Jur tsj de madrid, (sala de lo social, seccion 2a) sentencia num. 521 2014 de 9 julio-as_2014_2275

Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 2ª) Sentencia num. 521/2014 de 9 julio
AS20142275
EXTINCION DEL CONTRATO POR CAUSAS OBJETIVAS: alegación de concurrencia de
circunstancias económicas y organizativas: despido improcedente, por falta de prueba de la
razonabilidad de la medida extintiva: mera previsión de pérdidas económicas y contratación de
nuevos trabajadores, que supone la sustitución de empleo fijo por temporal, sin eliminación de costes
salariales, en sociedad pública estatal; prueba: razonabilidad de la medida extintiva: alcance del
control judicial tras la reforma laboral.
Jurisdicción: Social
Recurso de Suplicación 140/2014
Ponente: Ilmo. Sr. D. Fernando Muñoz Esteban
El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por la entidad demandada contra la
Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 21 de Madrid, de fecha 31-07-2013, dictada en autos
promovidos en reclamación sobre despido objetivo.
Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sección nº 02 de lo Social
Domicilio: C/ General Martínez Campos, 27 - 28010
Teléfono: 914931969
Fax: 914931957
34002650
NIG : 28.079.00.4-2012/0009309
Procedimiento Recurso de Suplicación 140/2014-T
ORIGEN:
Juzgado de lo Social nº 21 de Madrid Despidos / Ceses en general 1017/2012
Materia : Despido
Sentencia número: 521/2014
Ilmos. Sres
10 de diciembre de 2014 © Thomson Reuters 1

D. MIGUEL MOREIRAS CABALLERO
D. MANUEL RUIZ PONTONES
D. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN
En Madrid a nueve de julio de dos mil catorce habiendo visto en recurso de suplicación los
presentes autos la Sección 2 de la Sala de lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta
por los Ilmos. Sres. citados, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1 de la Constitución
Española (RCL 1978, 2836) ,
EN NOMBRE DE S.M. EL REY
Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE
EL PUEBLO ESPAÑOL
ha dictado la siguiente
S E N T E N C I A
En el Recurso de Suplicación 140/2014, formalizado por el/la Sr. ABOGADO DEL ESTADO en
nombre y representación de SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACION AEREA Y LA
SEGURIDAD AERONAUTICA SA, contra la sentencia de fecha 31 de Julio de 2013 dictada por el
Juzgado de lo Social nº 21 de Madrid en sus autos número Despidos / Ceses en general 1017/2012,
seguidos a instancia de D. Pedro frente a SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACION
AEREA Y LA SEGURIDAD AERONAUTICA SA, en reclamación por Despido, siendo
Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. FERNANDO MUÑOZ ESTEBAN, y deduciéndose de las
actuaciones habidas los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO: Según consta en los autos, se presentó demanda por la citada parte actora contra la
mencionada parte demandada, siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado
Juzgado de lo Social, el cual, tras los pertinentes actos procesales de tramitación y previa
celebración de los oportunos actos de juicio oral, en el que quedaron definitivamente configuradas
las respectivas posiciones de las partes, dictó la sentencia referenciada anteriormente.
SEGUNDO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos en
calidad de expresamente declarados probados:
PRIMERO. Sobre las circunstancias laborales del trabajador:
I. El actor prestó servicios para la empresa demandada, dedicada a la instrucción y verificación de
la cualificación del personal adscrito a aeropuertos y entidades de derechos público y privado, tanto
nacionales como internacionales y controladores aéreos, desde el 17.04.2006, con la categoría
profesional de pseudopiloto y funciones de instructor y docente, salario mensual de 1.678,81 euros
(55,19 euros de promedio diario), con inclusión de prorrateo de pagas extraordinarias (hechos
conformes), mediante contrato indefinido ordinario a tiempo completo (doc 18 Senasa)
II. El actor no ha ostentado la condición de representante legal o sindical de los trabajadores (no se
alega).
SEGUNDO. Sobre las circunstancias formales del su despido : El día 31.07.2012, la empresa
demandada comunica al actor la extinción de contrato por causas objetivas, económicas y
organizativas, mediante carta fechada el día 30.07.2012 y efectos del día 31.07.2012 (hecho
conforme) que obra anexa a la demanda y cuyo contenido se tiene por íntegramente reproducido. De
forma concurrente se pone a disposición del trabajador una indemnización de 6.952,58 euros.
TERCERO. Sobre los motivos indicados en la carta de despido y circunstancias
concurrentes:

