Conferencia de la consejera de Hacienda y Administración Pública de Andalucía, María Jesús Montero, en el Fórum Europa.

1. FÓRUM EUROPA. TRIBUNA ANDALUCÍA
Conferencia de María Jesús Montero, consejera de Hacienda y
Administración Pública de la Junta de Andalucía (Sevilla, 6 de
febrero de 2014)
Decía Saint Exupery que “el hombre se descubre cuando se
mide con un obstáculo” y de obstáculos sabemos mucho
últimamente; más de lo que nos gustaría o de lo que
podíamos imaginar hace tan solo unos años.
1.- Introducción:
Espero
poder
trasladarles
de
forma
breve
algunas
impresiones y propuestas en torno al apasionante y
complejo escenario que tenemos en ciernes, al coincidir en
el tiempo los debates sobre la salida de la crisis
económica, la reforma de la financiación autonómica,
o la reforma fiscal.
Asuntos que por separado ya darían para un abundante
intercambio de opiniones pero que, en conjunto, creo que
reflejan una imagen bastante fiel de la envergadura del reto
al que nos enfrentamos quienes tenemos la enorme
responsabilidad de velar por los intereses de los ciudadanos
y ciudadanas.
1

2. Vivimos tiempos apasionantes para los amantes de los
matices y desesperantes para los esclavos de las certezas.
Tiempos de cambio y de evolución, donde constantemente
exigimos como sociedad respuestas rápidas y eficaces a los
problemas complejos.
Y
si
hasta
hace
poco
tiempo
estas
cuestiones
sólo
interesaban a algunos expertos en la materia, hoy podemos
decir que todo lo que tiene que ver con la Macroeconomía
forma parte habitual de las preocupaciones cotidianas de
los ciudadanos. A diario encontramos reflexiones sobre la
inflación, la prima de riesgo, el déficit público, la deuda, las
dificultades de financiación de la Seguridad Social o las
expectativas de modificación de los impuestos, y esto
sucede tanto en los titulares de la prensa generalista o en
las tertulias radiofónicas como en cualquier conversación
privada en la calle, en el trabajo o en cualquier otro lugar.
Esta
socialización
de
los
problemas
económicos
y
financieros; esta lógica preocupación de la ciudadanía por
los parámetros que definen las cuentas públicas y su
incidencia sobre la vida diaria, nos obliga aún más a ser
rigurosos y precisos en el análisis y las propuestas, un rigor
que, a mi juicio, no debe estar reñido con la claridad
expositiva, ni con la honestidad intelectual, ni con la
transparencia. Todo lo contrario, deben ser una oportunidad
para hacer a la ciudadanía no sólo conocedora sino
2

3. partícipe y protagonista de las dificultades que afrontamos
y de las opciones que podemos aplicar.
Porque hay opciones en política económica y financiera. Y
esas opciones, como intentaré detallarles durante los
próximos minutos, responden a visiones muy diferentes
sobre el origen de los problemas y sobre las medidas más
apropiadas a tomar. Desde la perspectiva del Gobierno de
Andalucía, estas propuestas deben estar basadas en tres
ideas clave:
La primera, que todos los esfuerzos y actuaciones que
llevemos a cabo tienen como objetivo absolutamente
prioritario el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas.
Y este bienestar pasa por una recuperación económica
sólida y sostenida que genere empleo de forma
equitativa llegando al conjunto de la ciudadanía. A todos y
a todas.
Decía
el
Profesor
Richard
Musgrave,
un
prestigioso
hacendista norteamericano, que la Hacienda pública tiene 3
misiones: la asignación eficiente de recursos, el crecimiento
económico estable y la distribución equitativa de la renta.
Hoy, que parece haberse olvidado este último componente,
quiero reiterar que la igualdad es la esencia de nuestra
3

4. concepción política, de nuestro modelo social y de nuestra
visión de Andalucía y de España.
La segunda idea clave que querría señalar es que la
configuración descentralizada del Estado y la provisión de
los
servicios
públicos
básicos
por
las
Comunidades
Autónomas ha sido un elemento vital para nuestro modelo
de convivencia y de desarrollo, que ha contribuido, hasta la
llegada
de
la
crisis,
a
la
convergencia
social
y
económica entre los territorios de España. Y a una
mayor eficiencia en la asignación de los recursos.
Por eso, el actual debate sobre el devenir del modelo de
financiación autonómica, al que luego me referiré más
ampliamente, no puede poner en cuestión el modelo
constitucional descentralizado del Estado por la vía de una
recentralización
de
facto.
Ni
quebrar
el
principio
constitucional de la igualdad en la prestación de servicios
públicos fundamentales. Ni difuminar la obligación de los
poderes del Estado, también de base constitucional, de
promover
el
equilibrio
económico
y
la
convergencia
territorial.
Y la tercera idea clave es que de esta crisis tenemos mucho
que aprender y que cambiar. Aprender a poner las bases
para un nuevo modelo productivo realmente competitivo
y sostenible. Pero aprender también que no podemos
4

