ustedes la publicación del Informe Complementario al Tercer Informe presentado por el Estado Colom-
biano al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
La Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989 estableció un mecanismo de seguimiento
del cumplimiento de la misma por parte de los Estados que la ratifiquen, el cual consiste en la creación de un Comité,
conformado por expertos reconocidos en el tema de diversos países y continentes.
Este Comité se encarga de estudiar los informes que los Estados tienen la obligación de presentar tres años después
de ratificar la Convención y, posteriormente, cada cinco años. El Comité estudia también informes entregados por orga-
nizaciones de la sociedad civil y realiza una presentación por cada país en que escucha a los miembros de la sociedad
civil y a los organismos de Naciones Unidas y posteriormente realiza una sesión con los representantes del Estado.
Con base en estos insumos el Comité hace recomendaciones a cada uno de los Estados, que deben ser una base para
lo que el Estado haga en los años siguientes para avanzar en el cumplimiento de la Convención.
La Convención establece también que los Estados deben difundir ampliamente sus informes y las recomendaciones
del Comité, propiciando el debate público sobre la situación nacional de los derechos de la niñez.
En esta oportunidad, el Estado colombiano publicó su tercer informe, que comprende el periodo 1998-2003, en mayo
del 2004.
En convenio, el Observatorio sobre Infancia de la Universidad Nacional, Plan Internacional, Visión Mundial y Save the
Children, Reino Unido, impulsamos la elaboración de un informe complementario al del Estado, con el interés de profun-
dizar la reflexión sobre la situación de los derechos de la niñez en Colombia y aportar insumos para ampliar el debate
sobre el tema y sobre los mecanismos necesarios para reformular políticas y reorientar acciones hacia una garantía
cada vez más real de los derechos de la niñez en el país y su concreción en cambios positivos reales en las condicio-
nes de vida de los niños y niñas colombianos.
Diversas organizaciones nacionales y locales se sumaron a la iniciativa y participaron en foros regionales donde se
aportaron contenidos al informe, entre ellas caben resaltar organizaciones de niños y niñas, que en conjunto con niños
y niñas no organizados, aportaron importantes elementos de análisis que quedaron consignados en el informe.
El producto de este esfuerzo conjunto es el que ponemos hoy en sus manos. Esperamos que cumpla con su objetivo
de contribuir al debate sobre la situación de la niñez y a la difusión de información sobre lo que hace y deja de hacer
el Estado en la aplicación de la Convención y en el cumplimiento de las recomendaciones que el Comité de Derechos
del Niño ha hecho al país en ocasiones anteriores. A la vez que sea una herramienta de trabajo en la movilización social
en torno al respeto a los derechos de los niños y las niñas.
Es nuestro interés así mismo, que este documento sirva de punto de partida para la implementación de un mecanismo
7

8. Colombia: En deuda con su infancia
Colombia: En deuda con su infancia
de seguimiento permanente, con la participación activa de niños y niñas y de toda la sociedad, sobre la situación de
derechos y de políticas y programas relativos a la niñez en el país. Es decir, una veeduría social permanente sobre el
avance hacia el pleno cumplimiento de los derechos de todos los niños y niñas colombianos, que tengan en cuenta su
diversidad, sus especificidades y sus diferentes condiciones y expectativas.
Estamos convencidos que sólo la decisión de aunar esfuerzos y trabajar conjuntamente en la priorización de la niñez,
desde una perspectiva de derechos, en la agenda pública y en todos los espacios de programación y acción, permitirá
ir haciendo posible un mejor país, en el que todos los niños y niñas tengan condiciones apropiadas para su desarrollo
integral.
Bogotá, diciembre de 2005
8

9. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
INTRODUCCIÓN
El artículo 44 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, obliga a los
Estados Partes a presentar informes quinquenales sobre los avances que han logrado y las medidas que han adoptado
en cumplimiento de su obligación de hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención en sus respectivos
países. Estos se constituyen en un mecanismo fundamental para que el Comité de los Derechos del Niño verifique,
controle y haga recomendaciones a los Estados, dirigidas al cumplimiento de la Convención.
Sin embargo, la elaboración de informes al Comité de los Derechos del Niño, no puede, ni debe ser una labor exclusiva
de los entes gubernamentales. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en relación con la niñez tienen la re-
sponsabilidad de producir informes al Comité sobre la situación de la infancia y la implementación de la Convención.
Estos informes de la sociedad civil apuntan a indicar desde una perspectiva más crítica, en qué medida han sido cumpli-
das las recomendaciones hechas por el Comité al Estado en relación con sus obligaciones en el cumplimiento de la
CDN y permiten que el Comité tenga más elementos de la situación de los derechos de los niños y niñas en el país,
ampliando la visión de los informes estatales.
Así mismo, estos informes, son una oportunidad de hacer seguimiento y supervisión del cumplimiento de los derechos
del niño y se constituyen en mecanismos de difusión, acción y presión política para que el Estado cumpla con los
compromisos asumidos nacional e internacionalmente.
Desde este marco los firmantes, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y grupos aca-
démicos, presentamos nuestro análisis y opinión sobre el Informe que el Estado colombiano presentó al Comité de los
Derechos del Niño, así como sobre lo ocurrido con los derechos de la niñez en el país en el quinquenio comprendido
entre 1998-2003 y sobre el cumplimiento por parte del Estado de su deber de promover, respetar y hacer respetar los
derechos de los niños y las niñas.
Para la elaboración del presente informe se conformó un equipo de trabajo integrado por representantes del Observa-
torio sobre Infancia de la Universidad Nacional de Colombia, Plan Internacional, Save the Children UK y Visión Mundial
quienes se encargaron de dinamizar el proceso, que tuvo una duración de cuatro meses.
Como parte del proceso de recolección de información se consultaron fuentes documentales sobre el
estado de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, elaboradas por organizaciones
no gubernamentales e instituciones del ámbito académico, enfatizando de manera especial en
informes producidos durante el quinquenio analizado por la Defensoría del Pueblo, el Alto
Comisionado de Naciones Unidas, y entidades como UNICEF y ACNUR.
Igualmente, se llevaron a cabo consultas regionales con niños y niñas en Bogotá, Cali, Mede-
llín y Villavicencio (participaron 52 niños y niñas vinculados a procesos locales en torno a los
derechos de niños y niñas), quienes aportaron significativamente a los contenidos del informe; así
como con ONG e instituciones académicas (participaron en total 58 organizaciones), que aportaron
sus análisis y comentarios frente a la situación de los niños, las niñas y los adolescentes.
9

10. Colombia: En deuda con su infancia
Colombia: En deuda con su infancia
Se creó un espacio en la web con información permanente sobre el proceso de construcción del informe, posibilitando
la participación de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de manera constante y sistemática.
Así mismo, se tuvieron en cuenta las recomendaciones dadas por el Comité para la elaboración de informes, la propues-
ta de elaboración de informes al Comité diseñada por el Instituto Interamericano del Niño y las recomendaciones que
sobre el particular ha desarrollado la Coalición Internacional de ONG.
Esperamos que el contenido del informe, el análisis de los datos existentes sobre la niñez y las recomendaciones res-
pectivas, contribuyan a que los niños, niñas y adolescentes de Colombia puedan vivir sus derechos.
1.1 CONTEXTO DEL PAÍS
El informe del Estado entrega información acerca de la crisis económica, política y social que vivió el país durante el
período estudiado , crisis que se evidencia en el deterioro de muchos indicadores sociales y económicos.
Entre los cambios políticos, sociales y económicos que se dieron en el periodo 1998-2003 y que pueden explicar por qué
el país no avanzó significativamente en el respeto a los derechos de los niños y las niñas están:
-El aumento de la deuda externa (un 6% con respecto al PIB en el quinquenio, el más grande en la historia reciente del país).1
-La disminución del gasto social,
-La disminución del PIB, con una disminución del ingreso per cápita del 6,5%.
