GAZA. Declaración conjunta de expertos en derecho internacional en la ofensiva israelí en Gaza 2014

1. JUSTICIA GLOBAL EN EL SIGLO XXI
RICHARD FALK
http://richardfalk.wordpress.com/2014/07/28/joint-declaration-by-international-law-experts-on-israels-gaza-offensive/
Declaración conjunta de expertos en derecho internacional en la ofensiva israelí en Gaza
28
JUL
(Nota Preliminar:.. Lo Publicado aquí es una declaración conjunta de expertos en derecho
internacional de todo el mundo que se enumeran a continuación como endosantes yo estoy entre los
endosantes, y el texto fue redactado inicialmente por varios estudiosos del derecho internacional
Damos la bienvenida a las firmas adicionales que pueden ser enviaron a mí en la sección de
comentarios, con afiliación señalado para la identificación, y los nombres se añadirán
periódicamente al texto. Veo esto como una importante expresión de juicio profesional y la
conciencia individual en relación con la conducta de Israel en Gaza a partir del 8 de julio que ya
tiene tomado tantas vidas inocentes y causaron tal devastación generalizada. Por favor, únete a
nosotros y difundir la palabra!)
La comunidad internacional debe poner fin a castigos colectivos de Israel contra la población civil
en la Franja de Gaza
Como estudiosos internacionales y penales, de los defensores de derechos humanos, juristas y
personas que creen firmemente en el imperio de la ley y en la necesidad de su respeto en tiempos de
paz y más en tiempos de guerra, sentimos el deber intelectual y moral de denunciar la violaciónes
graves, mistificación y la falta de respeto de los principios más básicos del derecho de los conflictos
armados y de los derechos humanos fundamentales de toda la población palestina cometidos
durante la ofensiva israelí en curso sobre la Franja de Gaza. Condenamos también el lanzamiento de
cohetes desde la Franja de Gaza, como todos los ataques indiscriminados contra la población civil,
con independencia de la identidad de los autores, no sólo es ilegal según el derecho internacional,
sino también moralmente intolerable. Señalado Sin embargo, como también implícitamente por el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su Resolución del 23 de julio 2014, las dos partes en
conflicto no pueden ser considerados iguales, y sus acciones - una vez más - parecen ser de una
magnitud incomparable.
Una vez más es la población civil desarmada, las «personas protegidas» en virtud del derecho
internacional humanitario (DIH), que está en el ojo de la tormenta. Población civil de Gaza ha sido
víctima en nombre de un derecho falsamente interpretada a la legítima defensa, en medio de una
escalada de la violencia provocada en la cara de toda la comunidad internacional. El llamado Edge
Operación protectora estalló durante un conflicto armado en curso, en el contexto de una ocupación
beligerante prolongada que comenzó en 1967. En el curso de este conflicto en curso miles de
palestinos han sido asesinados y heridos en la Franja de Gaza durante la recurrente y ostensible
períodos "alto el fuego" desde el año 2005, después de la unilateral 'desconexión' de Israel de la
Franja de Gaza. Las muertes causadas por actos de provocación de Israel en la Franja de Gaza antes
de la última escalada de las hostilidades no deben ser ignorados también.
Según fuentes de la ONU , más de las dos últimas semanas, casi 800 palestinos en Gaza han muerto
y más de 4.000 heridos, de los cuales la gran mayoría eran civiles. Varias fuentes independientes
indican que sólo el 15 por ciento de las víctimas eran combatientes. Familias enteras han sido
asesinadas. Hospitales, clínicas, así como un centro de rehabilitación para las personas con
discapacidad han sido blanco de ataques y severamente dañado. Durante un solo día, el domingo 20

2. th julio, más de 100 civiles palestinos fueron asesinados en Shuga'iya, un barrio residencial de la
ciudad de Gaza. Esta fue una de las operaciones más sangrientas y más agresivos jamás llevadas a
cabo por Israel en la Franja de Gaza, una forma de violencia urbana que constituye una falta de
respeto total de la inocencia civil. Lamentablemente, esto fue seguido sólo un par de días más tarde
por un ataque igualmente destructor sobre Khuza'a, al este de Khan Younis.
