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                              Educación integral para todos



La Constitución de 1917 señaló el acceso a la educación como un derecho fundamental de los
mexicanos, asignando al Estado la responsabilidad de su cumplimiento. Desde entonces, los
requerimientos de educación y conocimiento se han incrementado significativamente, como
consecuencia natural del crecimiento demográfico, de los avances científicos y tecnológicos, así
como de los procesos económicos y sociales de mundialización.
       Estudios comparativos entre naciones demuestran que hasta hoy --en especial durante los
cuatro últimos sexenios-- la educación en México se ha deteriorado, tanto en cobertura como en
calidad y relevancia; el sistema educativo parece ir de la mano con el modelo de país que exporta
mano de obra barata y de escasos conocimientos, o productos maquilados por ella.
       A pesar de que existe un alto índice de inscripción a la escuela primaria, 8.4% de la población
mexicana es aún analfabeta; hay cerca de un millón de niñas y niños sin acceso a la escuela; la
deserción es alta: apenas la mitad de los niños termina la primaria, no obstante el carácter obligatorio
que la Constitución prescribe para la primaria y la secundaria. La reducción de la cobertura educativa
en el nivel medio superior continúa, y la educación superior sólo atiende a cerca del 16% de la
población en el rango de edad correspondiente, proporción muy inferior a la de otros países e
insuficiente para sustentar un desarrollo sostenido. Este hecho indica la magnitud del fracaso
educativo, que, además, sirve de pretexto para sostener que la educación superior es un privilegio que
el estudiante y su familia deben pagar.
       El grado de atención educativa en las distintas regiones del país varía notoriamente según su
grado de desarrollo. Por ende, es desigual y coloca a los estados pobres del sur en una situación de
desventaja que reproduce su atraso. Al lado de estos problemas de injusticia social y territorial en la
atención educativa existe otra forma de inequidad: la discriminación por situación económica,
género, identidad étnica y cultural que prevalece en las escuelas.
       El número de horas diarias en el que los estudiantes de educación básica son atendidos por el
sistema educativo es sumamente reducido cuando se compara con el de otras naciones, lo que limita
los contenidos y actividades formativas incluidas en los programas. En muchas regiones rurales, la
dispersión de la población impone la escuela de maestro único, de baja calidad, o dificulta el acceso a
la educación, sobre todo en los niveles de secundaria y preparatoria. En las áreas rurales o urbanas
marginadas y excluidas, las generalizadas condiciones de pobreza familiar minan la asistencia de los
menores a la escuela, y las deficiencias de alimentación dificultan el aprendizaje cuando no anulan el
rendimiento.
       De igual manera resultan preocupantes los altos porcentajes de estudiantes que abandonan
secundaria por diferentes razones, muchas de las cuales están vinculadas a los rígidos esquemas de
evaluación y certificación prevalecientes en ese sistema.
       Las remuneraciones a los profesores, sobre todo en los niveles básico y medio, que los obliga
a duplicar los turnos o a llevar a cabo otras actividades remuneradas complementarias, aun de tipo
informal, no contribuyen a mejorar la calidad de la educación que los estudiantes reciben, ni
incentivan el mejoramiento de los niveles de calificación de los maestros. En la universidad pública,
el sistema de becas y estímulos, otorgados por puntaje, compensatorio de la caída del salario básico
real, deforma la actividad docente e investigativa en un sentido productivista; y al no repercutir en las
prestaciones sociales y la jubilación, es causa de incertidumbre sobre el futuro.
       Algunas estadísticas confiables revelan que los adultos mexicanos leemos en promedio menos
de un libro cada año y medio, en comparación con los 18 o 20 libros que constituyen la media anual
en algunas naciones europeas. Ello nos lleva a pensar en la necesidad de una revisión completa de los
programas educativos y particularmente del correspondiente al programa de libros de texto gratuitos.
       Como en otros muchos campos, la educación está siendo revolucionada ante la presencia de
nuevos métodos de enseñanza y por la influencia de la tecnología. Pero el sistema educativo ha
demostrado ser profundamente reactivo y refractario al cambio y a las innovaciones; esta
característica deberá ser superada para mejorar la calidad de la educación y los resultados actuales.
       Los recursos públicos que el modelo neoliberal admite destinar a la educación son
insuficientes para garantizar cobertura y calidad, y no permiten mejorarla y expandirla para alcanzar
el nivel de los países desarrollados ni equipararla a la de los países de América Latina con desarrollo
similar al nuestro.
