Programas de seguridad ciudadana

DISEÑO DE PROGRAMAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA.
LA EXPERIENCIA
DEL BID EN LA REGION I
Beatriz López RE1/SO1

Estudio Políticas Públicas de SC. Los casos de
Argentina, Chile y Uruguay
• Entender las principales manifestaciones de la
criminalidad, la violencia y la inseguridad.
• Analizar la Política de Seguridad Ciudadana,
su implementación y ejecución.
• Relevar las prácticas más efectivas para
combatir la criminalidad y la violencia.
• Identificar los obstáculos y los retos que
enfrenta la Política de Seguridad Ciudadana.
• Identificar las oportunidades de apoyo del BID.

Regional: Estudio Políticas Públicas de SC. Los
casos de Argentina, Chile y Uruguay
• Panorama de la Seguridad Ciudadana en los
países analizados no es positivo.
• Hay una creciente inquietud en la sociedad y un
abrumador aumento de la inseguridad y la
insatisfacción.
• La mayoría de la gente siente que será víctima
de un delito. El temor se ha acrecentado, así
como la percepción de riesgo y vulnerabilidad.

• En el último quinquenio (2000-2005) se han
elevado los índices de criminalidad, el tráfico y
el consumo de drogas, y la violencia.
• Lo anterior ha instalado los problemas de
inseguridad subjetiva y objetiva en la agenda
de los medios de comunicación y de los
gobiernos.

• No hay consenso sobre el diagnóstico y las
intervenciones necesarias para combatir el
aumento del crimen y la violencia, y disminuir
la inseguridad de las personas.
• A pesar de las diferencias, los tres países
enfrentan presiones similares que demandan
cambios en el nivel estatal central y local.

• Areas críticas para una gestión pública óptima:
i) Gestión de la información
ii) Desarrollo o estructuración del sistema
estatal-gubernamental
iii) Doctrina, enfoque y política
iv) Recursos humanos, técnicos y económicos
v) Marco de referencia institucional
vi) Participación ciudadana
vii) Gestion por resultados

i) Gestión de la información. No hay un diagnóstico
sobre el estado de la criminalidad y la violencia, en
términos de problemas relevantes, evolución de los
indicadores vinculados a la seguridad objetiva y
subjetiva
• No hay instituciones que promuevan la producción
de datos relevantes, y que ésta producción sea
periódica.
• Hay un uso intenso de las estadística policial y
judicial a pesar de que éstas son parciales y tienen
escasa legitimidad pública.

• Las encuestas de victimización son menos
frecuentes y recientes, con limitaciones de
cobertura. No se las utiliza intensivamente.
• No hay aplicación periódica y tampoco
mecanismos que promuevan su uso además de
la institución que se ocupa de su
implementación.
• Hay reticencia entre las instituciones a
compartir información y trabajar
conjuntamente.

• Los SIG se emplean sólo para georeferenciar la
criminalidad, y rara vez para la prevención
social del delito.
• Las encuestas de percepción no son parte de las
técnicas que los organismos públicos emplean.
Sólo recientemente se observa una apertura a
incluir la percepción ciudadana, el temor y la
inseguridad subjetiva como componente de la
gestión pública.

• En resumen, cuatro debilidades importantes:
- Parcialidad de la información
- Falta de centralidad
- Ausencia de un sistema integrado de
informaciones
- No se integra el uso de información para la
definición de políticas públicas en este sector.

ii) Desarrollo del sistema estatal-gubernamental
• No hay un desarrollo suficiente del sistema de
SC aunque hay esfuerzos en esa dirección.
• El lugar de la SC en la agenda de los gobiernos
está subordinada a los esfuerzos y directrices de
políticas sociales en sectores tradicionales.

• La gestión pública preventiva frente a la
delincuencia y la violencia es un campo de
actividad emergente.
• Como tal, debe abrirse espacio entre
instituciones y enfoques de más larga data –
respuesta policial y sistema criminal- y la
política social.

• Escasa permeabilidad de las instituciones a
directrices o iniciativas de las instituciones a
cargo del sector, generalmente los Ministerios
del Interior, Justicia, Seguridad.
• En resumen, otra debilidad importante es que
la seguridad ciudadana no tiene referentes
institucionales claramente definidos.

iii) Doctrina, enfoque y política.
• Se reconoce la relevancia de la seguridad de las
personas y cómo la inseguridad objetiva afecta
el derecho ciudadano, pero la SC es un tema
polémico en muchos sentidos.
• El debate es ideológico, se ordena en torno a la
polarización gobierno-oposición, y evidencia la
falta de consensos que dificultan la
construcción de coaliciones entre diversos
sectores de la sociedad.

• No hay una política y una institucionalidad
desarrollada que agrupe a las principales
instituciones y que sea capaz de responder a
procesos claves y estratégicos en el diseño,
ejecución y evaluación.
• Tampoco hay acuerdo suficiente en materia de
enfoque y prioridades.
• Una debilidad importante es que las agendas
son gubernamentales y no hay mecanismos que
aseguren una gestión estatal.

• Se asume la existencia de una política. Sin
embargo, ésta no es explícita y generalmente se
compone de declaraciones, se confunde con el
debate público y las frecuentes crisis de
inseguridad de tono mediático.
• Esto explica la creciente insatisfacción
ciudadana, que se expresa en una mala
evaluación sobre el desempeño y la falta de
confianza en autoridades e instituciones, y
mayores índices de inseguridad subjetiva.

iv) Recursos humanos, técnicos y económicos.
• La cantidad de recursos experimenta los
vaivenes de un sector escasamente definido o no
explícito.
• Falta de planificación y capacidad para
promover la convergencia de recursos
económicos, técnicos y humanos.
• La crisis económica del 2001-2003 tuvo un
fuerte impacto en materia de seguridad y
protección social.