Además, la ofensiva ya ha causado una gran destrucción de edificios e infraestructura: según la
Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, más de 3.300 casas
han sido blanco de ataques como resultado su destrucción o daño grave.
Como denuncia la Misión de Investigación de las Naciones Unidas (FFM) en el conflicto de Gaza a
raíz de la "Operación Plomo Fundido" de Israel en el período 2008-2009: "Mientras el Gobierno
israelí ha tratado de presentar sus operaciones esencialmente como una respuesta a los ataques con
cohetes en el ejercicio de su derecho a la autodefensa, la Misión considera que el plan se ha
dirigido, al menos en parte, a un objetivo diferente: El pueblo de Gaza en su conjunto "(.
A/HRC/12/48, párrafo 1.680) . Lo mismo puede decirse de la actual ofensiva israelí.
La población civil de la Franja de Gaza está bajo ataque directo y muchos se ven obligados a
abandonar sus hogares. Lo que ya era un refugiado y la crisis humanitaria se ha agravado con una
nueva ola de desplazamientos masivos de la población civil: el número de desplazados internos ha
llegado a casi 150.000, muchos de los cuales han obtenido refugio en escuelas superpobladas de la
UNRWA, que por desgracia no son zonas seguras como lo demuestra la reiterados ataques contra la
escuela de la UNRWA en Beit Hanoun. Todo el mundo en Gaza está traumatizado y que viven en un
estado de terror constante. Este resultado es intencional, ya que Israel está confiando de nuevo en el
' Dahiya doctrina ', que tiene deliberadamente recurrir a una fuerza desproporcionada para infligir
sufrimiento a la población civil con el fin de lograr objetivos políticos (para ejercer presión sobre el
Gobierno de Hamas) en lugar de objetivos militares.
De este modo, Israel es repetidamente y violando flagrantemente el derecho de los conflictos
armados, que establece que los combatientes y los objetivos militares pueden ser objeto, es decir,
"aquellos objetos que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización contribuyan eficazmente a
la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrezca en las
circunstancias del momento, una clara ventaja militar definida ". La mayor parte de los recientes
bombardeos pesados en Gaza carecen de una justificación militar aceptable y, en cambio, parecen
estar destinadas a aterrorizar a la población civil. Como aclara el CICR, provocando
deliberadamente el terror es inequívocamente ilegal según el derecho internacional consuetudinario.
En su opinión consultiva en el caso las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia declaró
que el principio de distinción, que obliga a los Estados beligerantes para distinguir entre civiles y
combatientes, es uno de los "principios cardinales" del derecho internacional humanitario y uno de
los "principios inviolables del derecho consuetudinario internacional ".
El principio de distinción está codificado en los artículos 48, 51 (2) y 52 (2) del Protocolo Adicional
I de 1977 a los Convenios de Ginebra de 1949, en que se han efectuado reservas. De acuerdo con el
Protocolo adicional I, "ataques" se refieren a los "actos de violencia contra el adversario, sean
ofensivos o defensivos" (artículo 49). Bajo tanto las leyes ley y tratado internacional
consuetudinario, la prohibición de dirigir ataques contra la población civil o bienes de carácter civil
es absoluta. No hay discrecionalidad de invocar una necesidad militar como justificación.

