El documento habla sobre la necesidad de fijar precios correctos a la energía que reflejen los daños medioambientales causados. Actualmente, los precios de la energía no incluyen estos costes, como el cambio climático y la contaminación. El Fondo Monetario Internacional recomienda aumentar los impuestos a la energía en un 50% para desincentivar su uso excesivo y fomentar fuentes más sostenibles. Además, los subsidios a la energía de 1,9 billones de dólares anuales hacen que los preci

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EL FALSO PRECIO DE LA ENERGIA.
Manfred Nolte
Los vocablos ‘sostenible’ y ‘sostenibilidad’ han alcanzado un gratificante estadio
de difusión, si bien no siempre suscitan adhesiones unánimes de los
responsables políticos y sociales. La sostenibilidad se inscribe en el contexto de
los retos medioambientales globales, desde el meteórico crecimiento de la
población, la explotación descontrolada de los bienes naturales o ‘comunes’, y el
incontestable cambio climático, sin olvidar la problemática del desarrollo
orientada a la superación de la pobreza de los más desfavorecidos del planeta.
Codo a codo con las progresivas evidencias empíricas, la sostenibilidad se erige
en un postulado de carácter ético como reacción ante un doble asalto a los
activos naturales o bienes comunes: siendo estos activos propiedad de todos los
ciudadanos del planeta, se saquean por unas minorías y siendo intemporales se
esquilman en el momento presente en perjuicio de futuras generaciones. El
concepto de ‘desarrollo sostenible’ se interpreta así como aquel que satisface las
necesidades de hoy sin comprometer los recursos y viabilidad de las
generaciones venideras.
Trasladado al mundo de la producción, surge la llamada ‘economía verde’ con
vocación de representar el nuevo paradigma sostenible de hacer negocios. El
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente conceptúa a la economía
verde como aquella que conduce “al bienestar humano y a la equidad social al
tiempo que reduce de forma significativa los riesgos medioambientales y la
escasez ecológica”. Su web ofrece sugestivas guías de divulgación sobre la
materia.

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La fiscalidad siempre ha jugado un papel esencial en materia de sostenibilidad.
La protección medioambiental mediante la utilización de instrumentos fiscales
está generalmente introducida en los ordenamientos jurídicos occidentales, y en
menor medida en los de los países de desarrollo medio o pobres. En la OCDE, el
club de los países ricos del planeta, se aplican 375 impuestos de este tipo
además de otros 250 directamente relacionados. Más allá del componente
recaudador, la imposición afecta a las conductas. De igual forma que un
impuesto sobre el tabaco disuade del consumo de cigarrillos, unas tasas
adecuadas pueden desalentar el uso excesivo de las fuentes de energía
perniciosas para el medio ambiente.
Ahora, en un informe1
publicado la semana pasada titulado ‘El precio correcto
de la energía: de los principios a la práctica’, el Fondo Monetario Internacional
aboga con gran vehemencia por aquel tipo de políticas que algunos han
calificado como un ‘giro verde’ de la fiscalidad. El libro señala pautas concretas
a 156 países, entre ellos España, para determinar los efectos colaterales
adversos del uso de las energías tradicionales y fijar un precio fiscal a esos daños
que puedan quedar reflejados en el coste futuro de los combustibles fósiles. A
modo de estimación media, los impuestos energéticos deberían experimentar,
según el Organismo multilateral, un alza aproximada del 50 por ciento. El
estudio del FMI ofrece una guía práctica a los países analizados sobre como
cuantificar los aspectos nocivos del uso de la energía y las acciones fiscales
correctivas correspondientes sobre el carbón, el gas natural, la gasolina y el
diesel.
En la mayoría de países, la mayoría de los precios de la energía están mal
calculados porque no reflejan los daños medioambientales, en particular los
referidos al calentamiento global, la contaminación atmosférica y diversos
efectos secundarios procedentes del usos de vehículos de motor, tales como las
diseconomías derivadas de las congestiones de tráfico y los accidentes
provenidos del mismo. Además, ahondando el absurdo conceptual, la energía
no solo está insuficientemente gravada sino que, como elemento esencial del
desarrollo, disfruta de una subvenciones y subsidios desmesurados. Según el
FMI los subsidios anuales a la energía ascienden a 1,9 billones de dólares, de los
cuales Estados Unidos lidera el ranking con unos incentivos pre o post-
impositivos de medio billón de dólares anuales. La consecuencia es inmediata:
unos precios artificialmente bajos fomentan el consumo excesivo de energía y
cercenan los incentivos y la innovación hacia la búsqueda de fuentes
sustitutivas. La directora del Fondo Cristina Lagarde lo expresa así: “los
subsidios a la energía son malos para el planeta, malos para la economía, malos
para los presupuestos públicos y malos para la equidad social”.
La reforma no tiene porqué implicar un aumento de la presión fiscal. Lo que se
sugiere es un trasvase de fuentes tradicionales a un sistema cuidadosamente
diseñado de imposición de la energía equilibrando el esquema recaudatorio,
reduciendo impuestos directos y aumentando los indirectos sobre el uso de la
energía. En el medio plazo, el FMI cuantifica las ganancias medioambientales
de su propuesta reduciendo las emisiones de carbono un 23%, salvando el 63%
1 IMF(2014): “Getting Energy Prices Right: From Principle to Practice”.
http://www.imfbookstore.org/ProdDetails.asp?ID=GEPRPPEA

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de las vidas humanas que hoy son sacrificadas por la contaminación y
aumentando los ingresos en un 2,6% del PIB planetario.
Al día de hoy, institucionalmente, pocos países están por la labor. Los países en
desarrollo y emergentes pobres porque se quieren cobrar sus atrasos y los ricos
porque temen el frenazo brusco de las economías que una decisión de este
calado podría producir. Pero, en el futuro, en una sociedad sostenible, la
proclamación de estas alertas serán consideradas como precursoras y
visionarias.