5. permitirnos para el futuro la total desregulación de los
mercados financieros y su deriva especulativa. Y también
aprender que hemos de revisar el funcionamiento de las
estructuras
de
las
Administraciones
públicas
y
sus
instrumentos operativos. Algo especialmente importante
para
un
Gobierno
como
el
de
Andalucía,
que
cree
firmemente en la capacidad transformadora de las políticas
públicas, en el liderazgo del sector público en la provisión
de
los
servicios
fundamentales
y
en
su
capacidad
integradora de la sociedad y generadora de igualdad
efectiva de oportunidades.
2.- Salida de la crisis:
Es cierto que en los últimos meses estamos atisbando un
horizonte más favorable para la salida de la crisis. El ritmo
de destrucción de empleo se ha ralentizado y las cifras de
paro, con sus vaivenes, pueden haber tocado techo. Cada
vez son más numerosos los servicios de estudios que
comienzan a pronosticar una ligera creación de empleo neta
en 2014.
Sin embargo, no podemos confundir el final de la crisis,
algo que celebramos sinceramente, con la recuperación.
Durante estos años hemos asistido a profundos cambios en
las relaciones económicas, y prácticamente en su totalidad
han tenido un efecto regresivo sobre los trabajadores.
5

6. Es
bien
sabido
que
nuestra
política
ha
estado
absolutamente condicionada por los criterios y exigencias
de la Comisión Europea junto con el Banco Central Europeo,
en sintonía con el Fondo Monetario Internacional, a partir
del procedimiento de déficit excesivo abierto a España
en abril de 2009. Pero no podemos admitir la afirmación de
que “se ha hecho lo que había que hacer”.
De hecho, la eurozona es probablemente el único espacio
económico del mundo que ha apostado por la restricción
del gasto público como única fórmula para hacer frente a
la crisis. Frente a las políticas de austeridad, otras
economías
avanzadas
han
optado
por
políticas
expansivas. Y los resultados están ahí.
Por ejemplo, en Estados Unidos, donde comenzó la crisis
global, se han creado cerca de 6 millones de empleos desde
2009, situándose ya en el 6,7% de paro, el nivel más bajo
desde octubre de 2008. ¿Se imaginan que en España
tuviéramos ahora las cifras de paro de 2008? Les recuerdo
que por entonces apenas superábamos los 2 millones y
medio de desempleados.
Y también es el caso de Japón, otro país que está
impulsando una política expansiva del gasto público y
6

7. donde el desempleo ha caído al 3,7%, el nivel más bajo
desde el año 2007.
Mientras, la zona euro sigue a la cola del mundo en tasa de
crecimiento económico y en generación de empleo.
Se nos ha repetido por activa y por pasiva que debíamos
ajustar nuestra senda de gasto y ser más competitivos.
Pero no considero que las únicas opciones para reconducir
la situación económica sean abaratar el despido, propiciar
la reducción de los salarios de los trabajadores, limitar las
prestaciones a desempleados, consolidar la pérdida de
poder adquisitivo de los pensionistas, introducir copagos
sanitarios o recortar prestaciones del Estado de Bienestar.
La devaluación interna que supuestamente nos iba a
colocar en una posición competitiva a nivel internacional lo
que nos ha traído es un aumento de la pobreza y de la
exclusión social, ha agravado la crisis y ha retrasado la
recuperación, ya que ha deprimido el conjunto de la
actividad económica.
Y lo que es aún más grave. Ni siquiera la creación de
empleo que se vaticina tímidamente a partir de este año va
a permitir una mejora significativa de la situación de los
ciudadanos. Hace unos días la Comisión Europea avisó de
que encontrar trabajo en España y otros Estados miembros
7

8. no es una garantía suficiente para salir de la pobreza
debido a la elevada proporción de contratos temporales o a
tiempo parcial.
También la última EPA continúa poniendo de relieve que el
ajuste del empleo aun no ha terminado. Además, el ajuste
no está siendo sólo cuantitativo, sino también cualitativo:
se siguen sustituyendo puestos de trabajo a tiempo
completo e indefinidos por empleos a tiempo parcial y de
carácter temporal.
Por tanto, parece claro que se necesita algo más que las
recetas aplicadas hasta la fecha. Aunque, por desgracia, el
conocimiento acumulado en situaciones similares sirve de
poco ante las convicciones inmutables de los defensores de
la austeridad. No sé si conocen que un estudio del Fondo
Monetario Internacional identificó 173 casos de austeridad
fiscal en países avanzados entre 1978 y 2009 y constató
que a las políticas de austeridad le siguieron la contracción
económica y el aumento del desempleo. Y sin embargo, a
pesar de todas estas evidencias, hemos perdido un tiempo
precioso yendo en una dirección que ha agravado la
situación.
3.- Reforma de la financiación autonómica:
Desigualdades sociales
8