-El aumento del índice de pobreza que pasó del 51,5% al 64,3% entre 1998 y 2003 y el índice de miseria que pasó
del 17,9% al 31,1%, en el mismo periodo.2
-La redefinición del gasto público, con un aumento exponencial en el servicio de la deuda3 y un aumento progresivo
del gasto en seguridad.4
-La reducción progresiva del Estado, principalmente en el sector social, con una entrega de la prestación de los
servicios al sector privado, tanto en salud y educación, como en servicios de protección a la niñez.
-El aumento de la inequidad, en un país ya de por sí reconocido como uno de los más inequitativos del mundo.
-El aumento del desempleo y el subempleo, con un crecimiento de la economía informal que, como lo dice el in-
forme del Estado, representaba en el año 2002 cerca de las dos terceras partes del total de ocupados del país. En
1999 el país alcanzó el índice más alto de desempleo de toda su historia: 19.2% (cifras del Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadísticas), generándose en este periodo, como lo dijo el Contralor General de la República,
“la mayor eliminación de puestos de trabajo en la historia laboral moderna del país y la anulación de ingresos para
vastos sectores de la población”.5 Estos hechos son en gran parte consecuencia de la política estatal de desregu-
larización y flexibilización laboral.
-La agudización, degradación y extensión por todo el territorio nacional del conflicto armado interno, convirtiéndose
en una verdadera “guerra contra la sociedad” y generándose un aumento del fenómeno de desplazamiento masivo,
así como el deterioro de la calidad de vida y la violación permanente de los derechos de la población que habita
en zonas de conflicto6. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, se produjo un incremento excesivo de los
ejércitos, tanto de naturaleza irregular (guerrilla y paramilitares) como de las Fuerzas Militares, al punto de que para
el 2003 existían 32 mil personas armadas en los ejércitos irregulares y 240 mil integrantes de la Fuerza Pública7.
1 BANCO DE LA REPÚBLICA. Boletín Trimestral de la Deuda Externa. Bogotá, 2004.
2 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. “Evaluación de la Política Social 2003”. Informe del Contralor al Congreso. 2004.
3 SAVE THE CHILDREN Y OTROS. Finanzas Públicas Niñez Y Juventud. Serie Economía y Niñez No 1.. Bogotá, 2003.
4. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Informe Nacional de Desarrollo Humano para Colombia 2003. Bogotá, 2003.
5 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Op. Cit.
6 UN OBSERVATORIO SOBRE INFANCIA. Niñez y conflicto armado: Una mirada institucional al caso colombiano. Papeles del Observatorio 1. Bogotá, 2004.
7 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Op. Cit.
10

11. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
-La violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario por parte de los diversos actores
del conflicto armado, incluidas, en algunos casos, las Fuerzas Armadas del Estado.8
-Las estructuras excluyentes que limitan el ejercicio de la ciudadanía para la mayoría de los colombianos.
-La existencia de cultivos ilícitos y del fenómeno del narcotráfico.
Como resultado de la crisis económica y social vivida en el quinquenio y el modelo de desarrollo adoptado por el país,
se ha ahondado la desigualdad y la exclusión económica, social, política y cultural; esta situación se ha visto agravada
por el conflicto armado interno. “Las condiciones de pobreza, el desempleo, la marginalidad, el abandono del campo y
en especial el conflicto armado interno han agudizado la situación de la infancia a tal punto que se puede afirmar que los de-
rechos de los niños y niñas en Colombia son mas vulnerados que en cualquier otra época contemporánea de la sociedad.”9
1.2. COMENTARIOS AL INFORME DEL ESTADO
El informe del Estado es de una mejor calidad que los anteriores. Trata de responder a las preguntas de la guía elabora-
da por el Comité y recoge parte importante de la información dispersa que el país tiene sobre el tema. Fue publicado y
difundido en medio magnético por el ICBF. Tiene la limitante de haber sido elaborado por funcionarios de un gobierno,
cuando la mayor parte del informe corresponde al periodo completo de un gobierno anterior, en un país en el que no
hay continuidad en las políticas sobre la niñez.
El informe no retoma los compromisos asumidos por el Estado después de la firma de la Convención en las cumbres
mundiales y regionales.
El informe no asume claramente las responsabilidades que el Estado tiene sobre el respeto y la vigencia de los dere-
chos de los niños y las niñas.
El informe no tiene una perspectiva de género, ni en la información ni en el análisis. Igualmente no considera las gran-
des diferencias urbano-rurales, ni las diferencias interregionales e interétnicas, en un país donde el 28% de la población
es rural, y el 75% de esta vive en la miseria y sólo el 33% tiene acceso a servicios de salud a diferencia de los habitantes
urbanos que alcanzan una cobertura del 76% del mismo. De Igual forma no se hacen evidentes las diferencias entre
regiones y departamentos. Por ejemplo, mientras en el departamento del Quindío el 11,5% de la población está por
debajo de la línea de indigencia, en el departamento del Chocó (de mayoría afrocolombiana) el 47,4% de la población
está por debajo de esta línea. Mientras en el departamento de Cundinamarca hay coberturas de vacunación cercanas
al 90%, en el Departamento de Guainía (de mayoría indígena) hay coberturas que no llegan al 25%10.
Los datos que contiene el informe del gobierno al Comité no permiten analizar los logros de la mayor parte de las
políticas públicas, pues se presentan fragmentados y sin puntos de referencia claros (las coberturas de acciones y
programas son presentadas en su mayoría en términos absolutos). El informe pretende ser objetivo en el análisis de la
vigencia de los derechos, pero hace énfasis en los “logros” del Estado, particularmente del actual gobierno.
El informe estatal no expresa de manera clara qué se hizo frente a las recomendaciones que formuló el Comité al Se-
gundo Informe, cuando estas recomendaciones deben ser los lineamientos para las políticas y programas a favor de la
infancia. El capítulo de seguimiento a las recomendaciones es un resumen del informe, que no relaciona las acciones
con las recomendaciones específicas que hizo el Comité.
8 NACIONES UNIDAS. Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia. 2003.
9 LINARES, Beatriz. Delegada para los derechos de la juventud, la mujer y los ancianos. En : 4 años por los derechos humanos y la paz 1999. Defensoría del Pueblo. pp. 225
10 MINPROTECCIÓN – INS - OPS. Situación de salud en Colombia. Indicadores básicos. Bogotá, 2003.
11

12. Colombia: En deuda con su infancia
Colombia: En deuda con su infancia
2. MEDIDAS DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS GENERALES
(Artículos 2, 3, 6, 12, 4, 42)
No hubo durante el quinquenio revisado una articulación real de las diferentes instituciones del Estado encargadas de la pro-
tección de los derechos de la niñez o de la atención a la misma; así como tampoco una entidad o funcionario del Estado que
coordinara los esfuerzos dispersos de las diferentes instituciones que son responsables de acciones dirigidas a niños y niñas.
Es de anotar, como lo dice el informe del Estado, que en 1999 se dio un paso adelante con la reorganización del llamado
Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con la intención de articular a las instituciones del sector público y del sector pri-
vado que participan en la “prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar”. El Decreto de reorganización del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar, propició la conformación de los Concejos Locales de Política Social, cuya implementación
ha sido positiva para el país por cuanto ha permitido una articulación entre las instituciones locales que tienen que ver con
la política social y en particular con los planes, proyectos y programas dirigidos a la niñez.
En el año 98 se desmontó una oficina que coordinaba y lideraba los servicios prestados a la niñez, ubicada en la Presiden-
cia de la República y no se designó otro funcionario o institución coordinadora. Quien respondió ante el CDN o ante otras
convocatorias públicas sobre el tema de las políticas del Estado sobre los derechos de niños y niñas en el periodo 98-03
fue el director(a) del ICBF sin que tuviera una delegación establecida para ello, como lo afirmó este mismo funcionario ante
,
el Congreso de la República en las citaciones que se le hicieron.
