Política publica propuesta por el MADJ en los temas de transparencia y lucha contra la corrupción en el espacio ¨Honduras Debate¨, donde se planteo a candidatos a elección popular 2013

1. La corrupción y la falta de transparencia en
la gestión pública: una propuesta de cambio
Movimiento Amplio por la Dignidad y la
Justicia/MADJ
Honduras Debate
Tegucigalpa, octubre 2013
0

2. ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
I. La corrupción en la gestión pública
1. LA CORRUPCIÓN, LOS ACTORES Y SUS ARTICULACIONES
2. HITOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
3. LOS HALLAZGOS QUE MARCARON LAS PAUTAS
4. LA HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
5. LAS
RECOMENDACIONES DE LA
CORRUPCIÓN PÚBLICA
COMISIÓN
DE LA
VERDAD
Y LA
RECONCILIACIÓN
SOBRE LA
6. EL SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN MULTINACIONAL INDEPENDIENTE
II. La transparencia en la gestión pública
1. Principales problemas en la transparencia y la rendición de cuentas
2. Principales obstáculos a la transparencia y la rendición de cuentas
III. La rendición de cuentas
1. El comportamiento de la corrupción en ausencia de mecanismos de control: el
caso de las exoneraciones fiscales
PROPUESTA DE
POLÍTICA PÚBLICA PARA INSTITUCIONALIZAR EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN, LA
TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA
a) Objetivos
b) Ejes articuladores
c) OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS POR EJE ARTICULADOR
I.
Asegurar la independencia judicial
II.
JUZGAR Y SANCIONAR LOS DELITOS PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN EN
III.
IV.
V.
VI.
LA GESTIÓN PÚBLICA
RECONSTITUIR LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES ANTICORRUPCIÓN
DECRETAR UNA SOLA POLÍTICA PÚBLICA PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA
d) Cronograma mínimo de ejecución por ejes
1. Primeros 100 días de gobierno
2. Primeros seis meses de gobierno
3. Primer año de gobierno
BIBLIOGRAFÍA
1

3. INTRODUCCIÓN:
Esta propuesta y la descripción que la antecede sobre el estado actual de la
institucionalidad creada para combatir la corrupción pública y garantizar la práctica
de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernativa, responden
a los propósitos para los que fue creado el MADJ así como al interés de Honduras
Debate en aportar insumos propositivos para fortalecer el Estado de derecho, en
este caso respecto del combate a la corrupción pública y la mejora del desempeño
de la institucionalidad que debe sustentarlo.
Las páginas siguientes se inscriben en esos propósitos y buscan no solo describir
la precaria situación actual de dicha institucionalidad, sus problemas y obstáculos,
sino también proponer alternativas y lineamientos básicos de política pública
orientados a llenar los vacíos y carencias existentes, que además constituyen
exigencias ciudadanas para democratizar el Estado y la sociedad.
Focalizado en dicho interés, este documento se divide en tres partes para describir
por separado la corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas en la
gestión pública, identificando la evolución de cada uno y el contenido de los
problemas a que se enfrentan actualmente, llegando al convencimiento de que a
pesar de los avances formales registrados en esas materias este sector preciso de
la institucionalidad hondureña adolece de estancamientos y retrocesos que frenan
su consolidación.
La propuesta con lineamientos básicos de política pública constituye un intento
para responder a los problemas y carencias identificados, presentándose estos
como ejes articuladores de los que se desprenden objetivos y lineamientos
estratégicos que además de constituir una alternativa a la falta de resultados que
prevalece actualmente, representan también una suma de propuestas y esfuerzos
de organizaciones de la sociedad civil como la Coalición contra la Impunidad, el
MADJ y otras que a su vez hacen eco de demandas sociales y políticas
específicas.
Además de las instituciones y organizaciones ya mencionadas, agradecemos
también a los representantes de instituciones del Estado en este sector de su
institucionalidad, por haber compartido informes y otros documentos relativos al
tema de estudio y haber indicado aspectos concretos de una problemática con
variados matices y un grado desigual de tratamiento. Un agradecimiento particular
al FOSDEH, el CIES de Perú y Paraguay Debate, cuyos representantes en esta
iniciativa compartieron sus experiencias respectivas en una jornada de trabajo
llevada a cabo en Honduras, y contribuyeron con sus señalamientos a mejorar el
contenido de este documento.
2

4. I. LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
1. LA CORRUPCIÓN, LOS ACTORES Y SUS ARTICULACIONES
En 2001, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) definió la corrupción como
“toda acción, omisión, vicio o abuso que desvía las obligaciones legales y éticas
de una función pública hacia objetivos privados, individuales o de grupo, de
beneficio económico, social o político”1. Y en 2007 afirmaba que en Honduras: “La
corrupción es estructural, trasversal, sistémica, conductual y globalizante y por lo
tanto hay que entenderla en toda su complejidad y profundidad a fin de diseñar e
implementar una estrategia anticorrupción integral de corto, mediano y largo plazo
que sea realizable, medible, creíble y eficaz2.
El CNA distinguió tres grupos de actores participantes en la corrupción pública: 1)
los operadores privados; 2) los políticos; y, 3) los funcionarios no electivos,
incluyendo entre estos a los empleados de la administración pública y la
judicatura3. Estos grupos interactúan ilícitamente para obtener beneficios dolosos
a costa del interés público y los contribuyentes.
El Foro Social Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) expone
ejemplos concretos de esta interacción al señalar que los conflictos de interés más
agudos son disputas alrededor de los rubros económicos más rentables, entre
otros las telecomunicaciones y la generación de energía renovable, dependientes
de concesiones otorgadas por el Estado. Desde tal perspectiva, el FOSDEH
sostiene que el poder empresarial “se basa esencialmente en la posesión de los
recursos naturales estratégicos, en el control de las finanzas y medios de
comunicación, y en el manejo discrecional de los recursos públicos a través de un
sistema patrimonialista”4.
2. HITOS DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
El hito principal del CNA fue elaborar una Estrategia Nacional Anticorrupción
(enero, 2002)5, que diseñó lineamientos para una campaña anticorrupción por 20
años y un plan de mediano plazo para modernizar las instituciones clave en los
tres poderes del Estado y los entes descentralizados. Aspectos de tal Estrategia
fueron incorporados al plan gubernamental anticorrupción en 2002-2006.
Los hitos de la sociedad civil fueron conducidos por entidades que elaboraron
informes o realizaron acciones concretas sobre la corrupción pública, entre estas
la FOPRIDEH (informes 2005, 2006). En 2008, la huelga de hambre de 38 días,
1
Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), “Transparencia contra la corrupción. Sistematización del Foro
Virtual”, Tegucigalpa, 2007, p. 17.
2
Ibíd., p. 18.
3
Ibíd., p. 18.
4
FOSDEH, “Honduras: Balance 2008. Estamos mal, pero ¿podremos mejorar?”, pp. 20-21.
5
Dicho documento incluyó un diagnóstico de la corrupción pública elaborado por Casals & Associates, Inc.,
con el patrocinio de la USAID y el Banco Mundial.
3

