El documento describe los esfuerzos del Ministerio de Administración Pública de República Dominicana para establecer una Carrera Penitenciaria que profesionalice al personal penitenciario. Esto se alinea con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, que definen la función penitenciaria como un servicio social. Se está desarrollando un reglamento para implementar la carrera penitenciaria y regular las relaciones laborales del personal penitenciario.

1. En ocasión de que la consolidación del sistema de carrera administrativa constituye uno
de los ejes principales del plan estratégico del Ministerio de Administración Pública, la
institución rectora del empleo público, desde su Dirección de Sistemas de Carrera está
centrando su atención en las carreras administrativas especiales, como medio para la
profesionalización de determinados sectores nacionales de Administración Pública.
En esta oportunidad, conjuntamente con el fortalecimiento de carreras especiales como
la docente, los esfuerzos se encuentran orientados a establecer la Carrera Penitenciaria,
teniendo esto afinidad con el espíritu manifiesto en las Reglas Mínimas para el
Tratamiento de los Reclusos, aprobadas en Ginebra, cuando definen la función
penitenciaria como un servicio social de gran valor, aspirando a que el personal
penitenciario se profesionalice a los fines de garantizarle la estabilidad y seguridad que
todo funcionario público anhela.
Es por lo que consideramos de gran trascendencia destacar lo enunciado en el punto d)
del Titulo IV de las mencionadas Reglas Mínimas cuando dice que el personal
penitenciario “disfrutará de un estatuto permanente que les dará derecho a gozar de los
beneficios de la carrera administrativa como ascensos, seguridad social,
compensaciones y derecho a jubilarse o a recibir una pensión”.
En ese mismo orden, la Ley 224-84 sobre Régimen Penitenciario Dominicano ordena en
su artículo 95 que el personal a cargo de los centros penitenciarios y de los internos,
deberá ser un recurso humano especializado, profesional, idóneo y capaz para llevar a
cabo la ardua tarea de cumplir con esta misión social establecida por la Ley.
Se puede decir que, el legislador se inspiró en estas carreras especiales cuando en el
articulo 6 de la Ley 41-08 de Función Pública, le brinda al Presidente de la República la
facultad de crear a través de reglamentos complementarios, carreras administrativas
especiales en aquellos órganos de la Administración Pública Central y en las entidades
descentralizadas, previo estudio y opinión favorable del Ministerio de Administración
Pública.
Es por todo lo anterior, que se hace necesario la elaboración de un Reglamento que
venga a ser el marco normativo que regule todo el régimen laboral penitenciario
sustentado en los principios rectores que sostienen el sistema de función pública de
acuerdo a la ley, tales como el mérito ante la ley, la igualdad de acceso a la Función
Pública, la estabilidad en los cargos de carrera, la equidad retributiva, la flexibilidad
organizacional, la irrenunciablidad y la tutela judicial.
Precisamente es en la formulación de un Reglamento para implementar la carrera, que
el Ministro de Administración Publica Ramón Ventura Camejo, a través de la Dirección
de Sistema carrera que dirige la Viceministra Licda. Donatila Germán, que viene
desarrollando este instrumento regulatorio en colaboración con los actores claves del
Sistema Penitenciario Dominicano como lo son la Procuraduría General de la
Republica, la Dirección del Nuevo Modelo Penitenciario, la Escuela Nacional
Penitenciaria, entre otros.
Sin lugar a dudas, Republica Dominicana exhibe unos avances considerables con el
Nuevo Modelo Penitenciario que han traspasado las fronteras, imponiendo un Modelo
de Gestión Penitenciaria que ha venido a constituirse en un paradigma para