9. Seguramente no les descubro nada nuevo si les digo que
son numerosos los indicadores y estudios publicados en los
últimos meses –por citar algunos, los de la Fundación de
Análisis Económico (FEDEA), la Fundación BANCAJA y el
IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas) o
la Comisión Europea- que concluyen que los niveles de
pobreza
y
desigualdad
han
aumentado
notablemente
durante la crisis como consecuencias de las políticas de
austeridad a ultranza.
De hecho, la fuerte caída de las rentas del trabajo -por el
aumento del desempleo y la bajada de salarios-, combinada
con la reducción del gasto público por efecto de las políticas
de austeridad, están generando importantes descensos de
la renta disponible.
En paralelo, la contracción de la recaudación tributaria está
dejando
sin
efecto
los
instrumentos
fiscales
de
redistribución de la renta, con lo que las políticas de
igualdad de oportunidades no pueden ser desarrolladas.
Desigualdades territoriales
Hay que recordar que en los últimos años asistimos a un
continuo recorte del gasto público, con la finalidad de
reducir la cifra de déficit. Ajustes que se han exigido con
mayor intensidad a las Comunidades Autónomas, las
prestadoras de los pilares básicos del Estado de Bienestar,
9

10. como son educación, sanidad, dependencia y otros gastos
sociales.
Junto a ello, también se han acrecentado las diferencias en
los recursos que reciben las Comunidades Autónomas,
poniendo en riesgo el derecho de los ciudadanos a recibir
los mismos servicios públicos independientemente del lugar
donde residan.
Como consecuencia, desde 2008 se ha detenido el proceso
de convergencia en nuestro país, aumentando nuevamente
las disparidades territoriales. La crisis ha afectado a todas
las Comunidades Autónomas, pero con distinta intensidad a
causa de su diferente estructura productiva y del peso de
su administración regional, puesto que los recortes del
gasto público afectan de forma desigual al PIB.
Así se refleja en la Contabilidad Regional del INE, que
muestra que la caída del PIB fue más intensa en aquellas
Comunidades
que
mayores
esfuerzos
realizaron
para
recortar su déficit, de forma que, en términos de PIB per
cápita, la brecha entre las regiones más ricas y las
más pobres se ha ampliado en los últimos años.
El
proceso
de
discriminación
consolidación
financiera
que
fiscal
agudiza
padecen
la
algunas
regiones, lo que hace que comunidades como Andalucía
10

11. tengan que hacer un sobreesfuerzo que repercute en
nuestro PIB, el empleo y en el nivel de prestación de
servicios y que agrava la distancia de nuestra renta per
cápita con la media nacional.
Y
es
que,
además
de
los
ajustes
derivados
de
la
consolidación fiscal, en los tres primeros años de aplicación
del actual sistema de financiación autonómica (2009-2011),
Andalucía ha obtenido ingresos sensiblemente inferiores a
la media de las Comunidades, algo que es profundamente
injusto.
Para que se hagan una idea de la dimensión, de haber
contado con recursos similares al promedio en estos 3
años, Andalucía hubiera dispuesto de 2.821 millones de
euros más. Y en 2012 también hemos seguido percibiendo
menos recursos por habitante. Estamos hablando de una
disminución de entre 0,5 y 0,7% del PIB.
Disponer de medio punto de PIB menos que la media -en
términos de recursos públicos- supone que a través de los
multiplicadores de la economía (inversión y consumo) el
proceso de divergencia entre Comunidades se acentúa, con
importantes efectos sobre los niveles de desempleo.
Reforma modelo financiación autonómica
11

12. Podemos,
pues,
afirmar
que
el
actual
modelo
de
financiación autonómica y su aplicación por el Gobierno de
la Nación han contribuido muy sensiblemente a la quiebra
del proceso de convergencia entre las regiones españolas.
No sólo por limitaciones del diseño del modelo, que las
tiene,
sino
también
porque
se
ha
desvirtuado
la
capacidad de nivelación de los fondos a través de caídas
sucesivas de sus cuantías. Por dar sólo un dato, los
Presupuestos Generales del Estado para 2014 contemplan
un incremento del gasto no financiero del 2.7%, aunque el
gasto para los Ministerios baja un 4.7% mientras que las
cuantías para los fondos de convergencia (el fondo de
competitividad y el de cooperación) bajan nada menos
que un 16.8%. Menos recursos en general, pero muchos
menos recursos para la convergencia entre territorios
Por esta razón hemos reclamado la modificación del modelo
de financiación autonómica con la mayor brevedad posible.
Y les diré que nuestro punto de partida es configurar un
sistema de financiación solidario y suficiente, y que sea
acordado
multilateralmente
entre
el
Gobierno
y
las
Comunidades Autónomas.
No va a ser una tarea fácil. Los pronunciamientos públicos
sobre la necesidad imperiosa de una revisión del actual
modelo de financiación anticipan posiciones contrapuestas
12