I. Senasa es una sociedad mercantil cuyo accionista único es la Dirección General de Patrimonio
del Estado (Ministerio de hacienda y Administraciones Públicas y su actividad principal es la
prestación de servicios de asistencia técnica y consultoría de seguridad aeronáutica, la formación en
navegación aérea y los servicios y operaciones de aeronaves y mantenimiento y cuenta con 5
centros de trabajo, uno de ellos en Madrid. Por RD 1516/2009 de 2 de octubre (RCL 2009, 1968) se
liberalizó la formación para obtener la licencia de controlador aéreo y la Ley 9/2010, de 14 de abril
(RCL 2010, 1053) se regula la prestación de servicios de tránsito aéreo y, entre otras cosas, permite
la entrada de nuevos proveedores civiles, la provisión de servicios de plataforma por personal no
controlador y la implantación de sistemas de información de vuelo.
II. A fecha 01.01.2012, la plantilla de pseudopilotos, dependiente de la gerencia de formación de la
dirección de navegación aérea y operaciones estaba integrada por 20 personas (una coordinadora,
tres jefes de equipo y 16 pseudopilotos) y, a fecha 22.05.2013, la componen 9 personas (una
coordinadora, dos jefes de equipo y 6 pseudopilotos), La reducción se corresponde con 8 despidos
por causas económicas, organizativas y de producción, una promoción y dos bajas voluntarias (doc 9
Senasa: folios 394 a 396). A raíz de las previsiones de abril 2012 se acordó el despido objetivo de 12
personas (hecho que figura en la carta)
III. Los ingresos correspondientes al año 2010/2012 y previsión para el año 2012 (a fecha abril-julio
2012) son los siguientes, en miles de euros y con el desglose que figura en el informe pericial
(folios 248) y cuentas (folio 347).
2010: 31.852.633 (formación navegación aérea: 6.622.127 euros)
2011: 31.701.404 (formación navegación aérea: 8.093.842 euros)
2012 (previsión abril): 25.782.204 (formación navegación aérea: 5.126.641 euros)
2012 (previsión julio): 24.952.601 (formación navegación aérea: 4.474.189 euros)
2012: 23.308.646 (formación navegación aérea: 4.465.132)
IV. Al cierre del ejercicio 2012, el resultado provisional presentado para su aprobación, pendiente
de auditoría externa, en miles de euros, fue el siguiente (informe pericial: folio 252 y 253)
Importe neto cifra de negocios: 23.309,00 (previsión julio 23.010)
Gastos de personal: -18.353 (previsión julio 18.239)
Resultado de la explotación: -1.095,00 (previsión julio -1.754)
Resultado del ejercicio (después impuestos): -1.189,00 (previsión julio: -1.634,00)
Resultados auditados (folios 298 y 347):
2011
2012
Cifra de negocios
29.943.379 euros
23.308.646 euros
Resultado ejercicio*
1.035.094 euros
-1.236.334 euros
Gastos de

personal
-20.425.501 euros
-18.419.340 euros
* Después de impuestos.
V. Desde la liberalización de la prestación de servicio de tránsito aéreo y formación de control
aéreo en el año 2010, Senasa ha realizado siete promociones de curso inicial de controladores de
tránsito aéreo, habilitaciones ADI/ADV siendo el número de alumnos (doc 10 prueba Senasa: folios
397 a 422):
1ª 10. 11.2010 a 03.05.2011: 48
2ª 17.02.2011 a 11.08.2011: 47
3ª 06.06.2011 a 22.12.2011: 47
4ª 04.10.2011 a 14.05.2012: 47
5ª 21.02.2012 a 10.10.2012: 23
6ª 10.09.2012 a 16.04.2013: 12
7ª 04.02.2013 a 07.10.2013: 9
Los ingresos obtenidos de dichos cursos fueron, en miles de euros (informe pericial folio 246):
Trimestre 1°
Trimestre 2°
Trimestre 3°
Trimestre 4°
2010
1.471
1.050
1.009
1.792
2011
1.565
1.924
1.730
1.554
2012
1.508
837
En julio 2012 solo había dado comienzo a una promoción de cursos de torre de 23 alumnos,
estando previsto otro curso cuyo comienzo se retraso al mes de septiembre por la dificultad de cubrir

las plazas. En abril la estimación era de dos cursos de controlador con 24 alumnos cada uno; la
desviación de 13 alumnos entrañaba una caída de ingresos de 672 miles de euros (informe pericial:
folio 246).
VI. En el ejercicio 2012, la demandada recibió una subvención de AENA por valor de 975.734
euros con el fin de cubrir el déficit de ese año correspondiente a las actividades aeronáuticas y al
objeto de favorecer el desarrollo de la formación y promoción de la aviación deportiva en la Escuela
de Vuelo de Ocaña; a fecha 31.12.2012, la Sociedad demandada tenía pendiente la percepción de
316.933 euros (en el año 2011 esa subvención fue de 941.145 euros). También ha recibido otras
subvenciones; en particular en noviembre del 2012 una de tres años para la investigación en
biocombustibles (proyecto itaka) (informe de auditoría: folios 347 y 348)
VII. Con posterioridad al despido del actor, Senasa ha contratado a 21 trabajadores, de la
categoría del actor, a través de contratos temporales, en las fechas que a continuación se indican;
con fecha 12.09.2012 se le ofreció al trabajador ser contratado temporalmente, empleo que rechazó
ya que no se le respetaban sus anteriores condiciones laborales (doc 16 Senasa, folios 455 a 477,
siendo conforme que se le ofreció al trabajador un nuevo contrato):
01.10.2012 a 28.12.2012: 7
01.10.2012 a 15.03.2012: 1
01.10.2012 a 19.03.2013: 1
01.10.2012 a 20.03.2012: 1
04.02.2013 a 21.03.2013: 2
04.02.2013 a 21.03.2013: 1
08.02.2013 a 28.02.2013: 1
28.02.2013 a 08.03.2013: 1
03.06.2013 a 07.06.2013: 1
04.06.2013 a 10.06.2013: 7
CUARTO. Formalidades del procedimiento y proceso . Se interpuso papeleta de conciliación el
día 08.08.2012, celebrándose el acto el 29.08.2012, que terminó: sin avenencia. Se presentó
demanda por despido el día 29.08.2012, que tuvo entrada en este Juzgado el 30.08.2012.
TERCERO: En dicha sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte
dispositiva:
"Que, teniendo a la parte actora por desistida de su pretensión de que se declare la nulidad del
despido por vulneración de derechos fundamentales y estimando la demanda formulada por
demandante D. Pedro contra SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AÉREA Y LA
SEGURIDAD AERONÁUTICA, S.A. (SENASA) , debo declarar y declaro la improcedencia del
despido , condenando a la empresa demandada a estar y pasar por esta declaración y a que, a su
opción, readmita al actor en su anterior puesto de trabajo con abono de los salarios dejados de
percibir desde la fecha del despido (día siguiente a su fecha de efectos) hasta la notificación de esta
resolución (a la empresa), a razón del salario diario declarado probado y descuento de los periodos
en que hayan podido permanecer en situación de incapacidad temporal y/o de los salarios que haya
podido percibir en posteriores empleos y prestaciones de desempleo que hayan podido percibir para
su reintegro al Servicio Público de Empleo hasta el límite del salario diario declarado probado, o
abonar la cantidad de 15.390,17 euros en concepto de indemnización por despido, suma de que se
podrá deducir la cantidad percibida en concepto de indemnización por despido.
Se advierte a la empresa demandada que deberá efectuar la indicada opción en el plazo de los
cinco días siguientes a la notificación de la presente resolución, mediante escrito o comparecencia

