1. LA PLURALIDAD DE LA INSTANCIA
(Enciso 6 Art. 139 CPP)
Por: Luis Félix Mamani Carlo
La Pluralidad de instancia constituye un principio y, a la vez un derecho inherente a la
naturaleza propia de la función jurisdiccional. Esta materia se encuentra prevista en el inciso 6 del
artículo 139 de la Constitución Política del Perú, en los siguientes términos:
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La Pluralidad de la Instancia. En
nuestro país su regulación constitucional se inicia con la Constitución de 1823.
De manera concordante y con sujeción a lo establecido en la Cuarta Disposición Final y
Transitoria de la Constitución menciona que: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades
que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de
Derechos Humanos, con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por el Perú., la materia objeto de comentario se encuentra contemplada en el artículo 14
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.
Desde una perspectiva histórica el profesor Julio Geldres Bendezú (2000), considera que:
"su génesis se remonta a la decisión adoptada por el cónsul romano Publio Valerio
aproximadamente unos 450 a. C”. Al respecto dicha autoridad más conocida como "Publicola" que
significa amigo del público concedió a todo ciudadano condenado a muerte o a la flagelación, el
derecho de apelar ante la Asamblea.
La instancia se entiende como una de las etapas o grados del proceso.
En pluralidad, se trata del ejercicio del derecho al recurso impugnatorio. Así, lo que resulta
cautelado las decisiones de los jueces y tribunales, una vez terminada una etapa del proceso,
pueda ser objeto de una ulterior revisión que tiene en cuenta su actuación y el fallo.
La pluralidad de instancia permite que una resolución sea vista en una segunda y hasta en
una tercera instancia. Es decir, existe la posibilidad de que un error, deficiencia o arbitrariedad
contenida en una resolución expedida por un órgano jurisdiccional de instancia menor, pueda ser
subsanado, dice García Toma.
Se considera que las instancias superiores están dotadas de un mayor nivel de
conocimiento jurídico y de experiencia funcional.
La instancia plural es además una seguridad para el propio juez, ya que los fallos de resultar
correctos habrán de ser corroborados por el superior jerárquico. En cambio, si las decisiones son
equivocadas como consecuencia de la existencia de cualquier tipo de deficiencia o insuficiente
interpretación de la ley, dicho superior habrá de enmendadas.
La Comisión Andina de Juristas considera (1997), que: "Implica la posibilidad de cuestionar
una resolución dentro de la misma estructura jurisdiccional que la emitió. Esto obedece a que toda
resolución es fruto del acto humano, y que por lo tanto, puede contener error, ya sea en la
determinación de los hechos o en la aplicación del derecho, los cuales deben ser subsanados".
La existencia de la pluralidad de instancia permite alcanzar los dos objetivos siguientes:
a) Reforzar la protección de los justiciables ante el error, incuria o negligencia del ente
juzgador.
b) Establecer un control intrajurisdiccional de los órganos superiores sobre los inferiores, en
relación a la calidad y legalidad de las resoluciones expedidas.
Para que dicho derecho sea operativo la doctrina exige la eliminación de obstáculos
irrazonables o vacuos (plazos muy breves, exceso de burocratismo, pago exorbitante de tasas,
etc.).
Debe advertirse que a tenor de lo que dispone la Constitución en otros apartados, se admite
por vía de excepción que no exista instancia plural en lo relativo al conocimiento de las acciones de
inconstitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional, el inciso 1 del artículo 202 de la constitución
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2. considera que: “Conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad”, y en el abocamiento
de las materias contencioso-electorales, previsto en el inciso 4 del artículo 178 de la constitución
menciona que, “Administrar justicia en materia electoral”.
En nuestro país, los grados de la administración de justicia ordinaria, teniendo en cuenta su
rango de inferior a mayor jerarquía son los siguientes:
a) Jueces de paz.
b) Jueces de paz letrados.
c) Jueces de especialización (civiles, penales, de trabajo, etc.).
d) Las Cortes Superiores.
e) La Corte Suprema de Justicia.
CONCLUSIONES.
La Pluralidad de la Instancia, son principios y derechos de la función jurisdiccional.
La pluralidad de instancia permite que una resolución sea vista en una segunda y hasta en una
tercera instancia.
La instancia plural es una seguridad para el propio juez, ya que los fallos correctos serán
corroborados por el superior jerárquico. En cambio, las decisiones equivocadas como
consecuencia de la deficiencia o insuficiente interpretación de la ley serán enmendadas por el
superior.