Al no existir una institución responsable, el liderazgo se le dejó a la oficina de la primera dama, oficina no especializada,
que en el quinquenio 98-03 si bien diseñó programas con un impacto positivo como el de ludotecas infantiles, también
diseñó programas como el de Nutrición Comunitaria para la Población Colombiana, que pretendía reemplazar el proyecto
de alimentos enriquecidos, ya consolidado en el país por el de suministro de soya a los niños, por lo que fue cuestionado
nacional e internacionalmente por organizaciones académicas y de la sociedad civil, siendo retirado después de una gran
inversión de recursos económicos, sin que sus responsables respondieran ante el país.
Es preocupante que, pasos que se habían dado en la búsqueda de construir una política pública de niñez, como es el caso del
Pacto por la Infancia o el documento CONPES de política económica y social “El Tiempo de los Niños”, hayan sido olvidados, ter-
minando de desaparecer de la política nacional durante este quinquenio, sin que se hubiera hecho una evaluación de ellos.
Situación similar ocurrió en los ministerios o instituciones del Estado, donde desaparecieron
oficinas enteras, como la división materno-infantil del Ministerio de Salud, o proyectos
como el de comunicación para la infancia del ICBF o el proyecto Ursulas del Ministerio
de Educación, sin que tampoco existiera una evaluación conocida del impacto de los
mismos.
Todas estas situaciones reflejan la ausencia en el país de una política pública co-
herente y unificada de niñez, como lo afirma la Alianza por la Niñez Colombiana:
“En Colombia, pese a los avances logrados, aún no ha sido plenamente asumida la
responsabilidad que se tiene con la niñez y la juventud ni de parte del Estado ni de
la Sociedad Civil porque, para implementarla, se necesita transitar de una política de
12

13. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
administraciones y gobiernos, a la construcción de una política de Estado en niñez y juventud que se ejecute articulada-
mente entre el Estado, la familia y la comunidad, de manera que se potencien los recursos -cada vez más escasos- por
las sinergias que la atención a la niñez genere en los niveles locales y por la forma en que contribuya a que el gasto
sea más eficiente, transparente y pertinente”11.
Los programas de atención dirigidos a la niñez son en su mayoría asistencialistas, reparadores, dirigidos a satisfacer
necesidades más no a garantizar derechos, por lo que, como lo afirma la Defensoría del Pueblo, generalmente lo que
hacen es institucionalizar la pobreza12.
Al respecto, algunos de los niños y las niñas consultados dicen: “Necesitamos que el gobierno no nos ayude si
no que garantice el derecho como una obligación”13… “El gobierno cree que con una pequeña dotación puede
solucionar o encubrir su mal trabajo y todas aquellas problemáticas que no le han dado una buen solución y que
afectan cada vez más a la niñez, como por ejemplo: la mala calidad de vida, la mala alimentación, el mal manejo
del dinero puesto que lo utilizan en bienes suntuosos e innecesarios para la sociedad. Influyó para mal, porque no
tener un buen nivel de vida, no le ayuda al niño o niña para su buen desarrollo psicológico, como físico”14.
Producto de la falta de una política pública de niñez y de la falta de compromisos del Estado con los niños y las
niñas, la mayoría de metas para la infancia asumidas por él para el año 2000 no se cumplieron15 y Colombia fue
uno de los países que presentó menos resultados en el cumplimiento de dichas metas en la cumbre mundial
del año 2002.
El país no tuvo durante el quinquenio un Plan Nacional de Acción por la Infancia vigente, porque el que se planteó
al principio de la década pasada fue un documento escrito que no llegó a desarrollarse. En el momento de la elabo-
ración de este informe, el país no había suscrito aún un nuevo Plan Decenal de Niñez y Adolescencia y, si bien se
ha adelantado un proceso de discusión del mismo, éste no se ha aprobado oficialmente, tres años después de la
Cumbre Mundial.
Los principios de interés superior del niño y la niña y prevalencia de sus derechos, a pesar de ser reconocidos por la
Constitución Nacional, fueron durante el quinquenio, y siguen siendo hoy, supuestos discursivos, , que no han sido
apropiados por los gobernantes. Esta pauta que da el Estado trasciende a otros espacios de la sociedad: en lo local,
comunitario, barrial, escolar, familiar y en la sociedad en general, no se tiene en cuenta la primacía del interés de los
niños y las niñas, en la medida en que no son considerados como sujetos de derechos.
Los principios de igualdad y no discriminación, como se verá en este informe, no son aún los deseables, aunque
es necesario reconocer que el país ha avanzado en el tema de equidad entre géneros y en el reconocimiento de
la diversidad cultural y étnica. La realidad es que, como lo afirma la relatora especial de Naciones Unidas para el
tema de educación, las comunidades afrocolombianas e indígenas siguen siendo víctimas de una discriminación
racial sistemática.16
A esto se suma la discriminación que sufren los niños y las niñas que pertenecen a sectores vulnerables, como los
desplazados, los habitantes de calle, los que están en conflicto con la ley, los desvinculados, los explotados sexual-
mente. Ellas y ellos son vistos socialmente más como un peligro que como niños y niñas a quienes les han vulnerado
sus derechos.
11 GRUPO DE REFLEXIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. Hacia la construcción de una política pública de infancia y adolescencia. Bogotá, 2003.
12 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe sobre los derechos humanos de la niñez durante el año 2001.
13 Consulta regional con niños y niñas. Cali, abril de 2005.
14 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
15 Informe de Colombia seguimiento de la cumbre mundial a favor de la infancia 1990 – 2000. Nueva York, 2002.
16 EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA. Informe de la relatora especial de Naciones Unidas: Katarina Tomasevski. NACIONES UNIDAS – Consejo Económico y Social - Febrero 2004.
13

14. Colombia: En deuda con su infancia
Colombia: En deuda con su infancia
Sobre el particular algunos de los niños y las niñas consultados opinan que: “El Estado sólo ha cumplido en la parte de
discriminación pero de adultos, pero de niños no... no se promueve ese derecho, porque los niños no viven dignamente,
porque vivir dignamente no es vivir debajo de un techo de cartón o ser maltratado por sus padres y demás personas
de la sociedad y no ha garantizado que los niños tengan las mismas oportunidades de salud, alimentación y educación,
porque en estas tres se ve mucha discriminación a nivel económico. Los niños se sienten mal por ser discriminados
tanto por la sociedad como por su propia familia, porque se han visto casos en que la sociedad discrimina por ser pobre
o indígena...”17.
Como lo dice un informe de expertos sobre inversión en niñez, “La disminución del gasto social, el aumento del monto
dirigido a la defensa, y el crecimiento de la deuda, terminan reduciendo los recursos disponibles para atender los progra-
mas de niñez y juventud. Los gastos destinados a la niñez han disminuido su participación en el gasto de la administra-
ción pública”18. Esta disminución en cifras es francamente preocupante (en el caso de los recursos del ICBF estos pasaron
,
de un porcentaje del 2,5% del gasto de la Administración Pública a solo el 1.5% en el periodo 1995-2001)19. El gasto en
educación y salud es cada vez más inequitativo y la inversión en niñez es procícilica, presentándose disminución en la
misma si hay deterioro en la economía, mientras que sí se protege el gasto en otros sectores como seguridad o ayuda
al sector financiero20.
La ausencia de una Ley General de Niñez sigue siendo hoy, como lo fue en toda la década pasada, un tema crítico para
el país. Si bien, como lo dice el informe del Estado, se aprobaron los dos protocolos facultativos de la Convención, se
suscribieron múltiples acuerdos internacionales y se expidieron leyes que mejoran el marco jurídico de la niñez, el país
no tiene todavía una ley marco que sea garante del cumplimiento de los Derechos.