3. Contrario a las afirmaciones de Israel, los errores que resultan en muertes de civiles no pueden
justificarse: en caso de duda acerca de la naturaleza del objetivo, la ley establece claramente que un
bien que normalmente se dedica a fines civiles (como escuelas, viviendas, lugares de culto y los
servicios médicos), se presume que no se utilice con fines militares. Durante estas últimas semanas,
funcionarios de la ONU y representantes han pedido repetidamente a Israel a cumplir estrictamente
el principio de precaución en la realización de los ataques en la Franja de Gaza, donde los riesgos se
agravan en gran medida por la altísima densidad de población, y la máxima moderación deben ser
ejercidos en oposición a evitar víctimas civiles. HRW ha señalado que estas normas existen para
minimizar errores "cuando se repiten este tipo de errores, que plantea la preocupación de si se
atropellan las reglas."
Además, incluso cuando la orientación de objetivos militares claros, Israel viola sistemáticamente el
principio de proporcionalidad : esto es particularmente evidente en lo que respecta a los cientos de
casas de civiles destruidas por el ejército israelí durante la operación militar en Gaza. Con la
declarada intención de dirigirse a un solo miembro de Hamas, las fuerzas israelíes han
bombardeado y destruido casas aunque ocupado como residencias de decenas de civiles, entre ellos
mujeres, niños y familias enteras.
Es inherentemente ilegal según el derecho internacional consuetudinario para apuntar
intencionalmente bienes de carácter civil, y la violación de un principio tan fundamental de ley
puede constituir un crimen de guerra. La emisión de una 'advertencia' - tales como llamada técnica
de Israel techo llamar o enviar un SMS cinco minutos antes del ataque - no mitiga esto: sigue siendo
ilegal para atacar deliberadamente una vivienda civil sin una demostración de la necesidad militar,
ya que asciende a una violación del principio de proporcionalidad. Por otra parte, no sólo se trata de
'advertencias' generalmente ineficaces, e incluso puede dar lugar a más muertes, que parecen ser
una excusa prefabricada por Israel para representar a las personas que permanecen en sus hogares
como "escudos humanos".
Los ataques indiscriminados y desproporcionados, la focalización de los objetivos que proporcionan
ninguna ventaja militar efectiva, y el ataque intencional de civiles y viviendas de civiles han sido
rasgos persistentes de la antigua política de castigar a toda la población de la Franja de Gaza de
Israel, que, desde hace más de siete años, ha sido virtualmente prisionero de cierre impuesto israelí.
Tal régimen equivale a una forma de castigo colectivo , que vulnera la prohibición incondicional
establecido en el artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra y ha sido condenado
internacionalmente por su ilegalidad. Sin embargo, lejos de oponerse efectivamente actores
internacionales, la política ilegal de Israel de cierre absoluto impuesto a la Franja de Gaza ha
continuado sin descanso, bajo la mirada cómplice de la comunidad internacional de Estados.
***
Como se afirma en el año 2009 por el hecho de la ONU misión de investigación sobre el Conflicto

4. de Gaza: "La justicia y el respeto al estado de derecho son la base indispensable para la paz. La
prolongada situación ha creado una crisis de la justicia en el territorio palestino ocupado que
justifica la acción "(A/HRC/12/48, párr 1958.) En efecto:" desde hace mucho tiempo la impunidad
ha sido un factor clave en la perpetuación de la violencia en la región y en la repetición de
violaciónes, así como en la erosión de la confianza entre los palestinos y muchos israelíes relativas
a perspectivas de la justicia y una solución pacífica al conflicto ". (A/HRC/12/48,. Párrafo 1.964)
Por lo tanto,
Acogemos con satisfacción la Resolución adoptada el 23 de julio 2014 en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, en la que se estableció una comisión internacional independiente para
investigar todas las violaciónes del derecho internacional humanitario y derecho internacional de los
derechos humanos en el territorio palestino ocupado.