13. en relación con el futuro del modelo y, por tanto, un debate
complejo y difícil.
Por parte de las Comunidades más ricas el debate se
pretende llevar al terreno de las diferencias entre lo
recaudado en su territorio y lo recibido, con el fin de acotar
las transferencias a otras autonomías. Olvidan que tanto el
esfuerzo fiscal como el destino de los servicios públicos
corresponde a personas y no a territorios.
Andalucía defiende centrar la reforma en corregir las
diferencias existentes en los recursos recibidos per cápita,
puesto que ello es lo que en gran medida determina la
igualdad entre todos los ciudadanos.
Por este motivo, consideramos que el cálculo de las
Balanzas Fiscales en términos de flujo monetario es una
aproximación inaceptable de acuerdo a los principios
constitucionales de igualdad, solidaridad y convergencia
territorial. Otras aproximaciones, como las Cuentas Públicas
Territorializadas con la incorporación de las Balanzas
Fiscales carga-beneficio, pueden aportar elementos de
juicio, siempre que su elaboración sea transparente y
permita la participación de diferentes expertos y de todas
las administraciones implicadas.
13

14. Todos los análisis serios que se han realizado sobre esta
cuestión, como por ejemplo el del Servicio de Estudios
Económicos del BBVA, concluyen que Andalucía sale
malparada del actual modelo de financiación. También
lo cree así el Economista del CSIC Ángel de la Fuente, uno
de los expertos que viene trabajando en el nuevo modelo
que promueve del Gobierno de la Nación.
Rechazamos la reclamación de Madrid y Cataluña de limitar
su contribución quebrando los principios de solidaridad y
convergencia con el resto de españoles reclamando un
reparto basado en el PIB.
Tampoco estamos de acuerdo con las propuestas de
determinadas regiones, que pretenden mantener el actual
statu quo, ya que les proporciona un volumen de recursos
por habitante muy superior a la media.
Y miren, no tengo ningún inconveniente en reconocer que,
en buena medida coincidimos con el diagnóstico que realizó
la Comisión de expertos del Parlamento Valenciano sobre el
actual sistema de financiación. Dicho informe pone de
manifiesto que las diferencias de financiación per cápita son
sustanciales y que la población es la variable central a tener
en cuenta para determinar el volumen de necesidades de
cada Comunidad y, por ello, las diferencias de recursos por
habitante deberían ser escasas.
14

15. En el mismo se cuantifica la “discriminación acumulada”,
que entre 2002 y 2012 se estima en 5.295 millones de
euros para Andalucía, equivalente al 3,8% del PIB de 2012.
A esa cifra habría que añadir el coste financiero que ha
provocado el mayor endeudamiento al que se ha recurrido
para cubrir la insuficiencia financiera.
Lo que demuestra que el modelo no ha contribuido a
garantizar la igualdad de oportunidades ante la educación,
la salud o los servicios sociales a los ciudadanos que viven
en los distintos territorios de España.
Un
informe,
el
de
la
Comunidad
Valenciana,
que
coincidiendo con la opinión del Gobierno andaluz, es
también muy crítico con la gestión asimétrica entre
administraciones de la estabilidad presupuestaria en España
en estos años. Venimos denunciando sistemáticamente que
no se ha tenido en cuenta el gasto gestionado por cada
nivel de administración y sus competencias y destacar que
el Gobierno central ha impuesto a las autonomías una
convergencia
mucho
más
rápida
hacia
la
estabilidad
presupuestaria que la que se fija para sí mismo, cuando el
ajuste del gasto para las Comunidades presenta más
obstáculos porque sus funciones se concentran en servicios
de más difícil reducción y que forman parte del núcleo del
Estado de Bienestar.
15

16. Por eso pensamos que el nuevo modelo debería definir las
políticas de gasto fundamentales para la sociedad española
y,
sobre
esta
Administración
dispongan
del
base,
central
mismo
blindar
un
y
Autonómicas
las
grado
de
equilibrio
entre
la
para
que
de
sus
cobertura
necesidades de gasto desde su ámbito competencial.
No hablamos sólo del reparto de recursos, sino también de
un reequilibrio de la senda de consolidación fiscal.
Una vez puestos de acuerdo con el modelo de sociedad que
queremos, cualquier sistema de financiación autonómica
que se desarrolle en nuestro país, para ser fiel a los
principios constitucionales, ha de:
 permitir la autonomía financiera de las Comunidades;
 garantizar la solidaridad efectiva entre regiones;
 asegurar un nivel mínimo en la prestación de servicios
públicos fundamentales;
 promover el equilibrio económico y la convergencia
territorial;
 evitar situaciones de privilegio económico y social.
16

17. Y esto no puede ser una reivindicación de unas u otras
Comunidades Autónomas en función de cómo salen paradas
con tal o cual modelo, sino que es el Estado quien debe
garantizar la aplicación efectiva de estos principios y
quien debería liderar este proceso, esencial para la
convivencia y el progreso de nuestro país en su conjunto.
Por
supuesto,
el
modelo
resultante
debe
ganar
en
transparencia y sencillez. Esto evitaría interpretaciones
arbitrarias o unilaterales como las que se han venido dando
en los últimos años, así como la génesis de conflictos
institucionales innecesarios o la judicialización excesiva de
las diferencias de criterio.
También
es
imprescindible
establecer
mecanismos
de
suficiencia dinámica. En caso de disfunciones del modelo, o
resultados que se desvían de forma evidente de las
previsiones, no parece razonable la situación actual en la
que
simplemente
el
mecanismo
continúa
su
curso
inexorablemente mientras siga vigente.
El nuevo sistema tiene que garantizar la equidad mediante
un nivel similar de prestación de los servicios públicos
esenciales para todos los ciudadanos con independencia del
lugar en que vivan. En este sentido, debe cuantificarse el
coste promedio de los servicios públicos esenciales y
17