Al respecto, señala la Defensoría del Pueblo que “el Estado colombiano está en la mira de los organismos internacionales
de derechos humanos en materia de protección jurídica de los derechos de la niñez, ya que su normatividad nacional,
específicamente el Código del Menor, va en contravía de las disposiciones establecidas por dichos organismos. (...)
Adicionalmente, el Código del Menor contradice la Constitución Política, ya que desconoce que ésta le otorga a la niñez
colombiana, sin discriminación alguna, la titularidad de sus derechos fundamentales”21.
A los gobiernos a quienes correspondía, como también a la clase política, para quien la niñez no ha sido una prioridad,
les faltó voluntad política para sacar adelante una nueva legislación sobre niñez. Actualmente se desarrolla un esfuerzo
concertado entre entidades del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y organismos de Naciones Unidas, tendien-
te a tramitar una Ley Estatutaria de Niñez y Adolescencia. Si este esfuerzo se cristaliza, será un paso adelante importante
para el país.
En el periodo 98-03 se avanzó muy poco en el monitoreo de la situación de derechos de los niños y las niñas, siendo
importante el esfuerzo hecho en el tema de trabajo infantil con el apoyo de IPEC-OIT. Pero en otros temas los avances
fueron mínimos. Esto se suma a la pobreza del sistema de estadísticas sociales del país, dando como resultado la au-
sencia de un sistema de información sobre niñez que permita conocer objetivamente la situación de los derechos de
niños y niñas en el país. Producto de ello, tanto el informe del Estado, como éste, son producto de la recolección de una
información dispersa.
17 Consulta Regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
18 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO HUMANO. Op. Cit.
19 MARTINEZ, Rafael. Empleo del Presupuesto Nacional en el Desarrollo Humano: Niñez y Juventud. UNICEF DNP PDH. Bogotá, 2002. Mimeografiado.
, ,
20 Programa nacional de Desarrollo Humano. Op. Cit.
21 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe sobre los derechos humanos de la niñez durante el año 2001. Op. Cit.
14

15. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
La investigación sobre políticas y programas dirigidos a la niñez o sobre la situación de la misma fue escasa y
se centró en algunos temas que, por diferentes causas, cobran actualidad, como es el caso reciente de los niños
desvinculados del conflicto. No hay una política clara ni una apropiación presupuestal adecuada del Estado para su
fomento. La entidad estatal que apoya la investigación en el país no consideró pertinente el apoyo a una línea de
investigación en este sentido.
Durante el periodo 98-03 se hicieron varias actividades de divulgación de los derechos de los niños y las niñas, tanto
por parte del Estado, como de diferentes organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, en las consultas hechas a
los niños y las niñas en el marco del presente informe, se evidencia poco conocimiento y apropiación de los mismos,
lo cual es aún más crítico entre los adultos.
El estado colombiano no ha desarrollado un sistema de respuesta a las denuncias sobre violaciones a los derechos de
los niños. Sobre ellas no hay una base de datos o un sistema de seguimiento. Si bien la Defensoría del Pueblo atiende
muchas de estas denuncias, no hay mecanismos efectivos para castigar a los culpables y por eso la impunidad en
estos casos es muy grande.
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16. Colombia: En deuda con su infancia
Colombia: En deuda con su infancia
3. DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES
3.1. DERECHO A LA IDENTIDAD (Artículos 7 y 8)
3.1,1. REGISTRO CIVIL
En el año 2000, la cobertura nacional de registro civil fue de 81.6%; el Departamento Nacional de Estadística estimó que
de cada 100 certificados de nacimiento expedidos por las instituciones de salud, tan sólo se registraban civilmente 73 o
7422. En los departamentos con más bajas coberturas, ésta apenas llegó al 52%.23 Las coberturas más bajas se dan entre
población indígena, campesina, en condiciones de indigencia o desplazada. No se cuenta con un proceso de registro
idóneo en todos los municipios del país. Esta situación es bastante compleja en zonas de conflicto armado, fronteras,
municipios alejados y en poblaciones indígenas.
A pesar de que durante el quinquenio se realizaron esfuerzos para ampliar la cobertura, anualmente más de 150mil niños
y niñas no son registrados en el primer año de vida, lo que a la vez limita su acceso a salud y educación24. Es preocupan-
te la situación de posregistro, puesto que aunque los niños y las niñas son inscritos por sus padres ante la Registraduría
y poseen el documento certificado, estos registros no son ingresados a las bases de datos del país, por lo cual no gozan
formalmente de la calidad de ciudadanos.
Igualmente es preocupante la demora que se presentó en el quinquenio en resolver las demandas por paternidad y juicios de
alimentos, que constituyeron la principal causa de procesos por delitos menores en el país. El ICBF manifestó en el año 2004 que
tenía represadas 55 mil demandas de paternidad y 18 mil demandas por alimentos, algunas hasta con 6 años de antigüedad.
3.1.2. RESPETO A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL
Los indicadores de situación social y de situación de la niñez muestran que en las zonas del país con mayoría o porcen-
taje importante de población indígena o afrocolombiana, se dan las peores condiciones de salud, educación, nutrición,
calidad de la vivienda, cobertura de servicios públicos, entre otros; en una clara evidencia del olvido y la marginación
histórica a que han estado sometidos estos grupos étnicos.
En los últimos años, la situación social, económica y cultural de las minorías étnicas del país
ha venido sufriendo un notable deterioro dadas las condiciones en que se encuentran
inmersas con el escalamiento del conflicto armado, lo que se suma a las tradicionales
condiciones de marginación, aislamiento, pobreza extrema y al riesgo continuo de la
pérdida de su identidad cultural. Tal situación ha afectado inevitablemente la calidad de
vida de los niños y las niñas pertenecientes a estas comunidades.
22 UNICEF; FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Un árbol frondoso para niños, niñas y adolescentes. Una propuesta para gobernar con enfoque de
derechos. Bogotá, 2003.
23 UNICEF COLOMBIA. La niñez Colombiana en cifras. Bogotá, 2002.
24 Ibíd.
16

17. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
La respuesta institucional a esta problemática se ha concentrado en la implementación de algunos planes y programas
orientados, principalmente, a la atención de las familias indígenas y afrocolombianas. En este sentido, el ICBF además
de dar cobertura a estas familias con sus programas institucionales nacionales, ha desarrollado programas como el
Programa de Atención a la Familia y al Menor Indígena, el de Apoyo al Desarrollo de las Familias para su Fortalecimiento
Social y Cultural, y el de Apoyo a Familias de Comunidades Negras y Raizales en Formación y Desarrollo. Sin embargo,
no existen estimativos claros que den cuenta de resultados y logros concretos obtenidos, más allá de los niveles de
cobertura reportados.
Se aprobó la Ley 691 de 2001, reglamentaria del derecho a la salud y seguridad social de los pueblos indígenas, que
incorpora los principios de la diversidad étnica y cultural como ejes rectores de la política de salud que el Estado debe
garantizar a esta población. No obstante, la Defensoría del Pueblo considera que los principios y derechos propuestos
en la ley no se han cumplido25.
Aunque se ha dado un aumento en la cobertura de salud y seguridad social y se han creado varias Administradoras
de Régimen Subsidiado –ARS- y Empresas Promotoras de Salud –EPS- para los grupos étnicos, no siempre se logra
adecuar el Plan Obligatorio de Salud (POS) ofertado por ellas a las particularidades socio-culturales de sus afiliados, ni se
garantiza una atención integral en salud que reconozca el conocimiento ancestral de la medicina tradicional reconocida
y practicada por estas etnias.
Programas como Familias en Acción, Fortificación de Alimentos, Escuela de Padres y Haz Paz, también han llegado a
estas poblaciones; sin embargo, si bien pueden tener alguna pertinencia en otros sectores poblacionales, no necesaria-
mente responden adecuadamente a las condiciones particulares de estas comunidades26.