Hacemos un llamado a las Naciones Unidas, la Liga Árabe, la Unión Europea, los Estados, en
particular los Estados Unidos de América, y la comunidad internacional en su totalidad y con su
poder colectivo para actuar en el espíritu de la máxima urgencia para poner fin a la escalada de
violencia contra la población civil de la Franja de Gaza, y para activar los procedimientos para
hacer rendir cuentas a los responsables de violaciónes del derecho internacional, incluidos los
líderes políticos y comandantes militares. En particular:
Todos los actores regionales e internacionales deben apoyar la conclusión inmediata de un acuerdo
de alto el fuego duradero, integral y de mutuo acuerdo, que debe asegurar la rápida facilitación y el
acceso de la ayuda humanitaria y la apertura de las fronteras hacia y desde Gaza;
Todas las Altas Partes Contratantes de los Convenios de Ginebra deben ser urgentemente y sin
condiciones al llamado para cumplir con sus obligaciones fundamentales, vinculantes en todo
momento, y para actuar bajo el artículo 1 común, a tomar todas las medidas necesarias para la
supresión de las infracciones graves, con la mayor claridad impuesta por el artículo 146 y el artículo
147 del Cuarto Convenio de Ginebra; estas reglas son aplicables a todas las partes interesadas, así;
Por otra parte, denunciamos las presiones políticas vergonzosas ejercidas por varios Estados
miembros de la ONU y la ONU sobre el presidente Mahmoud Abbas, para desalentar el recurso a la
Corte Penal Internacional (CPI), e instamos a los líderes gubernamentales de Palestina para invocar
la jurisdicción de la CPI, mediante la ratificación del tratado de la CPI y en el ínterin por volver a
presentar la declaración prevista en el artículo 12 (3) del Estatuto de Roma, con el fin de investigar
y enjuiciar los delitos internacionales graves cometidos en el territorio palestino por todas las partes
en el conflicto; y
El Consejo de Seguridad de la ONU debe finalmente ejercerá sus funciones en relación con la paz y
la justicia al referirse a la situación en Palestina ante la Fiscalía de la CPI.
***
Tenga en cuenta que las afiliaciones institucionales son para propósitos de identificación solamente.

5. John Dugard, ex Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino
ocupado
Richard Falk, ex Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino
ocupado
Alain Pellet, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Paris Ouest, ex miembro de la
Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Francia
Georges Abi-Saab, profesor emérito de Derecho Internacional, Instituto de Altos Estudios Internacionales y del
Desarrollo, Ginebra, ex juez del TPIY
Vera Gowlland-Debbas, profesor emérito de Derecho Internacional, Instituto de Altos Estudios Internacionales y
del Desarrollo, Ginebra, Suiza
Chantal Meloni, Profesor Adjunto de Derecho Penal Internacional, Universidad de Milán, Italia (Relator,
Declaración Conjunta)
Roy Abbott, Consultor en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de Derechos Humanos,
Australia
Lama Abu-Odeh, Profesor de Derecho, Universidad de Georgetown, EE.UU.
Susan M. Akram, Profesor Clínico y abogado supervisor, Programa de Derechos Humanos Internacional, Facultad
de Derecho de la Universidad de Boston, EE.UU.
Taris Ahmad, Solicitor en Jones Day, Londres, Reino Unido
Maria Anagnostaki, estudiante de doctorado de la Universidad de la Escuela de Derecho de Atenas, Grecia
Antony Anghie, Profesor de Derecho, Universidad de Utah, EE.UU.
Nizar Ayoub, director de Al-Marsad, Centro Árabe de Derechos Humanos, en los Altos del Golán
Valentina Azarov, Profesor de Derechos Humanos y el Derecho Internacional, Al Quds Bard College, Palestina
Ammar Bajboj, Profesor de Derecho de la Universidad de Damasco, Siria
Samia Bano, Escuela de Derecho de SOAS, Londres, Reino Unido
Asli Ü Bali, Profesor de Derecho, Facultad de Derecho de UCLA, EE.UU.