ante este Juzgado, y que, de no efectuarse en tiempo y forma, se entenderá que se efectúa en favor
de la readmisión."
CUARTO: Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACION AEREA Y LA SEGURIDAD AERONAUTICA SA,
formalizándolo posteriormente; tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
QUINTO: Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, en unión de la
pieza separada de recurso de suplicación, a esta Sala de lo Social, tuvieron los mismos entrada en
esta Sección, dictándose la correspondiente y subsiguiente providencia para su tramitación en forma.
SEXTO: Nombrado Magistrado-Ponente, se dispuso el pase de los autos al mismo para su
conocimiento y estudio, señalándose el día 11 de Junio de 2014 para los actos de votación y fallo.
A la vista de los anteriores antecedentes de hecho, se formulan por esta Sección de Sala los
siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO
Disconforme la demandada con la sentencia de instancia, formula recurso de suplicación,
solicitando la revisión de la declaración fáctica y el examen del derecho aplicado en dicha resolución.
Al recurso se opone el demandante en su escrito de impugnación, por las razones alegadas al
efecto.
Así, la demandada solicita en los dos primeros motivos, al amparo del artículo 193 b) de la LRJS
(RCL 2011, 1845) , la revisión de los hechos declarados probados, en los términos que propone.
Ahora bien, a la vista de las alegaciones realizadas, se ha de significar que, según tiene declarado
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Sentencias de 28 de
septiembre de 2004 (AS 2014, 3043) , recurso de suplicación 878/2004 y de 26 de junio de 2007
(PROV 2007, 310345) , recurso de suplicación 1225/05 y esta misma Sala del T.S.J. de Madrid en la
de 13-5-2009 (PROV 2009, 269156) (Rec. 1472/09 ), entre otras, con doctrina enteramente aplicable
tras la entrada en vigor de la LRJS (RCL 2011, 1845) , se vienen considerando como requisitos a
tener en cuenta para la procedencia de la revisión fáctica:
1.-Imposibilidad de aducir cuestiones fácticas nuevas no discutidas en el procedimiento.
2.-Precisión y claridad en la concreción del hecho o hechos a revisar.
3.-Determinación explícita y concreta de las pruebas documentales o periciales que sirvan de
sustento a su pretensión, no siendo viables las interpretaciones distintas de las mismas pruebas ya
valoradas por el Juez "a quo". De modo que no es posible admitir la revisión fáctica de la sentencia
impugnada con base en las mismas pruebas que la sirvieron de fundamento, en cuanto no es
aceptable sustituir la percepción que de ellas hizo el juzgador, por un juicio valorativo personal y
subjetivo de la parte interesada ( Sª TS de 6 de mayo de 1985 (RJ 1985, 2664) ).
4.-No pueden servir para la revisión la referencia genérica a las pruebas practicadas, ni la
alegación de inexistencia de prueba de hechos declarados como acreditados, ni la mención de
determinados medios probatorios desvirtuados o contradichos por otros también incorporados a las
actuaciones.
5.-El error del Juzgador debe inferirse directamente de las específicas pruebas documentales o
periciales aducidas, y no de hipótesis, conjeturas o razonamientos efectuados a partir de las mismas.
6.-Debe ofrecerse el correspondiente texto alternativo que se pretende vaya a sustituir al llamado a
ser suprimido.
7.-Por último, es necesario que la revisión propuesta, ya sea a través de la modificación, supresión