Con respecto a las necesidades educativas de los grupos étnicos, la respuesta institucional debe obedecer a los prin-
cipios constitucionales y al marco legislativo existentes sobre el tema que obligan al Estado a garantizar la educación
de los grupos étnicos acorde con sus particularidades socioculturales y lingüísticas. Durante el quinquenio, se continuó
con el programa de Etnoeducación que desde hace dos décadas se ha venido desarrollando, como resultado de las reivindica-
ciones políticas de los pueblos indígenas frente a su derecho a la autodeterminación y a la reivindicación de su identidad étnica
y diversidad lingüística.
Las acciones del Ministerio de Educación se han concentrado más en intentar la ampliación de cobertura que en el
fortalecimiento del modelo etnoeducativo. En este sentido, en muchas regiones del país se ha mantenido una estanda-
rización curricular que en ocasiones obstaculiza el desarrollo de diseños curriculares adecuados a las características
propias de los grupos indígenas, afrocolombianos y raizales.
No se ha dado total cumplimiento al artículo 27 de la ley 21 de 1991 para que los mismos pueblos indígenas administren
su educación, estipulando edad escolar, política para la educación superior y adecuación al contexto socio-cultural, ni
tampoco a la incorporación de la cátedra de estudios afrocolombianos al currículo de las instituciones educativas de
los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria y educación media del país, conforme a lo dispuesto por la
ley 115 de 1994 y el decreto 1122 de 199827
De otro lado, se observa una carencia de información sobre los grupos étnicos en general, y sobre la niñez pertenecien-
te a ellos, expresada en la inexistencia de estadísticas, investigaciones, indicadores e información general y sectorial
que se requiere para la toma de decisiones institucionales.
25 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Undécimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, Bogotá, 2003.
26 UNICEF. Los Pueblos Indígenas en Colombia. Derechos, Políticas, Desafíos. Bogotá, 2003.
27 Ibíd.
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18. Colombia: En deuda con su infancia
Colombia: En deuda con su infancia
Esta falta de información ha contribuido a la ausencia de políticas públicas diferenciales y acordes con las peculiaridades
étnico-culturales de estos grupos, así como con las necesidades particulares de sus niños y niñas. Generalmente, las
políticas que los incluyen los han ubicado indiferenciadamente con el resto de “pobres”, “vulnerables” o de “personas que
viven en poblaciones rurales”, ignorando su diversidad étnica y cultural.
El fenómeno de los cultivos de coca y amapola aumentó durante el quinquenio en forma importante en zonas donde
habitan estas minorías étnicas, lo que también ha impactado profundamente sus culturas tradicionales. Adicionalmente
las fumigaciones indiscriminadas de dichos cultivos, han afectado la salud y la calidad de vida de estas comunidades,
generando procesos de desplazamiento.
Efectos del conflicto armado y el desplazamiento en los niños y niñas pertenecientes a minorías étnicas
En la última década, los territorios de los pueblos indígenas y de las comunidades afrocolombianas, se han convertido
en espacios predilectos para la presencia de los actores armados, debido a su privilegiada situación geopolítica, a la
diversidad de recursos que poseen (minería, petróleo y fuentes energéticas) y a la posición estratégica para el desarrollo
de economías ilegales como el contrabando, el tráfico de armas y los cultivos ilícitos.
La acción directa del conflicto armado en sus territorios ha perjudicado la calidad de la atención en salud y educación,
ya que las hostilidades han afectado al personal médico y paramédico que realiza brigadas de salud, y las continuas
amenazas a maestros han dado lugar al cierre de varias instituciones educativas. Las condiciones de salud y la seguri-
dad alimentaria, ya de por sí deterioradas dentro de la población infantil, se agravaron más a causa de los bloqueos de
alimentos y medicinas que practican los actores armados hacia los asentamientos indígenas y afrocolombianos28.
El anterior panorama, caracterizado por el deterioro de las condiciones de vida de las comunidades, se constituye en
caldo de cultivo para que los niños, las niñas y los jóvenes pertenecientes a los grupos étnicos ingresen a las filas de los
grupos armados como una opción para solucionar sus necesidades básicas y para buscar salida a la crisis. Así, se han
venido reportando algunos casos de vinculación directa de niños, niñas y jóvenes indígenas y afrodescendientes que
han sido reclutados por parte de los grupos armados existentes en sus territorios29.
Adicionalmente, el fenómeno del desplazamiento forzado se ha masificado entre las comunidades indígenas y afroco-
lombianas. El abandono obligado de sus territorios ancestrales vulnera la integridad étnica de estos grupos afectando
su relación tradicional con el territorio, exponiéndolos al peligro de perder su identidad cultural, e incluso, propiciando la
desaparición misma de la etnia.
La magnitud del problema ha superado la capacidad del Estado para atenderlo. La respuesta institucional no ha tenido
mayor incidencia entre las comunidades: el apoyo, tanto para la población en general como para los niños y las niñas
en particular, se ha circunscrito a ayudas puntuales como servicio médico y psicológico, alimentación, transporte de
emergencia y alojamiento transitorio, que no tienen en cuenta las particularidades socioculturales de estos grupos. No
se tiene conocimiento de la existencia de programas específicamente dirigidos a la atención de los niños y las niñas
pertenecientes a minorías étnicas30.
Si bien es cierto que la Red de Solidaridad Social como coordinadora del Sistema de Atención a la Población Internamente
Desplazada, ha planteado incorporar a su modelo de atención el enfoque diferencial para atender las necesidades y particu-
laridades de la población desplazada de acuerdo con su condición étnica, etarea y de género, en la práctica esto no se ha
llevado a cabo31.
28 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Décimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia, Bogotá, 2002.
29 Mesa de Trabajo. Mujer y Conflicto Armado. Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia (Tercer Informe 2002), Bogotá, 2003; Asociación Defensa de los Niños y Niñas Internacional- DNI
Colombia. Informe para la 34ª. Sesión del Comité de los Derechos del Niño. Violación de Derechos a niños, niñas y jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas en Colombia, Bogotá, 2003.
30 Asociación Defensa de los Niños y Niñas Internacional- DNI. Ibíd.
31 UNHCR – ACNUR. Balance de la política pública de prevención, protección y atención al desplazamiento interno forzado en Colombia, agosto 2002 - agosto 2004. Bogotá, 2004.
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19. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
Esta falencia de la política quedó en evidencia con la Sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional en donde se
plantea que en el país “no han sido reglamentadas políticas que faciliten el acceso de la oferta institucional a los grupos
desplazados en situación de mayor debilidad, tales como mujeres cabeza de familia, jóvenes y etnias. Y no existen
programas especiales que respondan a las especificidades de los problemas que aquejan a dichos grupos”.32
3.2. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN,
A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL
ACCESO A LA INFORMACIÓN (Artículos 13, 15, 17)
“ Proponemos que el gobierno tenga en cuenta la mayor de la parte a las niñas y a los niños para que tengamos un
buen desarrollo. Que no nos traten como números, si no como personas, por que hablan o más bien nos cuentan pero
no nos tienen en cuenta, que nos abran verdaderos espacios de participación en donde digamos lo que sentimos, pero
también en donde tomemos decisiones sobre lo que nos afecta. Que por favor el gobierno deje de hablar, de esto ya
estamos cansados, sería mejor actuar, pues de esto estamos necesitados”33.
En Colombia la participación de niños, niñas y jóvenes como derecho fundamental que aporta al fortalecimiento de la
democracia está reconocida en el artículo 45 de la Constitución, en la Ley General de Educación, y en la Ley de Juven-
tud. No obstante, la participación de los niños y las niñas en la práctica es bastante incipiente.
El alcance de las acciones que ha promovido el Estado encaminadas a impulsar espacios de participación y opinión de
los niños y las niñas no ha sido significativo; su impacto ha estado limitado dado que obedecen a situaciones coyuntu-
rales y hay falta de información sobre los mismos.