       Ante este panorama, surge como una prioridad nacional ineludible un cambio sustantivo en
las políticas educativas actuales, y una revisión crítica de los esquemas de educación imperantes.
       Debemos fortalecer un sistema educativo público que garantice efectivamente a todos los
mexicanos el derecho a la educación, en todos los niveles, de tal forma que se convierta en motor de
un desarrollo nacional integral y regionalmente equitativo. El problema en esta materia no se reduce a
superar las limitaciones de la oferta de servicios educativos; se requiere mejorar todos los aspectos
que conforman el sistema, y, en particular, lograr la equidad distributiva del servicio en términos de
estratos sociales y ámbitos territoriales, así como la elevación sustancial de su calidad. Hay que
afrontar la lucha contra la pobreza, la inasistencia y la deserción escolar como aspectos diversos de
un mismo proceso.
       Para cumplir este compromiso es necesario redefinir el proyecto educativo nacional, sus
valores, sus objetivos y su forma de operación. Deberemos tomar todas las medidas, tanto desde el
punto de vista de la oferta como de la demanda, para que la obligatoriedad de la primaria y la
secundaria deje de ser declarativa y se convierta en realidad. Es preciso hacer explícita en la ley la
obligación del Estado de impartir gratuitamente la educación en todos sus niveles y, en consecuencia,
garantizar la asignación de recursos suficientes a los programas educativos.
       La asignación de presupuestos mayores de los que actualmente asigna el gobierno a la
educación debe constituir una prioridad al distribuir los recursos públicos: el objetivo es un gasto
educativo federal por lo menos equivalente al 8% del PIB, según la recomendación de la UNESCO.
Este monto debiera ser una meta a mediano plazo, entre otros propósitos para asegurar el acceso a la
educación superior a los jóvenes que aspiren a la formación profesional y a la especialización.
       Desde la educación básica hasta la superior, diversos factores y principios deben constituir el
eje rector del proceso educativo: el respeto a los valores universales; el amor y lealtad a la patria; la
conciencia de la responsabilidad individual al mismo tiempo que la solidaridad social; la búsqueda de
la felicidad y el bienestar personal, familiar y comunitario sin afectar los derechos y el patrimonio de
terceros; el desarrollo de la capacidad intelectual y el interés por el conocimiento, de manera que el
estudio sea un hábito permanente a lo largo de la vida, y un método para enfrentarla; el conocimiento
del entorno físico que nos rodea, y del cuerpo humano y su funcionamiento, orientados a preservar la
salud; la comprensión de la sociedad, su historia, y su relación con las organizaciones que conforman
el entorno social; la preparación para obtener un trabajo digno o desarrollar una actividad productiva
que asegure el bienestar del individuo y su familia a partir de las decisiones personales, y que
contribuyan a la producción y el desarrollo nacional; la apropiación del conocimiento de la historia y
la cultura nacional y universal; y la formación de valores y prácticas de defensa del patrimonio
histórico y cultural de la humanidad.
       La educación debe contribuir a la construcción de una nueva ciudadanía basada en valores
cívicos que inculquen el respeto y la solidaridad con las causas sociales emergentes, como requisito
de un proceso incluyente, extensivo y profundo de democratización. Debe asimismo ser pertinente y
relevante para los grandes cambios que buscamos promover en México y para enfrentar la nueva
realidad regional y mundial.
       La escuela pública, por tanto, deberá preparar a nuestros hijos para la comprensión, el estudio
y el dominio de las tecnologías modernas y de sus principios generales, a través de programas que los
incluyan de manera gradual. Es necesario tender puentes entre la teoría y la práctica, entre el
conocimiento abstracto y la experimentación. En particulares necesario que las escuelas de educación
básica y media se conviertan en escuelas de tiempo completo, lo que permitirá que se incorporen
actividades culturales, artísticas, deportivas y Indicas al quehacer escolar, como una alternativa a la
deformación actual, derivada de la contemplación televisual cotidiana o de actividades de carácter
antisocial, por aislante, a las que dedican su tiempo libre una buena parte de los adolescentes.
       El cultivo de la historia y de la cultura mexicanas debe estar presente en la vida pública, en los
medios de comunicación y en la actividad cotidiana de los mexicanos, para reconocer en ellas
elementos de identidad y la fuente de cohesión fundamental de la nación.