o adición instada, resulte trascendente o relevante en orden al enjuiciamiento y resolución del tema
litigioso objeto de debate.
Pues bien, en el supuesto de autos la demandada solicita en el primer motivo de su recurso que se
efectúen en el Hecho Probado Tercero, epígrafes VI y VIII, las adiciones interesadas, a fin de hacer
constar, por un lado, que la subvención de noviembre de 2012 está sujeta a auditoría a los 18 meses
de vida y al finalizar el proyecto, y por ello se le reconoce el carácter de reintegrable hasta que se
cumplan las condiciones que justifiquen su concesión, no computando como ingreso hasta entonces;
y, por otro lado, que los proyectos de formación contratados por SENASA en 2011, 2012 y 2013 son
los que se indican.
Ahora bien, en cuanto a aquella primera adición nos encontramos con que en la misma se
introducen elementos y valoraciones que, por su propia naturaleza, deben quedar fuera del relato
fáctico. Y en cuanto a esta última adición se observa que la revisión pedida resulta por completo
intrascendente al recurso, careciendo en todo caso del alcance que pretende dársele, ya que lo
realmente relevante es la contratación de un importante número de trabajadores temporales, muchos
de ellos con fechas muy próximas al despido del demandante, como se verá.
Por lo cual, con arreglo a lo indicado, han de decaer necesariamente estos dos primeros motivos
del recurso de la demandada.
SEGUNDO
.- Al examen del derecho aplicado dedica la recurrente los motivos Tercero, Cuarto y Quinto de su
recurso, en que, al amparo del artículo 193 c) de la Ley, denuncia la infracción de los artículos 52.1 c
) y 51.1 y 2 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) .
Así las cosas, vistas las alegaciones realizadas, se ha de significar que para la resolución de las
cuestiones planteadas en estos motivos, íntimamente relacionadas, deben hacerse las
consideraciones siguientes:
1ª) Constituyendo el despido la forma de extinción del contrato de trabajo por voluntad unilateral
del empresario, el art. 108.1 de la LRJS , al igual que el art. 55 del Estatuto de los Trabajadores ,
determina que el Juez ha de calificar en el fallo de la sentencia el despido como procedente,
improcedente o nulo, habiéndose establecido, tras la reforma operada en el Estatuto de los
Trabajadores por la Ley 11/1994, de 19 de Mayo (RCL 1994, 1422 y 1651) , que se ha de declarar
improcedente el despido - art 55.4 del Estatuto de los Trabajadores - tanto en el supuesto de que no
quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en su escrito de comunicación como
cuando en su forma no se ajuste el despido a lo establecido en el apartado 1 del propio art. 55, en
que se exige que el despido sea notificado por escrito al trabajador haciendo figurar los hechos que
lo motivan y la fecha en que tendrá efectos, equiparándose a estos supuestos aquéllos en que no
pueda operar la causa alegada por la empresa para el despido del trabajador y requiriéndose en todo
caso que la comunicación de la extinción contenga los datos suficientes, ya que, tratándose de un
despido objetivo, la expresión "causa" utilizada en el artículo 53.1 a) del Estatuto de los Trabajadores
es equivalente a la de "hechos" a los que se refiere el artículo 55, bien entendido que, según tiene
reiteradamente declarado el Tribunal Supremo, la carta de despido tiene como finalidad, de una
parte, que el trabajador tenga conocimiento claro, inequívoco y suficiente de los hechos imputados, a
fin de que pueda impugnarlos en su momento, facilitándole la defensa en juicio y la proposición y
práctica de las pruebas ( STS de 2- 12-1982 (RJ 1982, 7433) , 27-9-1984 , 26-6-1986 (RJ 1986,
3742) y 28-4-1997 , entre otras muchas) y, de otra parte, la de delimitar fácticamente los términos de
la controversia ( Sª del Tribunal Supremo de 18-10-1984 , entre otras muchas), siendo la
inequivocidad nota fundamental y básica de la carta ( SS T.S. de 25-5-1983 (RJ 1983, 2415) y
17-9-2002) y debiendo por tanto contener un relato de los hechos imputados suficientemente amplio
y expresivo, con el detalle o concreción preciso, al no ser suficiente una vaga expresión o afirmación
genérica, que no se ajusta a la ley ( SS TS de 16-7-1981 (RJ 1981, 3192) y 17-9-2002 , entre otras).
2ª) Sentado lo anterior, y habiendo denunciado la recurrente la infracción de los artículos
antecitados, se ha de significar que, contemplada en el artículo 52. c) del Estatuto de los

Trabajadores como uno de los supuestos de extinción (en realidad y más propiamente, despido,
contra el que se puede recurrir como si se tratase de despido disciplinario - art. 53.3 ET (RCL 1995,
997) -) la necesidad objetivamente acreditada de amortizar un puesto de trabajo individualizado,
cuando, tratándose de empresas de menos de cincuenta trabajadores, no procediera utilizar los
servicios del trabajador afectado en otras tareas de la empresa en la misma localidad, la Ley
11/1994, de 19 de mayo (RCL 1994, 1422, 1651) , dió nueva redacción al antecitado art. 52. c) del
Estatuto de los Trabajadores , permitiendo dicho despido cuando exista la necesidad objetivamente
acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causas previstas en el art. 51.1ET , es
decir, las que posibilitan el despido colectivo, y en número inferior al establecido para éste (es decir,
menos de 10 trabajadores en empresas de menos de cien; menos del 10% de los trabajadores en
empresas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores; y menos de 30 trabajadores en
empresas de trescientos o más trabajadores). Por lo demás, tanto antes como después de la Ley
11/1994, los requisitos de dicho despido vienen establecidos en el art. 53 del Estatuto de los
Trabajadores , si bien la mencionada Ley dió nueva redacción a la letra c) del apartado 1 de dicho
artículo, referente al preaviso, disponiéndose asimismo una redacción nueva para el apartado 4 del
referido art. 53ET , y habiéndose modificado posteriormente el mismo, con lo que se ha de estar a la
Ley 35/2010, de 17 de septiembre (RCL 2010, 2502) , en cuya virtud se considerará improcedente la
decisión extintiva cuando no se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la misma
o cuando no se hubiesen cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 del propio artículo.
Así, exigiéndose para que proceda la extinción que se acredite la necesidad objetiva de amortizar
un puesto de trabajo individualizado, los elementos que integran el despido por razones económicas
son la existencia de causa, la amortización de puesto de trabajo y la funcionalidad de los despidos (
Sª T.S. de 14-6-1996 ).
A su vez, en lo que respecta a las causas técnicas, organizativas y de producción, la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, en las Sentencias de 10 de mayo de 2006 (RJ 2006, 7694) (rec. 725/05
), 31 de mayo de 2006 (RJ 2006, 3971) (rec. 49/05 ) y 11 de octubre de 2006 (RJ 2006, 7668) (rec.
3148/04 ), ha señalado que, referido a empresas u organizaciones, el término genérico "dificultades",
que el art. 52.c)ET utiliza para describir la coyuntura de la empresa afectada por las "causas
técnicas, organizativas o de producción" justificativas del despido, es sinónimo de problemas de
gestión o pérdidas de eficiencia en una u otra de las áreas en que se despliega su actividad. En el
momento del despido tales problemas de gestión o pérdidas de eficiencia han de ser perceptibles u
objetivables, y no meramente hipotéticos. Caracteriza, por tanto, al supuesto de hecho del art.
52.c)ET que la amortización del puesto de trabajo que justifica el despido es la que responde o
reacciona frente a dificultades ya actualizadas y acreditadas, y no la que resulta de otros proyectos,
iniciativas o anticipaciones del empresario, que podrían justificar el recurso a otras medidas de
reorganización o mejora de gestión ( STS 17/5/2005 (RJ 2005, 9696) , rec. 2363/2004 ), pero no el
despido objetivo por causas empresariales.
Debiendo subrayarse que el Tribunal Supremo, en la antecitada sentencia de 14 de junio de 1996
(RJ 1996, 5162) , al analizar estos preceptos ya señalaba que el legislador ha querido distinguir
cuatro ámbitos de afectación en los que puede incidir la causa o factor desencadenante de los
problemas de rentabilidad o eficiencia que están en el origen del despido por motivos económicos: 1)
el ámbito de los medios o instrumentos de producción (causas técnicas); 2) el ámbito de los sistemas
y métodos de trabajo del personal (causas organizativas); 3) el ámbito de los productos o servicios
que la empresa pretende colocar en el mercado (causas productivas); y 4) el ámbito de los
resultados de explotación (causas económicas). No obstante lo anterior, en sentencia de 21 de julio
de 2003 (RJ 2003, 7165) añade que el artículo 52.c)ET separa claramente las causas económicas de
las causas técnicas, organizativas y de producción, valorando de distinta manera los hechos
constitutivos de las mismas, y sin perjuicio de que en determinadas situaciones puedan concurrir
varias de ellas a un tiempo ( STS 14/6/1996 (RJ 1996, 5162) , STS 6/4/2000 (RJ 2000, 3285) ).
Así, es doctrina jurisprudencial reiterada que el ámbito de apreciación de las causas económicas
es la empresa o unidad económica de producción, mientras que el ámbito de apreciación de las
causas técnicas, organizativas o de producción es el espacio o sector concreto de la actividad
empresarial en que ha surgido la dificultad que impide su buen funcionamiento ( SSTS de 13 febrero