“Se abren algunos espacios y hay muy poca información para acceder a dichos espacios, muchas veces los niños y jóve-
nes quieren opinar y que sean tenidos en cuenta para tomar alguna decisión y no es posible esto, ya que no nos prestan
mucha atención, los jóvenes tenemos muy buenas propuestas y esto no lo tienen en cuenta. A veces se abren sitios o se
hacen supuestamente espacios de participación para los jóvenes y a veces no sabemos que están hechos para nosotros
y no hacemos uso de estos, o a la hora de tomar decisiones en estas las toman ellos, los adultos, y no toman la opinión
de los jóvenes”34.
La visión que los adultos tienen acerca de la niñez, determina la manera en que se relacionan con la misma, así como el
espacio que se les da a los niños, las niñas y los jóvenes para participar en los asuntos familiares, escolares, comunita-
rios e institucionales. En el país la noción del niño y la niña como sujetos de derechos es bastante débil, lo que limita su
reconocimiento como actores sociales, autónomos, reflexivos, participativos, con capacidad de interpretar y reconstruir
su realidad..
“en las familias en ocasiones no nos escuchan, al tomar decisiones no nos tienen en cuenta, dentro del hogar se impone
la palabra del padre, y esto se debe a la falta de charlas hacia las familias. A nivel escolar se elige un gobierno escolar al
cual no hay el apoyo de los docentes o directivos hacia sus ideas o actividades propuestas por los jóvenes y tampoco hay
presupuesto. A nivel del barrio nos hace falta oportunidades para los jóvenes en cuanto a talleres para así formarse como
lideres de sus comunidades. Existen algunos espacios, pero estos espacios están manipulados y falta más información
de dichos espacios”35.”
32 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 2004. Citado por UNHCR – ACNUR. Ibíd.
33 Consulta Regional con niños y niñas. Cali, Abril de 2005.
34 Consulta Regional con niños y niñas. Villavicencio , Cali y Medellín. Abril de 2005.
35 Consulta Regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
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20. Colombia: En deuda con su infancia
Colombia: En deuda con su infancia
Se puede afirmar que en Colombia continua vigente “una visión tradicional del niño, que hace común que el grueso de adul-
tos todavía no valoren y potencien las capacidades del niño para contribuir en su desarrollo personal, en el de su familia y
en el de su comunidad. Más aún, que no toma en cuenta la importancia que tiene para la formación del niño la estimulación
de su expresión, opinando o participando”36.
“anteriormente y ahora, pero se ve un poco menos, es que a los niños no se les tiene en cuenta ni su opinión por ser
niños o porque los adultos piensan que por solo ser niños y jóvenes solo estamos pensando en jugar, ver tele, andar en
la calle y otros, y no toman en cuenta que podemos tener cosas buenas para aportarles”37.
El impulso que se ha dado a la participación de niños, niñas y jóvenes se ha reducido a algunos espacios for-
males, dejando de lado espacios vitales donde los niños y las niñas despliegan su cotidianidad: familiar, barrial,
escolar y comunitario.
Si bien han aumentado las posibilidades de participación de la niñez y la juventud en espacios sociales e instituciona-
les, para la mayoría de los niños, las niñas y los jóvenes no existe tal oportunidad; principalmente si se trata de niños y
niñas que viven en el campo , que se encuentran en situación de desplazamiento, o que hacen parte de cualquier otra
población en situación de alta vulnerabilidad.
El Estado no ha estimulado a los niños, las niñas y los jóvenes para que creen sus espacios de participación y sus
propias formas organizativas , y no se han creado estrategias en este sentido para apoyar su formación, respaldar sus
propuestas y proyectos, para brindarles un acompañamiento constante, y asegurarles una asistencia técnica38. Tampoco
se han promovido redes u otras formas de organización de largo plazo, que permitan a niños y niñas hacer seguimiento
a la situación de sus derechos y participar activamente en espacios donde se toman decisiones.
En el quinquenio, se avanzó en el desarrollo de mecanismos de la participación en el ámbito escolar, pero aún dentro
de una tensión permanente entre las visiones y prácticas tradicionales de la educación, donde prevalece la autoridad y
conocimiento del adulto, que genera obstáculos en la participación de niños y niñas, relegándola a actividades formales,
con las nuevas formas de expresarse y de comunicarse de los niños, las niñas y los jóvenes. En cuanto a la construcción
participativa de los manuales de convivencia o reglamentos, esto no se dio en la práctica, ya que si bien se les consul-
taba su opinión, los manuales en muchos casos terminaron siendo de corte legalista y represivo39.
Ahora, la participación en espacios educativos no puede reducirse al tema de los gobiernos escolares y personeros; es
necesario democratizar y vivenciar la participación en las aulas en todos los momentos, así como en las relaciones que
los maestros establecen con los niños y en las decisiones que se toman con respecto a ellos y ellas.
El Estado no ha creado los suficientes mecanismos, ni las estrategias para difundir información necesaria para que los
niños y las niñas interioricen y vivencien el sentido de la participación auténtica de manera activa, y el derecho a la aso-
ciación como mecanismos garantes en el cumplimiento de sus derechos.
La participación dinámica de los niños, las niñas y los jóvenes en la toma de decisiones en todos los niveles, así como
en la planificación, práctica, vigilancia y evaluación en todos los asuntos que los afecten, no ha trascendido de manera
efectiva. En general los alcaldes y sus equipos de gestión no cuentan con el conocimiento y la experiencia suficiente
sobre los temas de niñez y juventud40.
36 UNICEF. Presentación del seminario “La participación de niños y adolescentes en el contexto de la Convención de los derechos del niño: visiones y perspectivas”. Citado en el informe de los grupos de investigadores y ONGs
de Colombia al Comité de Derechos del Niño, 1998.
37 Consulta Regional con niños y niñas. Cali, abril de 2005.
38 UNICEF; FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Op. Cit.
39 CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. Situación actual y prospectiva de la niñez y la juventud en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004.
40 ACOSTA, Alejandro; KATTAH, Fadua. Hacia la construcción de una política de infancia y adolescencia. Bogotá, 2002.
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21. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
“Proponemos que en el país los grupos juveniles y de niños dedicados al trabajo en cualquier campo sean más, e igual-
mente tengan el apoyo total e incondicional del Estado. Que se tenga más en cuenta la participación de los niños en
todos los espacios. Que se tenga más en cuenta a los niños y niñas, los derechos humanos ya no se respetan y cada
quien hace lo que quiere a su conveniencia, que el Estado se concientice de la situación del país y de los niños, y que
tengan un verdadero compromiso con Colombia. Que se haga un trabajo con los jóvenes, por los jóvenes y para los
jóvenes. Cada alcalde con su gobierno deberían tener en cuenta la voz y el voto de los niños, niñas y jóvenes de sus
comunidades para dar cuenta de sus necesidades para darles solución”41.
No se ha promovido la participación de los niños, las niñas y los adolescentes en la elaboración de los planes de de-
sarrollo y en su ejecución. Ha sido incipiente su participación en estrategias a su favor en los Consejos Territoriales de
Planeación, y su protagonismo es débil ante la toma de decisiones. No se han impulsado estrategias para que los niños
y las niñas se sientan comprometidos en la búsqueda de soluciones para la satisfacción de sus propias necesidades
y el bienestar de la comunidad, así como para fortalecer sus capacidades y habilidades de gestión para incursionar en
espacios de planeación y toma de decisiones42. Cuando los niños, las niñas y los jóvenes han hecho propuestas, éstas
no han sido tenidas en cuenta en la etapa de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo.
“Recomendamos que en los consejos de juventud municipales se haga una convocatoria abierta a los jóvenes lideres
de cada barrio, enfocándose a los grupos juveniles para que se hable de las necesidades de los jóvenes en cada ciu-
dad, para que se haga un encuentro nacional de consejos de juventud y allí se exprese las necesidades de los jóvenes
para que lleven todas estas inquietudes al congreso y hagan parte del congreso de la republica”43.