       Será fundamental que elevemos la calidad de la enseñanza en los diversos niveles educativos
mediante contenidos, programas y herramientas adecuadas, con la participación de maestros bien
preparados y altamente motivados. El recurso fundamental de los procesos educativos son los
maestros; a ellos, la nación les asigna la gran responsabilidad de formar a las nuevas generaciones.
Esta delicada responsabilidad debe estar reconocida en mejores condiciones de trabajo, en programas
de actualización como parte integral de la actividad docente, y en salarios dignos que hoy no existen
y sin los cuales la tarea de los maestros difícilmente podrá superar los niveles actuales de desempeño.
       Debemos asignar una parte de los recursos adicionales para educación a la recuperación
salarial de los maestros, a los programas de actualización profesional dirigidos a ellos y a brindarles
apoyos para revalorar su misión docente. En este contexto debemos emprender una revisión profunda
del sistema de formación de maestros, pues esta no debe sustituirse por la simple actualización en el
manejo de nuevos contenidos.
       Habremos de recuperar como responsabilidad del Estado el aseguramiento permanente de la
calidad de la educación pública o privada. La Secretaría de Educación Pública debe vigilar que las
escuelas particulares de diferente tipo y en todos los niveles de enseñanza, cumplan con la
normatividad establecida y ofrezcan una educación de calidad. Será necesario vincular las
instituciones y programas de educación superior con el desarrollo económico -agropecuario,
industrial, comercial y de servicios-, para lograr un equilibrio entre fuentes de trabajo y especialidad
de los jóvenes.
       La población indígena constituye un grupo especial, al cual el Estado mexicano debe otorgar
facilidades y oportunidades educativas similares a las del resto de la población, tanto en materia de
educación básica y media como en la educación superior.
       La participación democrática de los maestros, los padres de familia y los alumnos es esencial
para que opinen y decidan en su ámbito territorial y en su nivel, sobre los contenidos y la orientación
que debe tener el proceso educativo, así como para que evalúen el proceso y sus resultados. Este
esquema participativo elevará el nivel de exigencia a profesores y estudiantes para que juntos
contribuyan al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje.
       El considerable rezago educativo que registra el bajo índice de escolaridad de nuestro país lo
deberemos superar con energía mediante las instituciones y programas de educación para adultos que
ya existen, con el fin de que en el menor tiempo posible obtengan educación básica y media
completas, y nazca su interés por la lectura, de manera que asegure su capacidad futura para adquirir
mayores conocimientos. El programa de educación para adultos, establecido para abatir el rezago
educativo y brindar oportunidades de mejoría en las condiciones de vida de la población adulta,
requiere ser fortalecido en sus aspectos financieros, logísticos y académicos para incrementar sus
niveles de desempeño.
       Pese a los programas de dotación de libros de texto para los niños que cursan la educación
primaria y la existencia de una amplia red de bibliotecas públicas, los patrones de lectura de los
mexicanos están considerados entre los más bajos del mundo. Para revertir la amplitud del problema
de la lecto-escritura será necesario que establezcamos programas de promoción de la lectura, así
como de mejoramiento y multiplicación de las bibliotecas, con el fin de incrementar sustantivamente
este hábito y, con ello, la capacidad para escribir y comunicar ideas, experiencias y opiniones. La
agudeza del problema demanda recursos adicionales para fortalecer la industria editorial mexicana,
como un sector estratégico para nuestro desarrollo.
       En el mundo actual, el cine, la televisión y las comunicaciones digitales constituyen
instrumentos para promover y vincular la cultura. Será preciso que establezcamos políticas claras de
fomento para crear una industria de la comunicación que se oriente hacia propósitos educativos y de
difusión de la cultura. La educación rebasa los aspectos formales vinculados con la escuela, para
incluir el despliegue de información entre los diferentes sectores de la sociedad por los medios de
comunicación. En este sentido, las prácticas y orientación de las cadenas televisoras deben ser
modificadas radicalmente.
       Para lograr la equidad en el acceso a la educación, y hacer realidad el precepto constitucional
y el derecho social, habrá que llevar a cabo un esfuerzo de largo plazo para revertir las desigualdades
de oferta y calidad de la educación en los distintos ámbitos territoriales, mediante el diseño de
infraestructuras, sistemas y procesos que permitan que los habitantes de cualquier asentamiento rural,
o de cualquier colonia urbana, puedan acceder sin dificultad a los diversos niveles del sistema
educativo.