BIBLIOGRAFÍA:
GELDRES BENDEZÚ, Julio (2000). “Separata de Derecho Romano I”. Lima: Facultad de
Derecho de la Universidad de Lima.
COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS (1997). “Protección de los Derechos Humanos y
Definiciones Operativas”. Lima: Comisión Andina de Juristas.
Constitución Política del Perú (1993).
LA PLURALIDAD DE INSTANCIA
Lilia Judith Valcarcel Laredo
Abogada
La Pluralidad de instancia constituye un principio y a la vez un derecho inherente a la naturaleza
propia de la función jurisdiccional. Esta materia se encuentra prevista en el inciso 6 del artículo 139
de la Constitución vigente, en los siguientes términos:
“Son principios y derechos de la función jurisdiccional:(...)
6. La Pluralidad de la Instancia”.
En nuestro país su regulación constitucional se inicia con la Constitución de 1823.
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3. De manera concordante y con sujeción a lo establecido en la Cuarta Disposición Final y Transitoria
de la Constitución, la materia objeto de comentario se encuentra contemplada en el artículo 14 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
Desde una perspectiva histórica el profesor Julio Geldres Bendezú[1]considera que su génesis se
remonta a la decisión adoptada por el cónsul romano Publio Valerio aproximadamente unos 450 a.
C. Al respecto dicha autoridad -más conocida como "Publicola" que significa amigo del público-concedió
a todo ciudadano condenado a muerte o a la flagelación, el derecho de apelar ante la
Asamblea.
La instancia se entiende como una de las etapas o grados del proceso.
En puridad, se trata del ejercicio del derecho al recurso impugnatorio. Así, lo que resulta cautela do
es que las decisiones de los jueces y tribunales, una vez terminada una etapa del proceso, pueda ser
objeto de una ulterior revisión que tiene en cuenta su actuación y el fallo.
La pluralidad de instancia permite que una resolución sea vista en una segunda y hasta en una
tercera instancia. Es decir, existe la posibilidad de que un error, deficiencia o arbitrariedad contenida
en una resolución expedida por un órgano jurisdiccional de instancia menor, pueda ser subsanado,
dice García Toma.
Se considera que las instancias superiores están dotadas de un mayor nivel de conocimiento jurídico
y de experiencia funcional.
La instancia plural es además una seguridad para el propio juez, ya que los fallos de resultar
correctos habrán de ser corroborados por el superior jerárquico. En cambio, si las decisiones son
equivocadas como consecuencia de la existencia de cualquier tipo de deficiencia o insuficiente
interpretación de la ley, dicho superior habrá de enmendadas.
La Comisión Andina de Juristas[2] considera, que:
"Implica la posibilidad de cuestionar una resolución dentro de la misma estructura jurisdiccional que
la emitió. Esto obedece a que toda resolución es fruto del acto humano, y que por lo tanto, puede
contener error, ya sea en la determinación de los hechos o en la aplicación del derecho, los cuales
deben ser subsanados".
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4. La existencia de la pluralidad de instancia permite alcanzar los dos objetivos siguientes:
a) reforzar la protección de los justiciables ante el error, incuria o negligencia del ente juzgador.
b) Establecer un control intra-jurisdiccional de los órganos superiores sobre los inferiores, en
relación a la calidad y legalidad de las resoluciones expedidas.
Para que dicho derecho sea operativo la doctrina exige la eliminación de obstáculos irrazonables o
vacuos (plazos muy breves, exceso de burocratismo, pago exorbitante de tasas, etc.).
Debe advertirse que a tenor de lo que dispone la Constitución en otros apartados, se admite por vía
de excepción que no exista instancia plural en lo relativo al conocimiento de las acciones de
inconstitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional (inciso 1 del artículo 202) y en el
abocamiento de las materias contencioso-electorales (inciso 4 del artículo 178).
En nuestro país, los grados de la adminis-tración de justicia ordinaria teniendo en cuenta su rango
de inferior a mayor jerarquía- son los siguientes:
- Jueces de paz.
- Jueces de paz letrados.
- Jueces de especialización (civiles, penales, de trabajo, etc.).
- Las Cortes Superiores.
- La Corte Suprema de Justicia.
[1] Geldres Bendezú, Julio. Separata de Derecho Romano I. Lima: Facultad de Derecho de la
Universidad de Lima, 2000
[2] Comisión Andina de Juristas. Protección de los Derechos Humanos. Definiciones Operativas.
Lima: Comisión Andina de Juristas, 1997.
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