18. garantizarse su cobertura plena con un Fondo de Garantía
de Servicios Públicos Fundamentales y, si fuera necesario,
con otros mecanismos complementarios. A partir de ahí se
pueden incorporar otros fondos adicionales en los que
existe un amplio margen para la negociación y el consenso.
Esto implica necesariamente, en relación con la situación
actual, una mayor dotación del fondo de Garantía, que ha
resultado a todas luces insuficiente.
Entendemos que debe superarse el concepto de coste
actual, asociado al statu quo, y avanzar en la determinación
de un coste promedio como opción preferible ya que
favorecería
a las
Comunidades
más eficientes
en la
prestación de servicios y por tanto contribuiría a la
sostenibilidad global a largo plazo.
Es preciso que asegure la suficiencia financiera también en
relación con el resto de competencias asumidas por las
Comunidades Autónomas. El modelo debe garantizar el
cumplimiento de las obligaciones de las administraciones
públicas así como la totalidad de los parámetros de
sostenibilidad y equilibrio financiero.
La reforma del modelo debe garantizar que los fondos de
convergencia realmente se destinen a ese fin, que se dirijan
a las Comunidades con menor renta y que tengan una
cuantía
suficiente
como
para
que
su
impacto
sea
18

19. significativo, de forma que deberían incrementarse si las
diferencias territoriales se acentúan.
Ligado a esto, debe insistirse en preservar el principio de
adicionalidad
Regional,
de
que
los
hasta
Fondos
ahora
Europeos
no
se
ha
de
Desarrollo
respetado.
Es
inaceptable que los fondos que destina la Unión Europea
para favorecer la convergencia de las regiones se utilicen
para
equilibrar
el
reparto
territorial
de
los
fondos
nacionales. Es una barbaridad contraria al propio espíritu de
los fondos regionales, pero sobre todo es injusto con las
regiones más desfavorecidas.
Por otra parte, deberían eliminarse o minimizarse las
situaciones de privilegio y evitarse en todo caso la
generación de nuevas situaciones de privilegio territorial.
Los resultados de la financiación de las Comunidades de
régimen foral son abiertamente contradictorios con el
mandato constitucional, aportando diferencias de hasta un
50% o incluso un 60% en la financiación por habitante a
igualdad de presión fiscal. Esta situación es insostenible y
supone un incentivo para buscar fórmulas al margen del
régimen común.
Por último, el sistema ha de evitar que existan incentivos al
dumping
fiscal
para
atraer
contribuyentes
de
otras
Comunidades.
19

20. Andalucía se juega mucho con estas reformas. Está en
juego hacer efectivos los derechos de los andaluces
mediante
la
sostenibilidad
de
los
servicios
públicos
esenciales. Pero también la posibilidad de reducir las
desigualdades sociales y entre territorios, para que los
ciudadanos de Andalucía puedan disfrutar de las mismas
oportunidades que el resto de españoles.
Lealtad institucional
Señoras y señores, a pesar de que no compartimos muchas
de las decisiones e imposiciones que nos llegan desde
Madrid, no creo necesario reafirmar la lealtad del Gobierno
andaluz con los compromisos internacionales del Gobierno
de España. No hay más que observar la gestión de las
finanzas públicas para corroborarlo, como ha sido nuestro
cumplimiento del objetivo de déficit de 2013, a pesar de
nuestra posición desfavorable de partida, si bien tengo que
advertirles que esa lealtad no ha sido siempre recíproca.
Junto a la incorrecta aplicación del modelo de financiación,
desde el 1 de enero de 2009, fecha en la que entró en
vigor, hasta el día de hoy, el Estado ha aprobado varias
decenas de normas que han afectado negativamente a los
ingresos de las Comunidades Autónomas.
20

21. En la actualidad tenemos en marcha reclamaciones al
Ministerio
de
Hacienda
-por
discrepancias
en
las
liquidaciones de varios ejercicios, en el coste efectivo de
traspasos, etc.– por importe de 5.865 millones de euros.
La última de estas discrepancias está motivada porque el
Estado estimó que iba a aumentar sus ingresos de 2011 en
4.000 millones de euros por las subidas del IVA y del
tabaco, aunque finalmente sólo fueron 46.
Pues bien, a las CC.AA. se nos restaron esos 2.000 millones
de euros del Fondo de Suficiencia Global. Y pese a que los
ingresos no se han comportado de la forma prevista, no se
ha articulado ningún mecanismo para compensarnos.
Si se liquidaran correctamente, el Estado tendría que
devolver a Andalucía 385 millones de euros: 107 millones
por el Impuesto Especial sobre el Tabaco y 278 millones por
IVA.
Como conocen, la Ley de Estabilidad Presupuestaria de abril
de 2012 constriñe la actuación de las Administraciones
públicas por tres vías: la imposibilidad de incurrir en déficit
estructural, el respeto al techo de deuda pública y la
limitación del crecimiento del gasto, que no podrá crecer
21