2002 (RJ 2002, 3787) , 19 marzo 2002 (RJ 2012, 5212) , 21 julio 2003 y 31 enero 2008 (RJ 2008,
1899) ).
Es por ello que cuando se alegan motivos técnicos, organizativos o productivos, no es necesario
que la causa alegada haya de ser valorada y contrastada en la totalidad de la empresa, bastando
con que se acredite exclusivamente en el espacio en el que se ha manifestado la necesidad de
suprimir el puesto de trabajo ( STS 13-2-2002 , STS 19-3-2002 ) y a la empresa corresponde por lo
demás identificar y probar el factor desencadenante de la amortización operada y la existencia de
conexión de instrumentalidad.
Tales criterios han de ser tenidos en cuenta también a la hora de interpretar la normativa vigente a
raíz de la entrada en vigor del RD Ley 10/2010 (RCL 2010, 1587) y la Ley 35/2010 (RCL 2010, 2502)
, aun cuando se hayan atemperado los requisitos del despido por causas objetivas, lo que se ha
acentuado aún más con la reforma de 2012 (RCL 2012, 147, 181) .
Con todo, según se indica en la sentencia de esta misma Sala del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 27-9-2013 (AS 2014, 438) , recaída en Recurso 1290/13 , novedad importante de la
reforma laboral 2012 ha sido eliminar del art. 51.1ET , y por tanto del art. 52.c), las exigencias
entonces contenidas en aquel precepto de que, respecto a las económicas, la empresa debía
justificar que de los resultados empresariales alegados se deducía la razonabilidad de la decisión
extintiva para preservar o favorecer la posición competitiva en el mercado; y de que, respecto a las
demás causas técnicas, organizativas o de producción, la empresa tenía que justificar que de las
mismas se deducía la razonabilidad de la decisión extintiva para prevenir una evolución negativa de
la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más adecuada organización de los
recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las
exigencias de la demanda. Ahora, en las dos versiones de la reforma laboral de 2012, queda claro, y
lo remarcan sus respectivos preámbulos, que el control judicial de los despidos objetivos y colectivos
se ciñe exclusivamente a una valoración de concurrencia de unos hechos: las causas. Se trata con
ello que el Juez no emita juicios de oportunidad o conveniencia relativos a la gestión de la empresa,
con lo que la conexión de instrumentalidad o funcionalidad, tantas veces exigida por la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, para que el despido contribuyera a superar la crisis, a reducir el tamaño de la
empresa o a liquidarla, queda arrumbada. A partir de la reforma laboral de 2012, se ha afirmado
doctrinalmente, el juicio relacional del juez sobre la causa del despido económico se ciñe al enlace
del hecho o hechos causantes con el interés empresarial en el mantenimiento de un determinado
contrato de trabajo, y no incluye la valoración de la incidencia positiva del despido acordado en
objetivos o metas de la empresa de carácter genérico.
De este modo, nos encontramos con que -según continúa la antecitada sentencia de esta Sala- las
consideraciones que anteceden plantean si no se ha ido demasiado lejos con la reforma dando al
traste con la tutela judicial efectiva, privando al juez del control de razonabilidad y proporcionalidad
de la medida acordada, comprobando si no es arbitraria, caprichosa o absurda, lo cual no tiene por
qué suponer necesariamente que el Juez emita juicios de oportunidad o conveniencia "jugando" a ser
empresario, atribuyéndose un papel de gestor de la empresa que no le corresponde, sino
simplemente limitar abusos o arbitrariedades por un mal uso del despido objetivo. A nuestro modo de
ver, el control de razonabilidad es consustancial o inherente al poder de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado del artículo 117 de la CE (RCL 1978, 2836) , y forma parte de la tutela judicial efectiva del
art. 24 de la CE ; es más, se erige en una manifestación de la justicia como valor superior del
ordenamiento jurídico ( art. 1 CE ), siendo el propio empresario el primer interesado en que la medida
adoptada sea racional y proporcionada.
No estará de más recordar que el régimen causal del despido de nuestro marco normativo tiene
fundamento constitucional en el principio de Estado social y democrático de Derecho y en el art. 35
CE (RCL 1978, 2836) .
Así, el Tribunal Constitucional, en sus sentencias 22/81 (RTC 1981, 22) y 192/03 (RTC 2003, 192)
ha reiterado que «tanto exigencias constitucionales, como compromisos internacionales, hacen que
rija entre nosotros el principio general de la limitación legal del despido, así como su sujeción para su
licitud a condiciones de fondo y de forma», añadiendo el propio Tribunal que «No debe olvidarse que