5. declarada por fiscales del Ministerio Público con apoyo ciudadano, posicionó el
tema de la corrupción pública en la conciencia ciudadana.
En 2011, el Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) incluyó
la corrupción y la transparencia administrativa entre sus recomendaciones
específicas; al igual que los informes de la Comisión Multinacional de seguimiento
a las reformas del sector justicia y la Comisión Interventora del Ministerio Público
en agosto de 2013.
3. LOS HALLAZGOS QUE MARCARON LAS PAUTAS
El informe de la FOPRIDEH sobre casos de corrupción (2006), identificó los
principales factores de vulnerabilidad en la Corte Suprema de Justicia y el
Ministerio Público. Del Poder Judicial señaló 15 factores entre los que destacaron
los de orden político, tales como: a) la presencia de los partidos políticos, los
políticos y los grupos de poder económico en las decisiones para elegir los
magistrados y en las decisiones sobre sentencias específicas; b) compromisos
políticos para nombrar los jueces; c) mora judicial; d) infidencia o filtración de
información a partes interesadas; e) alto poder discrecional del presidente de la
Corte para nombrar funcionarios, suplantando funciones de la Carrera Judicial; f)
conflicto de intereses entre el desempeño profesional privado de los abogados y
sus funciones públicas como jueces y magistrados en la Corte; g) falta de
independencia del Poder Judicial, ligada a la falta de voluntad política para
garantizar su autonomía; h) ausencia de una Carrera Judicial6.
Del Ministerio Público, el mismo informe describió los mecanismos utilizados por
los partidos políticos y el Congreso Nacional para su “desmontaje institucional”,
caracterizado por una serie de ilícitos cuyo inicio fue el nombramiento del tercer
Fiscal General de la República, Ovidio Navarro, miembro del partido Nacional y
defensor legal del ex presidente Rafael Callejas (1990-1994)7. Esta decisión
condujo a una pérdida progresiva de la credibilidad y a una inhabilitación casi total
del Ministerio Público. A ello se sumaron la decisión legislativa de separar la
Dirección de Investigación Criminal (DIC) del Ministerio Público, el nombramiento
de activistas políticos que representaban intereses de ex altos funcionarios y la
decisión de renunciar a combatir la corrupción pública.
Este proceso, iniciado en 2003, culminó en 2013 con la intervención del Ministerio
Público por una comisión gubernamental nombrada para evaluar su desempeño e
introducir correctivos que frenen su deterioro institucional. Cabe preguntar:
¿Cuánto de la deslegitimación institucional del Ministerio Público se vincula con
6
FOPRIDEH, “II Informe sobre el estado de los casos de corrupción en Honduras 2006”, Tegucigalpa,
diciembre de 2006, pp. 49-50.
7
Al momento de su nombramiento como Fiscal General, el abogado Ovidio Navarro se desempeñaba como
magistrado de la Corte Suprema de Justicia, hecho que lo inhabilitaba para ocupar dicho cargo. Otro
nombramiento ilícito fue el de Jaime Banegas, como director de fiscales, sin formar parte de la nómina del
Ministerio Público.
4

6. sus responsabilidades en el combate a la corrupción pública y con la voluntad de
sectores interesados en mantener impunes sus delitos?
4. LA HUELGA DE HAMBRE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD
Fue iniciada el 7 de abril de 2008 por un grupo de fiscales del Ministerio Público,
secundados poco después por un grupo de ciudadanos de distinto origen social,
político y religioso8. Sus propósitos principales fueron exigir “se ejerzan las
acciones criminales contra los personajes del país vinculados a las elites políticas
y económicas, autores de grandes actos de corrupción, los cuales se encuentran
estancados en los despachos de la cúpula del Ministerio Público”; además de
pedir el cese de los despidos y rotaciones de fiscales que se oponían a
disposiciones del Fiscal General vinculadas a escándalos de corrupción.
Los resultados obtenidos fueron consignados en la “Proclama de la Dignidad y la
Justicia”, suscrita el 14 de mayo, afirmando haber “arrancado dos importantes
instrumentos jurídicos a esa clase política infame”, refiriéndose a un decreto
relativo a investigar y suspender al Fiscal General y el Fiscal Adjunto y una
disposición para crear comisiones que investigarían el descalabro institucional del
Ministerio Publico y revisarían los expedientes que vinculaban a altos funcionarios
gubernamentales con actos de corrupción.
5. LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y LA RECONCILIACIÓN SOBRE
LA CORRUPCIÓN PÚBLICA
El informe final de la CVR (julio, 2011) reconoció que la transición a la democracia
en Honduras sufría una “progresiva erosión” y que “en la crisis del 28 de junio
existieron elementos de corrupción que influyeron y agravaron directamente el
conflicto. (…) Asimismo, hemos encontrado que existen una serie de vacíos
legales y procesales, como debilidades en las instituciones encargadas del control
de la corrupción en el país”9.
El mismo informe afirmó que el orden político-institucional y democrático del país
se sustentaba en “…un sistema de partidos políticos en el que tienen un gran peso
los privilegios y turno en el ejercicio de un poder discrecional y hasta arbitrario, y
no ha transitado hacia un orden con una sociedad civil no tutelada y condiciones
que permitan la organización y expresión pública de todos los ciudadanos, más
fundada en la competencia y el mérito, que en el clientelismo y el
patrimonialismo”10.
8
Una reseña de este evento se encuentra en: Isolda Arita., “38 días para no olvidar”, en: revista EnvíoHonduras, Año 6, No. 17, junio, 2008, pp. 3-12.
9
“Hallazgos y recomendaciones Para que los hechos no se repitan. Informe de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación”, julio de 2011, p. 41.
10
Ibíd., p. 24.
5