22. por encima de la tasa de crecimiento del PIB (Regla de
Gasto).
En caso de incumplimiento de los objetivos, quedamos en
la
práctica
tutelados
por
el
Gobierno
de
España,
condicionando decisivamente nuestro margen de maniobra
para desarrollar políticas económicas alternativas.
A este retroceso en autonomía, el Gobierno central le ha
dado una vuelta de tuerca con la aprobación de la nueva
Ley de control de la deuda comercial.
Déjenme aclararles, que los retrasos en los pagos por parte
de las Comunidades Autónomas se deben a la necesidad de
sostener el Estado de Bienestar en un contexto de
reducción de ingresos presupuestarios. Es una cuestión de
prioridad
política,
garantizar
los
servicios
públicos
esenciales, aun a costa de demoras en otro tipo de pagos.
La nueva Ley, en lugar de favorecer el cumplimiento de las
obligaciones acompasando las necesidades de tesorería a
los plazos de pago, introduce mecanismos de control y
medidas coercitivas a las Comunidades que sobrepasen el
período de pago estipulado. En el fondo se trata de un paso
más
en
el
proceso
recentralizador
al
que
estamos
asistiendo en los últimos años, puesto que esta Ley no
facilitará a las Administraciones el cumplimiento de sus
22

23. obligaciones en tanto no se garantice una financiación
suficiente.
Y la suficiencia financiera no puede depender sólo de una
contención del gasto público, que puede ser razonable
dentro de ciertos límites, sino que requiere necesariamente
una revisión del problema de los ingresos públicos.
4.- Reforma tributaria:
Y es que, después de seis años de crisis económica, es
evidente la incapacidad de nuestro sistema tributario para
alcanzar la suficiencia financiera. Por eso déjenme ahondar
ahora brevemente en la posición de Andalucía ante la
inminente reforma fiscal anunciada por el Gobierno de la
nación.
Pese a que los tipos nominales de la mayoría de los
impuestos se encuentran en España entre los más elevados
de los países europeos, lo cierto es que la recaudación de
impuestos y cotizaciones sociales en España se encuentra
muy alejada de los valores medios de la eurozona: los
ingresos fiscales en España en 2011 representaron el
31.4% del PIB mientras que la media de la eurozona fue
del 39.5%. En Alemania fue del 38.7% y muchos países del
centro y norte de Europa superan el 40%.
23

24. Llevar la presión fiscal a la media europea supondría
aproximadamente 70.000 millones de euros adicionales
para las Administraciones públicas españolas.
No podemos renunciar a uno de los aspectos claves que nos
permitiría
reducir
significativamente
el
déficit
presupuestario del conjunto de Administraciones, haciendo
posible
el
desarrollo
de
políticas
favorecedoras
del
crecimiento y el mantenimiento de los servicios públicos
fundamentales.
Porque, como he repetido en numerosas ocasiones, los
problemas no los ha provocado un excesivo gasto público,
sino un deficiente volumen de ingresos.
Sin embargo, tengo que recordarles que en el Programa de
Estabilidad del Reino de España 2013-2016 el Gobierno
contempla un estancamiento de los ingresos públicos,
volcando toda la estrategia de consolidación fiscal por la vía
del gasto. Es más, el peso del gasto público en el PIB, debe
recortarse en otros 3,6 puntos sobre el PIB en los 3
próximos años.
Como se imaginarán, esta reducción se concentraría en
gran medida en sanidad, educación, medio ambiente y
protección
social.
Es
decir,
en
su
mayor
parte
en
competencias de las Comunidades Autónomas, que habrán
24

25. de continuar recortando sus gastos al no recibir ingresos
adicionales.
Otro aspecto esencial sería que la reforma tributaria
avanzara en la equidad. De hecho, el último estudio sobre
Opinión
pública
y
política
fiscal
del
Centro
de
Investigaciones Sociológicas (CIS) refleja que casi el 90%
de los españoles piensa que los impuestos no se pagan
justamente.
En los últimos años las medidas destinadas a incrementar
los ingresos fiscales se han centrado en subidas del IRPF y
del
IVA
y
otros
impuestos
indirectos,
incidiendo
especialmente en la clase media y en los grupos más
desfavorecidos. Mientras, las grandes fortunas, empresas y
multinacionales contribuyen de forma poco proporcionada y
eludiendo, en buena medida, su obligación de tributar.
Los datos más recientes de la Agencia Tributaria reflejan
que el tipo efectivo que están soportando las grandes
empresas se sitúa alrededor del 4%. Tendría sentido
avanzar en lograr que estas empresas contribuyan en
función de su capacidad.
A este respecto, resulta escandalosa la noticia que se
publicó hace unos días denunciando que los llamados “siete
gigantes” de Internet -Apple, Google, Amazon, Facebook,
25