A pesar de la escasa reglamentación de la Ley de la Juventud, es preciso reconocer que se ha logrado avances en la
participación de los jóvenes, sin embargo en estos espacios con frecuencia se reproducen los vicios de la democracia
representativa de otros niveles y se carece de representatividad entre los y las jóvenes44.
“Anteriormente a los niños no se les tenía como tal, sino como objetos y no se les tenía en cuenta por ser niños. Ahora
en estos años se les están abriendo un poco las puertas a los jóvenes para que participen y se les tenga un poco en
cuenta. Por ejemplo, el Consejo Municipal de Juventud, dicen que es para los jóvenes, pero a la hora de la hora son los
adultos y los del gobierno quienes influyen en estos”45.
En general, en el país, predominan formas de participación limitada: convocatoria a eventos públicos donde se trata
algún tema relacionado con la niñez, simulacros de elecciones o para justificar decisiones que ya han sido tomadas46.
“El gobierno utiliza a los niños como fachadas, permiten que ellos hablen y den su opinión pero no se les presta mucha
atención (habla por hablar) y lo que decimos queda en el aire”47.
En cuanto al acceso a la información, el Plan Nacional de Comunicación para la Infancia PCIN mencionado en el informe
del Estado, que tuvo algún impacto en diversas regiones del país, se redujo y prácticamente desapareció a fin del quin-
quenio. Los programas de gobernaciones, alcaldías e ICBF en este campo, son más acciones de tipo recreativo, que no
alcanzan a tener una incidencia efectiva en el acceso a la información para los niños, las niñas y los jóvenes.
41 Consulta Regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
42 CIMDER – UNICEF. Lineamientos para una política pública de adolescencia y juventud con enfoque de derechos y ciudadanía en tres municipios de Colombia: Istmina, Pasto y Popayán. Cali, 2004.
43 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
44CENTRO DE INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO. Op. Cit.
45 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, Cali y Medellín. Abril de 2005.
46 UNICEF; FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS. Op. Cit.
47 Consulta regional con niños y niñas. Villavicencio, Cali y Medellín. abril de 2005.
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22. Colombia: En deuda con su infancia
Colombia: En deuda con su infancia
Los otros programas mencionados en el informe del Estado, que son de orden nacional no han tenido cobertura amplia
en todo el territorio. En varias regiones los Consejos de Juventudes no han sido implementados. Los espacios que son
planeados para estar a cargo de los jóvenes, en algunos casos son dirigidos y coordinados por adultos, y no responden
a los objetivos para los cuales se crearon.
El acceso a la información es un asunto precario, en especial para los niños y las niñas de sectores marginados y comu-
nidades rurales. En estas, por lo general faltan bibliotecas y las que hay no poseen el material suficiente o de calidad para
dar información sobre el acontecer del país, del mundo o de los avances de la ciencia. Gran parte de este material está
deteriorado o es obsoleto. El acceso a Internet u otras formas de comunicación es todavía limitado a algunos sectores
urbanos.
La televisión es el medio de comunicación más utilizado por los niños y las niñas, pero al igual que la radio, no ofrecieron
durante el quinquenio, como no lo hacen ahora, la mejor alternativa de educación y acceso a la información. El control
sobre los contenidos transmitidos es pobre, dejándose la responsabilidad sobre el mensaje trasmitido, a la ética de los
monopolios privados que hoy manejan dichos medios, con un interés comercial antes que de servicio.
Aunque se han realizado algunos avances en materia de permitir la expresión de los niños y las niñas y difundirla a
través de los medios masivos de comunicación, éstas son experiencias aisladas en las que participan pocos de ellos.
Falta una política estatal clara al respecto.
Tanto en la familia como en la escuela la palabra del adulto sigue prevaleciendo sobre la de los niños, las niñas o los
jóvenes . Existen numerosas tutelas denunciado lo problemático que ha sido para muchos niños y niñas, y en especial
adolescentes, expresarse abiertamente y dar a conocer sus puntos de vista. Aún no existen mecanismos claros que
permitan hacer realidad el derecho a la libre expresión en espacios cotidianos.
22

23. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
4. ENTORNO FAMILIAR Y OTRO TIPO DE TUTELA
(Artículos 11, 10, 20, 21, 39)
“El gobierno no debería prometer cosas que no va a cumplir y luego asegurar y valerse de ellas para su propio benefi-
cio, disfrazan sus grandes errores con actos publicitarios que no contribuyen a la protección de los niños. Si el gobierno
estuviera comprometido realmente con la problemática de los niños dejaría de preocuparse por emplear recursos para
la guerra y trabajaría realmente en pro de la niñez...”48.
En Colombia, se erigen primordialmente cuatro situaciones que se constituyen en los principales factores que vulneran
a la familia y atentan contra el bienestar particularmente de las mujeres, los niños y las niñas: la pobreza, la inequidad,
la violencia política y la violencia social.
Dentro de la violencia social, se manifiesta la violencia intrafamiliar como el segundo delito cometido en Colombia. “En
el año 2001 fueron reportados ante Medicina Legal 69.681 casos de violencia Intrafamiliar que incluyen 10.918 denuncias
por maltrato infantil y 41.320 por violencia conyugal”.49 Las mujeres y los niños son las principales víctimas de esta forma
de violencia. Estadísticas del Instituto de Medicina Legal muestran que al año son recibidos y atendidos 7.600 casos
de niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar, en el mismo sentido las estadísticas oficiales indican que el 91% de
las víctimas de actos violentos en el espacio doméstico son mujeres, incluidas las jóvenes50 . De acuerdo con las cifras
oficiales, de cada 1.000 niños y niñas, 361 sufren algún tipo de maltrato dentro de su familia.
Los datos sobre maltrato infantil muestran un crecimiento constante del número de casos reportados anualmente (de
3051 en 1995 se pasó a 6552 casos en todo el país en 2000), situación que puede interpretarse como visibilización
de un problema previamente oculto. Visto en conjunto el maltrato infantil afecta de manera equivalente a los niños y
las niñas, salvo en el grupo de mayor edad (14 a 17) en el que las mujeres son las principales víctimas. Se mantiene el
patrón en relación con la edad pues el mayor número de casos se concentra en el grupo de 10 a 14 años (59% del total
en el año 2000). En la mayoría de los casos (52%) el agresor es el padre o padrastro mientras que en una cuarta parte
de los casos la agresión proviene de la madre.
Frente a la respuesta del Estado, el quinquenio tuvo la particularidad de estar enmarcado dentro de la propuesta del
Plan de Desarrollo “Cambio para Construir la Paz”, el cual tenía como eje fundamental el tema de la paz. Por lo que
la política social de familia se enmarcó dentro de una política de convivencia pacifica nacional.51 Esto se plasmó en
el programa denominado “Haz Paz” cuyo objetivo era la prevención detección, vigilancia y atención de la violencia
intrafamiliar. Sin embargo, el programa, como lo reconoce la Defensoría del Pueblo, no cambió las cifras de
violencia intrafamiliar.
El programa Haz Paz no tuvo una difusión amplia en las regiones. Fue un programa nacional en el que
se invirtieron importantes recursos y cuyo mayor logro fue haber desarrollado unos materiales para el
trabajo en la construcción de paz; en consultas hechas en algunas regiones, el programa simplemente
no se aplicó, . A finales del quinquenio, con el cambio de administración, el programa se redujo aún
más su modesta cobertura.
48 Consulta regional a niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
49 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Décimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 2002. Op. Cit.
50 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 1999
51 El soporte de esta política se evidencia en el documento “Haz Paz”, el cual tiene como principal objetivo el logro de la paz por medio de la convivencia familiar en un propósito nacional.