hemos venido señalando desde nuestra STC 22/1981, de 2 de julio (RTC 1981, 22) , FJ 8, que, en su
vertiente individual, el derecho al trabajo ( art. 35.1 CE ) se concreta en el "derecho a la continuidad o
estabilidad en el empleo, es decir, en el derecho a no ser despedido sin justa causa"». Pero no sólo
la exigencia de justa causa para el despido tiene acomodo en el art. 35 CE , sino también la propia
posibilidad de impugnación judicial contra el mismo, según viene a proclamarse en la STC 20/1994
(RTC 1994, 20) .
Por su parte, el propio Convenio n° 158 de la OIT (RCL 1985, 1548) que, como norma de Derecho
Internacional es jerárquicamente superior al Derecho interno español ( art. 96 CE (RCL 1978, 2836)
), no es ajeno a este carácter causal del despido, exigiendo una causa justificada para el despido
basada en las necesidades de la empresa. Y entre estas disposiciones de aplicación directa y
prevalente serían de destacar ahora las de los artículos 4 y 8.
Partiendo de ellas, según señala igualmente la meritada sentencia de esta misma Sala, son dos,
pues, las exigencias que derivan de este norma internacional, al decir de autorizada doctrina: la
existencia de una causa justificada, de carácter disciplinario u objetiva («. . . relacionada con su
capacidad o su conducta o basada en la necesidades de funcionamiento de la Empresa»). Y, en
segundo lugar, «la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él», y, anudada a la
anterior, la facultad del órgano judicial (en el caso español) de «examinar las causas invocadas para
justificar la terminación de la relación de trabajo y todas las demás circunstancias relacionadas con el
caso, y para pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada».
Así, la desaparición de la conexión funcional o instrumental es una cosa, y otra bien distinta el
juicio de proporcionalidad y ponderación atendiendo a las circunstancias concurrentes, el cual
persiste en cuanto facultad consustancial al Juez evitando la arbitrariedad.
En suma, corresponde al juez comprobar si existen fundamentos que hagan legítima la medida de
despido adoptada, y a tal efecto exigir razonabilidad, racionalidad, congruencia y proporcionalidad
del despido, el que la causa objetiva, vinculada a las circunstancias de la empresa, tenga importancia
y entidad suficiente para justificar el despido como medida razonable, ponderada y proporcionada.
Por ello, como recuerda la propia sentencia de 27-9-2013 (AS 2014, 438) antecitada, esta Sala ,
tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012 (RCL 2012, 147 y 181) , ha venido afirmando
reiteradamente la persistencia del juicio de proporcionalidad y la suficiencia de la causa en los
despidos objetivos. Así, y por citar las más recientes, la de 7 de junio 2013 (PROV 2013, 276347) ,
recurso 542/2013, y 19 de julio 2013 (PROV 2013, 284886) , recurso 998/2013.
De manera que, aunque en la regulación actual han desaparecido las justificaciones finalistas de la
regulación precedente, que obligaban a la empresa a demostrar la razonabilidad de la decisión
extintiva para preservar su posición competitiva en el mercado (cuando la causa era económica) o
contribuir a prevenir una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a
través de una más adecuada organización de los recursos, que favoreciera su posición competitiva
en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda (cuando la causa era técnica,
organizativa o de producción), la nueva regulación del art. 51.1ET (a cuyas causas se remite el art.
52ET ) no ha liquidado las exigencias de ponderación y proporcionalidad entre la causa económica o
productiva y las extinciones contractuales, por más que ya no se exigirá contribuir a la consecución
de objetivos futuros, como preservar o favorecer la posición competitiva de la empresa, o a prevenir
una evolución negativa de la empresa o a mejorar la situación de la misma a través de una más
adecuada organización de los recursos, que favorezca su posición competitiva en el mercado o una
mejor respuesta a las exigencias de la demanda, con lo que actualmente deberá acreditarse que el
despido es procedente al haberse ajustado en todo caso a aquellas exigencias.
3ª) Pues bien, llegados a este punto y en lo referente a las causas alegadas por la empresa para
proceder al despido del actor, podemos adelantar ya que, ciertamente, no existe en el supuesto de
autos la necesaria causalidad entendida como proporcionalidad entre el despido del demandante y la
situación de la empresa demandada.
Y aquí se ha de subrayar que a pesar de las alegaciones realizadas por la recurrente, no es
posible ignorar que al "iudex a quo" le corresponde apreciar todos y cada uno de los elementos de