26. eBay,
Microsoft
y
Yahoo-
pagaron
el
año
pasado
únicamente un millón de euros en impuestos a las arcas
públicas.
Mejorando la equidad y la progresividad, debe ensancharse
la base del sistema tributario español, consiguiendo ampliar
el número de personas y empresas que contribuyen al
mismo y eliminando las bolsas de fraude y la economía
sumergida, que según estimaciones recientes del Sindicato
de Inspectores de Hacienda alcanza los 253.000 millones
de euros, el 24,6% del PIB nacional.
La lucha contra el fraude debe ser uno de los pilares de la
reforma. No podemos seguir consintiendo que se debiliten
las bases éticas del sistema fiscal, como fue el caso de la
reciente amnistía fiscal, cuyos resultados han sido muy
pobres con relación al perjuicio que se ha provocado en
general.
La pérdida de ingresos por el fraude también tiene como
consecuencia que el sector público no puede aplicar todo su
potencial
redistributivo,
agravando
las
desigualdades
sociales. Por no hablar de las distorsiones que provoca en
los mercados la existencia de fraude y la economía
sumergida.
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27. Por otro lado, sería deseable que la reforma contribuyera a
garantizar la autonomía fiscal de las Autonomías, otorgando
suficiencia y capacidad para hacer frente a la prestación de
los servicios públicos fundamentales.
Sin embargo, hasta que el modelo de financiación no
proporcione una suficiencia financiera real no es posible
seguir
avanzando
en
la
autonomía
fiscal
y
en
la
corresponsabilidad, puesto que, como hemos tenido ocasión
de sufrir, sólo genera una competencia desleal por parte de
algunas Comunidades.
Entre las noticias o “globos sonda” que hemos leído
respecto a la reforma fiscal que está planteando el grupo de
expertos del Ministerio se encuentra una reducción de los
tipos impositivos a los tramos de rentas más bajas.
Según datos de la Agencia Tributaria, casi el 40% de los
contribuyentes declaran ingresos inferiores a 12.000 euros,
de manera que una rebaja fiscal les proporcionará una
cantidad poco significativa, máxime si simultáneamente se
incrementa
la
imposición
indirecta
o
se
eliminan
deducciones.
Sin duda apoyamos medidas que beneficien a los sectores
más débiles, aunque la pérdida de recaudación ha de
compensarse
mediante
una
mayor
progresividad
del
27

28. impuesto. Por ejemplo, promoviendo que las rentas del
capital tengan el mismo tratamiento que las rentas del
trabajo.
Aunque ha sido negado por el Ministro de Hacienda, otra
hipótesis de trabajo del Grupo de expertos consistía en
incrementar el IVA del 21 al 23% y aumentar también los
tipos reducido y súper reducido.
A este respecto, no creo en absoluto conveniente una
medida de este tipo, sino más bien al contrario, con objeto
de incentivar el consumo y el empleo. Considero que
deberían
revisarse
mayoritariamente
medias
o
que
los
tramos
de
algunos
productos
consumidos por las rentas bajas y
tienen
una
especial
importancia
en
Comunidades como Andalucía, como son los productos
culturales, lo que podría generar incluso un aumento de la
recaudación.
Finalmente, también se apuntaban propuestas en relación
al impuesto de sociedades –homogeneizando la tributación
entre grandes y pequeñas empresas- o la eliminación del
Impuesto de Patrimonio, que es precisamente uno de los
más progresivos dado que obliga a la tributación a las
rentas más altas (personas con patrimonios superiores a
700.000 euros).
28

29. Así como la supresión de la progresividad del impuesto de
donaciones, de manera que se tributaría exclusivamente
por el grado de parentesco y no como ahora, en función de
la capacidad económica.
En
definitiva,
naturaleza,
no
compartimos
cargado
de
un
propuestas
modelo
de
esta
regresivas.
Nos
tememos que el Gobierno está atrapado entre la necesidad
de presentar un proyecto que satisfaga a sus bases y las
exigencias de la Comisión Europea de mantener a toda
costa la recaudación.
5.- Hoja de ruta:
Como les decía al principio de mi intervención, es necesario
abordar estos tres debates -el de la situación económica, el
de modelo de financiación y el de la reforma fiscal- con una
visión crítica, serena y rigurosa. Pero no podemos dejar de
lado otros debates igualmente imprescindibles, como son el
cambio en el modelo productivo y la necesaria revisión en
general de las políticas públicas y el papel que desempeñan
en la configuración de nuestro modelo de sociedad.
Creo que tenemos que ser honestos y reconocer que a
pesar de los importantes esfuerzos realizados en los últimos
años, la dureza de esta crisis nos ha puesto por delante una
realidad distinta, dramática para muchas familias, a la que
29