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14 educacion integral

  • 1. 14 Educación integral para todos La Constitución de 1917 señaló el acceso a la educación como un derecho fundamental de los mexicanos, asignando al Estado la responsabilidad de su cumplimiento. Desde entonces, los requerimientos de educación y conocimiento se han incrementado significativamente, como consecuencia natural del crecimiento demográfico, de los avances científicos y tecnológicos, así como de los procesos económicos y sociales de mundialización. Estudios comparativos entre naciones demuestran que hasta hoy --en especial durante los cuatro últimos sexenios-- la educación en México se ha deteriorado, tanto en cobertura como en calidad y relevancia; el sistema educativo parece ir de la mano con el modelo de país que exporta mano de obra barata y de escasos conocimientos, o productos maquilados por ella. A pesar de que existe un alto índice de inscripción a la escuela primaria, 8.4% de la población mexicana es aún analfabeta; hay cerca de un millón de niñas y niños sin acceso a la escuela; la deserción es alta: apenas la mitad de los niños termina la primaria, no obstante el carácter obligatorio que la Constitución prescribe para la primaria y la secundaria. La reducción de la cobertura educativa en el nivel medio superior continúa, y la educación superior sólo atiende a cerca del 16% de la población en el rango de edad correspondiente, proporción muy inferior a la de otros países e insuficiente para sustentar un desarrollo sostenido. Este hecho indica la magnitud del fracaso educativo, que, además, sirve de pretexto para sostener que la educación superior es un privilegio que el estudiante y su familia deben pagar. El grado de atención educativa en las distintas regiones del país varía notoriamente según su grado de desarrollo. Por ende, es desigual y coloca a los estados pobres del sur en una situación de desventaja que reproduce su atraso. Al lado de estos problemas de injusticia social y territorial en la atención educativa existe otra forma de inequidad: la discriminación por situación económica, género, identidad étnica y cultural que prevalece en las escuelas. El número de horas diarias en el que los estudiantes de educación básica son atendidos por el sistema educativo es sumamente reducido cuando se compara con el de otras naciones, lo que limita los contenidos y actividades formativas incluidas en los programas. En muchas regiones rurales, la dispersión de la población impone la escuela de maestro único, de baja calidad, o dificulta el acceso a
  • 2. la educación, sobre todo en los niveles de secundaria y preparatoria. En las áreas rurales o urbanas marginadas y excluidas, las generalizadas condiciones de pobreza familiar minan la asistencia de los menores a la escuela, y las deficiencias de alimentación dificultan el aprendizaje cuando no anulan el rendimiento. De igual manera resultan preocupantes los altos porcentajes de estudiantes que abandonan secundaria por diferentes razones, muchas de las cuales están vinculadas a los rígidos esquemas de evaluación y certificación prevalecientes en ese sistema. Las remuneraciones a los profesores, sobre todo en los niveles básico y medio, que los obliga a duplicar los turnos o a llevar a cabo otras actividades remuneradas complementarias, aun de tipo informal, no contribuyen a mejorar la calidad de la educación que los estudiantes reciben, ni incentivan el mejoramiento de los niveles de calificación de los maestros. En la universidad pública, el sistema de becas y estímulos, otorgados por puntaje, compensatorio de la caída del salario básico real, deforma la actividad docente e investigativa en un sentido productivista; y al no repercutir en las prestaciones sociales y la jubilación, es causa de incertidumbre sobre el futuro. Algunas estadísticas confiables revelan que los adultos mexicanos leemos en promedio menos de un libro cada año y medio, en comparación con los 18 o 20 libros que constituyen la media anual en algunas naciones europeas. Ello nos lleva a pensar en la necesidad de una revisión completa de los programas educativos y particularmente del correspondiente al programa de libros de texto gratuitos. Como en otros muchos campos, la educación está siendo revolucionada ante la presencia de nuevos métodos de enseñanza y por la influencia de la tecnología. Pero el sistema educativo ha demostrado ser profundamente reactivo y refractario al cambio y a las innovaciones; esta característica deberá ser superada para mejorar la calidad de la educación y los resultados actuales. Los recursos públicos que el modelo neoliberal admite destinar a la educación son insuficientes para garantizar cobertura y calidad, y no permiten mejorarla y expandirla para alcanzar el nivel de los países desarrollados ni equipararla a la