7. Sus recomendaciones sobre democracia y corrupción privilegiaron las dirigidas a
instituciones como el Ministerio Público, considerado decisivo para garantizar la
vigencia de principios dirigidos a combatir la corrupción pública. En tal sentido se
le recomendó al Congreso Nacional aprobar reformas para que el Ministerio
Público volviera a contar con un ente investigador que facilitara la labor de la
fiscalía en la investigación penal. Asimismo, recomendó “reactivar y fortalecer el
funcionamiento del Consejo Ciudadano del Ministerio Público para garantizar una
participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de las
políticas del Ministerio Público”11.
Su principal recomendación se dirigió a facilitar la suma de esfuerzos, la
coordinación y acción común en el combate a la corrupción al sugerir que se
sentaran las bases “para un sistema nacional de integridad contra la corrupción,
para mejorar la coordinación interinstitucional, a nivel estratégico y operativo, entre
los órganos de control superior, operadores de justicia y los Poderes del Estado,
así como fomentar la participación y fortalecimiento de las capacidades de control
de la ciudadanía organizada. En particular, recomendamos mejorar los
mecanismos de coordinación entre la Procuraduría General de la República,
Tribunal Superior de Cuentas y el Ministerio Público, a fin de limitar el quehacer de
cada una de las instituciones encargadas del control y del ejercicio de la acción
penal en materia de corrupción”12.
A las anteriores se sumaron las recomendaciones sobre la necesidad de retomar
el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), fortalecer el régimen de carrera
del Ministerio Público para garantizar la independencia y la eficiencia de los
fiscales en el combate a la corrupción, lo que también le fue sugerido al Poder
Judicial. Para fortalecer las recomendaciones precedentes, la CVR sugirió crear
un organismo de control e investigación de la conducta de los operadores de
justicia, para investigar con autonomía toda conducta ilícita por parte de
funcionarios de la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la
Procuraduría General de la República.
Otras recomendaciones de la CVR se refieren específicamente a la investigación
de casos de corrupción relacionados estrictamente con la crisis de junio de 2009 y
el gobierno de facto, involucrando en el cumplimiento de estas a la Fiscalía de la
Corrupción, sobre la que recomendó solicitarle a su titular una rendición de
cuentas, practicar una evaluación objetiva e imparcial de su conducta y que las
autoridades definieran su continuidad como titular de dicha Fiscalía 13.
La última recomendación de la CVR en esta materia sugirió solicitarle a la ONU
“considerar el establecimiento de una instancia internacional de investigación para
fortalecer la institucionalidad pública en su capacidad de investigación de actos de
11
Ibíd., pp. 38-40.
Ibíd., p. 41.
13
Ibíd., p. 42.
12
6

8. corrupción y crimen organizado, cuyo mandato no debe ser inferior a cinco años
de duración. Tal instancia o comisión debe someterse a un control estricto de
legalidad y rendición de cuentas ante la sociedad hondureña e internacional” 14.
De las nueve recomendaciones hechas por la CVR en relación con la corrupción
pública (11% del total de recomendaciones), han sido implementadas cinco. La
primera es sobre el Sistema Nacional de Integridad contra la Corrupción, que se
concreta en el Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 15.
Previamente se aprobó un decreto que declaró a 2010 como el año de la
transparencia y la rendición de cuentas16 en Honduras. La segunda es relativa a
retomar el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC), iniciándose con la participación
del Tribunal Superior de Cuentas en la decimonovena reunión del Comité de
Expertos celebrada en Washington en septiembre de 2011, sin conocerse nuevos
avances en la actualidad.
La tercera se refiere a la creación de un organismo de control e investigación de la
conducta de los operadores de justicia, para lo que se constituyó la Comisión de
Reforma de la Seguridad Pública (CRSP)17, que a su vez elaboró una propuesta
para crear una superintendencia supervisora de los operadores de justicia. La
cuarta recomendación implementada, que sugería que el Tribunal Superior de
Cuentas continuara las investigaciones sobre actos de corrupción en la
administración de los ex presidentes Zelaya y Micheletti, dio como resultado un
total de 22 auditorías de casos relacionados.
La quinta recomendación implementada, relacionada con la rendición de cuentas y
una evaluación imparcial de la Fiscalía Especial contra la Corrupción, concluyó en
el traslado del titular de dicha instancia a otro cargo en el Ministerio Público el 20
de junio de 2012, para iniciar la evaluación de su conducta según lo recomendado.
Dicha evaluación está a cargo de una comisión de tres expertos nacionales y dos
internacionales. Hasta julio de 2013, ninguna otra de las nueve recomendaciones
de la CVR sobre corrupción se encontraba en proceso de cumplimiento, según el
informe de la USCVR18.
14
Ibíd., p. 43.
Decreto Ejecutivo PCM-0052-2011.
16
Decreto Ejecutivo PCM-006-2010.
17
Decreto Legislativo 4-2012.
18
Los datos sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe final de la CVR (2011) fueron
tomados del “Segundo Informe de Seguimiento a las Recomendaciones del Informe de la Comisión de la
Verdad y la Reconciliación”, USCVR, Tegucigalpa, julio de 2013, pp. 9-10.
15
7