Jakub Michał Baranowski, estudiante de doctorado, Universita 'degli Studi Roma Tre, Italia
Frank Barat, Tribunal Russell sobre Palestina
Emma Bell, Coordinadora del Grupo Europeo para el Estudio de la Desviación y Control Social, Université de
Savoie, Francia
Barbara Giovanna Bello, miembro post-doctoral de la Universidad de Milán, Italia
Brenna Bhandar, Profesor adjunto de Derecho, Facultad de Derecho de SOAS, Londres, Reino Unido
George Bisharat, profesor de Derecho de la UC Hastings College of Law, EE.UU.
Barbara Blok, Candidato LLM de la Universidad de Essex, Reino Unido
John Braithwaite, Profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Australia, Australia
Michelle Burgis-Kasthala, profesor de derecho internacional de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido
Eddie Bruce-Jones, profesor de Derecho de la Universidad de Londres, Birkbeck College, Reino Unido
Arena Camlann, Candidato LLM, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Francia
Grazia Careccia, Defensor de los Derechos Humanos, Londres, Reino Unido
Baris Cayli, Impacto Fellow de la Universidad de Stirling, Reino Unido
Antonio Cavaliere, Profesor de Derecho Penal de la Universidad Federico II, Nápoles, Italia
Kathleen Cavanaugh, Profesor Titular, Centro Irlandés de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de
Irlanda, Galway, Irlanda
Elizabeth Chadwick, Profesor de Derecho Internacional, Nottingham, Reino Unido
Donna R. Cline, Abogado, EE.UU.
Karen Corteen, profesor titular de Criminología de la Universidad de Chester, Reino Unido
Andrew Dahdal, Profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Macquarie, Sydney, Australia
Teresa Dagenhardt, Profesor de Criminología de la Universidad Queen de Belfast, Irlanda del Norte
Luigi Daniele, estudiante de doctorado en Derecho, Italia
Alessandro De Giorgi, Profesor de Estudios de Justicia de la Universidad Estatal de San José, EE.UU.
Paul de Waart, profesor emérito de Derecho Internacional de la Universidad VU, Amsterdam, Países Bajos
Gabriele della Morte, profesor titular de Derecho Internacional, Universidad Cattolica, Milán, Italia
Max du Plessis, Profesor de Derecho, Universidad de Kwazulu-Natal, y Barrister, Sudáfrica y Londres, Reino
Unido

6. Noura Erakat, Georgetown University, EE.UU.
Mohammad Fadel, Profesor Asociado de Derecho de la Universidad de Toronto Facultad de Derecho, Canadá
Mireille Fanon-Mendès France, UNO Experto Independiente, Frantz Fanon Fundación, Francia
Michelle Farrell, profesor de Derecho, Facultad de Derecho y de Justicia Social de la Universidad de Liverpool,
Reino Unido
Daniel Feierstein, Profesor y Presidente de la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio (IAGS),
Argentina
Eleonor Fernández Muñoz, Costa Rica
Tenny Fernando, Licenciado en Derecho, Sri Lanka
Amelia Festa, Candidato LLM de la Universidad de Nápoles Federico II, Italia
Katherine Franke, Profesor de Derecho, Facultad de Derecho de Columbia, EE.UU.
Jacques Gaillot, obispo in partibus de Patenia
Katherine Gallagher, Vicepresidente de la FIDH, abogado del Centro de Derechos Constitucionales (CCR), Nueva
York, EE.UU.
Avo Sevag Garabet, LLM de la Universidad de Groningen, Países Bajos
José García Anon, Profesor de Derecho, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, Valencia,
España
Irene Gasparini, estudiante de doctorado, Universitá Cattolica, Milán, Italia
Stratos Georgoulas, Profesor Asistente, Universidad del Egeo, Grecia
Haluk Gerger, el profesor, Turquía
Hedda Giersten, el profesor, Universitet I Oslo, Noruega
Javier Giraldo, Director del Banco de Datos del CINEP, Colombia
Carmen G. Gonzales, Profesor de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle EE.UU.