de los países de América Latina con desarrollo similar al nuestro. Ante este panorama, surge como una prioridad nacional ineludible un cambio sustantivo en las políticas educativas actuales, y una revisión crítica de los esquemas de educación imperantes. Debemos fortalecer un sistema educativo público que garantice efectivamente a todos los mexicanos el derecho a la educación, en todos los niveles, de tal forma que se convierta en motor de un desarrollo nacional integral y regionalmente equitativo. El problema en esta materia no se reduce a superar las limitaciones de la oferta de servicios educativos; se requiere mejorar todos los aspectos que conforman el sistema, y, en particular, lograr la equidad distributiva del servicio en términos de estratos sociales y ámbitos territoriales, así como la elevación sustancial de su calidad. Hay que
  • 3. afrontar la lucha contra la pobreza, la inasistencia y la deserción escolar como aspectos diversos de un mismo proceso. Para cumplir este compromiso es necesario redefinir el proyecto educativo nacional, sus valores, sus objetivos y su forma de operación. Deberemos tomar todas las medidas, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, para que la obligatoriedad de la primaria y la secundaria deje de ser declarativa y se convierta en realidad. Es preciso hacer explícita en la ley la obligación del Estado de impartir gratuitamente la educación en todos sus niveles y, en consecuencia, garantizar la asignación de recursos suficientes a los programas educativos. La asignación de presupuestos mayores de los que actualmente asigna el gobierno a la educación debe constituir una prioridad al distribuir los recursos públicos: el objetivo es un gasto educativo federal por lo menos equivalente al 8% del PIB, según la recomendación de la UNESCO. Este monto debiera ser una meta a mediano plazo, entre otros propósitos para asegurar el acceso a la educación superior a los jóvenes que aspiren a la formación profesional y a la especialización. Desde la educación básica hasta la superior, diversos factores y principios deben constituir el eje rector del proceso educativo: el respeto a los valores universales; el amor y lealtad a la patria; la conciencia de la responsabilidad individual al mismo tiempo que la solidaridad social; la búsqueda de la felicidad y el bienestar personal, familiar y comunitario sin afectar los derechos y el patrimonio de terceros; el desarrollo de la capacidad intelectual y el interés por el conocimiento, de manera que el estudio sea un hábito permanente a lo largo de la vida, y un método para enfrentarla; el conocimiento del entorno físico que nos rodea, y del cuerpo humano y su funcionamiento, orientados a preservar la salud; la comprensión de la sociedad, su historia, y su relación con las organizaciones que conforman el entorno social; la preparación para obtener un trabajo digno o desarrollar una actividad productiva que asegure el bienestar del individuo y su familia a partir de las decisiones personales, y que contribuyan a la producción y el desarrollo nacional; la apropiación del conocimiento de la historia y la cultura nacional y universal; y la formación de valores y prácticas de defensa del patrimonio histórico y cultural de la humanidad. La educación debe contribuir a la construcción de una nueva ciudadanía basada en valores cívicos que inculquen el respeto y la solidaridad con las causas sociales emergentes, como requisito de un proceso incluyente, extensivo y profundo de democratización. Debe asimismo ser pertinente y relevante para los grandes cambios que buscamos promover en México y para enfrentar la nueva realidad regional y mundial. La escuela pública, por tanto, deberá preparar a nuestros hijos para la comprensión, el estudio y el dominio de las tecnologías modernas y de sus principios generales, a través de programas que los incluyan de manera gradual. Es necesario tender puentes entre la teoría y la práctica, entre el
  • 4. conocimiento abstracto y la experimentación. En particulares necesario que las escuelas de educación básica y media se conviertan en escuelas de tiempo completo, lo que permitirá que se incorporen actividades culturales, artísticas, deportivas y Indicas al quehacer escolar, como una alternativa a la deformación actual, derivada de la contemplación televisual cotidiana o de actividades de carácter antisocial, por aislante, a las que dedican su tiempo libre una buena parte de los adolescentes. El cultivo de la historia y de la cultura mexicanas debe estar presente en la vida pública, en los medios de comunicación y en la actividad cotidiana de los mexicanos, para reconocer en ellas elementos de identidad y la fuente de cohesión fundamental de la nación. Será fundamental que elevemos la calidad de la enseñanza en los diversos niveles educativos mediante