9. 6. EL SEGUNDO INFORME DE LA COMISIÓN MULTINACIONAL INDEPENDIENTE
El objetivo de esta comisión19 es analizar y reflexionar sobre los avances,
retrocesos y obstáculos del proceso de reforma en las instituciones de justicia y
seguridad, e informar de sus hallazgos haciendo recomendaciones pertinentes. El
segundo informe es producto de su segunda visita a Honduras (mayo, 2013), que
partió de los resultados del primer informe en el que sostuvo que la reforma a la
seguridad pública se encontraba “estancada”. La causa del estancamiento en
2012 fue “la falta de voluntad política, un débil liderazgo y una extendida
descoordinación institucional”, factores que limitaron en alto grado el combate a la
impunidad y el delito. En su segundo informe subraya que los delitos graves sin
investigar representan 83 de cada 100.
Los informes de la Comisión Multinacional revelan los mecanismos específicos
utilizados por los más altos funcionarios de las instituciones estatales del sector
para mediatizar los procesos, minimizar o inhabilitar las propuestas de los
participantes en la redefinición de la reforma institucional que pretende llenar los
vacíos y anacronismos identificados en el Estado de derecho. Para el caso, dicha
Comisión informó que la Ley de Policía, la Ley del Ministerio Público y la Ley del
Consejo de la Judicatura, entregadas desde octubre de 2012 por la Comisión de
Reforma de la Seguridad Pública (CRSP) al Presidente de la República,
permanecían “engavetadas” al momento de elaborar su segundo informe en mayo
de 2013.
El segundo informe estableció, además, que la comparecencia de los más altos
funcionarios de los órganos de justicia y seguridad en las audiencias públicas
celebradas en el Congreso Nacional del 8 al 12 de abril de 2013, develaron “el
fracaso en el cumplimiento de su misión institucional, en particular del jefe del
Ministerio Público (MP) y del director de la DIECP”. Esta aseveración fue
confirmada por la renuncia interpuesta por el Fiscal General, el Fiscal Adjunto y el
director de la DIECP20. A pesar de su dimisión, el relevo de dichos funcionarios se
convirtió en un nuevo motivo de discrepancia, distracción y estímulo a nuevas
violaciones a la ley, en lugar de convertirse en oportunidad para enmendar errores
y reorientar la reforma hacia una institucionalidad garante de la legitimidad y la
transparencia de sus funciones.
El Congreso Nacional aprobó una ley especial que creó por 60 días una Comisión
de Intervención del Ministerio Público, suspendiendo temporalmente de sus cargos
y funciones al Fiscal General y el Fiscal Adjunto, sin llegar a destituirlos. En
materia de seguridad pública, vinculado al tema de la transparencia, la Comisión
Multinacional manifestó preocupación por la reticencia del secretario de Seguridad
“a hacer transparente el proceso de depuración de la Policía, pues ello afectará
19
Integrada por expertos internacionales y un nacional, visita el país 4 veces al año para entrevistarse con
autoridades estatales, políticos, periodistas, empresarios, académicos, cooperantes internacionales,
representantes diplomáticos y organizaciones civiles.
20
Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial.
8

10. severamente la confianza en los resultados y las decisiones que se adopten en el
corto plazo”.
Respecto del Poder Judicial aseveró que “El impacto de sus resultados (o falta de
ellos), es directamente proporcional a los altísimos niveles de impunidad que se
viven en Honduras. Es indispensable incorporar a los jueces en el análisis y
propuestas de reforma. No basta señalar que la justicia no funciona porque la
policía y los fiscales no producen resultados. La necesidad de contar con jueces
profesionalmente idóneos, honestos, motivados y valientes no puede ser
soslayada”.
II. LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
La institucionalidad vinculada con la transparencia y la rendición de cuentas data
en su mayoría del primer decenio del siglo actual. A pesar de los avances
puntuales que se le reconocen, adolece a la vez de estancamientos y retrocesos
que facilitan la acumulación progresiva de temas y problemas. Algunos avances
se concretan en los Informes Nacionales de Transparencia (2007, 2009), que
vinculan la corrupción pública y la falta de transparencia con la gobernabilidad, el
desarrollo y la reducción de la pobreza. Sin embargo, los avances formales en
esta materia no han impedido la progresión de la corrupción y la institucionalidad
establecida no ha sido legitimada por la ciudadanía21.
1. PRINCIPALES PROBLEMAS EN LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Según el Informe Nacional de Transparencia (2009), los temas en los que
sobresalen la falta de transparencia y una débil rendición de cuentas en las
instituciones estatales hondureñas son los siguientes:
Los procesos de contratación del Estado22;
El financiamiento dudoso de las campañas de los partidos políticos;
El desvío de fondos de proyectos del Estado;
El soborno a funcionarios públicos para adjudicarse compras del Estado;
La entrega de la dirección de entes claves a personas ligadas a grupos
económicos y políticos, que toman sus decisiones con un amplio rango de
discrecionalidad, por lo general favoreciendo intereses corporativos o
personales.
f) Una alta concentración en ciertos proveedores estatales en áreas como la
adquisición de bienes y servicios para el sistema de salud, educación,
a)
b)
c)
d)
e)
21
A pesar que el 2012 fue declarado “Año de la Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana”.
Un porcentaje mayor al 90% de la preinversión pública nacional se ejecuta utilizando contratos
administrativos. Según datos de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
(ONCAE), la contratación administrativa representa un porcentaje mayor al 50% del PIB. Existe evidencia
empírica de que la mayor parte de los ilícitos calificados como “corrupción administrativa” se cometen en
alguna de las etapas del proceso de contratación pública.
22
9