Penny Green, profesor de Derecho y Criminología, Director de la Iniciativa de crimen de Estado, del Kings
College de Londres, Reino Unido
Katy Hayward, profesor titular de Sociología de la Universidad Queen de Belfast, Irlanda del Norte
Andrew Henley, estudiante de doctorado de la Universidad de Keele, Reino Unido
Christiane Hessel, París, Francia
De Paddy Hillyard, Profesor Emérito de la Universidad Queen de Belfast, Irlanda del Norte
Ata Hindi, Instituto de Derecho de la Universidad de Birzeit, Palestina
Francois Houtart, Profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Quito, Ecuador
Deena Hurwitz R., Profesor de la Facultad General, Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos
Directora de la Universidad de Virginia, Facultad de Derecho, EE.UU.
Perfecto Andrés Ibanes, Magistrado del Tribunal Supremo de Espagna, España
Franco Ippolito, Presidente del Tribunal Permanente de los Pueblos, Italia
Ruth Jamieson, Profesor Honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Queen, Belfast, Irlanda del
Norte
Helen Jarvis, ex miembros de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya (ECCC), miembro del
IAGS, Camboya
Ioannis Kalpouzos, Profesor de Derecho, City Law School, Londres, Reino Unido
Victor Kattan, compañero post-doctoral, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Singapur
Michael Kearney, PhD, Profesor de Derecho, Universidad de Sussex, Reino Unido
Yousuf Syed Khan, EE.UU.
Tarik Kochi, profesor titular de Derecho, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
de Sussex, Reino Unido
Anna Koppel, MSt Candidato en Derecho Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Oxford, Reino
Unido
Karim Lahidji, Presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el abogado
Giulia Lanza, Doctorando, Università degli Studi di Verona, Italia
Daniel Machover, abogado, Hickman & Rose, Londres, Reino Unido
Tayyab Mahmud, Profesor de Derecho, Director del Centro para la Justicia Global de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Seattle EE.UU.
Maria C. LaHood, Abogada Senior Staff, CCR, Nueva York, EE.UU.
Louise Mallinder, Profesor de Derechos Humanos y el Derecho Internacional de la Universidad de Ulster, Reino
Unido
Triestino Mariniello, profesor de Derecho Penal Internacional, la Universidad de Edge Hill, Reino Unido
Mazen Masri, profesor de Derecho, La Ley de Educación de la Ciudad, City University, Londres, Reino Unido
Siobhan McAlister, Escuela de Sociología de la Universidad Queen de Belfast, Irlanda del Norte
Liam McCann, Profesor Principal en Criminología de la Universidad de Lincoln, Reino Unido
Jude McCulloch, Profesor de Criminología de la Universidad de Monash, Melbourne, Australia

7. Yvonne McDermott Rees, profesor de Derecho de la Universidad de Bangor, Reino Unido
Cahal McLaughlin, profesor de la Escuela de Artes Creativas, Universidad Queen de Belfast, Irlanda del Norte
Araks Melkonyan, Candidato LLM de la Universidad de Essex, Reino Unido
Antonio Menna, Candidato PhD, Segunda Universidad de Nápoles, Caserta, Italia
Naomi Mezey, Profesor de Derecho, Universidad de Georgetown, EE.UU.
Michele Miravalle, estudiante de doctorado de la Universidad de Torino, Italia
Sergio Moccia, Profesor de Derecho Penal de la Universidad Federico II, Nápoles, Italia
Kerry Moore, profesor de la Universidad de Cardiff
Giuseppe Mosconi, profesora de Sociología de la Universidad de Padova, Italia
Usha Natarajan, Profesor Adjunto del Departamento de Derecho y Centro de Estudios sobre Refugiados y
Migración, la Universidad Americana de El Cairo, Egipto
Miren Odriozola Gurrutxaga, Doctorando, Universidad del País Vasco, Donostia - San Sebastián, España
Georgios Papanicolaou, Profesor de Criminología de la Universidad de Teesside, Reino Unido
Marco Pertile, profesor titular de Derecho Internacional,
Facultad de Derecho de la Universidad de Trento, Italia
Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Profesor de Derecho y Teoría, LLM, La Ley de Westminster y Teoría
Centre, Reino Unido
Antoni Pigrau Solé, Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, España
Joseph Powderly, Profesor Adjunto de Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden, Países Bajos
De Tony Platt, Profesor Visitante de Estudios de Justicia, la Universidad Estatal de San José, EE.UU.