contenidos, programas y herramientas adecuadas, con la participación de maestros bien preparados y altamente motivados. El recurso fundamental de los procesos educativos son los maestros; a ellos, la nación les asigna la gran responsabilidad de formar a las nuevas generaciones. Esta delicada responsabilidad debe estar reconocida en mejores condiciones de trabajo, en programas de actualización como parte integral de la actividad docente, y en salarios dignos que hoy no existen y sin los cuales la tarea de los maestros difícilmente podrá superar los niveles actuales de desempeño. Debemos asignar una parte de los recursos adicionales para educación a la recuperación salarial de los maestros, a los programas de actualización profesional dirigidos a ellos y a brindarles apoyos para revalorar su misión docente. En este contexto debemos emprender una revisión profunda del sistema de formación de maestros, pues esta no debe sustituirse por la simple actualización en el manejo de nuevos contenidos. Habremos de recuperar como responsabilidad del Estado el aseguramiento permanente de la calidad de la educación pública o privada. La Secretaría de Educación Pública debe vigilar que las escuelas particulares de diferente tipo y en todos los niveles de enseñanza, cumplan con la normatividad establecida y ofrezcan una educación de calidad. Será necesario vincular las instituciones y programas de educación superior con el desarrollo económico -agropecuario, industrial, comercial y de servicios-, para lograr un equilibrio entre fuentes de trabajo y especialidad de los jóvenes. La población indígena constituye un grupo especial, al cual el Estado mexicano debe otorgar facilidades y oportunidades educativas similares a las del resto de la población, tanto en materia de educación básica y media como en la educación superior. La participación democrática de los maestros, los padres de familia y los alumnos es esencial para que opinen y decidan en su ámbito territorial y en su nivel, sobre los contenidos y la orientación que debe tener el proceso educativo, así como para que evalúen el proceso y sus resultados. Este
  • 5. esquema participativo elevará el nivel de exigencia a profesores y estudiantes para que juntos contribuyan al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. El considerable rezago educativo que registra el bajo índice de escolaridad de nuestro país lo deberemos superar con energía mediante las instituciones y programas de educación para adultos que ya existen, con el fin de que en el menor tiempo posible obtengan educación básica y media completas, y nazca su interés por la lectura, de manera que asegure su capacidad futura para adquirir mayores conocimientos. El programa de educación para adultos, establecido para abatir el rezago educativo y brindar oportunidades de mejoría en las condiciones de vida de la población adulta, requiere ser fortalecido en sus aspectos financieros, logísticos y académicos para incrementar sus niveles de desempeño. Pese a los programas de dotación de libros de texto para los niños que cursan la educación primaria y la existencia de una amplia red de bibliotecas públicas, los patrones de lectura de los mexicanos están considerados entre los más bajos del mundo. Para revertir la amplitud del problema de la lecto-escritura será necesario que establezcamos programas de promoción de la lectura, así como de mejoramiento y multiplicación de las bibliotecas, con el fin de incrementar sustantivamente este hábito y, con ello, la capacidad para escribir y comunicar ideas, experiencias y opiniones. La agudeza del problema demanda recursos adicionales para fortalecer la industria editorial mexicana, como un sector estratégico para nuestro desarrollo. En el mundo actual, el cine, la televisión y las comunicaciones digitales constituyen instrumentos para promover y vincular la cultura. Será preciso que establezcamos políticas claras de fomento para crear una industria de la comunicación que se oriente hacia propósitos educativos y de difusión de la cultura. La educación rebasa los aspectos formales vinculados con la escuela, para incluir el despliegue de información entre los diferentes sectores de la sociedad por los medios de comunicación. En este sentido, las prácticas y orientación de las cadenas televisoras deben ser modificadas radicalmente. Para lograr la equidad en el acceso a la educación, y hacer realidad el precepto constitucional y el derecho social, habrá que llevar a cabo un esfuerzo de largo plazo para revertir las desigualdades de oferta y calidad de la educación en los distintos ámbitos territoriales, mediante el diseño de infraestructuras, sistemas y procesos que permitan que los habitantes de cualquier asentamiento rural, o de cualquier colonia urbana, puedan acceder sin dificultad a los diversos niveles del sistema educativo.