11. construcción de infraestructura, otorgamiento de licencias para el trasporte,
entre otros rubros23.
2. PRINCIPALES OBSTÁCULOS A LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS:
• Ausencia de una política nacional de transparencia y anticorrupción.
• Inadecuado control e información confiable y oportuna relacionada con el nivel de
discrecionalidad en la toma de decisiones públicas.
• Carencia de presupuestos participativos desde las etapas iniciales de
planificación.
• Arraigada cultura de secretividad e inadecuada rendición de cuentas en cuanto a
cómo se gastan los recursos financieros del Estado.
• Ausencia de auditorías sociales practicadas sistemáticamente por la ciudadanía.
• Deficiente desempeño de los entes contralores del Estado.
• Omisión de verdaderas sanciones para los servidores públicos que impidan el
derecho a la información o no practiquen la transparencia en los términos
establecidos en la LTAIP24.
• En sentido general, los portales hondureños poseen una calificación de no
aprobatoria.
• La LTAIP es una ley que presenta mucha discrecionalidad.
• Difícil acceso a los documentos públicos.
• De la información que debe ser publicada de oficio, de conformidad con el
artículo 13 de la LTAIP, apenas el 5% fue publicada por los Poderes del Estado, el
10% parcialmente y el 85% no fue publicada.
• En el tema presupuestario, las informaciones públicas obligatorias no alcanzan
una figuración visible, porque publican datos generales o imprecisos.
• Dificultades serias para garantizar un acceso efectivo a la información pública25.
III. LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Según un informe del Tribunal Superior de Cuentas (2012), la situación de la
rendición de cuentas en las instituciones estatales manifiesta avances y
retrocesos, manteniendo su institucionalidad en pie pero sin lograr plenamente los
objetivos y resultados esperados. Entre sus principales conclusiones destacan:
1. La mayoría de las Instituciones Descentralizadas presentan dificultades con el
manejo de los formatos establecidos para la Rendición de Cuentas, ya que tienen
que acoplar su contabilidad a varios formatos para poder realizar la presentación.
2. Las cifras presentadas por las Instituciones Descentralizadas a la Contaduría
General de la República no son verificadas por la Contaduría, ya que muchas de
estas presentan cifras en forma incorrecta.
23
“Informe Nacional de Transparencia 2009. Hacia una política integral anticorrupción”., Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA), Tegucigalpa, 2009, p. 16.
24
Se refiere a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que creó el Instituto de Acceso a la
Información Pública el 30 diciembre de 2006 (entró en funciones el 17 de agosto de 2007), Decreto No. 1702006.
25
Informe Nacional de Transparencia 2009…, doc. cit., pp. 19-20.
10

12. 26. (…) el Instituto de Acceso a la Información Pública (entre otras entidades)
realizó una gestión aceptable en el cumplimiento de los planes operativos anuales,
e ineficiente en el uso de los recursos asignados, con relación a los resultados
producidos.
28. De las instituciones del sector público obligadas a presentar su rendición de
cuentas ante este Tribunal, cinco (5) de ellas no cumplieron con lo solicitado,
siendo éstas: El Ferrocarril Nacional de Honduras, el Congreso Nacional, la
Presidencia de la República, la Comisión Permanente de Contingencias y el
Tribunal Supremo Electoral.
35. En la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, la ejecución de las
metas físicas no guarda relación con la ejecución financiera.
39. La Comisión para el Control de Inundaciones del Valle de Sula, no presentó
metas cuantificables que fueran medibles física y financieramente.
52. Préstamo Sindicado y Fideicomiso SEFIN-FICOHSA. Referente a este
fideicomiso nos abstenemos de dar una opinión sobre el proceso de contratación,
administración, ejecución y supervisión del mismo ya que no se obtuvo evidencia
suficiente siendo la Secretaria de Finanzas a través del Departamento de Gestión
de Valores el encargado de la supervisión y seguimiento de este fideicomiso y al
solicitar la documentación se comprobó que no cuentan con toda la
documentación soporte de los procesos de administración del fideicomiso de igual
manera se solicito al banco agente que es FICOHSA y al Comité Técnico quienes
no proporcionaron la información solicitada por la Comisión de Auditoria 26.
1. EL
COMPORTAMIENTO DE LA CORRUPCIÓN ANTE LA AUSENCIA DE MECANISMOS DE
CONTROL: EL CASO DE LAS EXONERACIONES FISCALES
El informe final de la comisión gubernamental nombrada para revisar las
exoneraciones fiscales otorgadas por el Estado a organismos privados, civiles,
estatales, religiosos y extranjeros elaboró una serie de conclusiones reveladoras
de la falta de transparencia y control sobre derechos y concesiones otorgadas por
el Estado a particulares, hecho que genera un ambiente propicio para la comisión
de actos de corrupción. Al respecto, destacan las conclusiones siguientes:
1. La Comisión encontró, no un sistema, sino un conglomerado de cerca de
200 leyes y decretos de exoneración, sin congruencia entre sí y sin la
expresión de una voluntad política de establecer si se cumplen o no los
objetivos en que se ampara cada uno de los beneficios concedidos.
11. Del universo de exoneraciones concedidas por el Estado hondureño, sin
considerar las correspondientes a embajadas y organismos internacionales, un
26
“Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas del Sector Público de Honduras, incluyendo las
municipalidades, periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, Tribunal Superior de Cuentas (TSE),
Tegucigalpa, julio de 2012, Tomo 1, capítulo de conclusiones, pp. 84-90. El préstamo mencionado en esta
conclusión se refiere a lo establecido por el Decreto No. 190-2011, del 01 de noviembre de 2011, por el cual
la Secretaría de Finanzas (SEFIN) firmó un Convenio de Préstamo Sindicado por un monto de
L.600,000,000.00 Millones de Lempiras, a una tasa del 12% anual, a ser cancelado a los tres bancos que
concedieron el préstamo (Atlántida, Occidente y FICOHSA), cfr., p. 56 del mismo informe.
11

13. 98% corresponde a empresas mercantiles, 1.4% a cooperativas, alcaldías y
ONG, y 0.6% a iglesias.
13. La información entregada por las empresas en el seno de la Comisión
adolece de serias deficiencias por cuanto consignan datos incorrectos o falsos
en materia de empleos creados. Para el caso, las 1,022 empresas
concurrentes afirman haber creado, anualmente, casi 3 millones de empleos
directos y 11.4 millones de empleos indirectos. Este tipo de información debe
ser el motivo principal de un régimen severo de sanciones y la instauración de
un sistema consistente de verificación y control articulado con un sistema de
veeduría social.
14. La ausencia de un sistema unificado de control y evaluación de las
exoneraciones fiscales causa un problema de relativa desorganización
institucional entre SEFIN, DEI y el resto de instancias del sector público27.
Estas conclusiones, como las restantes del mismo informe, vincularon
estrechamente el estado actual del uso de las exoneraciones fiscales por sus
beneficiarios, con la corrupción, la falta de transparencia y de rendición de
cuentas; además de identificar a los beneficiarios y las víctimas reales de su
dolosa administración, como lo señala en una de sus partes medulares al
afirmar que “… el impacto económico y social de las exoneraciones fiscales es
evidente, el actual sistema de incentivos ha servido para favorecer a
determinados grupos y sectores económicos en menoscabo de otros sectores
y grupos que han tenido que competir en condiciones desiguales. Esto ha
deteriorado el actual sistema tributario del país y ha puesto en precario, no solo
la ejecución de programas sociales y de inversión, sino que también la
gobernabilidad de la nación. El actual sistema de incentivos tributarios es,
desde nuestra perspectiva, excesivo, lo que genera un drenaje de recursos
fiscales que se contraponen a las exigencias de la población que demanda
recursos públicos para la atención de sus necesidades básicas en educación,
salud, seguridad e infraestructura. Bajo este escenario incierto y de crisis, es
urgente una revisión del actual sistema de incentivos, a fin de encontrar una
relación costo-beneficio más equilibrada para todos los sectores económicos y
sociales del país”28.
27
“Informe final de la Comisión Especial para el Análisis y Control de las Exoneraciones, Exenciones y
Franquicias Aduaneras”, Tegucigalpa, mayo de 2013, véase el capítulo de conclusiones, pp. 143-144.
28
Ibíd., p. 49.
12

14. PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA PARA INSTITUCIONALIZAR EL COMBATE A LA
CORRUPCIÓN, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA
A) OBJETIVOS:
1. Promover una reforma integral del sistema de justicia en correspondencia con
sus necesidades y vulnerabilidades actuales, para erradicar las prácticas corruptas
en la administración gubernamental a través de medidas de política pública que
fortalezcan la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones
estatales.
2. Asegurar una amplia participación ciudadana en la definición, implementación,
seguimiento y control de los resultados en todos los planes, proyectos y
estrategias orientados a una reforma integral de los operadores de justicia y la
institucionalidad vinculada a la transparencia y la rendición de cuentas.
3. Promover consensos políticos y sociales que conduzcan a un proceso ordenado
de reforma integral del sistema de justicia que fortalezca el acceso de la
ciudadanía a la justicia y su aplicación imparcial, potenciando por esta vía el
combate a la corrupción, la impunidad y la desigualdad de oportunidades que
generan inequidad y desintegración social.
B) EJES ARTICULADORES:
I. Asegurar la independencia judicial
II. Juzgar y sancionar los delitos para erradicar la corrupción y la impunidad
III. Reconstituir la institucionalidad del Ministerio Público
IV. Promover la participación ciudadana en las instituciones anticorrupción
V. Crear el sistema integrado de erradicación de la corrupción pública.
C) OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS POR EJE ARTICULADOR:
I.
ASEGURAR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL
Objetivo estratégico 1: Iniciar la reforma del Poder Judicial con la aplicación de la
Ley del Consejo de la Judicatura, readecuando su contenido para garantizar que
este actúe como órgano de gobierno administrativo y se constituya en órgano
independiente integrado por jueces y juezas, académicos y representantes de la
sociedad civil para asegurarle un carácter pluralista, representativo y transparente.
Lineamiento estratégico 1: Eliminar el cuestionado procedimiento utilizado
actualmente para seleccionar y designar a los magistrados y magistradas de la
Corte Suprema de Justicia, reemplazándolo por un procedimiento que garantice
que los profesionales del derecho que han de asumir tal responsabilidad deben
formar parte de la Carrera Judicial y que deben acceder a dichas magistraturas
por su antigüedad y méritos en el ejercicio de la jurisdicción.
13

15. Lineamiento estratégico 2: Elaborar un diagnóstico concluyente sobre las
debilidades y necesidades en los órganos del Poder Judicial, enfatizando en la
identificación de las necesidades cuya satisfacción contribuya a fortalecer la
independencia judicial y el desempeño ético de los funcionarios del Poder Judicial.
Lineamiento estratégico 3: Evaluar el desempeño y el cumplimiento de
requisitos de todos los funcionarios y funcionarias de las instituciones judiciales, y
de conformidad con los resultados de dicha evaluación decidir sobre la
permanencia, suspensión o cancelación de los contratos de los funcionarios
evaluados.
Lineamiento estratégico 4: Incluir en todo debate sobre reformas
constitucionales la necesidad urgente de que el nombramiento de los magistrados
y magistradas de la Corte Suprema de Justicia deje de ser potestad del Congreso
Nacional, considerando que esta ha causado la politización partidarista del más
alto tribunal de la República y ha erosionado las bases de la independencia del
Poder Judicial.
Objetivo estratégico 2: Erradicar del sistema judicial prácticas corruptas tales
como el tráfico de influencias, la discrecionalidad en la adopción de resoluciones o
sentencias, la filtración de información a partes interesadas en los juicios y
cualquier otra práctica corrupta que deslegitime la institucionalidad de los órganos
de justicia y genere desconfianza ante el Poder Judicial.
Lineamiento estratégico 1: Fortalecer el desempeño del sistema judicial por
medio de una mejora cualitativa y cuantitativa de los procedimientos de
investigación de los delitos de corrupción y de los procedimientos de acusación,
juzgamiento y sanción de los actos de corrupción en las instituciones públicas para
erradicar la impunidad que ampara actualmente los delitos de corrupción.
Lineamiento estratégico 2: Reorganizar, tecnificar y calificar profesionalmente al
personal de todas las dependencias involucradas en la investigación, persecución,
sanción y castigo de la corrupción pública, homologando su formación profesional
y técnica para generar las sinergias indispensables al intercambio y uso racional
de recursos e información pertinente para llevar a cabo una acción integral de
combate a los delitos de corrupción.
Lineamiento estratégico 3: Elaborar, con amplia participación ciudadana y de las
organizaciones de la sociedad civil, planes y estrategias para integrar la
información y las respuestas específicas de las instituciones judiciales con
aquellas que provengan de las instituciones anticorrupción y de contraloría del
Estado, para conjuntar esfuerzos en la erradicación de la corrupción pública,
fortaleciendo por esta vía la transparencia y la independencia del Poder Judicial en
la toma de decisiones.
14