De Scott Poynting, Profesor de Criminología de la Universidad de Auckland, Nueva Zelanda
Chris Powell, profesor de Criminología de la Universidad S.Maine, EE.UU.
Bill Quigley, profesor de la Universidad de Loyola, Nueva Orleans Universidad de Derecho, EE.UU.
John Quigley, profesor de Derecho de la Universidad del Estado de Ohio
Zouhair Racheha, Doctorando, Universidad Jean Moulin Lyon 3, Francia
Laura Raymond, Promoción Internacional de los Derechos Humanos Gerente de Programa, CCR, Nueva York,
EE.UU.
Véronique Rocheleau-Brosseau, candidato LLM de la Universidad de Laval, Canadá
David Rodríguez Goyes, Profesor, Antonio Nariño y Santo Tomás Universidades, Colombia
Alessandro Rosano, Candidato PhD, Università degli Studi di Padova, Italia
Jamil Salem, Director del Instituto de Derecho de la Universidad de Birzeit, Palestina
Mahmood Salimi, Candidato LLM de la Universidad Moofid, Irán
Nahed Samour, doctoral, Universidad Humboldt, Facultad de Derecho, Berlín, Alemania
Iain Scobbie GM, Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad de Manchester, Reino Unido
David Scott, profesor titular de Criminología, Liverpool John Moores University, Reino Unido
Phil Scraton, Profesor de Criminología, Belfast, Irlanda
Rachel Seoighe, Candidato PhD, Consultor Jurídico, del Kings College de Londres, Reino Unido
Tanya Serisier, Escuela de Sociología de la Universidad Queen de Belfast, Irlanda del Norte
Mohammad Shahabuddin, pdd, investigador visitante de la Escuela de Graduados de Ciencias Sociales
Internacionales de la Universidad Nacional de Yokohama, Japón
Dean Spade, Facultad de Derecho de la Universidad de Seattle EE.UU.
Por Stadig, abogado, Suecia
Chantal Thomas, profesor de Derecho de la Universidad de Cornell, EE.UU.
Kendall Thomas, Nash Profesor de Derecho, Universidad de Columbia, EE.UU.
Gianni Tognoni, Lelio Basso Fundación, Roma, Italia
Steve Tombs, Profesor de Criminología, La Universidad Abierta, Reino Unido
Paul Troop, Barrister, Garden Court Chambers, Reino Unido
Valeria Verdolini, Profesor de Sociología de la Universidad de Milán, Italia
Francesca Vianello, Universidad de Padova, Italia
Aimilia Voulvouli, profesor adjunto de Sociología de la Universidad Fatih, Turquía
Namita Wahi, Fellow, Centro para la Investigación de Políticas, Dharma Marg, Chanakyapuri, Nueva Delhi, India
Sharon Weill, PhD, Ciencias Po, París / cerah, Ginebra, Suiza
Peter Weiss, vicepresidente de Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), Nueva York, EE.UU.
David Whyte, Profesor de Sociología de la Universidad de Liverpool, Reino Unido
Jeanne M. Woods, Henry F. Bonura, Jr. Profesor Distinguido de Derecho de la Loyola University College of Law,
Nueva Orleans, EE.UU.
William Thomas Worster, Profesor de Derecho Internacional, The Hague University of Applied Sciences, Países
Bajos
Maung Zarni, el juez, de PPT en Sri Lanka y Visiting Fellow, Escuela de Londres de Economía y Ciencias
Políticas