• La escasa información no permite observar
con claridad el rumbo de esfuerzos y recursos.
Hay señales de dispersión de esfuerzos,
recursos y medios.
• Esto se relaciona con la ausencia de prácticas
sustentadas de planificación y la insuficiente
explicitación de objetivos y metas
monitoreables.

v) Marco de referencia institucional
• Principal desafio: la definición y el
fortalecimiento de una institucionalidad
funcional a las necesidades de conducción y
gerenciamiento de los esfuerzos públicos.
• Esto no significa cuestionar la definición legal
del órgano responsible en la materia.

• La redefinición es necesaria y contraresta la
creencia de que la inseguridad es un tema del
Ministerio (a cargo), y acortaría la distancia
entre el plano legal y el operativo, que dificulta
la operacionalización de las políticas.

• Una debilidad es la inexistencia de una
institucionalidad y enfoques legitimados al interior
del Estado y la sociedad civil, haciendo evidente el
tema del liderazgo en el sector.
• Insuficiente coordinación, limitada capacidad de
gerenciamiento intersectorial y escasez de socios
estratégicos, especialmente al momento de
promover reformas.
• No hay órganos de consulta permanentes que
promuevan la integración técnica y operativa de
áreas necesarias para la seguridad.

vi) Participación ciudadana
• La tendencia general es el creciente
empoderamiento de la sociedad civil en este
campo.
• Hay un contraste entre el discurso de la
participación ciudadana y la formulación de
mecanismos operativos que canalicen la
participación social.

• El involucramiento radica más en espacios para la
demanda y la crisis, que en la construcción de redes
permanentes de actuación.
• La participación ciudadana no tiene el doble efecto
de la vigilancia y responsabilización de la autoridad
ante la ciudadanía y la cogestión en procesos
críticos de las intervenciones.
• Es necesario fortalecer instancias de participación
de mejor calidad y representación.

vii) Gestión por resultados:
• Hay insuficiencia de capacidades institucionales y
habilidades técnicas.
• Es necesario:
- Introducir un enfoque de planificación en el sector.
- Fortalecer instancias permanentes de coordinación,
planificación, evaluación y control de gestión.
- Promover la evaluación de las estrategias e
intervenciones.

• En resumen, debilidades estructurales que
debieran superarse son:
i) marco regulatorio e institucionalidad;
ii) capacidad de gestión de un órgano
ejecutivo encargado del diseño e
implementación de políticas integrales;
iii) desarrollo de un área de soporte técnico e
informaciones para diagnósticos actualizados
y focalizados;

iv) promoción de órganos de consulta, asesoría
y/o cogestión de la seguridad;
v) instancias de participación social eficaces y
gestión local de la inseguridad;
vi) fortalecimiento de la gobernabilidad a través
de mecanismos de control interno
(accountability).

• Señales de cambios en los tres países:
• Transition “inconclusa” en el campo del diseño
y ejecución de políticas para enfrentar el delito,
la violencia y la inseguridad.
• Oportunidades:
i) El lugar del delito y el temor han adquirido
mayor relevancia. Lo que antes era situacional y
focalizado hoy es un problema social generalizado
y característico de las ciudades.

ii) La vulnerabilidad y el miedo al crimen violento
es un problema en si. Cada vez son más
necesarias intervenciones que reduzcan los niveles
de inseguridad subjetiva.
iii) Ha empezado el desarrollo de un nuevo
enfoque de seguridad que describe un espectro
diferente de riesgos y demandas.

iv) Hay esfuerzos por desarrollar políticas
públicas que no dependan ni del incremento del
poder estatal ni de la reducción de las libertades
civiles;
v) Proteger a las personas es el tema más
recurrente en la política penal. Hay un creciente
énfasis en la necesidad de más seguridad,
contención de los peligros e identificación y
manejo de los riesgos.

vi) Posicionamiento de la víctima como eje central de
las políticas. La víctima es un actor más
representativo. Su experiencia se considera común y
colectiva, en lugar de individual y atípica. Hay mayor
énfasis en los grupos vulnerables.
vii) Cuestionamiento a respuesta tradicional del
Estado/gobierno. Percepción generalizada de que los
esfuerzos están mal coordinados. Mayor conciencia
de que el control del delito debe ser reforzado con
más recursos y capacidades, pero también que se
necesitan reformas.

viii) Los gobiernos son más concientes de sus limitaciones
y por tanto hay una mayor apertura a recientes
desarrollos en relación a la producción y gestión de
seguridad.
ix) En paralelo a un discurso basado en la retribución,
dominado por el castigo, se cuestiona la eficacia
rehabilitadora del sistema penitenciario. Las tasas de
reclusión se elevan pero el problema de la criminalidad e
inseguridad no se detiene. Con ello se inicia el debate y la
búsqueda de modos no punitivos de gestionar el delito.

x) Hay intentos de cambio en las respuestas del
Estado ante el delito. Los recursos invertidos y la
existencia de programas llevan a pensar que hay más
preocupación por prevenir.
xi) Diversificación de actores. Hay cada vez más
convicción sobre el rol de los gobiernos locales y la
comunidad organizada.
xii) Hay más redes de coalición y esquemas de
trabajo interagencial para promover la prevención del
delito y fortalecer la seguridad comunitaria.

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