16. II.
JUZGAR Y SANCIONAR LOS DELITOS PARA ERRADICAR LA IMPUNIDAD Y
LA CORRUPCIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Objetivo estratégico 1: Legitimar la independencia del Poder Judicial por medio
de un ejercicio imparcial de sus funciones, garantizando una investigación objetiva
del delito y sanciones basadas en el estricto cumplimiento de la ley y el respeto de
las normas que rigen el Estado de derecho.
Lineamiento estratégico 1: Consensuar con todos los actores institucionales,
políticos y sociales la creación de un órgano institucional multisectorial que
desde su integralidad asuma seriamente el compromiso de erradicar la corrupción
y la impunidad en la administración pública.
Lineamiento estratégico 2: Descentralizar las funciones y garantizar la
independencia de todo órgano institucional multisectorial que sea creado, para
asegurar el cumplimiento de su misión y permitirle actuar como rector de la política
anticorrupción del Estado.
Lineamiento estratégico 3: Revisar y compatibilizar las funciones y actividades
institucionales de los órganos destinados a la prevención, investigación,
persecución y castigo de los delitos de corrupción pública.
Lineamiento estratégico 4: Crear una comunidad o red de información que sirva
al cumplimiento de objetivos y resultados en las instituciones dedicadas al control,
combate o erradicación de la corrupción, bajo la dirección del órgano
institucional multisectorial que sea creado para tal efecto.
Lineamiento estratégico 5: Asignar recursos financieros y logísticos, equipar y
proporcionar la infraestructura física y tecnológica necesaria para asegurar la
funcionalidad y eficacia de la comunidad o red de información creada entre las
instituciones del sector.
III. RECONSTITUIR LA INSTITUCIONALIDAD DEL MINISTERIO PÚBLICO
Objetivo estratégico 1: Reconstituir la legalidad y la legitimidad del Ministerio
Público, proponiendo para ello un nuevo mecanismo de elección del Fiscal
General y del Fiscal General Adjunto, que deje sin efecto la potestad que tiene
actualmente el Congreso Nacional para designar estos funcionarios, para así
responder positivamente a la demanda ciudadana de adecentar dicha institución y
corregir las consecuencias que tal potestad ha tenido sobre la institucionalidad del
Ministerio Público.
Lineamiento estratégico 1: Promover un debate serio, participativo y guiado por
el interés ciudadano y las lecciones aprendidas en los últimos 20 años de vida
institucional, como insumo para elaborar un mecanismo consensuado de elección
del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto, evitando los vicios, las
distorsiones y riesgos de manipulación que caracterizan al mecanismo vigente.
15

17. Lineamiento estratégico 2: Someter a discusión pública una propuesta concreta
sobre el perfil ético y las características profesionales que deben reunir los y las
aspirantes a ocupar los cargos de Fiscal General y Fiscal General Adjunto,
elevando el perfil ético y los requisitos profesionales al nivel que exige la
reconstitución institucional del Ministerio Público y el combate a la corrupción y la
impunidad.
Lineamiento estratégico 3: Establecer procedimientos transparentes para
evaluar el desempeño del Fiscal General y del Fiscal General Adjunto, a través de
mecanismos que vinculen las exigencias legales de transparencia y rendición de
cuentas a que están obligados dichos funcionarios, con la participación ciudadana
y la veeduría social sobre el Ministerio Público para fortalecer el acceso de la
ciudadanía a la justicia y garantizar el adecentamiento de esta institución.
Lineamiento estratégico 4: Sancionar legalmente la jurisdicción y autonomía del
Ministerio Público sobre la investigación criminal, para fortalecer la investigación
del delito y asegurar la objetividad e imparcialidad en el cumplimiento del mandato
y la misión institucional del Ministerio Público.
Lineamiento estratégico 5: Llevar a cabo una inmediata auditoría de todos los
expedientes, en trámite o pendientes de requerimiento en el Ministerio Público,
relacionados con delitos de corrupción pública. Y dar a conocer los resultados de
dicha auditoría para asegurar su transparencia y socializar sus recomendaciones
con la ciudadanía y las instituciones involucradas en el combate a la corrupción.
IV. PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA EN LAS INSTITUCIONES ANTICORRUPCIÓN
Objetivo estratégico 1: Garantizar una amplia participación de la ciudadanía y
sus organizaciones en toda instancia de planificación, implementación, monitoreo,
evaluación y control de resultados de los planes, estrategias y actividades relativas
a asegurar la independencia judicial, la reconstitución institucional del Ministerio
Público, la creación de instancias de coordinación y de todo mecanismo de
integración institucional que contribuya a fortalecer el combate a la corrupción.
Lineamiento estratégico 1: Promover y sancionar legalmente la creación de un
órgano de la sociedad civil para el Seguimiento, Medición y Evaluación de los
resultados obtenidos en la aplicación de toda política o estrategia institucional para
combatir la corrupción pública, a través de observatorios establecidos en el seno
de las instituciones anticorrupción, de contraloría, transparencia y rendición de
cuentas del Estado.
Lineamiento estratégico 2: Facilitar un acceso irrestricto a la información pública
a la entidad civil creada para darle cumplimiento al lineamiento estratégico 1, para
garantizar un desempeño eficiente y eficaz de sus labores de veeduría social en
las instituciones correspondientes.
16

18. Lineamiento estratégico 3: Dotar de presupuesto y personalidad jurídica a la
entidad civil creada para darle cumplimiento a los lineamientos estratégicos 1 y 2,
para garantizar su existencia legal y asegurar el desempeño de sus funciones en
la erradicación de la corrupción pública.
V. DECRETAR UNA SOLA POLÍTICA PÚBLICA PARA ERRADICAR LA CORRUPCIÓN
Objetivo estratégico 1: Promulgar una sola política pública anticorrupción, que
conjunte los lineamientos, la misión y las actividades de las instituciones
anticorrupción, de contraloría, transparencia y rendición de cuentas del Estado,
para homologar los criterios que deben regir sus objetivos, estrategias y
actividades específicas en el compromiso de erradicar la corrupción pública.
Lineamiento estratégico 1: Consensuar la aprobación de una sola política
pública anticorrupción, estableciendo un marco jurídico que facilite su
implementación y defina finalidades estratégicas y operativas específicas para
todas las instituciones del sector, priorizando la consecución de resultados
cualitativos y cuantitativos en el combate y erradicación de la corrupción pública.
Lineamiento estratégico 2: Implementar un sistema único de seguimiento y
evaluación multisectorial en todo el ciclo procesal de los casos de corrupción
pública, para garantizar la eficacia de la acción penal y satisfacer la demanda
ciudadana de justicia.
Lineamiento estratégico 3: Fortalecer el combate y erradicación de los hábitos
de corrupción en la gestión pública a través de un Informe Anual Consolidado
que unifique los informes de las instituciones correspondientes, evalúe los
resultados obtenidos por la labor multisectorial y recomiende acciones concretas
para garantizar el cumplimiento de la ley en todos los casos vinculados a la
corrupción pública. La socialización de resultados y recomendaciones con la
ciudadanía y sus organizaciones contribuirá a fortalecer una cultura ciudadana
anticorrupción.
VI. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Objetivo estratégico 1: Erradicar las prácticas corruptas e institucionalizar la
obligatoriedad de la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones de
la administración pública.
Lineamiento estratégico 1: Fortalecer la institucionalidad relacionada con la
transparencia y la rendición de cuentas mediante la creación de un mecanismo
único de rendición de cuentas a ser presentado anualmente en fechas precisas.
Lineamiento estratégico 2: Homologar o estandarizar los formatos destinados a
la rendición de cuentas en las instituciones estatales, priorizando la información
sobre los resultados obtenidos en relación con los objetivos, metas propuestas,
17