30. tenemos que enfrentarnos con valentía y con respuestas.
De ahí que todos nuestros esfuerzos en el Gobierno andaluz
estén volcados en una hoja de ruta que persigue la creación
de empleo y la reorientación de nuestro modelo productivo
para hacerlo más competitivo, basado en el conocimiento y
en la creación de valor a través de la innovación y el
emprendimiento.
Y creo sinceramente que en esta senda contamos con una
serie de ventajas competitivas que hemos de aprovechar al
máximo.
En Andalucía estamos consiguiendo sanear las cuentas
públicas, pero no a cualquier precio. A diferencia de lo que
sucede en otros territorios, aquí cumplimos con el objetivo
de déficit para 2013 sin recurrir a privatizaciones y
preservando las políticas sociales, sin aplicar recortes de
derechos o de prestaciones. Habrán podido ver en los
últimos días que hemos comunicado al Ministerio nuestra
cifra de cierre de año, con un déficit ligeramente por debajo
del límite fijado por el Gobierno de España.
Y este es un dato que merece ser situado en su justa
medida, porque hemos trabajado muy duramente en estos
meses por conseguir este resultado con un objetivo muy
claro: lanzar un mensaje de confianza a los mercados y a
los inversores, trasladarles que Andalucía hace frente a sus
30

31. obligaciones, que mantiene sus compromisos, y que es
atractiva para la inversión. En definitiva, ganar credibilidad
en nuestra política económica con el fin de atraer empresas
y crear empleo.
Junto a ello, también hay que revisar como les decía las
políticas públicas, que tienen que continuar avanzando en
eficiencia económica, pero también en eficacia social y en
calidad institucional.
Cuando se habla de eficiencia en las administraciones
públicas
se
introducen
en
demasiadas
ocasiones
interpretaciones interesadas o sesgadas, pero quiero dejar
claro que la administración andaluza es bastante eficiente
en el gasto público. Con áreas de mejora, por supuesto, en
las que tenemos que seguir ahondando, pero nuestro gasto
corriente por habitante es de los más bajos de todas las
Comunidades Autónomas.
Aunque hay quien tiende a identificar un menor gasto con
peores servicios públicos, disponemos de suficientes datos
e indicadores que avalan que Andalucía ofrece múltiples
ejemplos de provisión de servicios públicos de calidad a un
coste altamente eficiente. Y así lo perciben además los
ciudadanos cuando se expresan en distintas encuestas de
satisfacción o barómetros de opinión.
31

32. Al hilo de esto, me gustaría mencionar dos de las líneas de
actuación que hemos puesto en marcha para contribuir a la
recuperación. En primer lugar, la disminución de los
trámites administrativos a las empresas, evitando barreras
innecesarias, y con procedimientos ágiles y simplificados,
para que no se pierda ningún proyecto de inversión por
dificultades burocráticas.
Y en segundo lugar, queremos aportar prácticas financieras
diferentes,
que
permitan
acercar
recursos
al
sector
empresarial, atendiendo proyectos solventes y viables, y
favoreciendo el cambio hacia un nuevo modelo productivo.
Para ello, estamos elaborando el proyecto de Ley de
creación del Instituto Público de Crédito de Andalucía, que
pretendemos elevar en el primer trimestre del año al
Consejo de Gobierno con el fin de que sea aprobado por el
Parlamento andaluz de la forma más rápida posible.
Termino
ya,
no
sin
antes
volver
a
mencionar
la
trascendencia del momento que vivimos, no ya sólo como
el año de posible cambio de tendencia económica, como
avanzan diferentes estudios, sino del momento que puede
definir en un sentido o en otro qué sociedad configuramos
para las próximas dos o tres décadas.
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33. Si apostamos por un modelo de país con crecientes
desigualdades entre territorios y personas, o si por el
contrario defendemos como base de nuestro modelo de
convivencia y desarrollo la equidad, la solidaridad y la
justicia.
Si priorizamos la salida de la crisis a cualquier precio,
aunque eso lastre generaciones, o si nuestros esfuerzos
como sociedad se encaminan a salir de la crisis mejor de lo
que entramos en ella, más fuertes y más iguales, todos, sin
dejar a nadie atrás ni tampoco nuestros valores.
Mi apuesta y la de mi Gobierno es evidentemente la
segunda.
No
es
nada
sencillo,
como
comprenderán.
Requiere altura de miras colectiva, una visión capaz de
conjugar el corto y el largo plazo, además de una franca
voluntad de diálogo y de consenso para alcanzar acuerdos
satisfactorios para la mayoría.
Pero como decía Robert Kennedy, el futuro no es ningún
regalo, es una conquista; la de cada uno de nosotros. Cada
generación es la responsable de tejer su propio futuro y nos
corresponde la tarea de decidir qué queremos alcanzar
como individuos y como sociedad y a qué estamos
dispuestos a comprometernos para lograrlo, ni más, ni
menos. En esa tarea estoy, en esa tarea estamos.
Muchas gracias
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