convicción que se hayan aportado al proceso y deducir los hechos que estime probados,
declarándolo así expresamente ( artículo 97.2 LRJS ), y eso es precisamente lo que se aprecia en la
sentencia de instancia, en que la Magistrada determina que han quedado acreditados los extremos
de referencia, en los términos que se indican, procediendo después a resolver a partir de ellos de
forma acertada las cuestiones planteadas.
Debiendo subrayarse asimismo, respecto a la valoración de la prueba, que, conforme a lo
indicado, el Juez de instancia es soberano para la apreciación de la prueba, de forma que el Tribunal
"ad quem" sólo puede revisar la valoración de instancia si la misma aparece carente de todo
fundamento, o bien su motivación es incongruente, arbitraria o irrazonable ( SSTC 51/1985 (RTC
1985, 51) , 149/1987 (RTC 1987, 149) y 52/1989 (RTC 1989, 52) , entre otras), habiendo establecido
asimismo la jurisprudencia constitucional que la valoración libre de la prueba implica la realización de
inferencias lógicas de la actividad probatoria llevada a cabo, siempre que no sean arbitrarias,
irracionales o absurdas ( SSTC 44/1989 (RTC 1989, 44) y 24/1990 (RTC 1990, 24) ), lo que no ha
ocurrido en el presente caso.
Así, conviene indicar en primer término que, según señala la sentencia recurrida tras hacer
referencia a la disposición adicional vigésima añadida al E.T . por el Decreto 3/2012, de 12 de
febrero (RCL 2012, 147, 181) , convalidado por la Ley 3/2012, de 6 de julio (RCL 2012, 945) , la
demandada, incluida dentro del sector público ( artículo 3.1 d) del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público (RCL 2007, 1964) , aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de
14 de noviembre (RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106) ), puede sin duda realizar un despido por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme a lo dispuesto en los artículos
51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores , sin que le sea de aplicación lo establecido en los
párrafos 2º y 3º de dicha disposición en la medida que se trata de una sociedad mercantil que no
está incluida en el sector público definido por el artículo 3.2 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público .
Y asimismo, según indica dicha resolución, aplicando la citada normativa al caso enjuiciado, la
conclusión que se alcanza es que, efectivamente, en el ejercicio 2012 existía una previsión de
pérdidas, derivada de un descenso de ingresos en la empresa que, finalmente, se ha confirmado, lo
que, aparentemente, podría justificar la adecuación de la plantilla de trabajadores a esa reducción del
nivel de ventas ya que, aunque la empresa no demuestra los datos trimestrales, lo cierto es que la
disminución de la cifra de negocios durante el ejercicio anterior al despido se ha producido y ha sido
una de las causas que ha determinado que se finalice el ejercicio con pérdidas.
Ahora bien, como puntualiza a continuación la sentencia de instancia, esos datos hay que ponerlos
en relación con otros que tienen una importancia decisiva en la solución del pleito, de los que debe
destacarse aquí que estamos ante una sociedad estatal que finalizó el ejercicio 2011 con beneficios
y, aunque el ejercicio del 2012 lo finaliza con pérdidas, en julio de 2012, en que se comunica el
despido al trabajador, aún no se conocía el alcance de esas pérdidas y el déficit de ingresos sólo era
una mera previsión basada en los datos de dos trimestres, a lo que se añade que no consta que se
tuvieran en cuenta las subvenciones recibidas por la demandada, y ello por no hablar de que ya se
adoptaron, a raíz de la previsión de pérdidas realizada en abril de 2012, numerosas medidas, entre
ellas la extinción de los contratos de varios trabajadores.
Por otro lado, según recoge la sentencia recurrida, en la propia carta de despido se reconoce que
los ingresos derivados de cursos de formación en el año 2011 fueron extraordinarios por lo que,
aunque habitualmente el contraste de los tres trimestres homólogos del año anterior es un buen
referente para saber si estamos ante un descenso relevante, mantenido y persistente, en este caso
no lo es y, menos aún, contemplar únicamente los ingresos procedentes de la formación ab initio y
no de otras áreas formativas que igualmente generan ingresos y puede impartir el trabajador.
Pudiendo apreciarse que en cualquier caso, atendidas las cifras de ingresos de formación ab initio y
obviando los datos del año 2011, que fueron extraordinarios, las cifras obtenidas en el primer
trimestre del año 2012 son superiores a las del primer trimestre del año 2010, que finalizó con
beneficios, siendo la reducción que se produjo en el segundo trimestre poco relevante, si se tiene en
cuenta que la misma no podría sin más justificar la extinción acordada.

Añádese a lo anterior que, como consecuencia de la importante reducción de plantilla que se llevó
a cabo en abril del 2012, no existía desequilibrio entre el número de trabajadores con el que contaba
la empresa y su volumen de actividad, según pone de manifiesto el hecho de que tuvo que contratar
21 trabajadores temporales, diez de ellos en fechas muy próximas al despido del trabajador
(01.10.2012), y algunos prestaron servicios durante casi seis meses y, aunque la mayoría cesó en
marzo de 2013, se produjeron ocho nuevas contrataciones temporales en junio de 2013, e incluso al
propio actor se le ofreció ser contratado con carácter temporal el 12 de septiembre, por lo que, si
consideramos que la fecha de efectos de su despido fue el 31 de julio de 2012 y añadimos las
vacaciones, resulta patente que la demandada no tenía una plantilla de trabajadores
sobredimensionada sino que, por el contrario, los pseudopilotos que seguían prestando servicios
para ella eran insuficientes para hacer frente a la actividad formativa, que es una de sus principales
fuentes de ingresos, debiendo tenerse en cuenta además que el curso que se inició en septiembre ya
estaba programado en julio y su inicio simplemente había sido pospuesto por la dificultad de cubrir
las plazas pero, dado que en septiembre se le ofrece al actor trabajar y que el 1 de octubre se
contrató a 10 trabajadores temporales, está claro que, a pesar de la reducción de alumnado, el
número de profesores era insuficiente para asumir las tareas formativas, conforme a lo indicado.
Así, consecuencia directa de lo anterior es que una medida que estaba dirigida a reducir gastos de
personal, para equilibrar la balanza de ingresos y pagos y eliminar o reducir las previsibles pérdidas,
no ha cumplido esa finalidad ya que la previsión de gastos de personal que en julio 2012 era de
-18.239.000 euros, ascendió a -18.353.000 euros en las cuentas provisionales y finalmente fue de
-18.419.340 euros, y ello a pesar de la reducción de retribuciones de los directivos y demás medidas
adoptadas. Lo que es lógico teniendo en cuenta el elevado número de contratos temporales que se
realizaron en el año 2012, que impidieron la eficacia de la medida, pudiendo advertirse que lo único
que se llevó a cabo es la ilícita sustitución de personal fijo por personal temporal.
En definitiva, no habiéndose acreditado desajustes o desequilibrios de la plantilla de trabajadores
en la empresa en general ni en el área de formación en particular, y no pudiendo justificar la extinción
del contrato del actor tampoco un ahorro de costes que a la postre no se ha producido, se ha de
concluir que no concurren las causas económicas, organizativas o productivas, tal como concluye la
sentencia recurrida, que pone de relieve que se pretende lograr dicho ahorro a través de la
sustitución de trabajadores fijos de plantilla por otros de naturaleza temporal con peores condiciones
laborales, lo que la legislación social no ampara en ningún caso.
De modo que, con arreglo a lo expuesto, resulta indudable que el despido por causas económicas
y organizativas o productivas acordado por la empresa no supera el control judicial de
proporcionalidad que es manifestación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24
CE (RCL 1978, 2836) , sin que aquel pueda justificarse simplemente por las razones alegadas, ya
que se ha de probar en todo caso la necesidad de la amortización del concreto puesto de trabajo, en
los términos anteriormente indicados, lo que no ha tenido lugar en el supuesto de autos, sin que sean
de recibo las alegaciones de la recurrente, en absoluto justificadas.
Por todo lo cual procede la desestimación también de estos motivos y del recurso, con la
consiguiente confirmación de la sentencia de instancia, condenando a la recurrente a que abone al
Letrado que ha impugnado su recurso la cantidad de 300 euros en concepto de honorarios.
VISTOS los anteriores preceptos y los demás de general aplicación,
F A L L A M O S
Que desestimando el recurso de suplicación interpuesto por la representación legal de
SERVICIOS Y ESTUDIOS PARA LA NAVEGACIÓN AEREA Y LA SEGURIDAD AERONATICA, S.A.
contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 21 de los de MADRID, de fecha 31 de
Julio de 2013 , en los autos número 1017/2012 seguidos en virtud de demanda presentada por D.
Pedro , en reclamación por Despido, debemos CONFIRMAR y CONFIRMAMOS dicha resolución,
condenando a la recurrente a abonar al Letrado que ha impugnado su recurso la cantidad de 300
euros en concepto de honorarios.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de
Sala.
Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de
suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.
Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.
MODO DE IMPUGNACIÓN : Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer
recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito
presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles
inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en
dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el
recurrente que no tenga la condición de trabajador ,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen
Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante
esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de
la LRJS (RCL 2011, 1845) , y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando
resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente
nº 2827-0000-00-(NÚMERO DE RECURSO) que esta sección tiene abierta en BANCO SANTANDER
sita en el Paseo General Martínez Campos, 35; 28010 Madrid o bien por transferencia desde una
cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de Banco Santander. Para ello ha de
seguir todos los pasos siguientes:
1
Emitir la transferencia a la cuenta bancaria IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274
2
En el campo ORDENANTE , se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona
física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el NIF /CIF de la misma.
3
En el campo BENEFICIARIO , se identificará al Juzgado o Tribunal que ordena el ingreso.
4
En el campo " OBSERVACIONES O CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA ", se consignarán los
16 dígitos que corresponden al Procedimiento (2827000000 nº recurso) , pudiendo en su caso
sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el
correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por
la entidad de crédito ( art.230.1 L.R.J.S (RCL 2011, 1845) ).
Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo
Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.
Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACIÓN
Publicada y leída fue la anterior sentencia en el día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

