El documento identifica varios riesgos del modelo 1 a 1 en Chile, como la falta de liderazgo y compromiso desde el nivel central del gobierno, la falta de autonomía de los rectores para asignar recursos, y poca disponibilidad de software libre. También propone estrategias como crear una política nacional del modelo 1 a 1, modificar las normas de asignación de recursos, e involucrar a múltiples partes interesadas como el Ministerio de Educación, rectores, sector privado y público, y Ministerio de las TIC.