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24. Colombia: En deuda con su infancia
Colombia: En deuda con su infancia
Otros programas o acciones contra la violencia intrafamiliar se mantuvieron durante el quinquenio. Es el caso de las
redes del buen trato y de otras estrategias como el sistema de vigilancia de violencia y maltrato SIVIGILA. Es de resaltar
el papel cumplido por el Instituto de Medicina Legal en el seguimiento, difusión y análisis de la problemática.
El sistema de protección, encargado de la atención individual de los casos, fue insuficiente y generalmente ineficiente,
sus resultados son pocos, en este, como en otros problemas que le atañen. Desafortunadamente no hay estudios o
evaluaciones que permitan medir el impacto de estas intervenciones, que generalmente son puntuales y transitorias y
sobre las cuales no se hace un adecuado seguimiento.
Es crítica la situación de abandono a que están expuestos muchos niños y niñas; las cifras citadas por el informe del Es-
tado (602.555 en situación de abandono o peligro en el 2002) son preocupantes. Igualmente es preocupante el número
de casos atendidos por los centros de emergencia (13.118 en el 2002), lo que deja ver el impacto que sobre los niños y
las niñas tiene la crítica situación nacional descrita.
Los niños y las niñas en abandono, así como aquellos casos en que se considera que la familia no ofrece garantías para
su desarrollo y bienestar, son institucionalizados o ubicados en medio familiar sustituto. La Defensoría del Pueblo señala
que, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, “durante el año 2000 fueron atendidos en medio institucional y
en medio familiar, incluidos hogares sustitutos, un total de 99.683 niños y niñas: 62.125 en medio institucional y 37.558
en medio familiar sustituto”. 52
A pesar de la gran cantidad de niños que están en medio institucional o familiar sustituto, hay un problema importante
de debilidad del sistema de protección en relación con la cobertura y la presencia de centros zonales del ICBF “espe-
,
cialmente para aquellos sectores donde no tiene presencia física el mencionado centro, los niños y las niñas que sean
víctimas de todo tipo de atropellos, no tienen ninguna autoridad ante quien acudir, debido a que el monopolio en materia
de protección está en cabeza de los defensores de familia que prestan sus servicios a través de estos centros zonales.
Por tal razón muchos casos no llegan a conocimiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.53
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo ha planteado debilidades de los programas de atención a los niños y las niñas
en situación de abandono o peligro, como que estas instituciones reciben indiscriminadamente diversidad de casos
(niños y niñas abandonados o en peligro, contraventores, consumidores de substancias psicoactivas y otros problemas),
haciéndose manifiesta la falta de programas especializados en relación con las diversas situaciones que propician la
medida de ubicación en medio institucional.
Sería pertinente evaluar la pertinencia, eficacia y los alcances de la institucionalización de los niños y las niñas como medi-
das para garantizar y proteger sus derechos y propiciar otras medidas de protección alternativas, como el medio familiar.
Las adopciones de niños colombianos, como lo dice el Informe del Estado se hicieron en su mayoría por familias ex-
tranjeras, lo que puede mostrar el interés de algunas instituciones de privilegiar estas adopciones sobre las nacionales,
como una baja cultura de la adopción en Colombia. . Si bien el ICBF aumentó el control y vigilancia del proceso de
adopciones, este se realizó no sólo por el Instituto a través de su programa especializado, sino también por instituciones
privadas, autorizadas para adelantar el programa de adopciones. Se continuó presentando un sistema de adopción pa-
ralelo a través del cual muchos niños y niñas salen del país ilegalmente como lo ha demostrado la Interpol54 y no hubo
acciones claras del Estado dirigidas a frenar este tráfico de niños y niñas.
52 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 2000.
53 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. 1999. Op. Cit.
54 Informe de los grupos de investigadores y organizaciones no gubernamentales de Colombia al Comité de los Derechos del niño. 2000.
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25. Colombia: En deuda con su infancia Colombia: En deuda con su infancia
5. SALUD BASICA Y BIENESTAR
(Artículos 18, 23, 24, 26, 27)
“La salud es muy regular, hay muchos lugares donde el gobierno ni siquiera ha mejorado los puestos de salud, los
hay pero sus servicios son muy malos, si no tenemos los papeles y el carné no nos atienden cuando este derecho es
fundamental...”55
El acceso a los servicios y a la atención básica en salud se encuentran enmarcados en la ley 100 de 1993, la cual es-
tructura el Sistema de Seguridad Social en el país (SGSSS). Este sistema tiende a la privatización de la prestación de los
servicios, y establece el acceso y la asistencia de acuerdo a la capacidad de pago de las personas. Se ha limitado el
carácter universal de acceso a la salud puesto que al circunscribir la prestación de los servicios al potencial adquisitivo
de las personas, recae la responsabilidad de la salud sobre el ciudadano, obstaculizando el ejercicio pleno de este
derecho56, limitando la acción del Estado a la dirección y control del Sistema. “Esta ley modificó el papel del Estado en
la prestación de los servicios, dando mayor participación al sector privado, transformó las fuentes de financiamiento,
estableció el subsidio a la demanda, definió la focalización como estrategia de atención y reformuló la concepción de
salud pública restringiéndola al desarrollo de acciones de bajo costo y alto impacto”57
El manejo que el Estado ha dado a la salud apunta a la atención de enfermedad, el SGSSS hace énfasis en la asistencia
y atención de eventualidades, dejando de lado otros aspectos importantes para alcanzar el bienestar, como la preven-
ción y la promoción de la salud58; De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el Estado Colombiano históricamente se ha
centrado en “la organización de la prestación de servicios de salud, priorizando el elemento de la atención a la enferme-
dad y marginando otros temas fundamentales de la salud. Esto muestra que la comprensión del derecho a la salud se
ha planteado en términos del derecho a la atención de la enfermedad, dejando de lado aspectos centrales del derecho,
como la promoción, prevención y rehabilitación y el acceso al conjunto de factores determinantes básicos de salud”59
Con respecto al acceso universal a los servicios de salud, no se avanzó significativamente en este quinquenio. Según
datos presentados ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales60, el 43% de la población colombiana
al final del quinquenio no estaba cubierto por la seguridad social. Prevalecen diversos elementos que imposibilitan la
garantía del derecho a la salud de niños y niñas, por un lado el acceso y la atención depende de la afiliación, lo cual
constituye un gran problema teniendo en cuenta que la afiliación de los niños y las niñas es de carácter familiar, si los
padres o responsables no se encuentran afiliados, los niños no están cubiertos por el sistema.
55 Consulta con niños y niñas. Villavicencio, abril de 2005.
56 La política de Salud en la última década ha “consolidado la concepción de salud como una mercancía. Esto último ha alejado aún más las políticas públicas de
la comprensión de la salud como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado a todos los ciudadanos” DEFENSORIA DEL PUEBLO. Undécimo
Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. Bogotá, 2003. Op. Cit.
57 PLATAFORMA COLOMBIANA DE DERECHOS HUMANOS, DEMOCRACIA Y DESARROLLO. “El embrujo autoritario”. Bogotá: Septiembre de 2003.
58 La salud no puede restringirse a la asistencia de las enfermedades que presentan niños y niñas, a la provisión de medicamentos, y atención clínica. Es
necesario articular acciones relacionadas con el reconocimiento del entorno del niño y la niña para la prevención de factores de riesgo que puedan afectar su
salud, y con la promoción de hábitos saludables para lograr su desarrollo, se debe comprender que la salud del niño y la niña depende de la combinación
de decisiones y acciones de los individuos, la sociedad y el estado. FRANCO, Saúl. “Guerra, salud y paz. Documento número 3, Primer Congreso Nacional
de Salud. Universidad Nacional de Colombia.
59 DEFENSORIA DEL PUEBLO. Undécimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de Colombia. Bogotá, 2003. Op. Cit.
60 INFORME DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMA-
NOS EN COLOMBIA. E/CN.4/2002/17
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