Análisis
Sentencias a favor
TSJ Asturias, sentencia núm. 1850/2014, de 19 septiembre 2014. AS20142598.
- Sobre extinción del contrato por causas objetivas y alcance del control judicial.
TSJ Cataluña, sentencia núm. 5756/2014, de 4 septiembre 2014. JUR2014270432.
- Sobre extinción del contrato por causas objetivas.
TSJ País Vasco, sentencia núm. 902/2014, de 13 mayo 2014. AS20141931.
- Sobre extinción del contrato por causas objetivas y alcance del control judicial
TSJ País Vasco, sentencia núm. 668/2014, de 8 abril 2014. AS20141553.
TSJ Madrid, sentencia núm. 122/2014, de 12 febrero 2014. AS2014473.
TSJ C. Valenciana, sentencia núm. 342/2014, de 12 febrero 2014. AS2014780.
Normativa considerada
( Disposición Vigente ) Real Decreto Legislativo núm. 1/1995, de 24 de marzo. RCL 1995997
• A.51', 'related-docs-win', 600, 500, '');" class="document-anlysis-link">RCL_1995_997 art.
A.51</a>. 1: aplica norma [ F. 2 ].
A.53</a>. 1 a): aplica norma [ F. 2 ].
A.52</a>. c): aplica norma [ F. 2 ].
Sentencias relacionadas

TSJ Cataluña, sentencia núm. 4658/2014, de 27 junio 2014. AS20142504.
TSJ Cataluña, sentencia núm. 4380/2014, de 17 junio 2014. AS20142381.
TSJ Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife , sentencia núm. 143/2014, de 20 marzo 2014.
AS20142568.
- Sobre extinción del contrato por causas objetivas.
TSJ C. Valenciana, sentencia núm. 607/2014, de 11 marzo 2014. AS20141017.
TSJ Madrid, sentencia núm. 101/2014, de 31 enero 2014. AS20141589.
Sentencias en contra
TSJ Madrid, sentencia núm. 543/2014, de 30 junio 2014. AS20142505.
- Sobre extinción del contrato por causas objetivas por pérdida o reducción de contrata
Voces
EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
CAUSAS OBJETIVAS
C- Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción
Criterios generales
Doctrina general
-Causas extintivas: interpretación:
[F.2]
-Control judicial: alcance tras la reforma laboral de 2012 :
[F.2]
-Evolución legislativa y jurisprudencial:
[F.2]
EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJOCAUSAS OBJETIVASC- Causas económicas, técnicas,
organizativas o de producciónCriterios generales
Otras cuestiones

-Razonabilidad de la medida extintiva: interpretación:
[F.2]
EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJOCAUSAS OBJETIVASC- Causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción
Causas
Concurrencia de causas
-No debe estimarse: causas económicas y organizativas: falta de prueba de la
razonabilidad de la medida extintiva: mera previsión de pérdidas: contratación
de nuevos trabajadores, que supone la sustitución de empleo fijo por temporal,
sin eliminación de costes salariales: sociedad pública estatal:
[F.2]
-Prueba: razonabilidad de la medida extintiva: control judicial: alcance:
[F.2]

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