2. Iberoamérica y el mundo. Todo esto, ha hecho posible que nuestro país se encuentre
recibiendo el reconocimiento de organismos de la comunidad internacional tales como
la ONU, a través del ILANUD, la OEA y diversos países que se han acercado para
tomar lo mejor de nuestra experiencia, ya que hemos trabajado en un modelo que
dignifica la integridad de los internos y humaniza el proceso de tratamiento, para lograr
la mejor reinserción social y así prevenir los niveles de reincidencia criminal.
Como ejemplo de esto, en el 2011 pude intercambiar criterios e impresiones con una
delegación desde Panamá que vino a conocer las mejores prácticas promisorias de la
experiencia dominicana en materia penitenciaria, y así implementarlas en aquella
nación. En ese momento, se desarrolló un recorrido por diferentes Centros
de Rehabilitación y Corrección como Najayo Mujeres de cara a que puedan adquirir las
habilidades y destrezas gerenciales para gestionar y liderar los centros penitenciarios
panameños. En aquel encuentro me acompañó la Jefa de Tratamiento Penitenciario
de Panamá y coordinadora de la Defensoría del Pueblo en materia penitenciaria, Sharon
Díaz.
Tal parece que el impacto que ha tenido la exportación de nuestra reforma penitenciaria
hacia Panamá ha tenido tanto éxito que hace unos meses la Clínica Internacional de
Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Stanford, Los Ángeles, se acercó a mi persona a los fines de asesorarles
en el tema de la Reforma Penitenciaria dominicana, para ellos retomar un proyecto
orientado a Panamá de la Universidad de Harvard, tarea que nos encontramos
realizando.
En tal sentido, se hace imperioso traer a colación que uno de los aspectos más relevantes
que se trabajó con ellos es el relacionado al sistema de concurso público, formación y
transparencia que ha demostrado nuestro país en términos de gestión del personal
penitenciario.
Una institución que ha sido de gran valor en la reforma penitenciaria, la tenemos en la
Escuela Nacional Penitenciaria (ENAP) como el instituto que viene a formar el personal
de las prisiones conocido como Agentes de Vigilancia Penitenciaria (VTPS), que es un
cuerpo civil que, luego del proceso de desmilitarización de las prisiones en el Nuevo
Modelo, se empezó a hacer convocatorias a concurso para formar y ocupar esas plazas
por un personal de carácter no militar.
La importancia de todo lo tratado, radica en la institucionalidad exhibida por la ENAP
en la conformación de un personal orientado a la profesionalización en la materia,
máxime si uno de los temas en agenda del MAP es precisamente, el tópico de las
carreras especiales, en este caso, la Carrera Penitenciaria.

3. La aprobación de este Reglamento resulta una condición indispensable para la
implementación de la carrera penitenciaria, pues vendrá a regular las relaciones
laborales de los servidores penitenciarios del Nuevo Modelo si se lograse la aprobación
e implementación del mismo.
De igual modo, la carrera penitenciaria sustentará su base para la promoción y el
ascenso, en la meritocracia, y la profesionalización de los servidores, logrando la
creación de condiciones para que estos puedan desempeñar sus labores amparados en
los valores esenciales de transparencia, honestidad y probidad.
La administración penitenciaria constituye un servicio público, y por tanto, debe
desempeñarse apegado a la ética y la transparencia. Sin embargo, para lograr esto debe
desarrollarse un sistema penitenciario organizado que esté orientado al respeto de las
personas en función de sus áreas de mejora, y pueda a la vez, crear las herramientas
necesarias para potencializar las capacidades del personal. Recordemos que lo que
marcará la diferencia en la administración penitenciaria lo será su capital humano y la
clave en este proceso será la formación.
Vale decir que, las anteriormente mencionadas Reglas de Ginebra, aprobadas durante el
Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, ha sido tal vez el instrumento más conocido en materia penitenciaria, y
quizás el único que hace especial énfasis al tema de la G gestión de personal y
educación del mismo, al mismo tiempo que formula recomendaciones en torno a la
selección y formación del personal penitenciario, así como del estatuto del personal y
condiciones de servicios.
En todo caso, es necesario que el personal seleccionado sea de carácter civil y siempre
ajeno a cualquier influencia partidista, para así evitar que este proceso de
profesionalización se vea mermado por el clientelismo o interrumpido por los cambios
de gobiernos, y se pueda instaurar la cultura de la profesionalización como una especie
de continuidad de Estado dentro de los lineamientos de la política penitenciaria del
Estado dominicano.
Se hace necesario que la capacitación se convierta en un proceso permanente y
sostenido orientado a los objetivos estratégicos de la institución penitenciaria, y tal
como establece la Dra. Denia Núñez, experta penitenciarista de Costa Rica, este proceso
de capacitación debe ser dinámico con continuidad y coherencia integral.
Podemos afirmar a todas luces que la piedra angular de una prisión es la esfera humana,
es decir, nos referimos a los dos sectores representados en un recinto: los privados de
libertad y el personal penitenciario que presta un servicio social. En esta ocasión,
tratamos de centrar nuestro interés en el desarrollo integral del segundo sector, porque
en la medida que puedan capacitarse dentro de la profesionalización de la carrera, así
mismo será el servicio de calidad que brindarán a su cliente ciudadano, en este caso, los
internos privados de libertad. No obstante, es menester afirmar que el cliente final del
servicio público y social que dan las prisiones, lo constituye la sociedad, que es el
colectivo que aguarda por la reinserción y rehabilitación plena de aquel ciudadano en
conflicto con la Ley.

4. Finalmente, es oportuno rescatar el pensamiento expresado por Antonio Beristain en su
“Decálogo del Personal Penitenciario”, cuando dice que “Nuestros funcionarios,
hombres y mujeres, están necesariamente dotados de gran cabeza y gran corazón”.
Lic. Geovanny Vicente Romero.
Analista de Función Pública.
Penitenciarista.