19. recursos humanos y financieros invertidos en el cumplimiento de los planes
institucionales anuales.
Lineamiento estratégico 3: Llenar los vacíos existentes en los procedimientos de
rendición de cuentas mediante la elaboración de un diagnóstico que actualice la
situación vigente, recomiende medidas correctivas y contribuya a modernizar
dichos procedimientos teniendo como punto de partida experiencias exitosas en
otras naciones, para fortalecer el desempeño de instituciones como el Tribunal
Superior de Cuentas (TSE) que cumplen una función clave en los procesos
horizontales de rendición de cuentas.
Lineamiento estratégico 4: Emprender una acción inmediata, decisiva y
contundente para atender la demanda ciudadana de investigación y castigo de
delitos de corrupción relacionados con la contratación de bienes y servicios en las
instituciones estatales, llevando a cabo una revisión profunda y una reforma
completa de la Ley de Contratación del Estado (Decreto No. 74-2001, del 1 de
junio de 2001), que deben considerarse prioritarias por la magnitud de los recursos
financieros involucrados en tales transacciones y el impacto que los hechos de
corrupción en este ámbito tienen sobre la institucionalidad del Estado de derecho.
Lineamiento estratégico 5: Promover y asegurar que las reformas a dicha ley
contemplen rigurosos procedimientos de vigilancia social, transparencia y
rendición de cuentas en todas las operaciones estatales de contratación y
adquisición de bienes y servicios ante proveedores particulares.
Lineamiento estratégico 6: Incluir a los beneficiarios de las exoneraciones
fiscales en los procesos de rendición de cuentas, transparencia y vigilancia social,
como mecanismo de control y supervisión del uso que hacen las instituciones y
organizaciones beneficiarias de los derechos que adquieren y que actualmente
representan un elevado costo para el erario y los contribuyentes.
D) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN POR EJES:
4. PRIMEROS 100 DÍAS DE GOBIERNO:
Eje 1:
a) Iniciado el diálogo con organizaciones de la sociedad civil para conocer el
contenido de esta propuesta.
b) Nombrados los interlocutores institucionales para establecer una agenda de
trabajo y un calendario de actividades para darle seguimiento al diálogo
iniciado.
c) Consensuados los criterios para elaborar un plan que establezca las bases
para iniciar un proceso ordenado de reforma integral del sistema de justicia,
priorizando las líneas de acción que fortalezcan el combate a la corrupción
y la impunidad de los delitos de corrupción pública.
18

20. d) Asignados los recursos financieros y logísticos indispensables para
asegurar la realización de las actividades propuestas para llevar a cabo en
el primer año de gestión gubernamental.
Eje 2:
a) Consensuada la decisión de crear un órgano institucional
multisectorial que asuma la conducción de la institucionalidad
anticorrupción para fortalecer el compromiso de erradicar la
corrupción en la administración pública.
Eje 3:
a) Iniciado el proceso para auditar todos los expedientes, en trámite o
pendientes de requerimiento en el Ministerio Público, relacionados con
delitos de corrupción pública.
Eje 4:
a) Consensuada la creación de un órgano de la sociedad civil para el
Seguimiento, Medición y Evaluación de los resultados obtenidos en la
aplicación de toda política o estrategia institucional para combatir la
corrupción pública.
Eje 5:
a) Consensuada la aprobación de una sola política pública anticorrupción con
actores institucionales y de la sociedad civil, primera medida para avanzar
hacia su formulación y aprobación.
Eje 6:
a) Emprendida la primera acción inmediata para atender la demanda
ciudadana de investigación y castigo de delitos de corrupción en la
contratación de bienes y servicios en las instituciones estatales.
2. PRIMEROS SEIS MESES DE GOBIERNO:
a) Adoptadas las disposiciones necesarias para iniciar el diseño de un
diagnóstico concluyente sobre las debilidades y necesidades en el Poder
Judicial, orientado a fortalecer la independencia judicial y el desempeño
ético de los funcionarios de este poder del Estado.
b) Promovido el debate ciudadano para iniciar el consenso político que
conduzca a elaborar un nuevo mecanismo de elección del Fiscal General y
del Fiscal General Adjunto.
19

21. 3. PRIMER AÑO DE GOBIERNO:
a) Promovida la reforma integral del sistema de justicia en correspondencia con
sus necesidades actuales, y asumida por los actores participantes como un
compromiso para asegurar la independencia judicial, el acceso ciudadano a la
justicia y una mejora cualitativa de la eficacia de los operadores de justicia para
hacer cumplir el mandato de la ley.
b) Asegurada una amplia participación ciudadana y de las organizaciones de la
sociedad civil en la definición, implementación, seguimiento y control de los planes
y estrategias orientados a una reforma integral de los operadores de justicia y de
la institucionalidad vinculada a la transparencia y la rendición de cuentas.
c) Establecidos los consensos políticos y sociales que conducirán a un proceso
ordenado de reforma integral del sistema de justicia para garantizar su aplicación
imparcial, el combate a la corrupción pública y la impunidad.
20

22. BIBLIOGRAFÍA
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